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21 de agosto de 2015

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Restauran respaldo legal a inmigrantes

Tendrán derecho a abogado quienes enfrenten proceso de deportación

Los inmigrantes que enfrentan una posible deportación de Estados Unidos volverán a contar con el derecho a ser asesorados por un abogado calificado, gracias a la resolución anunciada ayer por el Departamento de Justicia (DOJ) que revierte la prohibición, implementada por el gobierno de George W. Bush.

Eric Holder, titular del DOJ, dijo que la orden emitida por su antecesor, Michael Mukasey, será anulada, y que la dependencia a su cargo determinará si es preciso elaborar una nueva norma en este sentido.

El 7 de enero pasado, durante los últimos días de la administración de George W. Bush, Mukasey emitió una decisión en la cual se señala que la Constitución no otorga a un candidato a la deportación el derecho de apelar argumentando que su abogado no hizo bien su trabajo.

"La integridad de los procesos de inmigración depende en parte de la posibilidad de establecer quejas por la ayuda poco eficiente de quien está otorgando asesoría", dijo el procurador Holder, quien consideró que Mukasey no dio oportunidad a que existiera un debate público sobre el tema. "Es importante que el pueblo estadounidense tenga la oportunidad de participar en la formulación de los procedimientos correspondientes a esta área", señaló.

Tan pronto se dio a conocer la información, las organizaciones activistas que habían protestado por esta medida celebraron la decisión del nuevo gobierno.

"Dado el alto índice de fraude y asistencia inefectiva que sufre la comunidad inmigrante a manos de abogados y notarios inescrupulosos, celebramos la decisión del procurador general Holder porque restaura el debido proceso para los inmigrantes que confrontan la deportación por errores de un abogado inepto", comentó Angélica Salas, directora de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA).

"La posibilidad de reconsiderar un caso significa la diferencia entre separar injustamente a una familia con la deportación, o tener una segunda oportunidad de permanecer en el país libres de miedo", agregó Salas, quien describió la orden dada por Mukasey como "una bofetada a la Constitución que aboga por el respeto a los derechos de todo ser humano, sin importar si está a punto de ser deportado o no".

Representantes de la American Immigration Law Foundation (AILF) aseguraron que la decisión de último minuto del gobierno de Bush afectó a miles de personas que ahora enfrentan consecuencias que les afectarán de por vida, y consideraron que la decisión del procurador restablecerá la legalidad para las víctimas de asesoría fraudulenta.

AILF fue una de las 130 organizaciones que en febrero de 2009 solicitaron a Holder tomar medidas sobre este tema. "Nos sentimos muy alentados al ver que el procurador general Holder valora la importancia de los derechos de los inmigrantes en los procesos de deportación", comentó la directora del Centro de Acción Legal de AILF, Nadine Wettstein, quien aseguró que la decisión de Mukasey, de haber prevalecido, habría dado por resultado años de confusión entre las cortes federales y de inmigración.

Charles Kuck, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, calificó la medida como "el principio de la restauración del proceso adecuado en el sistema de inmigración", y dijo que la decisión de Holder "reconoce que no se puede tratar a los inmigrantes de manera diferente a nosotros mismos, si es que esperamos recibir los mismos beneficios que otorga la Constitución".

La decisión emitida en enero pasado establece que la Constitución no otorga a alguien que enfrenta un proceso de deportación el derecho a que su caso se reabra con base en un trabajo deficiente por parte de su abogado, y anula dos precedentes judiciales (Matter of Lozada, 19 I&N Dec. 637 BIA 1988, y Matter of Assaad 23 I&N Dec. 553 BIA 2003) que habían servido como base para que los casos de inmigración pudieran ser apelados debido a las inconsistencias de la defensa.

En el documento se señala que los extranjeros en proceso de deportación tienen derecho a la defensa, pero no a expensas del gobierno, y que de acuerdo con la Sexta Enmienda de la Constitución no tienen el derecho de defensor público porque no se trata de asuntos criminales, ya que los casos de inmigración son de naturaleza civil.

Aunque en otro apartado también se señala que los funcionarios del DOJ pueden ejercer su discrecionalidad para reabrir casos de este tipo cuando lo consideren conveniente, los grupos activistas pro inmigrantes cuestionaron la decisión desde el principio, argumentando que los inmigrantes enfrentando una deportación son particularmente susceptibles a ser víctimas de fraudes de este tipo.

La decisión de Mukasey se dio tras haberse registrado una serie de casos en los cuales los inmigrantes que habían recibido una orden de deportación pedían la reapertura de sus casos por haber contado con una asesoría legal deficiente; sin embargo, las cortes de inmigración no cuentan hasta el momento con un seguimiento de cuántos inmigrantes buscan reabrir su caso en estas condiciones.

Con información de agencias


 

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