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Política de Trump sobre Guantánamo deja varados a detenidos

Ben Fox
AP
13 de diciembre de 2017

BASE NAVAL DE LA BAHÍA DE GUANTÁNAMO, Cuba (AP) — Abdellatif Nasser recibió la que pensaba era la mejor noticia posible en el verano de 2016: Una de sus abogados lo llamó al centro de detención de la Bahía de Guantánamo y le dijo que Estados Unidos había decidido que ya no suponía una amenaza y que podía regresar a su casa en Marruecos.

El prisionero se permitió entusiasmarse pensando en la comida marroquí e imaginando que estaría en casa en un abrir y cerrar de ojos. “Llevo 14 años aquí“, dijo entonces. “Unos cuantos meses más no son nada”.

Pero su optimismo resultó estar desencaminado. Marruecos no devolvió a Washington el acuerdo diplomático que le habría permitido quedar en libertad hasta el 28 de diciembre, ocho días después del plazo máximo para estar entre los últimos prisioneros que dejaron la base durante el mandato del expresidente Barack Obama.

Ahora es uno de los cinco prisioneros a los que Estados Unidos les dio luz verde pero cuya libertad está en duda con el presidente Donald Trump.

“Esperamos hasta el último momento a que pudiera ser liberado”, dijo Shelby Sullivan-Bennis, la abogada que le dio la noticia de su libertad y compartió las notas de esa conversación. “Cuando no ocurrió, quedamos devastados. Esos ocho días se han convertido en una posible detención de por vida”.

El gobierno de Trump no ha dejado en libertad a ningún prisionero y no añadió ningún nombre a la lista de quienes pueden regresar a sus casas o ser reubicados en un tercer país. Su predecesor transfirió a 197 personas y el expresidente George W. Bush a más de 500.

Obama intentó cerrar el centro de detención, pero su iniciativa fue frenada en el Congreso por objeciones sobre los traslados a penales en suelo estadounidense.

“No hay ningún precedente para que un gobierno adopte la posición de que no habrá traslados desde Guantánamo sin tener en cuenta los hechos, sin tener en cuenta las circunstancias individuales”, apuntó Pardiss Kebriaei, abogado de un detenido y perteneciente al grupo Center for Constitutional Rights, con sede en Nueva York.

El gobierno no ha anunciado su política sobre el centro de detención. Pero antes de asumir la presidencia, Trump dijo en Twitter que no habría más liberaciones en “Gitmo”, como se conoce a la base. “Estas son personas extremadamente peligrosas y no deberían poder volver al campo de batalla”, escribió.

Los expedientes se siguen revisando de forma periódica, pero el ejecutivo “todavía está considerando si transferir o no a los detenidos”, explicó el comandante de la Fuerza Aérea Ben Sakrisson, portavoz del Pentágono para asuntos relacionados con Guantánamo.

Una vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Tara Rigler, destacó que el presidente manifestó que el centro de detención “seguirá siendo una opción disponible en la guerra contra el terrorismo”. Será el mandatario quien tome cualquier decisión relacionada con los detenidos “caso por caso y en el mejor interés de Estados Unidos”, agregó negándose a ofrecer más detalles.

La posibilidad de que exdetenidos en Guantánamo reanuden actividades hostiles ha sido durante años una preocupación muy presente en el debate sobre las liberaciones. La oficina del director de Inteligencia Nacional dijo este verano en su reporte más reciente sobre el asunto que está confirmado que el 17% de los 728 detenidos que recuperaron la libertad regresaron a este tipo de actividades. Otro 12% son “sospechosos”, agregó.

La amplia mayoría de los casos se registraron en presos a los que no se aplicó la revisión de seguridad establecida por Obama. Un grupo de trabajo que incluyó a agencias como el Departamento de Defensa y la CIA estudió a los presos y determinó quienes podían recuperar la libertad y quienes debían seguir entre rejas. El gobierno anterior creó incluso una Junta de Revisión Periódica, que consideraba no solo la amenaza potencial sino factores como el comportamiento de los detenidos en custodia y sus perspectivas de obtener un trabajo significativo en el exterior. La tasa de reincidencia entre los liberados tras la implantación de estas medidas cayó al 4% de casos confirmados y al 8% de sospechosos.

Entre las 41 personas que siguen detenidas en la base naval de la bahía de Guantánamo hay cinco cuyo traslado fue aprobado y 10 que fueron acusados por una comisión militar. Esto deja a 26 en prisión indefinida, cuyos casos podrían ser revisados y podrían entrar en la lista de liberados. Varios podrían ser procesados aún y es poco probable que recuperen la libertad, pero los abogados del resto están considerando presentar nuevos recursos, alegando que la política de no liberaciones supondría que su confinamiento ya no podría justificarse legalmente como una medida temporal de guerra.

Además de Nasser, los prisioneros que habían sido elegidos para quedar en libertad proceden de Argelia, Yemen y Túnez. Otro nació en Emiratos Árabes Unidos pero los documentos del Pentágono lo identifican como un apátrida de etnia rohinya.

Una junta de revisión autorizó la salida del argelino, Sufiyan Barhoumi, que se esperaba para justo antes de que Obama dejase la Casa Blanca, pero el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, no firmó el traslado y tuvo que quedarse en el centro a pesar de una apelación de urgencia en un tribunal de Washington en su nombre y en el de Nasser. Los otros tres habían recibido el visto bueno del grupo de trabajo al menos en 2010. No se conocen los motivos por los que Estados Unidos no ha podido reubicarlos. Un letrado designado para representar al nacido en Emiratos dijo que el hombre nunca ha accedido a reunirse con él.

“La realidad de lo que esto supone para ellos está asentándose”, dijo Sullivan-Bennis, que se reunió con Nasser y con otros detenidos en la base la semana pasada para discutir las estrategias legales de que disponen los hombres, que están cerca de cumplir 16 años confinados en la base estadounidense de la costa sureste de Cuba.

El camino de Nasser, de 53 años, hasta allí fue largo.

Según su archivo del Pentágono, fue miembro de un grupo marroquí sufí ilegalizado, aunque no violento, en la década de 1980. En 1996, fue reclutado para combatir en Chechenia pero terminó en Afganistán, donde se entrenó en un campo de Al Qaeda. Fue capturado tras combatir contra las fuerzas estadounidenses y enviado a Guantánamo en mayo de 2002.

Un oficial militar no identificado que fue designado para representarlo ante la junta de revisión dijo que estudió matemáticas, informática e inglés en Guantánamo, creando un diccionario árabe-inglés con 2.000 palabras. El funcionario dijo a la junta que Nasser “se arrepiente profundamente de sus acciones del pasado” y se mostró confiado en su reintegración en la sociedad. La junta le concedió la liberación por consenso en julio de 2016.

Cuando Nasser supo que no regresaría a su casa, en un primer momento dejó de atender las llamadas de sus abogados, que temieron que pudiese suicidarse, señaló Sullivan-Bennis. En los últimos tiempos ha intentado no perder la esperanza, agregó.

Tras visitar a Nasser en Guantánamo la semana pasada, otro de los letrados que lo representa, Clive Stafford-Smith, dijo que está preocupado porque algunos de sus familiares no lo reconozcan si regresa.

“Está aguantando”, explicó el abogado. “Puedes ver lágrimas en sus ojos, pero intenta mostrar un frente positivo”.

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La periodista de The Associated Press Jill Colvin y la productora Melinda Ulloa contribuyeron a este despacho.


 

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