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La decisión significa que los ciudadanos pueden ser procesados por ofrecer
ayuda de algún tipo a organizaciones terroristas
Según el Tribunal Supremo estadounidense, la ayuda no violenta a
organizaciones prohibidas equivale a 'terrorismo'
Chris McGreal
The Guardian
10 de Julio de 2010
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales
Bastos
El Tribunal Supremo estadounidense ha confirmado una ley de gran alcance que
permite procesar como terroristas a aquellos ciudadanos estadounidenses que
ofrezcan asesoramiento a organizaciones prohibidas, incluyendo asesoramiento
legal e información sobre resolución de conflictos.
El caso surgió a raíz del asesoramiento sobre derechos humanos dado por un
grupo de California a organizaciones kurdas y tamiles que están en la lista de
organizaciones terroristas de Estados Unidos.
El Tribunal Supremo confirmó el argumento del gobierno Obama de que incluso
el asesoramiento destinado a ser utilizado con propósitos pacíficos equivales a
“apoyo material” al terrorismo.
Esto incluye a un abogado que someta un expediente amicus curiae* en
nombre de un grupo prohibido o ayude a una organización proscrita a elevar una
petición ante organismos internacionales para poner fin a un conflicto
violento.
“El Tribunal Supremo ha dictaminado que los abogados de derechos humanos que
proporcionen formación y asistencia en la resolución no violenta de disputas
pueden ser procesados como terroristas” afirmó David Cole, un profesor de
derecho de la Universidad de Georgetown que discutió el caso ante el tribunal.
“En nombre de la lucha contra el terrorismo, el tribunal ha afirmando que la
Primera Enmienda [sobre la libertad de expresión] permite al Congreso convertir
en un crimen luchar por la paz y los derechos humanos. Esto es un error”.
Este veredicto posiblemente complicará aún más el trabajo de los activistas
que apoyan causas polémicas, que ya ha conocido procesos extremadamente
polémicos en relación con otras formas de apoyo, como la colecta de fondos.
Activistas palestinos han sido procesados y encarcelados por recolectar
fondos para grupos sociales que trabajan en ámbitos como la vivienda y las
ayudas sociales, y que tienen relaciones con Hamás, que gobierna Gaza.
Ahora están expuestos a sufrir un proceso judicial los individuos y grupos
que ofrezcan asesoramiento legal u otro asesoramiento especializado a estos
grupos.
El veredicto afectaba al [grupo] Proyecto Jurídico Humanitario de Los
Ángeles, que proporcionó formación en derechos humanos al Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK).
Este grupo argumentó en su defensa que el asesoramiento era no violento y que
no promovía los objetivos del PKK.
Uno de los demandados, Ralph Fertig, es un abogado retirado que trataba de
ayudar al PKK a atraer la atención de organismos internacionales sobre los
derechos de los kurdos.
El gobierno estadounidense afirmó que lo consideraba apoyo al terrorismo.
Argumentó que Fertig era libre para hablar en apoyo de los objetivos del PKK,
pero no podía proporcionarle asesoramiento.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán es una de las aproximadamente 30
organizaciones incluidas en la lista de las organizaciones terroristas por el
gobierno estadounidense. Esta lista incluye a Hamás, Hizbolá y los Kemeres
Rojos.
Una primera instancia había declarado la ley no aplicable por imprecisa sin
ningún tipo de reservas. Pero por una mayoría de 6-3 el Tribunal Supremo falló
que el gobierno tenía derecho a “prohibir que se proporcione apoyo material en
la forma de formación, asesoría experta, personal y servicios a grupos
terroristas extranjeros aun cuando quienes proporcionan este apoyo pretendan
promover sólo los fines no violentos de los grupos”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó: “En el fondo, los
demandados solamente están en desacuerdo con el veredicto del Congreso y del
ejecutivo de que proporcionar apoyo material a determinada organización
extranjera considerada terrorista –aunque sea un apoyo aparentemente benigno–
refuerza las actividades terroristas de esta organización”.
Los jueces disidentes afirman que esta decisión “priva a los individuos que
están ante nosotros de la protección que exige la Primera Enmienda”.
En la audiencia los jueces habían discutido qué equivale a asesoramiento
especializado y si es un crimen enseñar a un terrorista a tocar la armónica.
Elena Kagan, que ahora es la persona nombrada por el gobierno Obama para el
Tribunal Supremo, fue quien defendió el caso del gobierno en febrero. “Hizbolá
construye bombas. Hizbolá también construye casas. Lo que ha decidido el
Congreso es que cuando se ayuda a Hizbolá a construir casas también se está
ayudando a Hizbolá a construir bombas. Esta es toda la teoría que sustenta la
ley” declaró al tribunal.
* N. de la t.: Amicus curiae, “amigo del tribunal”, es una expresión
latina utilizada para referirse a expedientes presentados por terceras personas
ajenas a un litigio las cuales ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún
punto de derecho u otro aspecto relacionado para colaborar con el tribunal en la
resolución de la materia objeto de proceso.
Fuente: http://www.guardian.co.uk/law/2010/jun/21/nonviolent-aid-banned-groups-terrorism/print
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