Investigadores de la ONU
protestan ante Estados Unidos por la atención sanitaria en Guantánamo
Los relatores presentaron la queja a Estados Unidos el 11 de enero, pero la mantuvieron confidencial hasta este fin de semana.
Washington aún no ha respondido.
La clínica médica del Campo 5 en la Bahía de
Guantánamo, Cuba, en 2019. Crédito...Doug Mills/The New York Times
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Carol Rosenberg
The New York Times
26 de marzo de 2023
Traducido por El Mundo no Puede Esperar 15 de abril de 2023
Hace dos meses, siete investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas enviaron al gobierno de Estados Unidos una
protesta sobre la atención sanitaria a los detenidos en Guantánamo en la que
describían un trato preocupante a un preso iraquí que ahora es discapacitado.
Estados Unidos nunca contestó, y el fin de semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo público el
informe de 18 páginas de los expertos, cuya única facultad es investigar y
divulgar sus preocupaciones sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas
con la lucha antiterrorista, los discapacitados y los ancianos. Conocidos como
relatores especiales, no tienen autoridad para hacer cumplir la ley.
El informe se centra en el caso de Abd
Al-Hadi Al-Iraqi, ex comandante de insurgentes en Afganistán en tiempos de
guerra, que tiene más de 60 años. Ha sufrido una enfermedad degenerativa de la
columna vertebral durante sus 16 años bajo custodia estadounidense y, a pesar
de seis
cirugías de espalda y cuello en Guantánamo desde 2017, su salud está empeorando.
El informe cita descripciones de sus presuntos malos tratos, muchos de ellos recogidos en expedientes judiciales y transcripciones,
en particular uno ocurrido en septiembre de 2021, después de que el Sr. Hadi
informara al personal médico de un debilitamiento de sus extremidades
inferiores. Dice que, poco después de que rechazara la propuesta de una
enfermera de realizarle un tacto rectal, el médico jefe de la prisión le hizo
una prueba, "ordenando a los guardias que lo sostuvieran erguido por los
hombros y luego ordenándoles que lo soltaran para ver si podía mantenerse en
pie." Se "desplomó inmediatamente al no tener fuerza para mantener
erguido su propio cuerpo", dice el informe.
Ni el Pentágono ni el Departamento de Estado respondieron durante el fin de semana a una solicitud de comentarios sobre ese
episodio en particular y sobre el informe en general. Fue entregado a un
diplomático estadounidense en Ginebra el 11 de enero. El mes pasado, el médico
que ahora supervisa la atención médica en la prisión del Sr. Hadi, llamada
Campo 5, declaró en otro caso que su misión era proporcionar "atención
primaria segura, legal y humana en la medida de nuestras posibilidades a los detenidos."
Tras la presentación del informe, la experta que dirigió el estudio, Fionnuala
Ni Aolain, realizó un viaje de investigación a las operaciones de detención
y habló con algunos presos recluidos desde hacía tiempo, pero no tuvo acceso al
Sr. Hadi.
El Sr. Hadi se encuentra entre los más enfermos de los 31 detenidos en la Bahía de Guantánamo, y los investigadores se basaron en
registros médicos y testimonios en procedimientos judiciales que se han
centrado en gran medida en su capacidad para comparecer ante el tribunal desde
que comenzó su crisis de salud en 2017. Se declaró
culpable de crímenes de guerra el año pasado en un acuerdo que le
permitiría ser transferido después de la sentencia a otro país mejor equipado
para tratarlo, potencialmente en un centro de atención médica a largo plazo.
Hasta ahora, ningún país ha aceptado acogerlo.
Según el informe, existen "deficiencias sistemáticas en cuanto a conocimientos médicos, equipamiento, tratamiento y
alojamiento en el centro de detención y la estación naval de Guantánamo",
que envía a Estados Unidos a miembros del ejército con problemas de salud
complejos para que reciban tratamiento. El Congreso ha prohibido hacer lo mismo
con los prisioneros.
El informe llega en un momento en que el Departamento de Defensa se enfrenta a cómo planificar
el cuidado a largo plazo de los detenidos cuya puesta en libertad no está
aprobada y que presentan las clásicas afecciones geriátricas, así como
afecciones atribuidas a su tortura bajo custodia de la CIA.
En las
conversaciones para llegar a un acuerdo en el caso sobre los atentados del
11 de septiembre de 2001, algunos de los acusados quieren que el gobierno de
Biden acepte establecer un programa integral, dirigido por civiles, para
atender a los presos como supervivientes de torturas que sufren diversas
afecciones, como daños gastrointestinales, lesiones cerebrales y otros traumas.
Los abogados del Sr. Hadi, que dice llamarse en realidad Nashwan al-Tamir, han dejado claro que tuvo conocimiento de que
padecía estenosis espinal, un estrechamiento de la columna vertebral que puede
causar parálisis, antes de su captura en 2006.
Cuando llegó a la prisión, podía andar sin ayuda. Ahora depende de una silla de ruedas y un andador dentro de la prisión, y de
una silla geriátrica acolchada para apoyarse en el tribunal. Los guardias
también mantienen una cama de hospital dentro de la sala del tribunal, donde ha
dormido cuando los fuertes analgésicos le hacían dar cabezadas.
Sus abogados declinaron hacer comentarios sobre su papel en el informe, que decía que el preso "expresa temor y desesperación
por su actual estado de salud". También decía que el Sr. Hadi "está
especialmente preocupado por el hecho de que el personal médico tenga una doble
lealtad (hacia el ejército y hacia él) y que la presentación de cualquier queja
pueda repercutir en su tratamiento médico."
El informe afirmaba que el centro de detención de Guantánamo tiene "sensibilidades políticas, sociales y culturales
únicas", y calificaba de "suma importancia" que Estados Unidos
"garantice un enfoque basado en los derechos humanos y sensible al género
y la cultura en la prestación de servicios de atención médica a todos los
detenidos, incluido el Sr. al-Tamir".
El informe estaba fechado el 11 de enero de 2023, 21 aniversario de la apertura del centro de detención de presuntos combatientes
enemigos en la guerra contra el terrorismo. Se mantuvo confidencial durante dos
meses y, tras no recibir respuesta, fue hecho público por la
sección de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra, sede de los relatores, que son expertos independientes en derechos
humanos con mandatos para informar y asesorar sobre cuestiones específicas.
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