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La tortura post-9/11 en los "sitios negros" de la
CIA: médicos y abogados trabajando juntos

George J. Annas y Sondra S. Crosby
The New England Journal of Medicine
11 de junio de 2015

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García

En diciembre de 2014 fue hecho público el Informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre la tortura. El informe de 600 páginas (un resumen editado del informe de 6.000 páginas todavía clasificado) documenta con detalles inquietantes el uso por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de médicos, abogados y psicólogos en su programa de tortura post-11/9 en más de una docena de "sitios negros", o prisiones secretas, en todo el mundo (1). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha calificado el informe de "valiente y loable", al tiempo que condena el programa de tortura que describe y observa que "la tortura no puede ser amnistiada" y no se debe permitir que se repita (2). Para empezar a entender esta forma de tortura, creemos que es necesario entender cómo médicos y abogados colaboraron para superar sus inhibiciones profesionales.

Los profesionales médicos, principalmente contratistas privados, cumplieron cuatro funciones básicas en los sitios negros: certificando que los sospechosos de terrorismo eran "médicamente aptos" para la tortura; vigilando la tortura para evitar la muerte y tratar las lesiones; desarrollando nuevos métodos de tortura; y, de hecho, torturando prisioneros. Todas estas acciones tuvieron lugar sólo después de que los abogados de la CIA y del Departamento de Justicia de EE UU asegurasen a los profesionales médicos que tenían inmunidad judicial y no serían legalmente responsables por violar las leyes estadounidenses e internacionales contra la tortura, siempre y cuando utilizasen las técnicas aprobadas en los memorandos legales (ya desautorizados) redactados para justificar sus acciones. Los abogados acordaron proporcionar garantías de inmunidad de que las técnicas de tortura específicas eran "métodos de interrogatorio mejorados" legales sólo si los médicos les aseguraban que iban a estar presentes para prevenir un daño permanente a los presos. La CIA creó más de una docena de sitios negros de todo el mundo después de 9/11, en los que se encarcelaron al menos a 117 presos; 39 de estos presos fueron sometidos a una o varias técnicas de tortura.

De acuerdo con el informe del Senado y de los documentos en los que se basa, los médicos involucrados parecen inicialmente haber tenido en el mejor de los casos sentimientos encontrados acerca de su participación directa en la tortura, pero se acabaron convirtiendo en participantes activos. En agosto de 2002, mensajes de correo electrónico de la CIA incluyen frases como "[I] quiero advertir [al médico] que, con toda seguridad, no ha estado nunca antes en su carrera médica en un sitio así" y el comentario de que la visión de las cintas de vídeo de la tortura de la bañera de Abu Zubaydah (el primer terrorista entregado a la CIA) "ha producido un fuerte sentimiento de futilidad (y [il] legalidad)". Siete meses más tarde, en marzo de 2003, uno de los médicos en el lugar cuestionó el plan para someter a la tortura de la bañera (waterboard) al supuesto autor intelectual del 9/11, Khalid Sheikh Mohammed (conocido como KSM), por cuarta vez en 24 horas, ya que el borrador del manual de la Oficina de Servicios Médicos (OMS) de la CIA establecía que tres sesiones de tortura de la bañera en 24 horas era el máximo aceptable. El abogado del Centro de Contraterrorismo aseguró al personal del sitio que el médico estaba equivocado al creer que había sido aprobado dicho límite. Más tarde, ese mismo día, el médico escribió a la OMS, diciendo: "las cosas están evolucionando lentamente de manera que la visión de la OMS como la conciencia institucional y el factor limitante se esta convirtiendo poco a poco en aquellos que se dedican a maximizar los beneficios de una manera segura y a mantener el culo de todos alejados de los problemas.

La tortura de la bañera que sufrió KSM, como casi todas las otras torturas llevadas a cabo, fueron supervisadas directamente por dos psicólogos contratados, ex supervisores del programa SERE (supervivencia, evasión, resistir, escapar) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fueron contratados para desarrollar un programa de interrogatorios que fuese el "reverso como procedimiento" del programa SERE, para hacer hablar a los sospechosos de terrorismo. En su lugar, se apoyaron casi exclusivamente en lo que llamaron "indefensión aprendida", una técnica basada en la investigación con perros, que se utilizó para tratar de romper la resistencia del prisionero hasta el punto que se sintiese lo suficientemente indefenso como para confesar lo que sus torturadores quisieran. Antes de que KSM fuese sometido a la tortura de la bañera, los dos psicólogos (sus nombres falsos de la CIA eran Swigert y Dunbar; sus nombres reales son James Mitchell y Bruce Jessen) había utilizado la desnudez, la privación de sueño (hasta 180 horas) de pie, las bofetadas e insultos de advertencia, sujetar el rostro, los golpes abdominales, la posición de cuclillas, y el “emparedamiento” (empujar contra una pared "con rapidez y firmeza" a los presos). El Departamento de Justicia había aprobado estos métodos, siempre y cuando se realizaron con un médico presente.

El uso de métodos de tortura no aprobados ilustra, pensamos, la imposibilidad de confinar la tortura a los métodos definidos legalmente. Por ejemplo, agentes de la CIA amenazaron a los hijos de KSM, un método universalmente condenado que fue, sin embargo, más tarde declarado "legal" por el Centro de Contraterrorismo, siempre y cuando las amenazas fuesen "condicionales", cualquiera que esa el significado de la palabra. Otro método no autorizado llamado "chorreo de agua" (una variante de waterboarding) "fue desarrollado con la orientación de los abogados de la CIA [Centro de Contraterrorismo] y la Oficina de Servicios Médicos de la CIA" trabajando juntos. Los médicos y los abogados se concedieron constantemente permiso para hacer todo lo que creían que era importante para "salvar vidas". Otra técnica no aprobada, descrita como "alimentación rectal," consistió en la introducción de alimentos por vía rectal para demostrar dominio sobre el prisionero (a pesar de que no es posible nutrir a través de la mucosa rectal). Se utilizó esta técnica de tortura, por ejemplo, en Majid Khan, que estaba en huelga de hambre. Oficiales médicos de la CIA habían "hablado de rehidratación rectal como un medio de control de la conducta". Tras tres semanas en huelga de hambre, la alimentación nasogástrica fue sustituida por un "régimen de tratamiento más agresivo". "Majid Khan fue sometido a alimentación e hidratación involuntaria rectal, incluyendo dos botellas de Ensure. Más tarde ese mismo día, la “bandeja del almuerzo”, de Majid Khan, que consistía en humus, pasta con salsa, nueces y pasas, fue hecha puré e introducida por el recto. Se sucedieron otras sesiones de alimentación e hidratación rectal".

No existe, por supuesto, ninguna recomendación médica para la alimentación rectal, y el hecho de que fuese llevada a cabo por o bajo la supervisión de un médico no puede convertir esta técnica de tortura en un procedimiento médico. Sin embargo, se utilizo como coartada una justificación médica para legitimar su uso cuando se hizo público. Por ejemplo, en respuesta al informe del Senado, el vicepresidente Dick Cheney dijo que la alimentación rectal no había sido aprobada, pero que creía que "se hizo por razones médicas". Sería más preciso describir la alimentación rectal como una técnica de asalto sexual. En el contexto del constante estado de desnudez de la mayoría de los presos del sitio negro, parece razonable concluir que el objetivo de la alimentación rectal era la dominación y el castigo: es decir, se trataba de venganza, no de medicina. En las cárceles de Estados Unidos, la medicina (y la salud pública) también se han utilizado para justificar demostraciones de dominancia a través de la desnudez forzada de los presos, en forma de registros corporales obligatorios rutinarios (3).

La minoría republicana de la comisión del Senado (en la actualidad la mayoría) publicó una refutación del informe, argumentando que era incompleto, ya que se basaba exclusivamente en documentos y no incluido entrevistas a los participantes. La minoría tampoco estaba de acuerdo en que no se hubiera obtenido ninguna información útil mediante tortura, señalando correctamente que no hay manera de recrear un escenario sin tortura para ver qué información se hubiera podido obtener sin ella. Por otro lado, si “funciona” o no la tortura - como si la esclavitud "funciona" o no - es simplemente una pregunta equivocada(4). Tanto la una como la otra son prácticas reconocidas internacionalmente como crímenes contra la humanidad que no están justificadas.

En 2004, Robert Lifton(5) escribió en el New England Journal of Medecin que es posible conseguir que los médicos se convierten en torturadores si se les pone en "situaciones provocadoras de atrocidades”. Una de estas situaciones es sin duda un sitio negro de la CIA, un lugar sin existencia oficial que se crea con el objetivo principal de extraer información de los sospechosos de terrorismo. El informe del Senado apoya la conclusión de Lifton y sugiere que una manera de tratar de prevenir la repetición de estos programas de tortura es, como ha dicho el presidente Barack Obama, eliminar los sitios negros por completo. El informe añade a nuestro conocimiento cómo abogados y médicos pueden colaborar entre sí para racionalizar la tortura - una dinámica que también se ha dado en prisiones militares, entre ellas Abu Ghraib y Guantánamo, e incluso en algunas cárceles de Estados Unidos, especialmente las prisiones de máxima seguridad y otras que se basan en gran medida en el confinamiento solitario.

Más allá de la eliminación de los sitios negros, los abogados tendrán que apoyar a los médicos que quieren mantener su ética (y actuar de acuerdo, entre otras normas legales, con los Convenios de Ginebra), a aquellos profesionales sanitarios que se niegan a torturar y negar cobertura legal a agentes de la CIA y contratistas para que puedan violar la legislación relativa a los derechos humanos. Y en todas las ocasiones, los médicos deben actuar sólo de manera consistente con las buenas prácticas médica aceptadas, con el consentimiento de sus pacientes.

Notas:

(1) Senate Select Committee on Intelligence. Committee study of the Central Intelligence Agency's detention and interrogation program. December 3, 2014
(http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf). [regresa]

(2) Cumming-Bruce N. “U.N. rights chief criticizes world Powers”. New York Times. March 6, 2015 [regresa]

(3) Annas GJ. “Strip searches in the Supreme Court -- prisons and public Elath”. N Engl J Med
2012;367:1653-1657 [regresa]

(4) Cole D. “Did the torture report give the C.I.A. a bum rap?” New York Times. February 22, 2015:SR6. [regresa]

(5) Lifton RJ. “Doctors and torture”. N Engl J Med 2004;351:415-416 [regresa]

George J. Annas es profesor del departamento de Derecho de la Salud, Bioética y Derechos Humanos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston. Sondra S. Crosby es profesora de la facultad de Medicina de la Universidad de Boston, EE UU.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/tortura.pdf


 

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