Guerras a distancia y gente prescindible
Voces del Mundo, 5 de febrero de 2024
Nick Turse, TomDispatch.com, 30 enero 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
En la guerra, la gente muere por razones absurdas o, a menudo, sin razón alguna. Mueren por accidente
de nacimiento, por la desgracia de haber nacido en el lugar equivocado –Camboya o Gaza, Afganistán o Ucrania– en el
momento equivocado. Mueren por casualidad, por refugiarse en un lugar cerrado
cuando deberían haberse resguardado en el exterior o por aventurarse en una
tormenta infernal de destrucción cuando deberían haberse quedado donde estaban.
Mueren de las formas más espantosas: tiroteados en la calle, arrasados por la
artillería, eviscerados por los ataques aéreos. Sus cuerpos son despedazados,
quemados o vaporizados por
armas diseñadas para destruir a las personas. Sus muertes se atribuyen a la
desgracia, al error o a la necesidad militar.
Desde septiembre de 2001, Estados Unidos ha estado librando su «guerra contra el terror», lo que ahora se
conoce como las «guerras eternas» de este país. Ha estado implicado en Somalia
casi todo ese tiempo. Las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses
fueron enviadas allí por primera vez en 2002, seguidas a lo largo de los años
por más «ayuda a la seguridad», tropas, contratistas, helicópteros y aviones no
tripulados. Los ataques aéreos estadounidenses en Somalia, que comenzaron bajo
el mandato del presidente George W. Bush en 2007, han continuado bajo los
presidentes Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden como parte de un conflicto
que ha ardido y se ha recrudecido durante más de dos décadas. En ese tiempo, Estados
Unidos ha lanzado 282 ataques, 31 de ellos declarados bajo el mandato de Biden.
Estados Unidos admite que ha matado a cinco civiles en sus ataques. El grupo de
monitoreo de ataques aéreos Airwars, con sede en el Reino Unido, dice que el
número es hasta un 3.100% más alto.
El 1 de abril de 2018, Luul Dahir Mohamed, una mujer de 22 años, y su hija de 4 años, Mariam Shilow Muse,
se sumaron a ese número de víctimas civiles cuando murieron en un ataque estadounidense con
drones en El Buur, Somalia.
Luul y Mariam eran civiles. Murieron debido a un torbellino de infortunios: una confluencia de mala suerte
y malas políticas, ninguna de ellas culpa suya, todas ajenas a su control.
Murieron, en parte, porque Estados Unidos está luchando contra el grupo
terrorista somalí Al Shabaab a pesar de que el Congreso nunca ha declarado tal
guerra y de que la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001, en la
que se basa la justificación del conflicto, es anterior a la existencia del
grupo. Murieron porque Somalia tiene opciones limitadas en lo que respecta al
transporte público rural y se equivocaron de persona. Murieron porque Estados
Unidos afirma que su tipo de guerra con aviones no tripulados se basa en
ataques de precisión con pocos daños colaterales, a pesar de que hay pruebas independientes que
demuestran claramente lo contrario.
En este caso, los miembros de la célula de ataque estadounidense que llevó a cabo el ataque se equivocaron
en casi todo. Discutieron incluso sobre información básica como cuántas
personas había en la camioneta que atacaron. Confundieron a una mujer con un hombre
y nunca vieron a la joven. No sabían lo que estaban mirando, pero a pesar de
ello lanzaron un misil Hellfire que alcanzó la camioneta mientras circulaba por
un camino de tierra.
Incluso después de todo eso, Luul y Mariam podrían haber sobrevivido. Tras el ataque, los
estadounidenses, que estaban viendo las imágenes en directo del avión no
tripulado que sobrevolaba el lugar de los hechos, vieron cómo alguien salía
disparado del vehículo y empezaba a correr para salvar la vida. En ese momento,
podrían haberse detenido y reevaluado la situación. Podrían haber mirado con
lupa una vez más y, de paso, haber dejado con vida a una madre y a su hijo. En
lugar de eso, lanzaron un segundo misil.
Lo que el hermano de Luul, Qasim Dahir Mohamed -la primera persona que llegó al lugar- encontró fue
horrible. Luul tenía la pierna izquierda mutilada y había perdido la parte
superior de la cabeza. Murió agarrada a Mariam, cuyo pequeño cuerpo parecía,
dijo, «un colador».
En 2019, el ejército estadounidense admitió que había matado a una mujer civil y a una niña en ese
ataque con drones del 1 de abril de 2018. Pero cuando, mientras informaba para The Intercept, me reuní con los
familiares de Luul el año pasado en la capital de Somalia, Mogadiscio, todavía
estaban esperando que el Pentágono se pusiera en contacto con ellos para
pedirles disculpas e indemnizaciones. Yo había obtenido una copia de la
investigación militar interna estadounidense que la familia nunca había visto.
En ella se reconocía la muerte de una mujer y una niña, pero se concluía que
tal vez nunca se llegaría a conocer su identidad.
Personas prescindibles
La investigación del Pentágono concluyó
que los estadounidenses que llevaron a cabo el ataque eran inexpertos y estaban
confundidos. A pesar de ello, la investigación realizada por la propia unidad
que llevó a cabo el ataque determinó que se siguieron los procedimientos
operativos estándar y las reglas de combate. No se juzgó a nadie por
negligencia, y mucho menos por responsabilidad penal, ni se responsabilizó a
nadie de las muertes. El mensaje era claro: Luul y Mariam eran personas
prescindibles.
«En los más de cinco años que llevamos intentando que se haga justicia, nadie nos ha respondido nunca»,
escribió Abubakar Dahir Mohamed, otro de los hermanos de Luul, en un artículo de opinión publicado
en diciembre de 2023 en el galardonado periódico africano The Continent. Y continuaba:
«Cuando más tarde me enteré de que Estados Unidos había admitido que había matado a civiles
en el ataque, volví a ponerme en contacto con ellos y les dije que las víctimas
eran miembros de mi familia. No estoy seguro de leyeran siquiera mi queja».
«En junio de 2020, [el Mando de EE.UU. en África] añadió por primera vez a su sitio web una
página de denuncia de víctimas civiles. Me alegró mucho ver esto. Pensé que por
fin había una forma de presentar una queja que sería escuchada. Envié una
descripción de lo sucedido y esperé. Nadie se puso en contacto conmigo. Dos
años más tarde, desesperado, volví a presentar una queja. Nadie respondió.
Ahora sé que el ejército estadounidense ha admitido no sólo haber matado a Luul
y Mariam, sino haberlo hecho incluso después de que sobrevivieran al primer
ataque. Las mataron cuando Luul huía del coche que habían atacado, corriendo
por su vida y llevando a Mariam en brazos. Estados Unidos ha dicho esto en sus
informes, y algunos oficiales han hablado con periodistas. Pero nunca nos lo
han dicho a nosotros. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros».
A finales del mes pasado, una coalición de 24 organizaciones de derechos
humanos pidió al secretario de Defensa, Lloyd Austin, que
reparara el daño causado a la familia de Luul y Mariam. Los 14 grupos somalíes
y las 10 organizaciones no gubernamentales internacionales dedicadas a la
protección de civiles instaron a Austin a tomar medidas para ofrecer a la
familia una explicación, una disculpa y una indemnización.
«Las organizaciones somalíes e internacionales de derechos humanos y protección de
civiles abajo firmantes le escriben para solicitarle que tome medidas
inmediatas para atender las peticiones de las familias cuyos seres queridos
murieron o resultaron heridos por los ataques aéreos estadounidenses en
Somalia», reza la carta. «Nuevos informes ilustran cómo, en múltiples casos de
daños a civiles en Somalia confirmados por el gobierno de Estados Unidos, las
víctimas civiles, los supervivientes y sus familias aún no han recibido
respuestas, reconocimiento y reparación a pesar de sus continuos esfuerzos por
ponerse en contacto con las autoridades durante varios años.»
Días después, el Pentágono dio a conocer su largamente esperada «Instrucción sobre Mitigación de
Daños a Civiles y Respuesta«, que aclaraba «las políticas, responsabilidades
y procedimientos permanentes del Departamento para mitigar y responder a los
daños a civiles» y establecía «nuevas medidas para proteger a los civiles y
responder adecuadamente cuando se produzcan daños a civiles». En virtud
de la DoD-I o «dody«, como se la conoce en el
Pentágono, se ordena a los militares que adopten medidas como las siguientes:
(1) Reconocer los daños sufridos por civiles y el papel de las fuerzas armadas de EE. UU. a la hora de
causar o contribuir a causar esos daños.
(2) Expresar sus condolencias a los civiles afectados por las operaciones militares.
(3) Ayudar a hacer frente a los daños sufridos por los civiles.
En virtud del DoD-I, el ejército tiene instrucciones
de «reconocer los daños sufridos por los civiles como consecuencia de las
operaciones militares de EE. UU. y responder a las personas y comunidades
afectadas por las operaciones militares de EE. UU. … Esto incluye expresar las
condolencias y ayudar a hacer frente a los impactos directos experimentados…».
El mandato parece claro. La puesta en práctica es otra historia.
Escasa voluntad
Desde que se envió a Austin la carta de las organizaciones humanitarias, el secretario de Defensa ha estado
en todas partes y en ninguna. En diciembre, viajó a la base aérea de Al Udeid,
en Qatar, para agradecer al personal militar estadounidense su «abnegación y servicio«.
Se reunió con el rey y el príncipe heredero de Bahréin para hablar de su «duradera asociación de defensa»
con Estados Unidos. El 20 de diciembre, visitó el grupo de ataque del
portaaviones USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo para agradecer a los
marineros su «patriotismo y profesionalidad«.
Un par de días después, Austin se sometió a una operación quirúrgica sin informar a su ayudante Kathleen Hicks, y
mucho menos a su jefe, el presidente Biden. El 1 de enero, Austin fue llevado
de nuevo al hospital, con «intensos dolores», pero esa información también se
ocultó a la Casa Blanca hasta el 4 de enero, y al Congreso y al público
estadounidense durante un día más.
Al parecer, Austin trabajó desde su habitación del hospital, supervisando los ataques aéreos
estadounidenses y británicos contra objetivos rebeldes hutíes en Yemen -más
de 150 municiones disparadas
desde el mar y el aire sólo el 11 de enero- y celebrando reuniones por teléfono
con oficiales militares y el Consejo de Seguridad Nacional. Fue dado de alta cuatro
días después y empezó a trabajar desde casa.
«El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, habló hoy por teléfono con el
ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, para discutir las últimas
novedades sobre la situación sobre el terreno», anunció el 16
de enero el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder. Dos días
después, mantuvo una llamada con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Y el
19, habló de negocios con el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.
Austin ha tenido mucho tiempo para llamadas telefónicas, viajes y cirugía electiva. Ha dado la vuelta
al mundo y ahora está en casa. Pero lo que no ha hecho, desde que la carta de
esos 24 grupos humanitarios fue enviada al Pentágono hace más de un mes, es
hacer ningún esfuerzo aparente por ponerse en contacto con la familia de Luul y Mariam.
«Desde el ataque, nuestra familia está destrozada. Han pasado más de cinco años desde que ocurrió, pero
no hemos podido seguir adelante», escribió Abubakar en diciembre. Ha sido una
historia común. En Yemen, donde Estados Unidos ha intensificado recientemente
los ataques aéreos, las víctimas de anteriores ataques estadounidenses esperan
-al igual que la familia de Luul y Mariam- reconocimiento y disculpas.
Entre 2013 y 2020, por ejemplo, Estados Unidos llevó a cabo siete ataques distintos en Yemen –seis ataques con drones y una
incursión– en los que murieron 36 miembros de las familias Al Ameri
y Al Taisy, emparentadas por matrimonio entre ellas. Una cuarta parte de ellas
eran niños de entre tres meses y 14 años. Los supervivientes llevan años
esperando una explicación de por qué ocurrió mientras viven atemorizados. En
2018, Adel Al Manthari,
funcionario del gobierno yemení, y cuatro de sus primos -todos civiles-
viajaban en camión cuando un misil Hellfire estadounidense se estrelló contra
su vehículo. Tres de los hombres murieron en el acto. Otro murió días después
en un hospital local. Al Manthari resultó gravemente herido. Las complicaciones
derivadas de sus heridas estuvieron a punto de costarle la vida en 2022.
Suplicó al gobierno estadounidense que echara mano de los millones de dólares
que el Congreso destina anualmente a indemnizar a las víctimas de ataques
estadounidenses. Hicieron caso omiso de sus súplicas. Sus extremidades y
su vida acabaron salvándose gracias a la amabilidad de desconocidos a través de
una campaña de colaboración abierta
en GoFundMe.
Estados Unidos tiene un largo historial de asesinatos de civiles en ataques aéreos, de no investigar
las muertes y de ignorar las peticiones de disculpas e indemnizaciones. Es una
tradición centenaria que Austin sigue manteniendo, haciendo tiempo para emitir
órdenes de nuevos ataques, pero no para pedir disculpas por ataques erróneos
anteriores. A pesar de todo, la familia de Luul y Mariam no puede hacer otra
cosa que esperar, con la esperanza de que el secretario de Defensa de Estados
Unidos responda finalmente a la carta abierta y ofrezca por fin -con casi seis
años de retraso- una reparación.
«Mi hermana fue asesinada, y no va a volver, pero ¿no tiene derecho a que se haga justicia y a que su
familia reciba al menos una compensación por la pérdida de su vida?». escribió
Abubakar en su artículo de opinión. Él y sus familiares se encuentran luchando
sin cesar con su pérdida mientras el Pentágono publica comunicados de prensa
llenos de retórica altisonante y (todavía) hueca sobre «la mejora del enfoque
del Departamento para mitigar y responder a los daños a civiles», al tiempo que
promete reparar el daño en el marco del DoD-I.
No es la única promesa de la Guerra contra el Terror que se ha incumplido. El presidente Joe Biden entró
en la Casa Blanca prometiendo poner fin a las «guerras
eternas». «Estoy aquí hoy por primera vez en 20 años con un Estados
Unidos que no está en guerra», anunció Biden en
2021. «Hemos pasado página». No era ni remotamente cierto.
En cambio, las Guerras Eternas continúan desde Oriente Próximo hasta el Sahel africano. Y, a
pesar de las afirmaciones en sentido contrario, el conflicto de Estados Unidos
en Somalia también continúa, sin disculpas; de Biden por la promesa de campaña
rota y del Pentágono por las muertes de Luul Dahir Mohamed y Mariam Shilow Muse.
«Estados Unidos afirma que trabaja para promover la democracia, la justicia social, el Estado de derecho y
la protección de los derechos en todo el mundo», escribió Abubakar. «Mientras
luchamos para que se den cuenta de nuestro sufrimiento, esperamos que Estados
Unidos recuerde lo que dice defender».
Nick Turse informa sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior. Su
último libro es “Next Time They’ll Come to Count the Dead: War and Survival in South Sudan” y, con anterioridad,
“Tomorrow’s Battlefield: U.S. Proxy Wars and Secret Ops in Africa” y
“Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam”.
Ha escrito para el New York Times, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, The Nation y
Village Voice, entre otras publicaciones. Ha
recibido el premio Ridenhour de periodismo de investigación, el premio James
Aronson de periodismo sobre justicia social y una beca Guggenheim. Turse es
miembro del Nation Institute y redactor-jefe de TomDispatch.com.
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