Una madre guatemalteca podría perder la custodia de su hija porque es
estadounidense
Miriam Jordan
The New York Times.es
27 de noviembre de 2018
Yeisvi es una niña estadounidense que permanece en una casa de acogida mientras su
madre, Vilma Carrillo, apela una orden de deportación. Credit Foto familiar |
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Vilma Carrillo formaba parte del grupo de mujeres migrantes que en julio fueron trasladadas a Texas
desde un centro de detención en Georgia para que se reunieran con sus hijos, a
quienes habían separado de ellas como parte de
las drásticas medidas del gobierno de Donald Trump en la frontera.
Durante los siguientes días, vio que los funcionarios de migración llamaban a una madre tras otra y
las llevaban a ver a sus hijos.
“A mí nunca me llamaron”, afirmó Carrillo.
Con el corazón hecho trizas, esta mujer guatemalteca de 38 años fue llevada de regreso al centro de
detención de Georgia sin su hija de 11 años, Yeisvi. “A las demás les
devolvieron a sus hijos, a mí me dejaron con mi desconsuelo”, señaló. No ha
visto a su hija desde que las separaron en mayo, pero hablan por teléfono dos
veces a la semana.
Carrillo ha quedado atrapada en la confluencia de varias políticas del gobierno de Donald Trump que
tienen por objetivo dificultar a los migrantes centroamericanos establecerse en
Estados Unidos. Su caso es más grave que lo que han enfrentado otras miles de
familias de migrantes: debido a que su hija tiene la nacionalidad
estadounidense, le han dicho a Carrillo que tal vez pierda la custodia de la niña.
Irónicamente, una causa de su problema es la razón por la que Carrillo emprendió el peligroso viaje para
volver a traer a su hija a Estados Unidos. Carrillo quiso reingresar al país
con una solicitud de asilo, en la que relata los años en que fue golpeada por
su marido en Guatemala.
La solicitud de asilo le fue negada debido a que a principios de año el gobierno de Donald Trump
descartó la violencia doméstica como fundamento legal para conceder refugio. De
acuerdo con los abogados de inmigración, incluso si Carrillo aceptara irse a
Guatemala, la ciudadanía estadounidense de su hija podría propiciar que las
autoridades de Estados Unidos decidieran que es demasiado arriesgado dejar que
regrese debido los informes de violencia familiar.
El hecho de que Yeisvi sea ciudadana estadounidense crea otro problema: aunque las familias de migrantes
pueden quedarse juntas en centros de detención familiar en los casos en que el
tribunal falle en contra de permitir su liberación bajo fianza u otras
restricciones, es ilegal mantener a un ciudadano estadounidense en estos centros.
Ahora, más de seis meses después de que las separaron, Yeisvi sigue estando en un hogar de atención
temporal y Carrillo aún está detenida, en proceso de apelar una orden de deportación.
“Vilma supuso que el hecho de que su hija fuera estadounidense la protegería. Sin embargo, se encuentra en
una zona incierta y podría terminar perdiendo a Yeisvi”, comentó Shana Tabak,
directora ejecutiva del Centro de Justicia Tahirih, una organización sin fines
de lucro con sede en Atlanta que ofrece servicios legales a las inmigrantes que
sobreviven a la violencia de género. Tabak es una de los abogados que
representan a Carrillo.
Se han devuelto unos 2500 menores a sus padres desde que un juez federal ordenó al gobierno que reuniera
a las familias que habían sido separadas en la frontera suroeste debido a la
política de tolerancia cero.
No obstante, ahora que el año ya casi llega a su fin, aproximadamente cien niños migrantes siguen
separados de sus padres. Cerca de la mitad permanecen en refugios u hogares
temporales debido a que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles
(ACLU), la cual presentó una demanda judicial contra las separaciones, y el
gobierno no se ponen de acuerdo sobre si se debe proceder a la reunificación.
Algunos de los padres han cometido delitos, como conducir bajo los efectos de
alguna sustancia, lo que según el gobierno los descalifica para tener la
custodia de sus hijos.
Yeisvi nació en 2006 en Vidalia, Georgia, tres años después de que sus padres cruzaron ilegalmente la
frontera y se establecieron en la capital de la cebolla, donde trabajaban
arduamente en los campos y los almacenes. En 2007, regresaron a su pueblo en
Huehuetenango, Guatemala, para cuidar a la madre enferma de Carrillo.
Según Carrillo, unos años después, su esposo, Juan Bernardo, comenzó a maltratarla físicamente. Se
intensificaron los golpes, las mordidas y otros tipos de violencia, afirmó. En
una ocasión, le lanzó brasas de carbón, lo que provocó que su hija le
suplicara: “No mates a mi mamá, por favor”, recordó ella. Le tiró cuatro
dientes frontales, por lo que ahora usa dientes postizos.
En mayo, madre e hija huyeron hacia el norte con la idea de regresar a Vidalia, donde vive un hermano
de Carrillo. Mencionó que tenía la esperanza de que el venir con su hija
evitaría que las detuvieran.
Llegaron el 10 de mayo a la frontera de Arizona, donde los funcionarios de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza revisaron sus documentos y vieron que la niña era
ciudadana estadounidense.
Una madre y su hija que fueron reunificadas en julio en Phoenix,
Arizona, después de cuatro meses separadas. Sin embargo, conforme se termina el
año, más de cien niños migrantes permanecen separados de sus padres. Credit Victor J. Blue para The New York Times |
“Dijeron que Yeisvi no podía quedarse conmigo”, recuerda la madre.
Unas horas más tarde, cuando un hombre y una mujer vinieron para llevarse a la niña, “Yeisvi se
aferró a mí, llorando y gritando. Se la llevaron a la fuerza”, señaló Carrillo.
Como respuesta a los cuestionamientos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que
“cuando llega a Estados Unidos un extranjero con un menor que es ciudadano
estadounidense, se debe permitir la entrada del menor y se debe procesar al extranjero”.
Si no hay ningún familiar que se encuentre en Estados Unidos de manera legal para atender al menor,
comentó la agencia, “Aduanas y Protección Fronteriza se comunica con los
servicios de atención a la niñez estatales o locales para que le proporcionen
un lugar adecuado”.
Rosa Fernández, quien atiende temporalmente a Yeisvi en su casa, comentó que la niña hablaba con
frecuencia del sufrimiento de su madre. “Me conmueve lo mucho que desea estar
con su mamá y protegerla del sufrimiento”, señaló Fernández.
Describió a Yeisvi como tranquila y positiva. Asiste a la escuela, come bien y en general va bien,
afirmó Fernandez.
No obstante, durante sus seis meses en el hogar temporal, la niña se ha preguntado por qué su padre
golpea a su madre, mencionó Fernandez. Según esta última, Yeisvi también ha
comentado que la golpeaba a ella cuando trataba de intervenir para que dejara
de maltratar a su madre. Carrillo ha mencionado que sería imposible escapar de
su esposo si tuviera que regresar a Guatemala.
El 16 de agosto, Carrillo se presentó a una audiencia para obtener asilo ante un juez de inmigración,
Earle Wilson. El intérprete hablaba un dialecto de una lengua indígena
diferente al de ella, lo cual afectó el planteamiento de sus argumentos.
También complicó las cosas que Carrillo no pudiera darle al juez su declaración
para obtener asilo ni los documentos que describían la violencia de la que era
objeto: estos estaban en una mochila que le quitaron las autoridades de
inmigración cuando la procesaron en el centro de Georgia.
Su solicitud de asilo enfrentó un obstáculo tremendo en junio por la instrucción del entonces fiscal
general Jeff Sessions de negar la posibilidad a quienes huían de violencia
doméstica, brutalidad por parte de pandillas y otros tipos de violencia de
buscar protección. La ACLU ha impugnado esa directriz en el tribunal federal,
pero por el momento el dictamen está vigente. Wilson rechazó la solicitud de
asilo de Carrillo y ordenó que se le expulsara del país.
Sus abogados apelaron, pero esto implica un proceso que podría tardar meses o incluso años, y también
solicitaron que, mientras se resuelve, la liberen por razones humanitarias. Sin
embargo, el 5 de noviembre esta solicitud también fue rechazada.
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