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La liberación de Julian Assange
Capítulo final
John Pilger
johnpilger.com
6 de febrero de 2016
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Uno de los abortos épicos de la justicia de nuestro
tiempo está resolviéndose. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de
las Naciones Unidas –el tribunal internacional que adjudica y decide si los
gobiernos cumplen sus obligaciones respecto a los derechos humanos- ha
dictaminado que Julian Assange ha sido ilegalmente detenido por Gran Bretaña y
Suecia.
Después de cinco años luchando para limpiar su nombre –calumniado sin descanso aunque
sin acusarle de delito alguno-, Assange está más cerca de la justicia y
exculpación, y quizá de la libertad, que en ningún otro momento desde que fue
arrestado y recluido en Londres en virtud de una orden de extradición europea,
ahora desacreditada por el Parlamento.
El grupo de trabajo de la ONU basa su dictamen en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y otros tres tratados que son vinculantes para todos sus firmantes.
Tanto Gran Bretaña como Suecia han participado en la larga investigación de
dieciséis meses de la ONU, presentando pruebas y defendiendo su posición ante
el tribunal. Actuarían despectivamente ante el derecho internacional si no
cumplieran la sentencia y no permitieran que Assange abandonara el refugio que
el gobierno ecuatoriano le ha garantizado en su embajada en Londres.
En celebrados casos anteriores dictaminados por el Grupo de Trabajo –Aung Sang Suu
Kyi en Birmania, el dirigente de la oposición encarcelado en Malasia Anwar
Ibrahim, el periodista del Washington Post detenido en Irán Jason
Rezaian-, tanto Gran Bretaña como Suecia apoyaron al tribunal. La diferencia
ahora es que la persecución y confinamiento de Assange tiene lugar en el
corazón de Londres.
El caso Assange no se debe ante todo a las alegaciones de conducta sexual
inapropiada en Suecia, donde la fiscal jefe de Estocolmo, Eva Finne, descartó
el caso diciendo: “No creo que haya razón alguna para sospechar que ha cometido
una violación”, y una de las mujeres implicadas acusó a la policía de fabricar
pruebas y de tratar de “encajarlas” y de protestar porque ella “no quisiera
acusar de nada a Julian Assange”, y una segundo fiscal volvió a abrir
misteriosamente el caso después de una intervención política y luego lo paró.
El caso Assange hunde sus raíces a través del Atlántico en un Washington dominado
por el Pentágono, obsesionado con perseguir y procesar a los denunciantes, especialmente
a Assange por haber expuesto en WikiLeaks los gravísimos crímenes de EEUU en
Afganistán e Iraq: la matanza indiscriminada de civiles y el desprecio por la
soberanía y el derecho internacional. Nada de esto, decir la verdad, es ilegal
en virtud de la Constitución estadounidense. Barack Obama, profesor de derecho
constitucional, cuando era candidato presidencial en 2008 alabó a los
denunciantes como “parte de una democracia sana y a quienes debe protegerse de represalias”.
Obama, el traidor, ha perseguido desde entonces a más denunciantes que todos los
presidentes estadounidenses juntos. La valiente Chelsea Manning cumple una
sentencia de 35 años de cárcel tras haber sido torturada durante el largo
período de detención anterior al juicio.
La perspectiva de un destino similar ha colgado sobre Assange como una espada de
Damocles. Según documentos publicados por Edward Snowden, Assange está en una
“lista de caza de hombres”. El vicepresidente Joe Biden le ha llamado
“terrorista cibernético”. En Alexandra, Virginia, un gran jurado secreto ha
tratado de inventar un delito por el que Assange pueda ser procesado por un
tribunal. Aunque no sea estadounidense, se le está intentando enredar
desenterrando una ley de hace un siglo contra el espionaje, utilizada para
silenciar a los objetores de conciencia durante la I Guerra Mundial; el Acta de
Espionaje tiene disposiciones para castigar tanto con cadena perpetua como con
pena de muerte.
La capacidad de defenderse de Assange en este mundo kafkiano se ha visto entorpecida
al declarar EEUU que su caso es secreto de Estado. Un tribunal federal ha
bloqueado la publicación de cualquier información acerca de lo que se conoce
como la investigación de “seguridad nacional” de WikiLeaks.
El papel secundario en esta farsa lo ha jugado la segunda fiscal sueca, Marianne
Ny. Hasta hacer poco, Ny se había negado a cumplir un procedimiento europeo de
rutina que le exigía viajar a Londres para interrogar a Assange y así hacer
avanzar el caso que James Catlin, uno de los abogados de Assange, llamó “un
hazmerreir… es como si fueran inventándolo mientras intentan seguir adelante”.
De hecho, incluso antes de que Assange abandonara Suecia hacia Londres en 2010,
Marianne Ny no hizo intento alguno de interrogarle. En los años siguientes no ha
explicado nunca de forma adecuada, incluso ante sus propias autoridades
judiciales, por qué no completó el caso que con tanto entusiasmo volvió a
abrir, al igual que nunca ha explicado por qué se ha negado a garantizar a
Assange que no será extraditado a EEUU en virtud de un acuerdo secreto entre
Estocolmo y Washington. En 2010, el Independent de Londres reveló que los dos
gobiernos habían discutido de forma anticipada sobre la extradición de Assange.
Luego tenemos al diminuto y valiente Ecuador. Una de las razones por las que Ecuador
concedió asilo político a Julian Assange fue porque su propio gobierno, en
Australia, no le había ofrecido la ayuda a la que tiene legalmente derecho y le
había abandonado. La colusión de Australia con EEUU contra un ciudadano propio
queda clara en documentos filtrados; no tiene EEUU vasallos más leales que los
obedientes políticos de las Antípodas.
Hace cuatro años, en Sidney, pasé varias horas con Malcolm Turnbull, miembro liberal
del parlamento federal. Debatimos sobre las amenazas a Assange y sus amplias
implicaciones para la libertad de expresión y la justicia, y por qué Australia
estaba obligada a apoyarle. Turnbull es ahora el primer ministro de Australia
y, mientras escribo estas líneas, está asistiendo a una conferencia
internacional sobre Siria acogida por el gobierno de Cameron, a unos quince
minutos en taxi de la habitación que Julian Assange lleva ocupando desde hace
tres años y medio en la pequeña embajada ecuatoriana, justo al lado de
Harrod’s. La conexión siria es importante aunque no se hable de ella; fue
WikiLeaks quien reveló que EEUU había planeado hacía tiempo derrocar al
gobierno de Asad en Siria. Hoy en día, entre encuentros y saludos, el primer
ministro Turnbull tiene la oportunidad de contribuir a la conferencia con un
propósito y verdad mínimos dejando oír su voz en defensa de un compatriota
injustamente encarcelado por el que tanta preocupación mostró cuando nos
reunimos. Todo lo que tiene que hacer es citar el dictamen del Grupo de Trabajo
de la ONU sobre Detenciones Arbitraria. ¿Recuperará así una parte de la
reputación de Australia para el mundo decente?
De lo que no cabe duda es que el mundo decente le debe mucho a Julian Assange. Nos
contó cómo se comporta en secreto el poder indecente, cómo miente y manipula y
se involucra en actos de enorme violencia, en mantener guerras que matan y
mutilan y en convertir a millones de seres en los refugiados que vemos en las
noticias. Sólo por contarnos esa verdad Assange ya se ha ganado su libertad,
aunque tiene derecho a la justicia.
John Pilger es un periodista, cineasta y escritor de origen australiano. Es
autor, entre otros, del libro: “Freedom Next Time”. Sus documentales pueden
verse de forma gratuita en su página web: http://www.johnpilger.com/
Fuente: http://johnpilger.com/articles/freeing-julian-assange-the-last-chapter
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