Recomiendan no procesar a funcionarios de gobierno de Bush
DEVLIN BARRETT
© 2009 The Associated Press
6 de mayo de 2009
Un informe del gobierno estadounidense recomienda no procesar a funcionarios
de la administración de George W. Bush involucrados en la toma de decisiones que
resultaron en el maltrato de prisioneros.
Los investigadores del Departamento de Justicia decidieron no presentar
cargos penales contra los abogados del gobierno federal anterior que aprobaron
el uso de duras técnicas de interrogación, según un borrador del informe que
también recomienda que dos de los tres abogados podrían ser sometidos a
sanciones profesionales.
Al divulgar los documentos, el presidente Barack Obama anunció que quienes
siguieron los métodos recomendados en los interrogatorios de la Agencia Central
de Inteligencia, no serán llevados a juicio.
El presidente dejó que el secretario de Justicia, Eric Holder, decida si los
autores de la aprobación de los métodos serán procesados judicialmente.
En los memorandos divulgados, los abogados del gobierno de Bush autorizaron
el uso de métodos de interrogación como ahogamientos falsos con agua, arrojar a
los interrogados contra la pared y mantenerlos desnudos. Estos fueron aplicados
a sospechosos de terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001
a Nueva York y Washington.
La divulgación de los documentos el mes pasado provocó indignación de los
conservadores, quienes acusaron a Obama de vender a la CIA y los liberales
consideraron demasiado indulgente por los métodos de interrogatorio de detenidos
que calificaron de tortura.
Los funcionarios encargados de la investigación interna del Departamento de
Justicia sobre los abogados autores de los memorandos recomendaron que dos de
los tres, John Yoo y Jay Bybee _ sean sometidos a acciones disciplinarias en las
asociaciones de abogados estatales, dijo una persona allegada al caso, quien
pidió no ser identificada por no tener autorización para hablar del asunto.
La persona indicó que se trata de un borrador del informe final y que estará
sujeta a modificaciones. El secretario de Justicia también podría tomar su
propia determinación sobre las medidas que se deben tomar cuando se complete el
informe.
La investigación se ha convertido en un asunto político, provocando
reacciones opuestas. Algunos están a favor de que tomen medidas penales contra
los abogados y otros instan a que el asunto sea olvidado.
Cuando la investigación estaba a punto de ser completada el año pasado, los
funcionarios recomendaron sanciones profesionales contra Bybee y Yoo, pero no
contra Bradbury, dijo una persona allegada al caso. Las sanciones podrían
consistir en la prohibición del ejercicio legal.
Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos
Constitucionales, calificó la decisión de entablar procesos penales como
"inconcebible, en vista de todo lo que sabemos sobre la lógica retorcida usada
en esos memorandos".
Warren opinó que la única razón para esa decisión "es dar protección política
a la gente de la Casa Blanca de Obama con el objeto de que no cumplan con lo que
se necesita hacer".
Actualmente Bybee es un juez federal del tribunal de apelaciones del noveno
circuito. Yoo es catedrático de la Universidad de California-Berkeley y Bradbury
ejerce el derecho privado desde que dejó el gobierno.
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