Tirando a Blackwater por el water
Jeremy Scahill
The Nation
28 de agosto de 2009
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Blackwater, la compañía de mercenarios privados propiedad de Erik Prince, ha
vuelto a constituirse en centro de la atención pública ante una serie de
revelaciones asombrosas sobre su papel en los programas secretos de EEUU. Desde
al menos el año 2002, Blackwater está trabajando en Afganistán y Pakistán para
la CIA con contratos “negros”. El 19 de agosto, el New York Times
revelaba que la compañía era, de hecho, la pieza central de un programa de
asesinatos de la CIA que supuestamente Dick Cheney ordenó perpetrar
ocultándoselo al Congreso. El documento informaba que Blackwater continúa
ocupando un papel esencial en la ampliada guerra aérea en Pakistán y Afganistán,
donde se encarga de equipar y armar los aviones teledirigidos. Estas
revelaciones son continuación de las acusaciones –efectuadas bajo juramento por
ex empleados de Blackwater- de que Prince asesinó o facilitó el asesinato de
potenciales informantes del gobierno y que “se consideraba a sí mismo como una
especie de cruzado cristiano que tenía encomendada la tarea de eliminar la fe
islámica y los musulmanes del planeta”.
Además, Blackwater está siendo investigada por el Departamento de Justicia
por una serie de posibles delitos, que van desde contrabando de armas a
homicidios, y también por el del Tesoro por posible evasión de impuestos.
Asimismo, está teniendo que hacer frente a demandas en los tribunales federales
por acusaciones de crímenes de guerra y asesinatos extrajudiciales. Dos de sus
hombres han sido declarados culpables de la acusación de contrabando de armas;
otro, culpable del homicidio de un civil iraquí sin que mediara provocación, y
otros cinco han sido acusados de crímenes similares. El ejército estadounidense
está investigando la matanza de civiles perpetrada por Blackwater en Afganistán
el pasado mes de mayo, y están apareciendo informes de que la compañía puede
estar también implicada en el programa de entregas extraordinarias.
Pero, a pesar de todos esos estigmas, la administración Obama continúa
manteniendo a Blackwater en la nómina del gobierno. En Afganistán y Pakistán,
Blackwater sigue trabajando para la CIA, para el Departamento de Estado y para
el de Defensa por la friolera de cientos de millones de dólares, y su continuada
presencia es un indicador de lo muy atrincheradas que están las corporaciones
privadas en la maquinaria bélica estadounidense. EEUU está desplegando
actualmente en Afganistán más fuerzas privadas (74.000) que soldados de uniforme
(57.000). Aunque la mayoría de esos contratistas no van armados, un número
considerable de ellos sí lleva armas y sus filas siguen creciendo. Un censo
reciente del Departamento de Defensa informaba que el 30 de junio, los
contratistas armados en Afganistán del Departamento de Defensa habían aumentado
en un 20% respecto al primer trimestre de 2009.
Con la excepción de unos pocos congresistas, especialmente los representantes
Henry Waxman y Jan Schakowsky, el Congreso ha permitido que la utilización de
contratistas militares privados quede en gran medida sin control. Pero las
recientes revelaciones acerca de las actividades secretas de Blackwater puede
que finalmente fuercen al Congreso a tomar cartas en el asunto. Al menos,
debería exigir a la administración Obama que revele todos los contratos
federales firmados en el pasado y en la actualidad con todas las compañías y
filiales de Prince, incluidas las que están registradas en el exterior.
El Congreso puede asumir la iniciativa de Schakowsky y preguntarle a la
administración Obama por qué sigue trabajando con Blackwater. Schakowsky le ha
pedido a la Secretaria de Estado Hillary Clinton y al Secretario de Defensa
Robert Gates que revisen todos los contratos existentes con la compañía y que no
concedan ninguno más a sus muchas filiales. Los comités de inteligencia del
Congreso deberían también llevar a cabo una amplia investigación sobre las
implicaciones de Blackwater en el programa de asesinatos de la CIA. ¿Están
implicados los operativos de Blackwater en los últimos asesinatos? ¿Quién aprobó
que la compañía se implicara en ellos? ¿Se notificó al Congreso? ¿Hasta qué
nivel de la cadena de mando llegó la relación secreta con la compañía? ¿Actuaba
también Blackwater en suelo estadounidense? ¿Qué papel, si es que tuvo alguno,
jugó Blackwater en el transporte secreto de prisioneros?
La investigación debe incluir también el testimonio bajo juramento de antiguo
altos oficiales de la CIA que fueron después contratados o pagados por
Blackwater. Entre estos están Alvin “Buzzy” Krongard, el ex número tres de la
agencia, que fue quien le dio a Blackwater el primer contrato de la CIA,
incorporándose más tarde a la junta de la compañía, y J. Cofer Black, el ex
director de la unidad de contraterrorismo de la CIA, que dirigió el programa de
asesinatos. Black se convirtió después en el vicepresidente de Blackwater y
dirigió las denominadas Total Intelligence Solutions, la CIA privada de
Prince. Las Total Intelligence han sido simultáneamente utilizadas por el
gobierno de EEUU, gobiernos extranjeros y compañías privadas, un acuerdo que
puede haber creado diversos conflictos de intereses que los comités de
inteligencia del Senado y del Congreso están obligados a investigar. El Congreso
debería también averiguar si la seguridad nacional está comprometida en el
momento en que los conocimientos, los contactos y el acceso de antiguos altos
funcionarios de la CIA como Black y Krongard se ofertan en el mercado
abierto.
John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha
cuestionado que Blackwater utilizara la autorización del Departamento de Estado
como tapadera para reunir información para los asesinatos selectivos. Kerry
debería celebrar vistas en las que Hillary Clinton y Condoleeza Rice deberían
ser obligadas a testificar sobre la materia. Los comités de supervisión deberían
probar las acusaciones de que Blackwater estuvo implicada en el contrabando de
armas y en los asesinatos extrajudiciales en Iraq, mientras los comités que se
ocupan de los asuntos militares deberían investigar el impacto que las acciones
de Blackwater han tenido en Iraq en la seguridad de las tropas estadounidenses.
Un activo inestimable para esas investigaciones podría ser la comisión para los
contratos en tiempo de guerra, establecida por los Senadores Jim Webb y Claire
McCaskill. Finalmente, el Departamento de Justicia debería probar las
acusaciones de asesinato, contrabando y otros delitos contra Prince y sus
ejecutivos.
Con todas estas historias, Blackwater se ha probado a sí misma que es como
una especie de juego del whack-a-mole [*]: que reaparece una y otra vez.
A pesar de que el gobierno iraquí proscribió a la compañía, sus operativos
siguen allí dos años después de que se produjera la masacre de la Plaza Nisour
de septiembre de 2007, en la que mataron a tiros a diecisiete civiles iraquíes.
Esta resistencia significa que la investigación de la compañía debe ser global y
debe estar coordinada.
Por último, es un error pensar que Blackwater es el único problema. En Iraq,
por ejemplo, la administración Obama está sustituyendo a Blackwater con la
contratista privada Triple Canopy, que, además de contratar a algunos de los
hombres de Blackwater, tiene su propio y cuestionable historial, que incluye
acusaciones de disparar a civiles y alquilar soldados de países con una
historial de abusos de los derechos humanos. Blackwater no es más que una de las
frutas del árbol podrido de las subcontratas militares. Es fundamental que el
Congreso se enfrente a los profundos vínculos entre los beneficios de las
corporaciones en las guerras estadounidenses y las letales operaciones
secretas.
N. de la T.:
[*] Whack-a-mole, su traducción literal sería la de “atízale al topo”,
se designa así a uno de los juegos típicos para niños que hay en las ferias y en
el que tienes que golpear con una maza a los topos que salen de los agujeros
para volverlos a meter dentro.
Enlace con texto original:
www.thenation.com/doc/20090914/scahill
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