Una nueva disposición del gobierno de Trump permitiría detener indefinidamente a las familias migrantes
El acuerdo por el que los niños migrantes solo pueden estar recluidos veinte días quedaría sin efecto; las familias
estarían detenidas juntas por el tiempo que demore la resolución de su caso.
Familias migrantes esperaban en una estación
de autobuses el año pasado después de ser liberadas por las autoridades
migratorias en McAllen, Texas. El Acuerdo Flores, un acuerdo judicial con
décadas de antigüedad, dice que el gobierno no puede detener a niños durante
más de veinte días. Credit Ilana Panich-Linsman para The New York Times
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Michael D. Shear y Zolan Kanno-Youngs
The New York Times en español
21 de agosto de 2019
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WASHINGTON—El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer el
miércoles una regulación que permitirá detener indefinidamente en la frontera a
las familias migrantes y reemplazará así un acuerdo de la corte que desde hace
décadas impone un límite al tiempo que el gobierno puede tener bajo custodia a
niños migrantes y establece los cuidados que deben recibir.
Por más de un año, la Casa Blanca ha presionado al Departamento de Seguridad Nacional para que remplace el acuerdo
de la corte, conocido como el Acuerdo Flores, un cambio que, según el gobierno
es crucial para detener la migración en la frontera suroeste de Estados Unidos.
La nueva regulación, que requeriría de la aprobación de un juez federal
antes de que entre en vigor y que se espera sea inmediatamente impugnada en una
corte, específicamente aboliría el límite máximo de veinte días que pueden
pasar las familias detenidas en las prisiones migratorias. Este límite temporal
ha motivado al presidente Trump a quejarse en repetidas ocasiones de la
estrategia de “capturar y liberar” en Estados Unidos a las familias
centroamericanas y de otros países.
“Esta regla permite que el gobierno federal aplique las leyes migratorias
tal como las aprobó el congreso”, dijo en un comunicado Kevin K. McAleenan, el
secretario en funciones de Seguridad Nacional. Dijo que se trataba de “una
regla crítica” que permitirá que el gobierno detenga a las familias y mantenga
la “integridad del sistema de inmigración”.
El gobierno propuso la regla el otoño pasado, lo que permitió al público opinar sobre la posible regulación. Está
previsto que se publique de forma oficial el viernes en el Registro Federal y
tendría efecto sesenta días después, aunque los funcionarios del gobierno
admiten que lo más probable es que la impugnación en la corte cause retrasos en
su aplicación.
Con la nueva regla, el gobierno tendría libertad de enviar a las familias capturadas
al cruzar de manera ilegal la frontera a uno de los centros familiares
residenciales y mantenerlas ahí durante todo el tiempo que demore la resolución
de sus casos migratorios. Los funcionarios dijeron que algunos casos familiares
se deciden en tres meses, aunque muchos de ellos demoran más tiempo.
Pero los funcionarios del gobierno —que informaron la noche del martes a los
reporteros con la condición de anonimato —dijeron que ya no habría un límite de
tiempo para el periodo que padres e hijos migrantes pueden estar detenidos.
Desde 2015 existe este límite de tiempo, una extensión de un decreto mandado por la
corte en 1997, después de que una demanda colectiva federal argumentó que pasar
periodos extendidos en instalaciones de detención podía dañar física y
emocionalmente a los niños migrantes.
Los gobiernos previos han intentado cambiar las reglas de detención de menores y
los funcionarios de Seguridad Nacional de Trump repetidamente han dicho que
limitar el tiempo de detención de familias migrantes enteras ha llevado al
aumento de familias centroamericanas que han cruzado la frontera este año.
Los funcionarios dijeron el martes que la nueva regulación mandaría un poderoso mensaje a las familias centroamericanas
de que viajar con niños a Estados Unidos “no es un pasaporte” para que se les
libere una vez detenidos.
También anticipan que el efecto de la regla será una disminución dramática en el número
de familias que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos, lo que reduciría
la necesidad de construir más centros familiares residenciales.
Retirarse del decreto también ha sido una meta personal de Stephen Miller, el arquitecto
de la política migratoria de Trump. Los retrasos en la formulación de esta
regla han llevado a que Miller se quejara de altos funcionarios de Seguridad
Nacional que después serían despedidos del departamento.
En abril The New York Times informó que Miller había reñido al exdirector en
funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Ronald D.
Vitiello, por no terminar las nuevas reglas. Posteriormente, Trump retiró la
nominación de Vitiello al cargo, porque consideró que no era suficientemente
estricto para el puesto.
El Acuerdo Flores también ha estado en la base de los debates partidarios sobre la
inmigración. Los demócratas han dicho que las reglas son imperativas para
asegurar el bienestar de los niños detenidos, especialmente después de que se
les estaba reteniendo en celdas hacinadas y algunas veces no se les permitía
acceder a duchas, cepillos de dientes o comida caliente.
Adolescentes en un refugio para menores no acompañados en febrero en Homestead, Florida Credit Wilfredo Lee/Associated Press
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McAleenan le dijo al comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja en mayo que el
Acuerdo Flores había incentivado la migración a Estados Unidos al declarar que
“si un adulto llega con un niño, tienen probabilidad de quedarse en Estados Unidos”.
El congresista demócrata por Misisipi Bennie Thompson, presidente del comité, le
recordó del propósito original de las regulaciones establecidas por la corte.
“Eran porque se había comprobado que la detención prolongada de niños es dañina para su salud”, dijo
Thompson. “Creo que la corte lo vio desde esa perspectiva, más que como una
decisión punitiva respecto del departamento”.
La regulación del gobierno en turno tiene varios cientos de páginas y elimina el
requisito de que los centros de detención federales para familias migrantes
cuenten con licencia de los estados, la mayoría de los cuales no contaban con
dichas licencias.
Más bien, con esta nueva regulación, los tres establecimientos construidos para
albergar a cientos de familiasi nmigrantes —como los de Dilley y Karnes City,
en Texas, y Leesport, en Pensilvania— solo tendrían que cumplir con los
estándares de ICE, el organismo federal que opera los centros.
El martes los funcionarios del gobierno insisieron en que las instalaciones son y
seguirán siendo, mantenidas al más alto estándar de cuidado para los
inmigrantes detenidos. Dijeron que las instalaciones incluían espacio para
atención de salud, escuelas y comida “de primera”.
Pero los críticos del gobierno hace tiempo que aseguran que dichas instalaciones no
son adecuadas para que los niños pasen largos periodos. Y los ejemplos
recientes de las terribles condiciones en centros de
detención de la Patrulla Fronteriza han subrayado su
preocupación en torno a los centros residenciales.
“No estamos en desacuerdo con la detención de niños cuando es necesario, es decir,
cuando presentan riesgo de fuga o son un peligro para sí mismos o para otros,
estamos de acuerdo”, dijo Peter Schey, un abogado que presentó el caso original
y desde entonces ha seguido defendiendo los términos del acuerdo. “Es con la
detención innecesaria de niños que este acuerdo quería acabar. Así que estas
regulaciones realmente reflejan una indiferencia flagrante de parte del
presidente Trump y su gobierno por la seguridad y el bienestar de los niños al
cuidado del gobierno federal”.
El verano pasado, el gobierno de Trump empezó a separar a los niños de sus padres
como un modo de eludir el Acuerdo Flores. A los niños se les ponía bajo el
cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos mientras que a los
adultos se les encarcelaba durante el tiempo que esperaban su juicio por haber
violado las leyes migratorias.
Una violenta reacción política forzó a Trump a abandonar públicamente la política
de separación, aunque defensores de los derechos migratorios dijeron que
algunas familias seguían estando separadas incluso después de que se hiciera el anuncio.
Los funcionarios dijeron el miércoles que el esfuerzo para permitir que las
familias estuvieran detenidas indefinidamente era un intento, ya sea para no
tener que separar a las familias o liberarlas mientras esperaban la audiencia
de sus casos.
Incluso antes del anuncio el miércoles de la regulación, los activistas migratorios
dijeron que era un esfuerzo cruel para encarcelar a las familias —algunas con
bebés o niños pequeños— muchas de las cuales huyen de la violencia y la
corrupción de sus países de origen.
Bajo los términos del decreto de consentimiento de 1997, la regulación debe
aprobarla la jueza del caso original, Dolly M. Gee del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. El gobierno
tendrá siete días para presentar un expediente en su corte solicitando que
apruebe la regulación.
Si ella se niega, el gobierno posiblemente apele a la decisión en un caso que
puede demorar meses e incluso años ante los tribunales, dijeron los expertos legales.
Caitlin Dickerson colaboró con el reportaje desde Nueva York.
Michael D. Shear es corresponsal de la Casa Blanca. Trabajaba en The
Washington Post, donde fue parte del equipo ganador del Pulitzer que cubrió el
tiroteo de la universidad Virginia Tech en 2007. @shearm
Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de seguridad nacional estadounidense,
con sede en Washington. Cubre la inmigración, asuntos fronterizos,
ciberseguridad, delitos trasnacionales y otras amenazas a la seguridad en
Estados Unidos. @KannoYoungs
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