La Corte Suprema dejó que Ashcroft se escapara
del anzuelo
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Una y otra vez el gobierno de Obama, los
tribunales y el Congreso no sólo han fallado en hacer que los funcionarios del
régimen de Bush sean imputados por sus crímenes, sino que en realidad han
"legalizado" los delitos o no realizaron ninguna investigación real sobre
ellos. |
Kenneth J. Theisen
3 de junio de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
24 de junio de
2011
El 31 de mayo 2011, la Corte Suprema de los EE.UU.permitió que el Fiscal
General John Ashcroft, uno de los más feroces criminales del régimen de Bush,
escapara de la responsabilidad legal porel arresto injusto y la detención deun
ciudadano de los EE.UU.bajo la ley detestigo material federal.
La American Civil Liberties Union (ACLU) había presentado una demanda contra
Ashcroft en 2005 en nombre de Abdullah al-Kidd, un ciudadano de los EE.UU. que
fue arrestado indebidamente y detenido abusivamente en 2003 como testigo
material en un caso de Visa. La demanda de la ACLU establece que la detención de
al-Kidd fue parte de un modelo pre-textual de un patrón de arrestos de testigos
materiales que se produjeron después del 11 de septiembre, en virtud de una
política nacional instituida por Ashcroft. La ley fue utilizada como una "excusa
legal" para detener a muchas personas que de otra manera no podían ser
arrestadas. Al-Kidd fue sólo una de las muchas víctimas de este abuso de la ley
por el gobierno de EE.UU. bajo la dirección de Ashcroft. La Cuarta Enmienda
prohíbe la detención de presuntos delincuentes sin causa probable, pero Ashcroft
y otros funcionarios del régimen de Bush utilizaron la ley de testigos
materiales para eludir el requisito de causa probable y la Constitución.
La Ley Federal de Testigos Materiales de EE.UU. ley permite detener a un
testigo cuyo testimonio creen los fiscales que es fundamental en un proceso
penal si se considera que el testigo no atestiguará voluntariamente. Al-Kidd fue
arrestado y detenido aparentemente por lo que había declarar como testigo en el
juicio de Sami Omar al-Hussayen, quien asistió a la misma universidad que
al-Kidd y fue acusado de fraude de visa. Sin embargo, a pesar de no haber sido
llamado nunca a testificar en el caso ni acusado de delito alguno, al-Kidd fue
detenido durante 16 días, lo trasladaron a tres centros federales de detención
aislados en tres estados diferentes y fue atropellado al obligarlo a permanecer
desnudo y al encadenarle manos y pies.
En la decisión del tribunal ningún miembro de la Corte Suprema sostuvo que el
uso del gobierno de la Ley de testigos esenciales era legal en todo el caso de
al-Kidd. Además cuatro de los jueces por separado, escribieron que tenían
verdaderas preguntas sobre el uso de la ley en su arresto y detención. Sin
embargo, el tribunal sostuvo que Ashcroft quien estaba a cargo de la utilización
abusiva de la ley no puede ser considerado legalmente responsable de sus
actos.
Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de de Derechos de Inmigrantes de
la ACLU declaró: "Infortunadamente, la Corte permitió que el Fiscal General
Ashcroft escapara del anzuelo, pero la mitad de los jueces que participaron en
la decisión de hoy expresan interrogantes acerca de cómo el gobierno utilizó la
Ley de testigos esenciales en todo el caso de al-Kidd. Nuestra esperanza es que
estas preguntas conducirán a un serio examen sobre el avance del uso de la ley
como una herramienta para la detención preventiva."
No hay que contar con ninguno de tales exámenes serios. Una y otra vez el
gobierno de Obama, los tribunales y el Congreso no sólo han fallado en hacer que
los funcionarios del régimen de Bush sean imputados por sus crímenes, sino que
en realidad han "legalizado" los delitos o no realizaron ninguna investigación
real sobre ellos. La reciente aprobación de la extensión de la Ley Patriota es
sólo uno de los muchos ejemplos de esto. No cerrar Guantánamo es otro. Las
guerras ilegales han continuado y se han expandido. La vigilancia masiva, las
entregas extraordinarias, las detenciones ilegales y por tiempo indefinido,
torturas, asesinatos, etc. todos ellos constituyen ahora la política oficial del
gobierno de Obama.
Los abusos y crímenes del régimen de Bush y su permanencia bajo la
administración de Obama no van a ser detenidos por ninguna acción oficial del
gobierno de EE.UU. Sólo un movimiento masivo de millones de personas puede poner
fin a estos crímenes y que los responsables sean imputados y rindan cuentas de
ellos. Esta última decisión judicial es sólo un ejemplo más de que el sistema
continúa "legalizando" losc rímenes y abusos.
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