La orwelliana Junta de Paz de Trump
está compuesta íntegramente por violadores de los derechos humanos
Nick Turse, The Intercept, 3 de marzo de 2026
Traducido del inglés por Sinfo
Fernández
Donald Trump junto a otros líderes mundiales antes de una reunión de la Junta de Paz en el
Instituto Estadounidense de la Paz el 19 de febrero de 2026, en Washington,
D.C. (Mark Schiefelbein/AP)
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En la reunión inaugural de su autodenominada Junta de Paz a principios de este mes, Donald Trump declaró
la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, amenazó con sumir a la
región en un conflicto devastador al atacar de nuevo a Irán. En menos de diez
días, Trump ha cumplido su promesa y,
en colaboración con Israel, ha lanzado una amplia campaña de ataques aéreos
mortíferos en Irán que han sumido a Oriente Medio en una guerra regional.
Fue una de las numerosas incongruencias que surgieron durante la extraña primera reunión de las Naciones
Unidas de Trump.
"En términos de prestigio, nunca ha habido nada parecido, porque se trata de los líderes mundiales más
importantes, casi todo el mundo lo ha aceptado y los que no lo han hecho, lo
harán", proclamó Trump antes de
agarrar un diminuto mazo dorado y dar por concluido el cónclave al son de
“Y.M.C.A.” del Village People. El secretario de Estado Marco Rubio, miembro de
la junta ejecutiva del grupo, se veía de pie solo al fondo mientras Trump
saludaba efusivamente a algunos de los líderes mundiales reunidos. Rubio se escabulló
antes de que comenzara a sonar el éxito de Laura Branigan de 1982: “Gloria”.
Un análisis de The Intercept ha revelado que todos los
Estados miembros de la Junta de Paz han sido reprendidos por violaciones de los
derechos humanos, muchos de ellos por el propio Departamento de Estado de
Rubio. Los que actualmente no figuran en la lista del Departamento de Estado,
tras un encubrimiento en 2025 de
los informes sobre derechos humanos de
los países que protegía a los aliados de Trump frente a evaluaciones honestas,
habían sido citados anteriormente por el departamento.
Concebida originalmente como un medio para supervisar el inestable plan de paz de Gaza, Trump ha reconvertido la Junta de
Paz en un organismo internacional bajo su control y dirección, dedicado, al
parecer, a poner fin o prevenir guerras. “Quizás también demos un paso más allá
cuando veamos puntos conflictivos en todo el mundo”, decretó Trump. “Ayudaremos
a Gaza, la enderezaremos, la haremos prosperar, la haremos pacífica, y haremos
cosas así en otros lugares”.
Trump incluso sugirió que su grupo supervisaría a la ONU. “La Junta de Paz va a supervisar casi a las
Naciones Unidas y asegurarse de que funcionan correctamente”, dijo Trump.
Como presidente de la Junta de Paz, con nombramiento vitalicio, Trump
determina la composición del consejo, elige la junta ejecutiva y tiene la
última palabra en todos los asuntos, porque “las decisiones se tomarán por
mayoría de los Estados miembros presentes y votantes, con sujeción a la
aprobación del presidente”, según los estatutos de la Junta.
Como presidente, Trump es también la “autoridad definitiva en cuanto al
significado, la interpretación y la aplicación” de los estatutos. Cualquier
modificación de los estatutos también debe contar con el visto bueno de Trump.
Trump controla las finanzas de la Junta en su calidad de
presidente, creando lo que parece ser un fondo para gastos discrecionales de
proporciones internacionales. Una contribución de 1.000 millones de dólares
garantiza la pertenencia permanente a la Junta, mientras que un nombramiento
para tres años no requiere de ningún pago. Trump afirmó que también había
obtenido promesas de más de 7.000 millones de dólares de nueve países, aunque
los documentos de la Junta de Paz muestran que sólo ocho países firmaron formalmente un compromiso de “intención
de contribuir con fondos a la Junta de Paz”. Por su parte, Trump prometió
desviar fondos públicos estadounidenses —al menos 10.000 millones de dólares—
a las arcas de la Junta. A su vez, la Junta de Paz anunció ”más de 15.000
millones de dólares en compromisos de financiación” para “actividades de ayuda
humanitaria y reconstrucción” en Gaza.
Los estatutos de la Junta establecen que puede adquirir y enajenar “bienes muebles e inmuebles, iniciar
procedimientos judiciales, abrir cuentas bancarias, recibir y desembolsar
fondos públicos y privados, y contratar personal”. Como presidente, Trump tiene
“autoridad exclusiva para crear, modificar o disolver entidades subsidiarias
según sea necesario o apropiado para cumplir la misión de la Junta de Paz”. Aún
no está claro cómo se gastarán todos los fondos de la Junta y si habrá una
supervisión significativa de las finanzas de la misma. La junta ejecutiva —que
Trump elige y controla— proporciona “mecanismos de supervisión con respecto a
los presupuestos, las cuentas financieras y los desembolsos”, según los estatutos.
La Junta afirma que el Fondo para la
Reconstrucción y el Desarrollo de Gaza, administrado por el Banco Mundial,
“funcionará bajo controles fiduciarios definidos, en consonancia con las
mejores prácticas mundiales”, y que “una infraestructura digital basada en la
inteligencia artificial respaldará la transparencia en las adquisiciones y
transformará Gaza en una economía moderna, reduciendo el riesgo de corrupción y
garantizando una gestión responsable del capital destinado a la reconstrucción
en beneficio de los residentes de Gaza”.
Aliados tradicionales de Estados Unidos como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda,
Noruega, Polonia y Ucrania han rechazado formar parte de la
Junta de Paz. Sin embargo, el Reino Unido, Italia, la Unión Europea y otros 20 países asistieron a
la reunión inaugural de la Junta de Paz en calidad de observadores.
Además de Trump, Rubio, el vicepresidente JD Vance, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, el
yerno de Trump y consejero diplomático Jared Kushner y el socio negociador de
Kushner y amigo de Trump, Steve Witkoff, numerosos líderes mundiales se unieron
a la reunión inaugural como representantes de sus países en la Junta. Entre
ellos se encontraban el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente
argentino, Javier Milei, ambos aliados
acérrimos de Trump y conocidos autoritarios. A ellos y a otros líderes se les
obsequió con gorras rojas al estilo MAGA con la inscripción “USA”.
Trump dijo que otras “grandes
juntas” eran “insignificantes” porque, a diferencia de otros órganos de
gobierno, casi todos los miembros de su Junta de Paz eran “jefes de Estado”.
Mientras que la junta ejecutiva —que incluye a Trump, Rubio, Kushner y Witkoff,
entre otros— está formada por individuos, la Junta de Paz en sí está compuesta
por Estados miembros. Constituyen un auténtico quién es quién de los malos
actores globales.
Rusia y China, adversarios históricos de Estados Unidos y ambos violadores sistemáticos de los derechos
humanos, han sido invitados a unirse. Aunque estas potencias aún no se han
adherido, actualmente hay 28 miembros en la Junta de Paz, según su nueva página web:
País miembro Título
Nombre
Albania
Primer ministro Edi Rama
Argentina
Presidente
Javier Milei
Armenia
Primer ministro Nikol Pashinyan
Azerbaiyán
Presidente
Ilham Aliyev
Bahrein
Rey
Hamad bin Isa Al Khalifa
Bielorrusia
Presidente
Alyaksandr Lukashenka
Bulgaria
Presidenta
Iliana Iotova
Camboya
Primer Ministro Hun Manet
Egipto
Presidente
Abdel Fattah el-Sisi
El Salvador
Presidente
Nayib Bukele
Hungría
Primer Ministro Viktor Orbán
Indonesia
Presidente
Prabowo Subianto
Israel
Primer Ministro Benjamin Netanyahu
Jordan
Rey
Abdullah II
Kazajistán
Presidente
Kassym-Jomart Tokayev
Kosovo
Presidenta
Vjosa Osmani
Kuwait
Emir
Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Mongolia
Presidente
Khurelsukh Ukhnaa
Marruecos
Primer ministro Aziz Akhannouch
Paraguay
Presidente
Santiago Peña
Catar
Emir
Tamim bin Hamad Al Thani
Arabia Saudí Príncipe heredero y
primer ministro Mohammed bin Salman
Turquía
Presidente
Recep Tayyip Erdoğan
EAU
Presidente
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
EE.UU.
Presidente
Donald J. Trump
Uzbekistán
Presidente
Shavkat Mirziyoyev
Vietnam
Secretario general Tô Lâm
(Fuente: boardofpeace.org/heads-of-state)
Todos los Estados miembros aparecen citados por abusos contra los derechos humanos en los dos últimos
informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado, incluyendo
algunas de las violaciones más graves posibles.
El año pasado, el Departamento de Estado de Rubio publicó informes sobre derechos humanos edulcorados que minimizaban
los abusos. Pero los análisis seguían citando acusaciones contra 23 de los 27
Estados miembros extranjeros de la Junta de Paz por los que posiblemente sean
los peores crímenes: asesinatos ilegales o arbitrarios o tortura. Si se
incluyen los últimos informes de la era Biden, el número asciende a 25. Los
miembros de la Junta de Trump se encuentran, de hecho, entre los peores
violadores de los derechos humanos del planeta, entre los que destacan
Bielorrusia, Israel y Arabia Saudí.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios. La
Junta de Paz no respondió a una solicitud de información de contacto de asuntos públicos.
Un informe publicado el verano
pasado por el Departamento de Estado de Rubio criticaba al Reino de Arabia
Saudí por “importantes problemas de derechos humanos”, entre los que se
incluyen informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales;
desapariciones; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y
detenciones y arrestos arbitrarios, entre muchas otras violaciones. “El
Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los
funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos de forma
verificable”, según ese informe.
Incluso el Departamento de Estado de Rubio hizo referencia a informes
que indicaban que Israel había llevado a cabo “asesinatos arbitrarios o
ilegales”, así como “graves restricciones a la libertad de expresión y a la
libertad de los medios de comunicación”. Una comisión de las Naciones Unidas
que investigaba la guerra en Gaza fue más allá
y estableció que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos.
“Está claro que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza
mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el
Genocidio”, afirmó Navi Pillay, presidenta de
la comisión, el pasado mes de septiembre. “La responsabilidad de estos crímenes
atroces recae en las autoridades israelíes de más alto rango, que han
orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención
específica de destruir al grupo palestino en Gaza”.
Bielorrusia es otro país miembro de la Junta de Paz tremendamente opresivo. Freedom House, una organización no gubernamental que
defiende los derechos humanos y obtiene la mayor parte de su
financiación del Gobierno de
los Estados Unidos, califica a ese país de “Estado autoritario en el que las
elecciones están abiertamente amañadas y las libertades civiles están
severamente restringidas”. El grupo señaló que las fuerzas de seguridad de la
nación de Europa del Este “han agredido violentamente y detenido
arbitrariamente a periodistas y ciudadanos comunes que desafían el régimen de
Alyaksandr Lukashenka”. El año pasado, el Departamento de Estado también denunció a Bielorrusia por una serie de abusos,
entre ellos “tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
tratamientos médicos o psicológicos involuntarios o coercitivos”.
“La guerra es la paz” era uno de los lemas que figuraban en la fachada del Ministerio de la Verdad, en la
novela distópica de George Orwell “1984”. La Junta de Paz de Trump ejemplifica
este mismo pensamiento doble orwelliano en el que se presentan como verdaderas
ideas contradictorias. La inclusión de Israel y Bielorrusia en la Junta, por
ejemplo, pone de relieve la sorprendente desconexión entre la liga de naciones
canallas de Trump y su propósito declarado.
“Lo que estamos haciendo es muy sencillo. Paz. Se llama Junta de Paz y se trata de una palabra fácil de
decir, pero difícil de conseguir: paz, pero la vamos a conseguir”, dijo Trump en la reunión del
19 de febrero. Pero la Junta de la Paz está llena de belicistas denunciados
incluso por el Departamento de Estado de Rubio. Por ejemplo, acusó a
Bielorrusia de crímenes de guerra, incluidos “graves abusos en un conflicto,
relacionados con la complicidad de Bielorrusia
en la guerra de Rusia contra Ucrania”; a Indonesia por “asesinatos
arbitrarios o ilegales” en “operaciones de contrainsurgencia contra grupos
separatistas armados”; a Israel por “operaciones
militares continuadas a gran escala en la densamente poblada Gaza”; Pakistán por “graves abusos
en un conflicto”; y Turquía por “el reclutamiento o la
utilización ilegal de niños en conflictos armados por parte de grupos armados
apoyados por el Gobierno fuera del país”.
Sin embargo, el mayor enemigo de la paz en la Junta es Estados Unidos. Aunque Trump afirmó en la
reunión inaugural que “no hay nada más importante que la paz”, durante su
segundo mandato ya ha lanzado ataques contra Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela, Yemen, civiles en embarcaciones en
el mar Caribe y el océano Pacífico y, este fin de semana, Irán.
La administración Trump también afirma estar en guerra con al menos 24 cárteles y bandas criminales
que no nombra, y ha amenazado también
a Colombia, Cuba, Groenlandia, Islandia y México.
“Ahora mismo tenemos paz en Oriente Medio”, declaró Trump en su incoherente discurso, durante el cual
también amenazó con volver a atacar Irán para acabar con un programa nuclear
que, según él, ya había sido “totalmente destruido”.
Una encuesta realizada en 2025 en 25 países de todo el mundo reveló que la población de 17 de ellos
consideraba a Estados Unidos como la primera o la segunda mayor amenaza internacional para
su país, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá (59%) y México (68%).
Este mismo mes, una encuesta realizada por el Instituto Allensbach, una empresa
de estudios de mercado, reveló que los alemanes consideran a Estados Unidos la
segunda mayor amenaza para la paz mundial, por
delante de China y muy cerca de Rusia.
Nick Turse informa sobre cuestiones de
seguridad nacional y política exterior. Su último libro es
“Next Time They’ll Come to Count the Dead: War and Survival
in South Sudan” y, con anterioridad, “Tomorrow’s
Battlefield: U.S. Proxy Wars and Secret Ops in Africa” y “Kill Anything That
Moves: The Real American War in Vietnam”. Ha escrito para el New York Times, Los Angeles
Times, San Francisco Chronicle, The Nation y Village Voice/b>, entre otras publicaciones.
Ha recibido el premio Ridenhour de periodismo de investigación, el premio James
Aronson de periodismo sobre justicia social y una beca Guggenheim.
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