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Entrevista a Juan Méndez, relator especial de la ONU
"La tortura es ilegal e inmoral y la CIA miente"
Franco Lucatini
InfoJus Noticias
08 de enero de 2015
La semana pasada, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dio a conocer un informe sobre la utilización
sistemática de la tortura por parte de la CIA en centros clandestinos de
detención durante la administración de George Bush. Un par de días después,
Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, cumplió 70 años.
Cuando tenía 32, cayó preso durante la dictadura cívico militar por defender
legalmente a varios presos políticos. El abogado estuvo 18 meses sujeto a
disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional, en lo que era nada menos que una
detención ilegal, pero registrada. Amnistía Internacional lo adoptó como
"preso de conciencia", y en 1977 fue expulsado del país y se trasladó
a los Estados Unidos.
Con una trayectoria reconocida como académico, estudió en la Universidad Stella
Maris de Mar del Plata, y el año pasado recibió el doctorado honoris causa de
la Universidad Nacional de La Plata. Hoy alterna su trabajo en Naciones Unidas
con la docencia. Hizo un alto en sus clases el Washington College of Law de la
American University para atender a Infojus Noticias, y lanzó duras críticas a
la poca iniciativa de Estados Unidos para investigar sus propias prácticas
contra los derechos humanos, y se refirió al informe que presentó la senadora
Dianne Feinstein.
-¿Cómo evalúa la presentación de este informe?
-Es un informe muy contundente, muy gráfico y muy bien investigado. Cumple por
lo menos con una de las obligaciones que todos los Estados tienen en esta
materia, que son las de investigar, procesar y castigar. Lamentamos que haya
habido que esperar cinco años para que se publicara, precisamente porque ha
habido increíbles presiones para que no se publique, que llegaron hasta último
momento y que continúan después de la publicación. La contribución de este
comité del Senado hay que ponerla en el contexto de dificultades políticas y de
presiones de todo orden que han sido muy importantes.
-¿En qué contexto llegó la desclasificación de este documento?
-Se sabía desde hace años que bajo instancias del gobierno de George W. Bush,
la CIA había establecido todo un programa de torturas y las llamadas
“rendiciones extraordinarias”, que es una forma de desaparición forzada que
incluye el uso de lugares clandestinos para tortura. Pero hay que lamentar que
no se cumpla con las demás obligaciones que surgen de los hechos de tortura,
que tienen que ver con el procesamiento y castigo de cada incidente. Forman
parte de una norma de la Convención contra tortura, que Estados Unidos ha
firmado y ratificado. También debe ofrecer reparaciones y otras consecuencias
que se derivan de la tortura.
-¿La utilización de la tortura en Estados Unidos es una política de Estado?
-Durante el gobierno de Bush hubo una política de Estado claramente determinada
por los memorándum de la tortura –que habilitaban la utilización de cinco de
estas prácticas–. A partir del segundo día del gobierno de Obama hubo una orden
presidencial de prohibir la tortura y de restaurar la plena vigencia del Código
de Justicia Militar, que también la prohíbe. A partir de ahí parece que no se usaron
más las rendiciones extraordinarias ni los lugares secretos. Pero es imposible
saberlo a ciencia cierta, siempre ha sido tan secreto que yo no pondría las
manos en el fuego al decir que no ha habido más tortura a partir de ahí. Ha
habido asesinatos extrajudiciales usando drones y otros mecanismos en todo el
mundo, que también son muy cuestionables. Y eso sí se sabe. Yo creo que hay dos
políticas de Estado más o menos distinguibles: ordenar la tortura y la decisión
de no procesar o inclusive de encubrir.
-¿Qué espera que suceda a partir de la divulgación de esta información?
-El informe da bastante nueva información que hasta ahora por lo menos
oficialmente estaba bastante tapada. Tengo la esperanza de que su publicación
despierte un aumento en el nivel de conciencia, y que haga posible lo que ahora
parece imposible: el procesamiento y castigo de los responsables. La
experiencia de otros países inclusive el nuestro, Argentina, demuestra que lo
que parece imposible en un contexto histórico se hace posible más adelante.
-Un sector del Partido Republicano y varios medios de comunicación
cuestionaron la publicación de estos datos y dijeron que eso ponía en riesgo la
vida de estadounidenses en el exterior. ¿Se justifica el secreto de este tipo
de informaciones?
-Es un argumento falaz. Si va a haber reacciones violentas, que las puede
haber, no va a ser por la publicación del informe sino por el contenido mismo,
por lo que hizo la CIA durante estos años. Tratar de mantenerlo en secreto sólo
acrecienta la especulación. Si alguien es responsable de la violencia contra
ciudadanos norteamericanos en cualquier lugar del mundo es la CIA, no la
revelación del informe del Comité de Inteligencia del Senado. No puede haber
secretos en la violación de los derechos humanos. El secreto en asuntos de
seguridad nacional tiene que eliminarse cuando se trata de conocer la verdad
sobre violaciones de los derechos humanos.
-Se hizo mucho hincapié en que la información obtenida mediante torturas no
sirvió para desarticular amenazas contra la seguridad de Estados Unidos. ¿Se
puede discutir sobre la utilidad de la tortura?
-La CIA mintió cuando decía que había obtenido ciertos resultados a través de
la tortura. El informe demuestra que la información la tenía desde antes, sin
torturar, y que después torturaron y no obtuvieron ninguna otra información. La
CIA mintió al Congreso, mintió al Senado y a la opinión pública. Incluso el
director de la CIA, en su primera reacción sobre el informe, dijo que no se
puede saber si la inteligencia obtenida bajo la tortura o no consiguió salvar
vidas. Pero a mí me cuesta entender por qué tenemos que discutir si la tortura
funciona o no funciona. Lamentablemente pareciera ser lo único que importa,
especialmente en Washington. Tenemos que seguir insistiendo que la tortura es
ilegal e inmoral.
-Ninguno de los 54 países que colaboraron con la CIA en el secuestro y envío
de personas para ser torturadas en bases secretas es de América Latina o el
Caribe. ¿Ese dato merece una valoración?
-Es importante. Puede ser que a Estados Unidos no le interesara la colaboración
de sus aliados en estos países porque no había mucha información que obtener,
pero también porque quizá no esperaba una respuesta positiva. Debemos estar
orgullosos de que en nuestros países, casi todos gobernados por democracias, no
estaban dispuestos a colaborar con esto y por eso no se les pidió que lo
hicieran. El presidente de Polonia, uno de estos 54 países, dijo que prestaron
esa información pero que no sabían que se torturaba. Francamente hay que
preguntarse para qué iba a prestar un centro de detención bajo condiciones de
clandestinidad si no era específicamente para torturar. Este informe pone mucha
presión sobre esos 54 países para que ellos también hagan su propia
investigación.
-El presidente Barack Obama ya anticipó que no se van a iniciar acciones
judiciales contra los torturadores. ¿Se los está protegiendo?
-Esa decisión fue tomada al principio de la administración Obama. Fue muy
criticada por la sociedad civil norteamericana y por nosotros en el ámbito de
Naciones Unidas. Pero es más grave todavía, porque no solamente se anunció que
no iba a haber investigaciones sino que se inició un proceso con un fiscal
especial para entorpecer la investigación del Senado. Si el Senado pedía que
declararan funcionarios de la CIA, como estaban también en la posibilidad de
ser investigados penalmente, debía inmunizarlos. Como no quería hacerlo, no
pudieron interrogarlos. Ahora la CIA dice “nunca nos preguntaron nada”. Está
claro que esto ha sido una maniobra. La investigación que supuestamente hizo un
fiscal especial no tenía por objeto investigar delitos sino entorpecer otras
investigaciones, lo que habla muy mal de la administración Obama y de su
Departamento de Justicia.
-¿Hay posibilidad de que se revierta esa medida y se los juzgue? ¿No podría
intervenir la Corte Penal Internacional o aplicarse la justicia universal?
-Hay que insistir en la obligación internacional solemnemente contraída por
Estados Unidos e insistir en que el acceso a la justicia tiene que ser en la
jurisdicción interna. La decisión de no iniciar procesos depende de los
fiscales. Es una decisión discrecional y hasta política que puede cambiar en el
futuro. Está la posibilidad de juzgar las torturas que se cometieron en Afganistán,
porque es signatario del Estatuto de Roma y por supuesto es parte de la
competencia de la Corte Penal Internacional. Pero creo que va a ser muy difícil
que se pueda llegar a eso. Las presiones norteamericanas van a ser muy grandes.
Lo mismo en cuanto a la jurisdicción universal. Algunos países que tienen
abierta la posibilidad de usar sus tribunales, peor en otros casos ha habido
tanta presión que se ha retraído mucho esa posibilidad. No veo más solución que
insistir en el juzgamiento en la jurisdicción interna norteamericana.
-En los juicios por delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de
Estado en Argentina se derrotó a la teoría de la Obediencia Debida. ¿Existe esa
lógica en Estados Unidos?
-En todo caso en Estados Unidos se hizo al revés. Se castigó a los chivos
expiatorios, por lo menos del lado del Pentágono. Porque hay cuatro o cinco
torturadores que sí fueron condenados por tribunales militares por las torturas
que cometieron en la base de Abu Ghraib en Irak. Pero fueron chivos expiatorios,
porque el de más alto grado creo que era un cabo. Además cometieron la
estupidez de sacarse fotos con los torturados, entonces era un poquito difícil
de ignorar. Pero aún las investigaciones del Pentágono no cumplieron con la
obligación de seguir la cadena de mando y castigar a todos los que pudieran
resultar responsables. En este caso, la ley penal norteamericana es bien clara
en que se debe castigar no sólo al ejecutor material sino también a los que
cometen el delito a través de otros.
-El informe se dio a conocer en pleno conflicto por la violencia
institucional desatada a nivel interno y con un fuerte ingrediente de racismo.
¿Qué lectura hace de estas prácticas?
-El público norteamericano se ha dado cuenta de una práctica de los fiscales de
proteger las violaciones cometidas por agentes policiales, especialmente cuando
las víctimas se encuentran entre las minorías raciales. Ha creado un gran
estupor en el público. Es muy interesante la reacción social ante la impunidad
de los asesinatos de Michael Brown en Ferguson, Missouri pero también de Eric
Garner, en Staten Island, Nueva York. Es realmente inaudito que ni siquiera se
pase a la etapa de juicio antes de absolver a los perpetradores de estos
asesinatos. Indica que los fiscales, aunque aducen tratar de usar el gran jury
para tratar de investigar, en realidad lo usan para proteger a los policías.
-¿Qué impacto tienen estas revelaciones sobre la imagen internacional de
Estados Unidos?
-La imagen internacional de los Estados Unidos venía muy deteriorada después
del 11 de septiembre de 2001 porque se conocía el recurso a la tortura. Hasta
los aliados de Estados Unidos tienen un concepto muy negativo sobre la relación
del país con los derechos humanos. Todo esto se agrega a esa pérdida de imagen
internacional que tiene Estados Unidos, que cada vez mantiene más su peso a
través del uso de la fuerza que desde la persuasión y del ejemplo de un país
gobernado por las leyes y dispuesto a mantener el Estado de derecho. Pero esto
puede ser momentáneo. Hay que esperar que el rumbo cambie y que Estados Unidos
por lo menos haga esfuerzos por tomarse en serio la vigencia de los derechos
humanos que está siempre imponiéndole a otros países, pero que en una suerte de
excepcionalismo norteamericano pareciera que no se aplica a sí mismo.
Fuente: http://www.infojusnoticias.gov.ar/entrevistas/la-tortura-es-ilegal-e-inmoral-y-la-cia-miente-116.html
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