La Administración Obama Continúa encubriendo
torturas de Bush en Abu Ghraib
Kenneth J. Theisen
1 de junio de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
24 de junio de
2011
La Administración Obama ha vuelto a tomar una postura destinada a encubrir
los crímenes del régimen de Bush.
El 27 de mayo de 2011 en un escrito de amigo de la corte (amicus
curiae), el Procurador General EE.UU., Neal Katyal, en representación de
Obama, notificó a la Corte Suprema que no admitiera una demanda de 2004 que
establece que los empleados contratistas de la corporación militar CACI de los
Estados Unidos y de Titan (ahora Servicios L-3) participaron en la tortura y
otros actos atroces e ilegales perpetrados contra detenidos iraquíes, cuando
eran empleados para suministrar servicios de interrogatorio y como intérpretes,
respectivamente, en Abu Ghraib y otros centros de detención en Irak. El caso es
Haidar Saleh Muhsin, et al. v. Titan Corporation, et al.
La demanda fue presentada por cerca de 250 civiles torturados y gravemente
dañados en la infame prisión de Abu Ghraib en Irak por los contratistas
acusados, según el equipo legal de los detenidos.
Esta demanda fue presentada bajo el"Alien Tort Statute". Según los
demandantes, los acusados ometieron violaciones de las leyes estatales,
federales e internacionales, incluso tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, contratación y
supervisión negligentes, y asalto sexual y agresión.
Los demandantes afirman que fueron víctimas de violación y amenazas de
violación y otras formas de asalto sexual, obligados a ver a un familiar
mientras era torturado y abusado con tanta ferocidad y sadismo que murió;
declaran que sufrieron repetidas palizas, incluso con cadenas, botas y otros
objetos y que los sometieron a desnudez forzada, uso de capuchas y los
mantuvieron en aislamiento, les orinaron encima, los humillaron, y les impedían
hacer sus oraciones y de cumplir sus prácticas religiosas. Los demandantes
buscan compensación por daños contra los acusados.
Susan L. Burke, Abogada de los demandantes, declaró: "Se debe permitir que
este litigio contribuya a la verdadera historia de Abu Ghraib. Estos hombres
inocentes fueron torturados con demencia por las empresas de EE.UU. que se
beneficiaron de su miseria. Estos hombres acudieron a los tribunales de EE.UU.
gracias a nuestras leyes, como lo han hecho por generaciones, se debe permitir
que sus demandas sean escuchadas aquí”.
Los abogados de los detenidos alegaron que la Corte Suprema los EE.UU. debe
conocer el caso debido a una anterior decisión de apelación de septiembre 2009,
que desestimó la demanda en una decisión 2-1,dio al cuerpo de demandados incluso
más protección que la que disfrutan los soldados de EE.UU. y que constituye
extralimitación judicial. El escrito de los demandantes sostuvo además que las
investigaciones militares habían encontrado que los contratistas participaron en
las torturas de Abu Ghraib. En octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia
invitó al Fiscal General en funciones a presentar un escrito en este caso,
expresando las opiniones del gobierno de EE.UU.
Katherine Gallagher, Abogada Principal en el Centro de Derechos
Constitucionales dijo: "El escrito de la Administración Obama reconoce las
graves deficiencias en la decisión del tribunal inferior que el costo de las
víctimas de Abu Ghraib su día en corte, pero en última instancia, dice que la
justicia para las víctimas de tortura no vale la pena tiempo de la Corte
Suprema. Los sobrevivientes de la tortura tienen derecho a que sus demandas
contra corporaciones de EE.UU. sean escuchadas en el fondo de un tribunal de
EE.UU.”
En este caso, las dos empresas demandadas son sólo dos de las muchas
compañías contratadas para ayudar al gobierno de EE.UU. en sus crímenes de
guerra, en la Guerra de Irak y otras aventuras colonialistas. Estas empresas
realizaron cientos de miles de millones en ganancias y siguen haciéndolo en las
guerras imperialistas de EE.UU.
El gobierno de Obama, al igual que el régimen de Bush, ha hecho todo lo que
está a su alcance para proteger a sus socios corporativos en la delincuencia.
Anteriormente, el gobierno se salió del camino para proteger a las empresas de
telecomunicaciones de las demandas por su cooperación en el espionaje masivo a
los estadounidenses en una ampliación de la ley FISA. En otro ejemplo, el
gobierno bajo Obama pidió a un tribunal que desestime una demanda contra la
compañía aérea que participó en secuestros de rendidos bajo condiciones
extraordinarias. Este último "consejo" a la Corte Suprema de Justicia es parte
integrante de la política de gobierno.
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