La “revisión limitada” de la tortura es en realidad un encubrimiento
Kenneth J. Theisen
28 de agosto de 2009
La administración de Obama ha entrado en aguas tempestuosas.
A comienzos de su reinado, Obama y otros de su administración declararon que no iban a procesar a los que pueden
haber violado las leyes contra la tortura si estos se confiaran en la
orientación o las órdenes de funcionarios superiores. Obama, cuando se le
presionó a hacer algo con respecto a las violaciones sistemáticas de las leyes
internacionales y nacionales contra la tortura, a menudo repetía que prefería
mirar adelante, y no hacia atrás.
Pero esta semana, el secretario de Justicia de Obama, Eric Holder, ordenó que un fiscal federal condujera “una
revisión preliminar” para determinar si es necesaria una seria investigación
penal de la conducta de los empleados y contratistas de la CIA. (Ese mismo
fiscal, John H. Durham, fue designado en 2008 por el régimen de Bush para
investigar la destrucción de videocintas de la CIA que mostraban la tortura a
los presos. Los resultados de aquella investigación aún no se han revelado y
hasta ahora nadie ha sido procesado.)
El Estado de Tortura estadounidense, que se amplió durante los años de Bush y sigue hasta hoy, tiene
que rendir cuentas y hay que procesar a todos los responsables de ordenar o
aplicar la tortura. Es más, cualquier continuación de esas políticas, sin
importar el nombre que se las dé, o cualquier intento de encubrirlas, es igualmente
culposo y un crimen.
El anuncio de Holder da la apariencia de que la administración de Obama se preocupe por la práctica
oficial de la tortura en el pasado, aunque en esencia deja libres a los
principales arquitectos de la tortura del régimen de Bush. También oculta el
hecho de que la administración de Obama todavía practica la tortura en lugares
como Bagram (Afganistán), Guantánamo y otras prisiones que todavía encarcelan a
miles de presos de la guerra estadounidense del terror.
Es obvio que el anuncio de Holder no tiene el propósito de responsabilizar a los altos funcionarios del
régimen de Bush por sus acciones delictivas. Como máximo, como ocurrió con la
investigación después de las revelaciones de atrocidades en Abu Ghraib, sólo
unos individuos de bajo nivel tendrán que responder a alguna clase de
"justicia". Los que tienen la responsabilidad final por la tortura,
como Bush, Cheney, Rice, Hadley, Addington, Yoo, etc. saldrán impunes, si Obama
logra imponer su política.
Para empezar, Holder anunció sólo una revisión preliminar con el fin de "reunir información para
determinar si hay una base suficiente que haga necesaria una investigación
plena de algún asunto." Además, limitó el alcance de la revisión a los que
no "actuaron de buena fe y dentro de los límites de la orientación
legal." Holder se refiere a los infames memorandos sobre la tortura que
escribieron John Yoo, David Addington (ex asesor legal al vicepresidente
Cheney), y Jay Bybee para el Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, siglas en inglés).
Esos memorandos les dieron mucha flexibilidad a la CIA y a otros en cuanto a la tortura. Los llamados “límites a
la tortura” en dichos memorandos todavía permiten muchas formas de tortura. Se
escribieron con el propósito de proveer una “impunidad legal” a los que aplicaron, autorizaron y
ordenaron la tortura. Los altos funcionarios del régimen de Bush pidieron que
la OLC elaborara los memorandos con ese objetivo en mente. El Departamento de
Justicia bajo Holder no procesará a quienes, en buena fe, torturaron dentro de
los límites de los memorandos de la OLC; estos serán "protegidos del
peligro de una acusación judicial." (Los memorandos sobre la tortura de la
OLC y otros documentos pueden leerse en línea aquí.)
La revisión también se limita obviamente a los torturadores, propiamente dichos, y de ellos, sólo a los que
torturaron en exceso de lo permitido. Eso es como absolver a Hitler de
cualquier responsabilidad por el Holocausto porque no fue él quien introdujo el
gas a las cámaras de ejecución. Los que establecieron las políticas e idearon
el estado de tortura evitarán tener que rendir cuentas si solo se lleven a cabo
esta revisión y uno que otro procesamiento limitado.
Pero hay riesgos políticos y legales en el camino que la administración de Obama ha decidido tomar en estos
momentos. Es bien conocido que en varias ocasiones las discusiones sobre la
tortura ocurrieron dentro de la Casa Blanca. Asistieron a estas reuniones el
vicepresidente Cheney, Rice, Powell, Rumsfeld, Ashcroft, Gonzáles, Tenet, y otros
latos funcionarios de régimen de Bush. No solamente hablaron de la política de
tortura, sino hablaron en detalle de formas específicas de la tortura.
Bush confesó que sabía de esas reuniones y dio su aprobación a ellas y a las decisiones tomadas. En mayo de
este año, Cheney dijo en el programa televisivo Face the Nation que Bush tenía
conocimiento de la tortura usada durante su administración: “(Bush) sabía mucho sobre el programa. Básicamente lo
autorizó. Quiero decir, fue una decisión de nivel presidencial. Y la decisión
le correspondió al presidente. Él la firmó”.
Importantes abogados del régimen de Bush también hablaron con regularidad sobre la tortura, escribieron
memorandos para darle un amparo legal, y dieron orientación de otras formas
sobre cómo evitar la responsabilidad por los varios crímenes del régimen en
cuanto a la tortura. Si sólo unos cuantos agentes menores y contratistas de la
CIA tienen que enfrentarse al procesamiento por los crímenes del estado de
tortura, el hedor del encubrimiento podría llegar a envolver la administración
de Obama también.
Además, existe el peligro de que una investigación supuestamente limitada pueda exceder sus limitaciones. Es
posible que los seleccionados para ser "cabezas de turco" por los
varios crímenes del estado de tortura no acepten con gusto su papel y denuncien
a sus superiores. Una investigación podría llegar a la cumbre. Podría resultar
en una auténtica investigación penal de las acciones de las agencias de
inteligencia y de los que les dan órdenes, como el presidente del país.
Es posible también que la CIA no esté dispuesta a caerse sobre su espada como ha hecho en el pasado. Las
relaciones ya son tensas entre la CIA y la Casa Blanca. La CIA se opuso a que
la administración de Obama publicara los memorandos y otros relatos de tortura.
En cualquier investigación es posible que la CIA, sea como una institución o
sus empleados individuales, revele más información de lo que se debía, con el
fin de protegerse. Cuando George Tenet era jefe de la CIA, siempre conseguía la
aprobación de los que estaban al mando político del régimen de Bush para muchas
de las acciones ilegales de su agencia. La CIA fue la agencia que solicitó “una
orientación legal” sobre la tortura en primer lugar. Se escribieron los memorandos
de tortura como respuesta a esa petición de la CIA. (Ver el libro del Tenet, At
the Center of the Storm: My Years at the CIA [En el Centro de la Tormenta:
Mis Años en la CIA]) Es fácil imaginar que varios funcionarios del
régimen de Bush puedan comenzar a lanzar ataques mutuos si temen perderlo todo
a consecuencia de una investigación.
Para ver como una investigación puede irse de las manos, deberíamos recordar los años 1970. En ese tiempo los
comités Church y Pike del Congreso investigaron abusos en el recabar de
información. Por último esas investigaciones expusieron el hecho de que las
agencias de inteligencia estadounidenses y varias administraciones, de Truman a
Nixon, habían realizado una vigilancia ilegal masiva, asesinatos, golpes,
tortura, y otros delitos internacionales. Eso revela una razón clave por la
cual Obama y Holder están tratando de limitar la investigación, pero es posible
que no sean capaces de hacerlo una vez que la caja de Pandora se abra, aunque
sea un poquito. (Es interesante que los comités de Church y Pike sacaron a la
luz delitos similares a los cometidos bajo Bush.)
No es ninguna coincidencia que más o menos al mismo tiempo que Holder hizo su anuncio, la administración Obama
tomó acciones relacionadas. También publicó el informe de un inspector
general de la CIA que catalogó el abuso de presos que la agencia había
cometido. No detallaré todos los abusos y tortura que describe el informe
redactado, pero claramente se violaron derechos internacionales y nacionales.)
Es importante darse cuenta que Obama no publicó ese informe simplemente por
voluntad propia. Como en otros casos cuando su administración ha publicado
memorandos sobre la tortura y otros temas, solo está revelando lo que pronto
iba a hacerse público de todos modos. Ese informe fue el objeto de una demanda
federal entablada por la ACLU y Amnistía Internacional, y el tribunal ordenó
que se hiciera público. Es probable que Holder pidió esta revisión limitada
debido a la publicación del informe del inspector general. El informe es
suficientemente crítico para que la administración Obama, al no pedir una
investigación, quedara expuesta a afirmaciones de un encubrimiento.
Simultáneamente la administración publicó memorandos que, según los defensores de la tortura,
atestiguan el éxito de los métodos de tortura de la CIA. Los memorandos
supuestamente justificaron la tortura, por lo menos para gente como Dick
Cheney. (Por supuesto, para Cheney la respuesta en cuanto a usar o no usar el
submarino como método de interrogación fue “obvia”).
El mismo día que se publicó el informe del inspector general de la CIA, la administración de Obama también
anunció la formación de una nueva unidad selecta para interrogar a los
detenidos "de alto valor" en la guerra de terror. Se operará en el cuartel
general del FBI en Washington y, según el portavoz de la Casa Blanca Bill
Burton, su estructura será mucho más amplia que durante la administración de
Bush. La nueva unidad funcionará dentro del FBI, pero bajo la supervisión de un
grupo interdepartamental que presidirá James Jones, asesor de seguridad
nacional de la Casa Blanca.
Burton elogió la CIA cuando habló a la prensa sobre la nueva unidad selecta. Declaró: “La CIA obviamente
desempeñará un papel muy importante con relación a los interrogatorios. Ha
realizado un trabajo excelente en recabar información hasta ahora. Entonces lo
que hace [la nueva unidad] es juntar todos estos elementos diferentes en un
solo grupo, para mejor llevar a cabo sus deberes. Un funcionario de la
comunidad de inteligencia estará en el grupo y obviamente la CIA tendrá mucha
participación en eso”. La administración, ¿solo está reestructurando su aparato
de tortura? En vez de prisiones secretas en el extranjero, ¿ahora la tortura se
hará en Washington, D.C.?
Pero todavía es posible que exporten la tortura. Esta semana la administración dijo que continuará su
programa de rendición, mediante el cual llevan a los presos de la guerra
estadounidense del terror a otros países para ser torturados en nombre de
Estados Unidos. Por supuesto la administración de Obama no lo describió así. Al
contrario, afirmó que conseguiría garantías de esos países de no torturar a los
presos. Pero el régimen de Bush dijo lo mismo y, no obstante, torturó a muchos
presos y a unos los mató.
Ah, bueno, pero Obama afirma que su administración no tortura. Lo dice con una cara de palo aunque su
administración le pidió al Congreso más dinero para ampliar la prisión de
Bagram en Afganistán. Bagram es una mazmorra que recluye a más presos de la
guerra estadounidense del terror que Gitmo. En Bagram las autoridades
estadounidenses no sólo torturan regularmente a los presos, sino que también
han asesinado a varios. La administración de Obama ha ido a los tribunales
repetidamente para sobreseer demandas, entabladas durante la presidencia de
Bush, que cuestionan la rendición extraordinaria, el derecho del gobierno a
detener a los presos indefinidamente sin permitirles ver a abogados o valerse
de otros derechos legales, el derecho del gobierno a negarles el hábeas corpus,
y muchos otros abusos del régimen de Bush y, ahora, de la administración de
Obama. En cada demanda que trata de seguridad nacional, el Departamento de
Justicia de Obama ha defendido el gobierno de seguridad nacional. En un caso
británico, el gobierno de Obama hasta presionó al gobierno allí para que no
revelara detalles de la tortura estadounidense, con la amenaza de no cooperar
en ciertos asuntos de inteligencia. La secretaria de Estado Clinton fue quien
les dio ese mensaje a los británicos.
A pesar de que la administración de Obama defiende continuamente el gobierno de seguridad nacional y obviamente
pretende limitar cualquier revisión o investigación a funcionarios menores del
régimen de Bush, todo eso ha recibido críticas intensas de los derechistas de
la clase dominante. Como ocurre frecuentemente, Dick Cheney estaba al frente
del ataque. El 24 de agosto de 2009, Cheney afirmó que el informe del inspector
general de la CIA demostró que “los interrogatorios intensificados” llevaron a
la "mayor parte de la información que recabamos sobre Al-Qaida" y
"salvaron vidas e impidieron ataques terroristas." Cheney criticó
incluso la revisión limitada. Dijo al Weekly Standard que la
investigación "sirve como recordatorio, si alguno fuera necesario, de por
qué tantos estadounidenses tienen dudas de la capacidad de esta administración
de responsabilizarse de nuestra seguridad nacional." Por supuesto Cheney
teme que cualquier investigación pueda sacar a flote sus propias acciones
delictivas.
Al día siguiente John Boehner, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, publicó una declaración en
que afirmó: "Los hombres y las mujeres que protegen este país nunca
deberían tener que preocuparse por enfrentarse al procesamiento judicial a
consecuencia de una elección política. La decisión de la administración de
Obama parece más una caza de brujas con la finalidad de satisfacer a sus
aliados políticos que una estrategia para protegerle al pueblo
estadounidense."
Muchos han calado las afirmaciones de la administración de Obama y ven en sus acciones una cortina de
humo política para impedir ver que el encubrimiento de los crímenes del régimen
de Bush sigue adelante. El 25 de agosto, Tom Parker, director de asuntos de
terrorismo, contraterrorismo y derechos humanos de Amnistía Internacional en
EE.UU., se reunió con funcionarios de enlace con la Casa Blanca. Le dijo a la Associated Press (AP) que los
funcionarios revelaron que Obama “no cree que será útil políticamente
permitirse una investigación.” Luego comparó la idea de procesar solo a los
interrogadores a "perseguir a las mulas de la droga y dejar en paz a los
grandes capos del narcotráfico”.
La AP también entrevistó a Jameel Jaffer, director del proyecto de seguridad nacional de la ACLU. Jaffer
le dijo al reportero de AP: “Cualquier investigación que no va más allá de los
llamados interrogadores incontrolados será completamente inadecuada, en vista
de las pruebas que ya están en el dominio público. Sabemos que altos
funcionarios autorizaron la tortura y sabemos que los abogados del DOJ
facilitaron la tortura”.
El 24 de agosto, la oficina del senador Russ Feingold, en respuesta al anuncio de Holder, publicó lo siguiente:
“Los abusos que fueron sancionados oficialmente equivalen a la tortura y los
que ocuparon puestos altos y los autorizaron, los ordenaron o procuraron
proveer un amparo legal para ellos deberían rendir cuentas." Feingold es
el senador que lleva más años en el comité de inteligencia y el judicial.
Como dijo Debra Sweet, de El Mundo no Puede Esperar: “La demanda de llevar a la justicia a los
responsables por la tortura – incluidos Bush y Cheney – está lejos de ser
muerta. Los de nosotros que hemos estado llamando por un fin al Estado de
Tortura estadounidense tenemos la razón, y deberíamos ser más insistentes que
nunca.”
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