Sistema judicial daña a migrantes
Reporta Amnistía Internacional serios abusos en su contra
Cada año miles de inmigrantes son detenidos por autoridades federales en
California, como en el resto del país, sin tener acceso a un órgano judicial que
determine la legalidad de su detención, concluye un reporte de Amnistía
Internacional (AI).
El informe "A la cárcel sin justicia: detención por motivos de inmigración en
Estados Unidos" expone que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)
ha aprehendido a muchos residentes legales, solicitantes de asilo, así como
víctimas de tortura y de trata de personas sin justificación.
En 2007, proveedores de servicios jurídicos de dicha organización sin fines
de lucro identificaron a 322 personas detenidas en todo el país que tenían la
posibilidad jurídica de reclamar la ciudadanía estadounidense.
Los delitos por los que las autoridades de inmigración pretenden expulsarlos
no siempre ameritaron un proceso de deportación, insiste el reporte de AI, hecho
que cataloga como carente de una base jurídica y arbitrario, según el derecho
internacional.
En algunos casos un funcionario de inmigración es la instancia final que
decide acerca de su detención. Para otros ni siquiera se revisa el expediente,
subraya AI.
"Las autoridades están encerrando sin el proceso debido a miles de seres
humanos y recluyéndolos en un sistema por el que resulta imposible circular sin
el equivalente jurídico a un sistema de navegación (GPS)", indicó Larry Cox,
director ejecutivo de AI.
Aunque los jueces de inmigración tienen, en algunos casos, autoridad para
liberar a inmigrantes por decisión propia o con una fianza mínima de $1,500, el
informe indica que cada vez hay menos probabilidades de que lo hagan.
Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), en
2006 los jueces de inmigración decidieron no fijar fianza en 14,750 casos. En
2007 esta cifra aumentó a 22,254, y en los cinco primeros meses de 2008 ocurrió
en 21,842 procesos.
La Corte Suprema determina que si una persona permanece detenida más de 90
días, el gobierno debe realizar una revisión de la custodia para determinar si
hay riesgo de que huya o si representa una amenaza para la seguridad nacional.
En cambio, si continúa ahí seis meses después de haberse dictado la orden de
deportación definitiva, debe realizarse otra revisión de la detención.
Sin embargo, abogados de AI detectaron que no se llevan a cabo revisiones
periódicas de la custodia.
Otras irregularidades documentadas en el reporte son falta de acceso a
abogados, a bibliotecas y material jurídico; carencia de servicios de
traducción, de acceso a teléfonos, así como traslados frecuentes a otros centros
de detención que menoscaban su capacidad para comunicarse con sus abogados y
familiares.
Aunado a abusos físicos, incluso la colocación de cadenas en la cintura y
grilletes, incluida la denegación de atención médica. Al menos 74 detenidos han
muerto bajo custodia en los últimos cinco años.
Hasta el cierre de esta edición, voceros de la Oficina de Control e
Inmigración y Aduanas no emitieron un comunicado solicitado por este medio, en
respuesta al informe de AI.
Manuel Herrera, profesor de la Universidad del Sur de California (USC),
consideró que la actual administración se encuentra en el proceso de cambiar el
esquema migratorio del anterior gobierno, encabezado por George W. Bush, hecho
que comparó con un barco "que es muy difícil darle otra dirección".
"Continuamos en un ambiente donde el término ‘ilegal alien’ da la impresión
de que el detenido no es una persona, entonces no se está viendo la humanidad de
los migrantes", dijo el catedrático. "Pero creo que estamos en un tiempo donde
eso está cambiando".
Amnistía Internacional pide al gobierno estadounidense que apruebe una
legislación que establezca que la detención por motivos de inmigración sólo debe
utilizarse en circunstancias excepcionales.
Al tiempo que solicita garantizar que todas los migrantes y solicitantes de
asilo tengan acceso a revisiones individualizadas ante un órgano judicial y
promulgar de normas de detención en materia de derechos humanos aplicables a
todos sus centros de detención.
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