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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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DERECHOS HUMANOS-EEUU: Un secreto a gritos

Publicado por IPS Noticias el 2 Junio, 2009
Análisis de William Fisher

NUEVA YORK - El presidente Barack Obama dice que quiere acabar con la falta de transparencia de las autoridades de Estados Unidos, pero los abogados de su propio gobierno parecen contradecirlo al negarse a revelar datos sobre el uso de intervenciones telefónicas.

También respaldaron las maniobras legales para impedir la difusión de fotografías de abusos sufridos por prisioneros bajo custodia estadounidense en Iraq y Afganistán..

La semana pasada, Obama anunció la formación de un grupo de trabajo que analizará las políticas gubernamentales en materia de clasificación de información.

Propuso, incluso, crear un Centro Nacional de Desclasificación para facilitar la revelación pública de datos antes secretos. El presidente reafirmó al realizar sus anuncios su compromiso de “operar con un grado de apertura sin precedentes”.

Pero al día siguiente, abogados del Departamento de Justicia (fiscalía general) anunciaron que desafiarían en la Corte Suprema de Justicia un fallo del tribunal federal de apelaciones de Nueva York que ordenaba al gobierno hacer públicas fotografías que documentan abusos contra sospechosos de terrorismo bajo custodia estadounidense.

La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), había presentado una demanda invocando la Ley de Libertad de Información (conocida por sus siglas en inglés, FOIA), buscando obligar a su difusión.

Un juez federal accedió y ordenó al gobierno dar a conocer las fotos.

Obama señaló que cumpliría con el dictamen judicial, pero luego cambió de opinión, pues, según él, la difusión de las imágenes podría poner en riesgo la vida de soldados estadounidenses.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia dijo al tribunal que la apelación formal con plazo al 9 de junio será innecesaria si el Congreso legislativo aprueba rápidamente el proyecto de ley denominado de Protección de Registros Fotográficos de Detenidos.

La iniciativa apoyada por la Casa Blanca fue aprobada por el Senado el 2 de mayo. De sancionarse, prohibirá la difusión de fotografías tomadas entre el 11 de septiembre de 2001 y el 22 de enero último “relativas al trato de individuos comprometidos, capturados o detenidos” por las fuerzas armadas estadounidenses en operaciones realizadas en el exterior.

Además, “el secretario de Defensa y el presidente del Estado Mayor Conjunto determinan que, de divulgarse, pondrían en peligro a personal militar” antes de que se disponga la prohibición de su publicación.

El secretario de Justicia (fiscal general), Eric Holder, rescindió de pautas incluidas en la FOIA durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009) y las reemplazó por nuevas normas para preservar la difusión de datos sobre operaciones del gobierno.

En el caso de las intervenciones telefónicas, abogados de una ahora extinta organización saudita alegan que fueron víctimas de espionaje electrónico por parte del gobierno.

Un juez federal ordenó al gobierno de Obama revelar documentos relativos a esa acusación.

La intervención telefónica presuntamente se registró en el marco del “programa de control de terroristas” lanzado por Bush luego de los atentados que el 11 de septiembre de 2001 acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington.

Respondiendo a una consulta de un juez federal sobre si el gobierno debería ser sancionado por “no obedecer las órdenes judiciales”, el Departamento de Justicia se negó a difundir los documentos y pidió permiso al tribunal para apelar su decisión.

Lo hizo invocando la separación de poderes, según escribió el asesor especial de litigios del Departamento de Justicia, Anthony Coppolino, al juez federal Vaughn Walker.

Un portavoz del Departamento dijo que las sanciones no eran justificadas porque sólo el gobierno puede decidir si revelar o no documentos que considera secretos de Estado.

La demanda fue presentada en la occidental ciudad de San Francisco por dos abogados estadounidenses que alegan que sus llamadas telefónicas fueron ilegalmente interceptadas por la Agencia Nacional de Seguridad en el gobierno de Bush.

Los abogados representan a la Fundación Islámica Al-Haramain, a la que el Departamento del Tesoro (ministerio de hacienda) atribuía vínculos con el terrorismo.

Jon Eisenberg, representante legal de los dos abogados, dijo en ese momento al juez Walker que el propósito de la demanda era definir la legalidad del programa de escuchas telefónicas de la era de Bush, e incluso “las teorías expansivas del poder presidencial” que guiaron su gestión.

Bush alegó que sus poderes de guerra le conferían la autoridad para escuchar secretamente comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses sin mediar orden judicial.

“Los abogados del Departamento de Justicia repiten los mismos argumentos que el juez Walker ya rechazó. Lo tratan como si fuera irrelevante”, dijo Eisenberg a IPS.

La demanda de San Francisco se inició cuando el gobierno transmitió accidentalmente documentos que mostraban que sus comunicaciones de ultramar con miembros de Al-Haramain eran interceptadas sin autorización.

Los abogados demandantes fueron obligados a devolver los documentos por estar catalogados como de máximo secreto.

En el caso de Al-Haramain, el Departamento del Tesoro concluyó que el grupo estaba enviando dinero a terroristas en Chechenia y lo clausuró. Pero, inadvertidamente, el gobierno de Bush dio a conocer un documento clasificado.

Según los abogados, éste revelaba que las autoridades habían interceptado llamadas telefónicas de la organización y de ellos mismos sin mediar una orden.

Al-Haramain demandó al gobierno de Bush. Pero cuando el caso llegó a tribunales en 2006, el gobierno invocó el “privilegio del secreto de Estado”, argumentando que no se podría seguir adelante porque eso revelaría información que comprometería a la seguridad nacional.

Pero el juez Walker rechazó los alegatos del gobierno, y dictaminó que el presidente no podría invocar el privilegio de los secretos de Estado para ocultar la evidencia y desestimar el caso.

Los abogados de Al-Haramain dijeron necesitar los documentos clasificados para representar a sus clientes. También se mostraron sorprendidos de que el gobierno de Obama defendiera con tanto fervor el mismo punto de vista del de Bush.

“Yo preví que el Departamento de Justicia de Obama adoptaría un enfoque más razonable para avanzar con este litigio sin poner en peligro la seguridad nacional, lo que, según creo, puede hacerse fácilmente”, dijo Eisenberg a IPS.

“Estoy anonadado de ver que el nuevo Departamento de Justicia de Obama recorre el mismo camino” que durante el gobierno de Bush, agregó.

“Por ahora no estamos viendo ningún ‘cambio en el que podemos creer’ relativo al abuso presidencial del privilegio de los secretos de Estado”, declaró, en alusión al eslogan de la campaña electoral de Obama.

Bush dijo que ordenó secretamente a la Agencia Nacional de Seguridad realizar escuchas telefónicas a ciudadanos presuntamente vinculados a terroristas porque eso era “crítico para salvar vidas estadounidenses” y “consistente con el derecho y la Constitución de Estados Unidos”.


 

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