Una prisión y un tribunal disfuncionales en Guantánamo serán un dolor de
cabeza para Biden
Carol Rosenberg, Charlie Savage y Eric Schmitt
The
New York Times
16 de diciembre de 2020
Un prisionero en la zona del centro de
detención de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba,
el 17 de abril de 2019. (Doug Mills/The New York Times). |
WASHINGTON — Este verano y otoño, cuando las lluvias tropicales inundaron la base naval de Estados Unidos
en la bahía de Guantánamo, las aguas residuales anegaron las celdas donde los
militares han encarcelado a Jalid Sheij Mohammed y a otros “detenidos de alto
valor” de Al Qaeda desde hace más de diez años, según dijeron algunos presos a
sus abogados.
Esto fue un problema tanto para los reclusos como para los guardias. La luz iba y venía. Los inodoros se
desbordaban. El agua salía hirviendo de repente. Las puertas de las celdas se
atascaban.
Las descripciones encajaban con relatos anteriores de militares que señalaban la infraestructura deficiente
en el centro de detención más secreto y de máxima seguridad del complejo
penitenciario, llamado Campamento Siete , que alberga a los 14 detenidos que
estuvieron en los centros clandestinos de detención de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y que fueron trasladados a la base
en 2006.
El gobierno entrante de Biden aún no ha revelado planes para Guantánamo, donde fragmentos sobrantes de
las respuestas más controversiales del gobierno de Bush a los atentados del 11
de septiembre de 2001 —que consistieron en arrestar a sospechosos de terrorismo
por un tiempo indefinido como prisioneros de guerra, sin acceso a juicio, a fin
de torturarlos y enjuiciarlos en comisiones militares— siguen sin resolverse
tras el paso de tres presidencias.
No se espera que el presidente electo Joe Biden repita la llamativa promesa —pero a fin de cuentas
insatisfecha— que el presidente Barack Obama hizo en 2009 de cerrar la prisión
al cabo de un año, según personas familiarizadas con las deliberaciones de
transición. Una ley prohíbe que se trasladen detenidos a un centro de detención
nacional, como Obama había propuesto hacer, y Biden declaró durante su campaña
que se requiere la aprobación del Congreso para cerrar Guantánamo.
Sin embargo, el nuevo gobierno se verá obligado a enfrentar varias decisiones difíciles, por ejemplo,
qué hacer con el edificio que alberga a los 14 presos detenidos por la CIA, que
está al borde del colapso.
“El Campamento Siete está en malas condiciones, cada vez se ve peor”, dijo el general de brigada John G.
Baker del Cuerpo de Marines, abogado en jefe de la defensoría de las comisiones
militares. Tras cumplir dos semanas de cuarentena en la base el mes pasado, él
se convirtió en el primer abogado defensor en reunirse con un presidiario en
persona durante la pandemia de coronavirus.
“Se han realizado labores de mantenimiento que no parecen reparar las deficiencias”, dijo, al transmitir
la descripción que dio un prisionero a quien se rehusó a identificar. “Los
muros están agrietados. La luz atraviesa las paredes entre las celdas. El suelo
está resquebrajado. El agua fluye de manera intermitente y está muy caliente”.
Una de las soluciones que se están considerando, según personas enteradas de las deliberaciones internas,
es cerrar el Campamento Siete, trasladar a los exprisioneros de la CIA al
complejo penitenciario principal y seguir aislándolos en una unidad especial de
alojamiento, donde no podrían comunicarse con la población general de 26 reos
de menor nivel.
La concentración de 40 detenidos en un mismo sitio les permitiría a los militares reducir la fuerza de
1500 miembros del Ejército de Estados Unidos que son desplegados en misiones de
nueve meses para custodiarlos. Una menor cantidad de soldados supondría un
ahorro en los costos de operación, que se han estimado en 13 millones de
dólares por prisionero al año, 150 veces más de lo que pagan los contribuyentes
por cada recluso por terrorismo interno.
No obstante, trasladar a los detenidos requeriría la aprobación de la CIA, que tiene voz y voto respecto
de las operaciones en el Campamento Siete gracias a un memorando de
entendimiento firmado en 2006 por Donald Rumsfeld y Michael Hayden, el
secretario de Defensa y el director de la CIA en aquel entonces.
Los detalles siguen siendo, en su mayoría, confidenciales, pero la influencia de la CIA en el Campamento
Siete le ha permitido controlar el flujo de información sobre los prisioneros y
la que ellos comparten —sus recuerdos de tortura en los centros clandestinos de
detención, dónde estuvieron detenidos y por quién— mediante medidas de
clasificación, segregación, vigilancia y una unidad especialmente capacitada de
guardias llamada Task Force Platinum (Comando Platino).
La idea de combinar a los prisioneros en un mismo sitio surgió después de que el Pentágono abandonó un
esfuerzo para remplazar el Campamento Siete con una nueva prisión con acceso
para sillas de ruedas como parte de un plan de 25 años basado en la suposición
de que, como el Congreso bloqueó el plan del gobierno de Obama de cerrar la
prisión, algunos reclusos envejecerían y morirían en la bahía de Guantánamo.
En 2017, el Congreso financió un nuevo cuartel residencial de 124 millones de dólares para alrededor
de 850 guardias penitenciarios, el cual se está construyendo en este momento
frente al McDonald’s de la base, pero en repetidas ocasiones rechazó una
petición de destinar 88,5 millones de dólares a una “prisión para detenidos de
alto valor” con capacidad para cuidados paliativos.
En lugar de eso, la idea es trasladar a los prisioneros que solían residir en los centros clandestinos de
detención a pabellones separados en el complejo militar principal de Guantánamo,
conformado por dos edificios penitenciarios adyacentes, llamados Campamento
Cinco y Seis. El complejo tiene una clínica, que incluye una unidad de salud
mental con una celda acolchada, un sillón dental para la población general de
prisioneros y una unidad de cuidados intensivos con capacidad para aislar por
motivos médicos hasta cuatro pacientes a la vez.
El almirante Craig S. Faller, que supervisa la prisión en Guantánamo como jefe del Comando Sur de
Estados Unidos, ha descrito la combinación de prisioneros como parte de un
enfoque de “reestructuración” del despliegue de soldados en el centro de
detención, aunque se ha rehusado a dar más detalles al respecto. “Sin embargo,
el hecho de que eso proceda es una decisión normativa”, les dijo a reporteros
hace poco.
Al gobierno entrante le esperan varias otras cuestiones normativas, entre ellas, cuándo reanudará el
Departamento de Estado las negociaciones para encontrar instalaciones seguras
para los detenidos cuyo traslado a otros países ha sido aprobado, y si es
debido restaurar la función de la era de Obama de designar a un comisionado
especial para que se haga cargo de esta tarea.
De los 40 presos que ahora se encuentran en Guantánamo, nueve han sido acusados o declarados culpables de
crímenes de guerra, para seis de ellos se han recomendado traslados con
condiciones de seguridad en el país receptor, y el resto sigue cumpliendo una
sentencia indefinida, sin cargos, pero son considerados demasiado peligrosos
para ser liberados.
Una cuestión política especialmente espinosa que enfrentará el gobierno de Biden es si debe reconsiderar la
configuración del sistema de comisiones militares para llevar a juicio a los
detenidos que han sido acusados. El sistema ha operado con tal lentitud que se
ha vuelto prácticamente disfuncional.
Ocho años después de su lectura de cargos, el juicio de pena de muerte de Mohammed y otros cuatro
hombres acusados de conspirar para la perpetración de los atentados terroristas
del 11 de septiembre, los cuales cobraron la vida de casi 3000 personas, siguen
estancados en las audiencias previas al juicio.
Año tras año, las probabilidades de avance para lo que podría ser un juicio bastante extenso
—incluso antes de años de apelaciones inevitables— siguen disminuyendo; los
retrasos más recientes del caso, en parte debidos a las restricciones de viaje
durante la pandemia de coronavirus, implican que el juicio no puede comenzar
sino hasta después del vigésimo aniversario de los atentados.
This article originally appeared in The New York Times.
© 2020 The New York Times Company
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