EL JUEZ DEL 11 DE SEPTEMBRE MANTIENE LOS ACUERDOS Y ANULA LA REVOCACIÓN
DEL PENTÁGONO
John Ryan
LAWDRAGON
9 de noviembre de 2024
Boceto de la sala del tribunal de Guantánamo por Janet Hamlin.
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Nota del editor: Este artículo ha contado con el apoyo del Centro Pulitzer. Publicado
originalmente el 6 de noviembre y actualizado el 9 de noviembre.
Base Naval de Guantánamo, Cuba - El juez militar del caso del 11
de septiembre dictaminó el miércoles que el Secretario de Defensa no tenía
autoridad legal para retirarse de los acuerdos de declaración de culpabilidad
alcanzados con tres de los acusados por el funcionario que designó para supervisar
el tribunal. El equipo de la acusación ha dicho ahora que impugnará esa decisión.
En su fallo de 29 páginas, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall escribió que
los tres acuerdos de declaración de culpabilidad siguen siendo "válidos y
ejecutables" y que programaría una audiencia para una fecha futura para
presentar oficialmente las declaraciones de culpabilidad.
McCall informó a las partes en el tribunal el jueves de que quería escuchar "una
o más" de las declaraciones de culpabilidad durante esta sesión de tres
semanas. El juez señaló que el proceso podría comenzar a finales de la próxima
semana, pero que lo más probable es que se desarrolle durante la última semana,
a partir del 18 de noviembre.
El viernes por la noche, sin embargo, el gobierno notificó al juez y a los familiares de
las víctimas que impugnará la decisión de McCall ante el Tribunal de Revisión
de Comisiones Militares de Estados Unidos. La fiscalía indicó que está
solicitando a McCall que suspenda el procedimiento del acuerdo de culpabilidad
y que hará constar su postura en una sesión dominical poco habitual que se
celebrará este fin de semana.
La noticia se conoció poco después de que los familiares de las víctimas que viajaron para
asistir a la vista se reunieran con los periodistas y expresaran su apoyo a la
sentencia de McCall con la esperanza de que impulse el caso hacia una resolución.
El fallo de McCall y la respuesta del Gobierno fueron los últimos giros en la disputa de
más alto perfil que ha consumido a la tensa comisión militar, que se remonta a
la comparecencia de mayo de 2012. Susan Escallier, nombrada autoridad
convocante en agosto de 2023, firmó el 31 de julio acuerdos con el cerebro de
la trama, Khalid Shaik Mohammad, y dos coacusados.
En los acuerdos, Mohammad, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi aceptaron declararse
culpables de todos los cargos relacionados con su presunta participación en los
atentados del 11-S a cambio de que se suprimiera la pena de muerte como opción
de condena. El 2 de agosto, en medio de una intensa oposición política, el
Secretario de Defensa, Lloyd Austin, emitió un memorando dirigido a Escallier
en el que declaraba que se retiraba
de los acuerdos y se reservaba la autoridad para alcanzar cualquier acuerdo
de este tipo.
La fiscalía alegó en sus alegaciones escritas que Austin tenía amplia autoridad
para actuar como lo hizo en su calidad de "autoridad superior
convocante" que designó a Escallier para supervisar las comisiones
militares, incluido el caso del 11-S, alegación que McCall rechazó en varios
momentos de su fallo.
"La Fiscalía no citó, y la Comisión no encontró, ninguna fuente de derecho que
autorizara al Secretario de Defensa a 'retirar' a la Sra. Escallier la facultad
de celebrar un APA [acuerdo previo al juicio]", dictaminó McCall.
Además, McCall consideró que el momento de la decisión de Austin era "fatal",
ya que reservarse esa autoridad "sólo tendría efecto prospectivo, no retroactivo".
El juez se puso de parte de los tres equipos de la defensa, considerando que las normas de
la comisión que dictan cuándo una parte puede retirarse de un acuerdo previo al
juicio -incluyendo, por ejemplo, que un acusado no cumpla los términos de un
acuerdo- no se aplicaban a la disputa actual. Dictaminó que los tres acusados
habían comenzado a "cumplir" los acuerdos al firmar estipulaciones de
hecho en las que confesaban sus delitos y al negarse a participar en la vista
de supresión en curso para el acusado Ammar al Baluchi, que no había firmado un
acuerdo de culpabilidad.
El memorando de Austin del 2 de agosto pretendía recuperar la responsabilidad de
celebrar acuerdos de culpabilidad debido a la "importancia de la
decisión". Sin embargo, McCall dijo que la trascendencia de un acuerdo
"no es una de las razones por las que las fuentes legales vigentes
permiten a la Autoridad Convocante retirarse."
McCall dijo que concluir lo contrario daría a un Secretario de Defensa "poder de
veto absoluto" sobre cualquier acto con el que no estuviera de acuerdo, lo
que sería "totalmente incoherente con la delegación de independencia"
que Austin dio a Escallier al nombrarla.
La decisión de McCall se produjo el día en que los equipos jurídicos, el personal
judicial, los familiares de las víctimas, los observadores de las ONG y los
medios de comunicación llegaron a la Bahía de Guantánamo para continuar con las
vistas preliminares del caso. El juez tenía previsto escuchar los argumentos
sobre los controvertidos acuerdos de culpabilidad el lunes, sin embargo, el
viaje del fin de semana anterior a la base naval estadounidense fue aplazado
por las tormentas que amenazaban el Caribe.
Al comienzo de la semana de viaje, McCall informó a las partes de que, de hecho,
no necesitaba escuchar los argumentos orales sobre los acuerdos de culpabilidad
en la vista, que comenzó el jueves por la mañana. En lugar de ello, el Gobierno
siguió adelante con su último testigo, el Dr. Michael Welner, en el litigio de
supresión de declaraciones de Al Baluchi. Su equipo sostiene que las
confesiones que Al Baluchi hizo a agentes del FBI en Guantánamo en enero de
2007 deben suprimirse debido a las torturas que sufrió en el pasado a manos de
la CIA y al papel del FBI en el programa de interrogatorios de la CIA. El
gobierno ha llamado a Welner para apoyar su argumento de que al Baluchi prestó
sus declaraciones voluntariamente.
Alka Pradhan, abogada de Al Baluchi, declaró que su cliente sigue negociando con el
gobierno un posible acuerdo de culpabilidad. Su equipo ha dicho anteriormente
que al Baluchi quiere garantías relacionadas con su rehabilitación por las
torturas sufridas en el pasado.
Pradhan describió la sentencia de McCall sobre los acuerdos de culpabilidad como
"extremadamente bien razonada".
"Se trata de una sentencia que no puede ser fácilmente ignorada por nadie que
conozca el derecho militar o contractual", dijo Pradhan.
El contralmirante de la Marina Aaron Rugh, fiscal jefe de las comisiones
militares, dijo en una primera petición de comentarios que el gobierno estaba
"considerando los siguientes pasos".
McCall dijo el jueves que quería empezar a escuchar la declaración de culpabilidad
después del testimonio de Welner. El equipo de enjuiciamiento de la sala,
dirigido por Clay Trivett, permaneció en silencio después de que McCall
manifestara su intención de seguir adelante con las declaraciones de
culpabilidad.
Sin embargo, el viernes por la noche, el gobierno había decidido impugnar la
decisión de McCall ante el Tribunal de Revisión de Comisiones Militares, cuyas
decisiones son revisadas por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de
Washington D.C. y, posteriormente, por el Corte Suprema de Estados Unidos. Los
abogados dijeron el viernes por la noche que la fiscalía probablemente solicitaría
un aplazamiento de emergencia al tribunal de apelación para detener los
procedimientos relacionados con los acuerdos de culpabilidad si el propio
McCall no concede un aplazamiento.
Se esperaba que la fiscalía hiciera la petición ante el tribunal el domingo por la
tarde. McCall ya había programado una sesión dominical y tenía previsto
celebrar el juicio el Día de los Veteranos para recuperar el tiempo perdido en
la primera semana.
En septiembre, Lawdragon informó de que los acuerdos de culpabilidad de Mohammad y
al Hawsawi contenían disposiciones que eliminaban la pena de muerte del caso en
caso de que el gobierno se retractara de los acuerdos. Las fuentes afirmaron
que la disposición sobre la pena haría que el caso no fuera capital, incluso si
se determinaba que Austin había actuado legalmente.
La cláusula de penalización se negoció en caso de que una futura administración
Trump intentara acabar con los acuerdos, dijeron personas familiarizadas con
las negociaciones.
Sobre el autor: John Ryan (john@lawdragon.com) es cofundador y redactor
jefe de Lawdragon Inc, donde supervisa todos los contenidos de la web y la
revista y ofrece cobertura periódica de las comisiones militares de Guantánamo.
Cuando no está en GTMO, John reside en Brooklyn. Lleva 20 años cubriendo
asuntos jurídicos complejos y ha ganado múltiples premios por su periodismo,
entre ellos el New York Press Club Award in Journalism por su cobertura del
caso del 11 de septiembre. Su libro sobre el caso del 11-S se publicará a
principios del próximo año.
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