COMIENZA DE NUEVO EL JUICIO POR TORTURAS EN ABU GHRAIB CONTRA UN
CONTRATISTA DE DEFENSA CON SEDE EN VIRGINIA
Contra todo pronóstico, tres iraquíes podrían llevar a CACI ante la justicia por su presunta participación en los
abusos de Abu Ghraib.
Sanya Mansoor
The Intercept
31 de octubre de 2024
Un menor en una jaula de aislamiento en la prisión de Abu Ghraib, a las afueras de Bagdad, Irak, el 27
de octubre de 2005. Foto: John Moore/Getty Images
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Tres iraquíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib en 2003 presentaron esta semana por segunda vez una
demanda federal contra una empresa militar. Los demandantes acusan a la empresa
CACI, con sede en Virginia y contratada por el gobierno estadounidense para
prestar servicios de interrogatorio, de contribuir a la tortura de los
detenidos en la prisión iraquí. Se espera que el juicio dure entre cuatro y
cinco días.
Tras 16 años de disputas
judiciales -y más de 20 intentos de CACI de desestimar el caso-, el
miércoles comenzó el nuevo juicio ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para
el Distrito Este de Virginia, retomando el caso que un juez
declaró nulo en abril; el jurado estaba en punto muerto tras más de una
semana de deliberaciones.
Las perturbadoras imágenes de soldados estadounidenses sonrientes posando junto a detenidos maltratados en
Abu Ghraib conmocionaron al mundo a mediados de la década de 2000, pero los
procedimientos de abril supusieron la primera vez que un jurado estadounidense
escuchaba directamente reclamaciones presentadas por personas recluidas en la
tristemente célebre prisión.
Los tres hombres iraquíes -un periodista, el director de una escuela secundaria y un frutero- hablaron
ante el tribunal por videoconferencia a principios de este año sobre su
experiencia al ser amenazados con perros, sometidos a descargas eléctricas y
despojados de su ropa. Asa'ad Hamza Hanfoosh Al-Zuba'e, que estuvo encarcelado
en Abu Ghraib desde 2003 hasta 2004, declaró que creía que las personas que lo
desnudaron y le tocaron los genitales eran funcionarios civiles por su
vestimenta. "Me sentí muy avergonzado. Lloraba, gritaba", declaró al
jurado. Al-Zuba'e también acusó a los agentes civiles de amenazar con violar a
su esposa.
Es raro que las personas que han demandado al gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos
humanos relacionadas con su "guerra contra el terror" consigan un
juicio, ya que el Corte Suprema ha sentado un precedente que facilita al
gobierno aplastar casos por supuestas cuestiones de seguridad nacional.
"CACI ha presentado todos los recursos legales imaginables", afirma
Shirin Sinnar, profesora de Derecho de la Universidad de Stanford. "Los
obstáculos procésales son a menudo los que matan los casos. La mayoría de las
personas que alegan haber sufrido torturas nunca llegan a comparecer ante un tribunal."
Los demandantes, representados por el Center for Constitutional Rights, interpusieron una demanda en 2008 al amparo de la
Ley de Agravios a Extranjeros (Alien Tort Statute). Esta ley permite a los no
ciudadanos llevar casos de violaciones claras del derecho internacional, como
la tortura, ante un tribunal federal estadounidense cuando existe una conexión
sustancial con EE.UU. Aunque el Corte Suprema ha reducido el alcance de esta
ley en múltiples ocasiones, el caso contra CACI ha sobrevivido. En 2018, la
jueza Leonie Brinkema consideró que los demandantes tenían pruebas suficientes
para permitir que el caso fuera a juicio. Sinnar señala que Brinkema no siempre
se pone de parte de los demandantes en este tipo de casos, pero también ha
fallado en contra del Gobierno cuando este plantea reclamaciones de seguridad
nacional. "Ha estado dispuesta a cuestionarlo", dice. "Eso puede
ser significativo aquí".
CACI se ha apoyado en la defensa del "servidor prestado" para sugerir que el ejército
estadounidense supervisó la conducta de los interrogadores y es responsable en
última instancia de la conducta en Abu Ghraib. El contratista de defensa
también ha alegado que no existen pruebas definitivas de que el personal de
CACI maltratara a los tres hombres iraquíes, y que podrían haber sido soldados
estadounidenses quienes cometieran los abusos.
Los demandantes sostienen que, aunque así fuera, los interrogadores civiles de CACI participaron en una
conspiración con soldados para maltratar a los detenidos como forma de
"ablandarlos" para el interrogatorio. Se basan, en parte, en un
informe de 2004 del general de división del ejército Antonio Taguba sobre las
denuncias de malos tratos a detenidos en Abu Ghraib; Taguba identificó
"numerosos incidentes de abusos criminales sádicos, flagrantes y
gratuitos" en 2003, y señaló específicamente que la inteligencia militar y
los interrogadores del CACI dieron instrucciones a la policía militar para que
"estableciera las condiciones" de los interrogatorios de los detenidos.
En las declaraciones iniciales del miércoles, ambas partes discutieron sobre quién era responsable
de la conducta de los contratistas: el Ejército o CACI. Un abogado del Center for Constitutional Rights
alegó que CACI "hizo
la vista gorda" ante la mala conducta de sus empleados para proteger
un contrato de 31 millones de dólares con el gobierno estadounidense. Un
representante de CACI subrayó
que el ejército controlaba todos los aspectos del trabajo de los interrogadores
de CACI.
Stjepan Meštrović, profesor de sociología de la Universidad A&M de Texas y testigo experto en múltiples
consejos de guerra de soldados que sirvieron en Abu Ghraib, señala que
determinar la responsabilidad es difícil porque la dirección de la prisión no
tenía una estructura tradicional. "No había una cadena de mando",
afirma. "Nadie sabe qué lugar ocupan los contratistas civiles en la
estructura de mando. Ése es el problema legal".
Dejando a un lado la cuestión de quién tomó las decisiones en Abu Ghraib, los contratistas civiles
deben seguir siendo considerados responsables de su conducta, afirma Sinnar:
"No pueden limitarse a decir que seguían órdenes, cuando es algo que
cualquiera debería saber que es inmoral e ilegal".
No es la primera vez que se demanda a un contratista de defensa en relación con su trabajo en Abu Ghraib.
En 2013, Englity, antes conocida como L-3 Services Inc, pagó
más de 5 millones de dólares en un acuerdo a 71 ex reclusos detenidos en
Abu Ghraib y otros centros de detención gestionados por Estados Unidos en Irak.
Meštrović subraya que la atención prestada a los contratistas civiles sólo constituye una pequeña parte
de lo ocurrido en Abu Ghraib.
"Sólo castigaron a las llamadas pocas manzanas podridas. No fueron a por el manzanar".
"Hubo decenas de funcionarios y otros implicados que no fueron castigados", afirma.
"Sólo castigaron a las llamadas pocas manzanas podridas. No fueron a por
el manzanar". Sólo una docena de soldados estadounidenses fueron
condenados en relación con los malos tratos a detenidos en Abu Ghraib. Un informe
del Senado publicado en 2008 sugería que la responsabilidad llegaba hasta
el ex secretario de Defensa Donald
Rumsfeld y otros altos cargos estadounidenses.
Aun así, Al Shimari contra la CACI podría
proporcionar cierto grado de rendición de cuentas. Suhail Najim Abdullah Al
Shimari, detenido durante un mes en 2003, declaró en el juicio de abril que lo
asfixiaron y golpearon tanto que perdió dientes. Todavía sufre dolores de
cabeza y alucinaciones, y afirma que esto no le ocurría antes de su estancia en
Abu Ghraib.
Aunque hayan pasado dos décadas desde los daños sufridos por los demandantes, "no es que estas
cosas desaparezcan", dice Sinnar. "Conseguir ese tipo de
reconocimiento en una decisión judicial puede ayudar a la curación de la gente".
Actualización: 1 de noviembre de 2024
Un pasaje que citaba a Shirin Sinnar sobre la responsabilidad de los contratistas civiles fue editado
para mayor claridad.
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