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21 de agosto de 2015

El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.




Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

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Yusuf Mingazov, hijo de Ravil Mingazov, afuera de la embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Londres el 16 de septiembre del 2023 (Foto: Andy Worthington).

¿Por qué seguimos hablando de Guantánamo?

Debra Sweet | 29 de septiembre de 2023

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 30 de septiembre de 2023

La respuesta a la pregunta de por qué no nos callamos sobre el cierre del campo de tortura estadounidense de Guantánamo tiene varias capas.

  • sobre la base de la moralidad, retener a personas al margen de la ley es absolutamente inmoral.
  • en base a los derechos de los seres humanos, la prisión obtiene una puntuación de cero.
  • Guantánamo ha sentado el precedente de que el Estado y el ejército más poderosos pueden salirse con la suya privando a las personas de sus derechos, torturándolas y sin afrontar ninguna consecuencia; más bien, tales crímenes refuerzan la invencibilidad del imperio.

Únete a la Vigilia Mundial para Cerrar Guantánamo: Miércoles 4 de octubre
Londres, Ciudad de México, Los Ángeles, Washington DC y otros lugares cada primer miércoles
Nueva York: 5:00-6:00 pm Biblioteca Pública de Nueva York, 5th Avenue @41st Street

Los jueces militares han dictaminado recientemente que dos hombres detenidos en Guantánamo a los que Estados Unidos acusa de ser responsables del 11 de septiembre de 2001 y del atentado contra el U.S.S. Cole en 1998 no pueden ser juzgados debido al estrés postraumático y la psicosis causados por años de tortura por parte del ejército estadounidense.

A pesar de que los acusados del 11-S son mentalmente "incapaces de someterse a juicio", Biden rechaza un acuerdo de culpabilidad que les proporcionaría atención de salud mental, tal y como exige el derecho internacional.

Andy Worthington analiza la importancia de la evaluación de una Junta de Sanidad [del Departamento de Defensa] según la cual Ramzi bin al-Shibh, uno de los cinco hombres acusados de participar en los atentados del 11-S que se encuentran atrapados en interminables audiencias previas al juicio en las rotas comisiones militares de Guantánamo, no es apto para ser juzgado porque padece estrés postraumático y psicosis. El juez del juicio del 11-S, el coronel Matthew McCall, aceptó recientemente la conclusión de la Junta de Sanidad, apartando a bin al-Shibh del juicio y dejándolo en territorio desconocido.

"Contrasto estos acontecimientos con otras noticias recientes: que los acuerdos de culpabilidad en el caso del 11-S, en los que los fiscales de Guantánamo han estado trabajando durante los últimos 18 meses, han recibido un duro golpe por parte del presidente Biden, que se ha negado a aceptar las condiciones solicitadas por los cinco hombres, que implican la prestación de atención sanitaria física y mental independiente, y la promesa de que, si se declaran culpables, no serán recluidos en régimen de aislamiento."

La larga lucha por salvar al ex preso Ravil Mingazov de un destino peor que Guantánamo: siete años de encarcelamiento arbitrario en EAU


Un juez rechaza confesiones bajo condiciones de tortura: El juez militar del caso del atentado del U.S.S. Cole desestimó las confesiones [de Abd al-Rahim al-Nashiri] tras años de encarcelamiento secreto por la C.I.A., declarando que las declaraciones eran producto de la tortura. "La exclusión de tales pruebas no está exenta de costes sociales", escribió el juez. "Sin embargo, permitir la admisión de pruebas obtenidas mediante tortura o derivadas de ella por el mismo gobierno que pretende procesar y ejecutar al acusado puede tener costes sociales aún mayores".


 

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