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Crónicas de Guantánamo: Un psiquiatra militar declara apto para ser juzgado al acusado del atentado de Cole; un juez federal se niega a intervenir

Carol Rosenberg
Just Security
17 de octubre de 2026


El viernes, en rápida sucesión, un psiquiatra del Ejército determinó que el acusado en el caso del USS Cole, en la Bahía de Guantánamo, era apto para ser juzgado; el juez militar que supervisa el juicio anunció que la próxima semana escucharía a los peritos psiquiátricos que discrepan de dicha conclusión; y un juez federal se negó a intervenir en el caso.

Esta serie de acontecimientos parece mantener en marcha el inicio de la selección del jurado para el juicio con pena de muerte contra el preso saudí Abd al-Rahim al-Nashiri, previsto para el 26 de octubre en Guantánamo. Al-Nashiri, ciudadano saudí que se encuentra bajo custodia estadounidense desde 2002, está acusado de haber desempeñado un papel clave en el atentado perpetrado por Al Qaeda el 12 de octubre de 2000 contra un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos frente a las costas de Adén, en Yemen. Diecisiete marineros estadounidenses perdieron la vida y decenas más resultaron heridos.

El suyo será el primer juicio por un delito capital ante una comisión militar en la Bahía de Guantánamo. Su abogada, Allison Miller, había solicitado una orden judicial federal para suspender la selección del jurado hasta que pudiera cuestionar de forma más contundente la capacidad del preso para comprender el proceso y colaborar en su propia defensa. Al-Nashiri fue torturado durante los cuatro años que pasó bajo custodia de la CIA y Miller, que lleva dos años trabajando en el caso, ha obtenido recientemente dictámenes periciales que indican que no está mentalmente apto para ser juzgado.

Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Royce Lamberth, en una breve vista de una hora celebrada en Washington, D.C., el viernes por la tarde, rechazó la solicitud del equipo de la defensa. Según la ley, dictaminó desde el estrado, el juicio ante la comisión militar debe celebrarse primero. El tribunal federal es donde Al-Nashiri tiene pendiente desde hace tiempo una petición de hábeas corpus, en la que se solicita al Gobierno que revise la legalidad de su detención. Dicha petición ha quedado en suspenso a la espera del juicio del preso en Guantánamo.

Lamberth le dijo a Miller que su recurso debía presentarse ante el Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares de EE.UU., creado por el Congreso, que ya se había negado a suspender la selección del jurado por la cuestión de la capacidad mental.

Miller había comparecido el viernes en la sala del tribunal federal a través de un enlace de vídeo desde Guantánamo, tras una mañana de vistas previas al juicio a puerta cerrada en las que se trataron pruebas clasificadas que se utilizarían en el propio juicio.

Argumentó que el juez Fitzgerald se estaba precipitando a celebrar el juicio sin haber evaluado exhaustivamente la capacidad mental de al-Nashiri.

"Existe un peligro real de que el juicio se celebre sin que mi cliente se haya sometido a la evaluación de su capacidad mental a la que tiene derecho", afirmó. "Es un hombre muy afectado".

Al-Nashiri estuvo detenido por la CIA entre 2002 y 2004, en su mayor parte en régimen de aislamiento, y fue sometido a la técnica de submarino, a privación de sueño y a otros abusos que un juez militar anterior consideró tan tortuosos que declaró inadmisibles en el juicio las confesiones posteriores del preso, realizadas en 2007 ante agentes federales en Guantánamo.

En 2013, una junta médica militar anterior le diagnosticó estrés postraumático y otros trastornos, pero lo declaró apto para ser juzgado. Miller es la tercera abogada especializada en defensa en casos de pena capital que representa a Al-Nashiri desde su comparecencia inicial en 2011. Afirmó que se encontró con un hombre tan afectado que solicitó y obtuvo la autorización del Pentágono para contratar al Dr. Terry Kupers, un psiquiatra forense civil, para que lo evaluara durante el verano. El Dr. Kupers consideró que al-Nashiri no estaba en condiciones de ser juzgado, al igual que otra consultora de la defensa, la psicóloga Heather Holmes.

El mes pasado, el juez Fitzgerald ordenó la creación de una comisión de evaluación psiquiátrica para evaluar a al-Nashiri, concediéndole 28 días para enviar a un médico a Guantánamo, realizar entrevistas, revisar los expedientes y presentar un informe. El ejército envió a un comandante del Ejército, un psiquiatra, que presentó esta semana un informe clasificado y confidencial de 80 páginas en el que se declaraba a al-Nashiri apto para ser juzgado. Los abogados defensores y el juez pudieron consultarlo; a los fiscales se les facilitó un resumen. El público, por su parte, aún no ha tenido acceso a nada de ello.

Miller afirmó el viernes que el juez fijó un plazo tan breve para el informe que el psiquiatra del Ejército no dispuso de tiempo suficiente para elaborarlo adecuadamente.

A modo de ejemplo, señaló que otros cinco presos de Guantánamo habían aceptado la invitación del psiquiatra para reunirse con él y hablar sobre al-Nashiri, siempre y cuando sus abogados estuvieran presentes en la entrevista. Los seis hombres están recluidos en el mismo bloque de celdas y llevan años juntos. Sin embargo, ninguno de los abogados pudo llegar a Guantánamo antes de que el psiquiatra terminara su informe.

Miller argumentó que el preso tenía derecho a una audiencia más exhaustiva.

Posteriormente, el viernes por la tarde, el juez Fitzgerald ordenó que el lunes declararan los peritos de la defensa Kupers y Holmes, así como la Dra. Sondra Crosby, experta en la evaluación y el tratamiento de víctimas de tortura que lleva más de una década reuniéndose con el preso y prestando asesoramiento en el caso. Hace más de tres años, declaró con gran detalle sobre el uso por parte de la CIA de un procedimiento cuasi-médico denominado "alimentación rectal" para castigar a sus presos y sobre cómo se le aplicó a al-Nashiri.

Miller afirmó que el lunes era demasiado pronto. Ninguno de los tres expertos se encontraba en Guantánamo y no tenían acceso al informe clasificado de 80 páginas para poder analizarlo de forma significativa, señaló.


 

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