Todavía hay familias que están siendo separadas en la frontera, meses después de haberse revocado la
“cero tolerancia”
Algunos abogados de inmigración comentan que los agentes fronterizos han vuelto a separar a menores
de sus padres, con la explicación de querer protegerlos en contra de padres y
madres delincuentes. Quienes abogan por la inmigración dicen que eso es solo
una denominación nueva para la cero tolerancia.
Ginger Thompson
ProPublica
30 de noviembre de 2018
Brian Stauffer, especial para ProPublica
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La administración de Trump ha vuelto a separar a familias en la frontera, esta vez en forma sigilosa y
justificando el acto con alegatos imprecisos y no corroborados en contra de los
padres, acusándolos de ofensas o delitos menores que incluyen el cargo de
reingresar al país ilegalmente.
En los últimos tres meses en Nueva York, varios abogados de Caridades Católicas, organización que presta
servicios legales a menores inmigrantes bajo custodia gubernamental en ese
estado, descubrieron por lo menos dieciséis casos nuevos de separación.
Mencionan que se fueron dando cuenta por casualidad, siguiendo sus propias
pistas después de que los menores fueron colocados en casas o instituciones de
tutela provisionales casi sin indicios de que habían llegado a la frontera con
sus padres, o sin que se diera a conocer esa información.
ProPublica se topó con uno de estos casos a fines del mes pasado, cuando recibió la llamada desesperada de
un padre salvadoreño detenido en el Sur de Texas, informando que, literalmente,
un agente de Aduana y Protección Fronteriza le arrancó de los brazos a su hijo
Brayan de 4 años de edad cuando cruzaron la frontera y pidieron asilo. El
padre, de nombre Julio, pidió que no se divulgara su apellido debido a que huye
de la violencia pandillera y le inquieta la seguridad de sus familiares en su país.
“Le fallé”, dijo el muchacho de 27 años, llorando desoladamente. “Todo lo que había hecho para ser
un buen padre quedó destruido en un instante”.
ProPublica localizó a Brayan, pequeño de cabello rubio rojizo y un ceceo adorable, en una agencia de
tutela provisional de la ciudad de Nueva York. Luego nos comunicamos con la
abogada quien lo representa. Jodi Ziesemer, Abogada Supervisora de Caridades
Católicas, no tenía idea, sino hasta esa llamada, de que a Brayan lo habían
separado de su padre y comentó que ese caos era inquietante por parecerse
demasiado a la cero tolerancia de hace unos meses.
“Es tan desalentador”, dijo Ziesemer. “Se supone que esa política ya había terminado”.
Para efectos oficiales, así lo fue. El 20 de junio, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva
que retractaba la política de cero tolerancia para hacer cumplir las leyes
migratorias. Bajo la política, las autoridades tuvieron órdenes de someter a
proceso penal a cualquier adulto que fuera detenido por cruzar la frontera
ilegalmente, además de separarlo de cualquier menor acompañante. Una semana
después, la Juez Federal Dana M. Sabraw dictó un mandato en contra de las
separaciones y ordenó que el gobierno reunificara a las familias afectadas.
Sin embargo, la Juez Sabraw exentó a los casos en los que peligraran los menores y, algo crucial, no impuso
normas ni supervisión para regir la toma de decisiones. El resultado, dicen los
abogados de inmigración, fue que los funcionarios migratorios, basándose en las
claves de una administración que sigue creyendo claramente en que la separación
de familias es un método de disuasión eficaz, utilizan cualquier justificación
a su disposición, con o sin corroborarla, para determinar que los inmigrantes
son padres no aptos o peligrosos.
“Si las autoridades tienen la más mínima evidencia de que uno de los padres fue miembro de una pandilla, o
de que tiene cualquier tipo de mancha en sus antecedentes”, dijo Neha Desai,
abogada superior del Centro Nacional del Derecho Juvenil (National Center for
Youth Law); “cualquier cosa que puedan encontrar para decir que la separación
es para el bien y la salud del menor, entonces los separarán”.
Brayan, un niño salvadoreño
de cuatro a os. (Cortes a de Mercedes Linares)
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En un mensaje de correo electrónico, un funcionario de la CBP reconoció que, efectivamente, siguen separando
a las familias de inmigrantes, pero que dichas separaciones “no tenían nada que
ver con la cero tolerancia”. El funcionario añadió que “esta administración
sigue cumpliendo con la ley y separa a adultos y menores cuando sea requerido
para la seguridad y protección de un menor”. El funcionario se rehusó a decir
cuántos niños han sido alejados de sus padres por tales motivos, los cuales
denominan como protección al menor.
Los funcionarios de la CBP explicaron que el caso de Brayan es como estos. Uno de los funcionarios comentó
que la agencia había revisado los antecedentes de Julio, en forma de rutina, “confirmando
que era miembro de la pandilla MS-13”. La vocera Corry Schiermeyer se rehusó a
proporcionar la evidencia que tiene la agencia para respaldar su alegato,
diciendo únicamente que era “confidencial para fines del cumplimiento de la ley”.
Tampoco quiso decir los motivos que tiene la CBP para creer que Julio
representa un peligro para su hijo, aunando que la orden de la Jueza Sabraw “no
impedía estas separaciones, sino que, de hecho, permitía de manera explícita
que el DHS continuara esa práctica anterior”.
La CBP tampoco compartió evidencia alguna con Georgia Evangelista, abogada de Julio, para respaldar la
aseveración de que él tiene vínculos con las pandillas. Ella incluso cuestiona
si realmente existe.
(Evangelista también comentó que el pasado martes, uno de los fiscales del gobierno reiteró el alegato ante
un juez de inmigración en el Sur de Texas, pero sin poder darle la documentación
llamándola “confidencial”. La abogada dijo que el juez de migración no presionó
al fiscal para que divulgara la evidencia, pero que sí había dejado a su
cliente en libertad bajo una fianza de $US 8 mil dólares. Evangelista se sintió
frustrada con el resultado y comentó: “¿Cómo podemos pelear los cargos sin
saber qué son?”)
Según ella, Julio llegó a la frontera a mediados de septiembre portando un oficio redactado por un
abogado salvadoreño en el cual se explicaba que huía de El Salvador con su hijo
debido a que había sido atacado y amenazado por las pandillas en su país
durante años. A petición de la abogada Evangelista, el abogado salvadoreño y el
ex empleador de Julio enviaron declaraciones juradas dando fe sobre su carácter
y mencionando que él nunca había participado en actos delincuentes.
“Esto me pone furiosa, No están jugando bajo las reglas”, comentó Evangelista refiriéndose a las
autoridades migratorias estadounidenses. “Lo tratan como si fuera delincuente
para poder justificar que le quitaron su hijo. ¿Dónde están las pruebas? Es su
palabra contra la de ellos. Realmente me enferma.”
Susan Watson, abogada de derechos humanos y derecho familiar, dijo que en casos de tutela de menores que
no incluyan temas migratorios, sería imposible llevar a cabo ese tipo de
actividad sin el visto bueno de un juez. “De acuerdo con la Constitución, una
persona tiene derecho al proceso legal debido antes de que se le separe de un
hijo”, comentó. “En algún lugar recóndito de la Patrulla Fronteriza existe una
decisión que no cumple con esa norma”.
En Nueva York, Ziesemer dice que los menores separados identificados por su organización incluyen niños
y niñas de entre 2 y 17 años de edad, además de Brayan. Todos llegaron a esa
ciudad sin expedientes que indicaran que fueron separados de sus padres en la
frontera, ni con los motivos de la separación. Semanas atrás, la ACLU,
organización que presentara la demanda relacionada con la primera ronda de
familias separadas, envió un oficio al Departamento de Justicia enumerando sus
inquietudes acerca de los casos nuevos, específicamente en lo tocante a la
justificación de las separaciones y por qué la ACLU no había recibido
conocimiento al respecto.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU encargado de la demanda en contra de la separación familiar presentada por
esa organización en la primavera, mencionó que, “si el gobierno sigue separando
a menores en secreto, y lo hace basándose en pretextos endebles, esa actividad
sería evidentemente inconstitucional y habrá que regresar al juzgado”.
Los abogados de la ACLU y Caridades Católicas dicen que el DOJ respondió diciendo que no tiene obligación
de informarle a la ACLU acerca de las nuevas separaciones, en vista de que
estas no se llevaron a cabo como parte de la política de cero tolerancia. El
organismo dijo que en catorce de los diecisiete casos mencionados en el oficio
de la ACLU, los menores fueron tomados de la custodia de sus padres debido a
que las autoridades sospecharon que estos tenían algún antecedente penal que
los hacía no aptos, o hasta peligrosos en ese rol. Sin embargo, el DOJ no
especificó los supuestos delitos sospechados de los padres ni la evidencia que
las autoridades tienen para respaldar sus alegatos.
La ACLU, y otros grupos dedicados a representar a niños inmigrantes, comentaron que el secretismo del
DOJ es bastante inquietante por varios motivos. Les preocupa que el
Departamento de Seguridad Nacional haya permitido que funcionarios sin
capacitación formal en temas de custodia de menores, principalmente agentes de
la Patrulla Fronteriza, tomen decisiones basadas en normas que podrían
infringir sobre el espíritu de la orden judicial, y que nunca tendrían validez
para casos no migratorios. Ziesemer ha hablado con familiares y trabajadores
sociales y comenta que sospecha que por lo menos ocho de esos casos son de
padres cuyo delito es haber vuelto a entrar al país ilegalmente. El reingreso
ilegal al país es un delito mayor, aunque no era típico en esos casos que las
administraciones previas separaran a las familias. Ziesemer dijo que los alegatos
presentados por el gobierno para justificar las separaciones en ocho casos
adicionales fueron, o imprecisas, o no corroboradas. El último caso que ella
detectó se trata de un padre que fue hospitalizado.
“La postura del gobierno es que, debido a que estos casos no son parte de la cero tolerancia, no es
necesario informarnos al respecto. Ni a nosotros, ni a nadie más” dijo
Ziesemer. “Por nuestra parte, nosotros sostenemos que debe haber cierta
supervisión cuando se trata de menores que son alejados de sus padres”.
El caso de Brayan es un ejemplo vívido de cómo las autoridades interpretan la orden judicial para
permitir la separación de una familia.
Yo me enteré de él por accidente. A principios del mes pasado, después de publicarse el informe
gubernamental en el cual se indicó que más de 2,600 niños inmigrantes fueron
separados de sus familias bajo la política de cero tolerancia, ya sólo tenían
bajo su cuidado un menor de 5 años. Decidí encontrarlo pensando que su caso sería
un punto final cautivador del reportaje que publiqué este año acerca de Alison Jimena Valencia Madrid,
la niña cuyos llantos fueron grabados en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en junio. Esa
grabación inició la tormenta de rabia que inclinó la balanza en contra de la
política de separación de familias impuesta por la administración de Trump.
Wilder Hilario Maldonado Cabrera fue el compareciente más joven de la lista de casos juveniles de ese
día; también era uno de los últimos menores que aún seguía bajo custodia del
gobierno en virtud de haber sido afectado por la política de cero tolerancia.
Thelma O.García, abogada en la frontera, dijo que ella había representado a Wilder Hilario Maldonado
Cabrera, niño salvadoreño de seis años colocado en un hogar de tutela
provisional en San Antonio. Wilder fue separado de su padre en junio, mencionó
la abogada, y no lo habían reunido con él debido a que el padre tenía una orden
de arresto de hacía diez años por manejar en estado de ebriedad en el estado de Florida.
Ese padre, Hilario Maldonado, se comunicó conmigo desde el reclusorio de Pearsall en el Sur de
Texas. En la llamada me comentó que había tratado de mantenerse en contacto con
Wilder por teléfono, pero que la trabajadora social encargada no siempre
contestaba la llamada. Cuando lograba conectarse, dijo que Wilder, niño
gordito, chimuelo y precoz, lo regañaba por no ir por él para regresarlo a casa.
Yo le comenté al Sr. Maldonado que quizás él sería uno de los últimos padres que viviría esa
separación, debido a que el gobierno había aceptado cesarlas.
El Sr. Maldonado (de 39 años), respondió que eso no era cierto y que las separaciones continuaban porque él
sabía de un caso.
Minutos después recibí la llamada de Julio, también detenido en el mismo centro. Escuché su voz
desesperada, llena de llanto y súplicas para obtener respuestas cuando me contó
que se había entregado junto con Brayan ante las autoridades justo al cruzar la
frontera para pedir asilo. También dijo que había informado a los agentes
migratorios que su madre, quien vive en Austin, Texas, estaba dispuesta a
ayudarlo a ubicarse. Siete días después, un agente de la Patrulla Fronteriza se
llevó gritando a Brayan, quien llevaba puesta una camiseta de SpongeBob Square Pants.
Julio dijo que lo único que sabía era que su hijo se encontraba en algún lugar de Nueva York. En cuanto
colgamos llamé a la abogada Ziesemer de Caridades Católicas, organización contratada
por el gobierno para dispensar servicios legales a menores no acompañados en
esa ciudad. Le pregunté si se había enterado acerca de Brayan.
“Sí, conocemos a ese chico”, respondió Ziesemer rápidamente, “pero no sabíamos que había sido separado de su padre”.
La escuché obviamente sorprendida. “Hasta su llamada, lo único que tenía era su nombre en una lista”,
comentó.
Inmediatamente, Ziesemer tramitó que Brayan fuera llevado a su oficina ya que el niño se encontraba en
un hogar de tutela provisional. Por su experiencia, no anticipó mucho de esa
primera visita. Era probable que Brayan tuviera miedo aparte de ser un chico de
sólo 4 años. Para que se sintiera cómodo, le ofreció una caja de crayones y un
libro para dibujar del Hombre Araña.
El pequeño se conectó con ella rápidamente, mostrándole sus dibujos, imitando los movimientos del
personaje de las caricaturas, y enseñándole sus garabatos cuando ella le pidió
que escribiera su nombre en una hoja de papel. Sin embargo, y corroborando lo
que ella esperaba, el niño era demasiado pequeño para darle sentido a lo que
había sucedido en la frontera, y menos para explicárselo a una persona adulta
que acababa de conocer. Su ceceo también hizo difícil que Ziesemer entendiera
lo poco que podía contarle.
Luego de la visita, la abogada comentó lo exasperante que era tener que interrogar a un niño,
mencionando también el terror de pensar en que podría haber otros menores como él
hundidos en las listas.
“Nosotros, junto con los trabajadores sociales y los consulados, hacemos todo lo posible para llenar las
brechas y determinar de dónde provienen estos niños”, dijo. “Pero eso significa
que transcurren días y semanas sin que muchos de ellos sepan el paradero de sus
padres; y vice versa. Y, no es necesario que sea así, no debería ser así”.
Yo me trasladé a Pearsall para conocer a Julio después de la reunión entre Ziesemer y Brayan. Él me contó
que había huido de su país con su hijo porque las pandillas callejeras lo
amenazaban con matarlo cuando se enteraron de que había denunciado a uno de sus
miembros ante la policía. Su esposa e hijastro permanecieron allá porque no
tuvieron suficiente dinero para venirse juntos. También hablé con su esposa, y
ella me informó que estaba escondida en casa de sus padres debido a que no quería
que los pandilleros la encontraran en la suya si llegaran a buscar a su esposo.
Las fotografías que envió su familia muestran a Julio con semblante de policía, fuerte y con cabello
rapado. Pero, después de un mes detenido, su aspecto era más bien pálido y
desanimado. Traía puesto el uniforme del centro de detención y su cabello castaño
oscuro húmedo aunque bien peinado. No tiene tatuajes, cosa común en los
pandilleros centroamericanos.
Entre llanto, Julio me contó que repasaba mentalmente los días cuando llegó a la frontera para tratar de
entender por qué las autoridades le habían quitado a su hijo. Julio y Brayan
habían quedado detenidos en la ya famosa “heladera”, las instalaciones de
detención con aire acondicionado que fuera la primera parada para la mayoría de
los inmigrantes interceptados en la frontera. Brayan comenzó a tener una fiebre
alta y tuvieron que llevarlo al hospital para atenderlo. El agente de la
Patrulla Fronteriza quien los llevó regañó a Julio por traer a un niño tan
pequeño en un viaje tan horroroso. ¿Sería por eso que le quitaron a su hijo? ¿Fue
porque los agentes vieron el color del cabello de Brayan y no creyeron que él
era su padre?
Julio se cuestiona si lo engañaron para que firmara un documento en el hospital (ya que todos estaban en
inglés) con el cual cedía sus derechos a su hijo. ¿Sería por haber sido
arrestado por robo en una ocasión en El Salvador, aunque haya sido exonerado
dos días después cuando las autoridades se dieron cuenta de que tenían a la
persona equivocada? ¿Por qué lo consideraban peligroso para su hijo?
Fue realmente de mi parte que Julio se enteró que los agentes de la Patrulla Fronteriza se llevaron a
Brayan por sospechar que era pandillero. Lo revelado lo tumbó bastante. También
lo confundió, ya que, al mismo tiempo en que la CBP lo consideraba pandillero,
el DHS, otro organismo gubernamental, encontró que su petición de asilo, en la
cual Julio declaraba haber sido víctima de violencia de pandillas, era lo
suficientemente convincente para ser escuchada por un juez de inmigración.
A principios de octubre Julio se había reunido con un oficial de asilo para lo se conoce como
entrevista para determinar un miedo creíble. De acuerdo con el informe de la
misma, proporcionado por Julio a ProPublica, el oficial de asilo no solo le
preguntó por qué había huido de El Salvador, sino que también si tenía
antecedentes penales. Estas son varias de las preguntas: ¿Ha cometido un delito
en algún país? ¿Le ha hecho daño a una persona por cualquier motivo? Aunque no
haya querido hacerlo, ¿ayudó a alguien más a hacerle daño a una o más personas?
¿Ha sido arrestado o condenado por algún delito? ¿Fue miembro de una pandilla?
Julio contestó no a todas las preguntas. El oficial de asilo quien llevó a cabo la entrevista dictaminó
que su información era creíble. Además, y significativamente, también indicó
que no había recibido información despectiva ni expedientes penales que
descalificaran a Julio automáticamente para logar el asilo automáticamente.
La discrepancia refleja las diferencias entre las normas legales de asilo y de separación de familias.
Mientras que la decisión del oficial de asilo queda sujeta a revisión de parte
de un juez, Julio tiene una audiencia el próximo martes, la decisión de la
Patrulla Fronteriza de llevarse a su hijo no tiene ese requisito.
Documentos confidenciales revelan detalles sobre los problemas para encontrar a los padres y las
experiencias traumáticas durante la política de tolerancia cero de la
administración Trump.
“Realmente no sé qué tipo de información tengan acerca de Julio, si es que tienen algo”, dijo la abogada
Evangelista. “Cuentan con toda la discreción posible en cuanto a separarlo del
menor. Pueden hacer lo que quieran y sin tener que explicar los porqués”.
Julio dijo que su propio padre lo había abandonado cuando tenía más o menos la edad de Brayan. Su madre
luego se fue a los Estados Unidos cuando él tenía 7 años. Comentó que él juró
nunca hacerle eso a Brayan y que por eso no lo había dejado en El Salvador.
Ahora se cuestiona si eso fue un error. Julio comentó que cada vez que habla
con Brayan por teléfono sentía que se alejaban más.
“Él me dice: ‘tú ya no eres mi papá. Yo tengo un nuevo papá’”, comenta Julio sobre su hijo, añadiendo: “Ni
siquiera me dice papá, sino que papi. Yo nunca le enseñé esa palabra”.
En Nueva York, la abogada Ziesemer dice que se preocupa de que la separación de familias esté comenzando nuevamente.
Comentó que, al ver a Brayan en su oficina recordó las caritas de más de cuatrocientos niños
separados que habían pasado por ahí durante el verano. Como punto de contacto
de Caridades Católicas durante la crisis, dijo que llegó a conocer a cada uno
de esos niños y niñas de nombre. Incluso una pequeña de 9 años tuvo un ataque
de pánico cuando se le pidió que entrara a un cuarto con su hermana, porque
pensó que Ziesemer iba a llevarse a la hermana de la misma forma en que los
oficiales se llevaron a su madre. “Hubo un momento en el que tuvimos que llevar
a cabo una junta con todo el personal para explicar por qué la sala de conferencias
estaba repleta de niños en pleno llanto”, dijo.
Caridades Católicas, la ACLU y varios otros grupos importantes de ayuda para inmigrantes, lideraron la
reunificación de las familias dedicándose a llamar a padres aún detenidos en
los centros de inmigración, y a despachar personal a Centroamérica para
localizar a quienes ya habían sido deportados. Aparte de la “enorme y pesada
tarea” de esa reunificación, dijo Ziesemer, se llevó a cabo una avalancha de
llamadas y correo electrónico provenientes del Congreso y de los consulados y
los medios de comunicación, todos en búsqueda de información relacionada con
las separaciones.
Ziesemer también comentó que ella y su equipo trabajaron mañana y noche durante meses y que, aunque
todavía existen varias docenas de niños que siguen esperando reunirse con sus
padres, ella había pensado que las cosas se estaban concluyendo. Fue entonces
cuando comenzó a ver casos nuevos como el de Brayan, con ciertos elementos
similares a los de antes.
La abuela Brayan en Austin,
Texas, tiene lista ima recámara esperando la llegada de su nieto. (Cortesía de Mercedes Linares)
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Ziesemer no sabía mucho acerca de Brayan aparte de la información que obtuvo de su parte al conocerlo. Fue
entonces que yo compartí con ella lo que había llegado a conocer acerca de él
por su familia: que se podía comer cuatro huevos cocidos de una sentada; que le
encantaba Lighting McQueen, el personaje de la película de coches de Pixar; y
que tenía un perrito llamado Lucky a quien insistía ver cuando hacía video
llamadas con su madre por WhatsApp. Su abuela en Austin le tenía preparada una
recámara llena de muñecos del Ratón Mickey, carritos de control remoto y
abrigos para el inverno. Le comenté también la consternación de Julio cuando
Brayan le decía “papi”.
“Un par de semanas es un tiempo largo para un niño se su edad”, comentó acerca de él. “Comienzan a
desapegarse de la gente, incluso hasta de sus padres”.
Traducción de Mati Vargas-Gibson.
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