Otras "patadas" pendientes
La ley SB1070 de Arizona ha exacerbado el sentimiento anti-inmigrante
y anti-hispano en un lugar donde ya una organización de derechos humanos incluso
recibió quejas de que un banco de sangre se habría rehusado a aceptar donaciones
de latinos. Otra señal de lo que ocurre cuando las situaciones difíciles
comienzan a salirse de control.
Maribel Hastings*
15 de junio de 2010
Fue sólo una de las situaciones descritas por Sylvia Herrera, investigadora
de la organización Puente, ante una audiencia especial convocada por demócratas
del Congreso para discutir los efectos de la nueva ley sobre niños, mujeres y
familias de Arizona.
Lo que emergió, aparte del evidente dolor y temor con el que viven muchos
hispanos de Arizona, incluyendo niños que son ciudadanos estadounidenses, es que
la situación pasó de ser una bola de nieve a una avalancha ante la vista de
todos, sobre todo de un gobierno federal convertido en observador titubeante
mientras todo se desarrollaba ante sus propias narices.
Recordemos que el alguacil Joe Arpaio comenzó a aplicar el programa 287(g) en
el condado de Maricopa, en Arizona, desde 2007, antes de que Barack Obama fuera
presidente. El problema es que el año pasado, la administración Obama le renovó
el contrato a Arpaio limitando la aplicación del programa a identificar
indocumentados en las cárceles pero eso no ha limitado al alguacil que convirtió
el uso de perfiles raciales en algo oficial y rutinario.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investiga los
alegatos de discriminación que pesan contra el “alguacil más duro de Estados
Unidos”, aunque hasta hoy no se anuncia ninguna acción en su contra.
“Han pasado casi dos años desde que comenzamos a recabar evidencia, videos,
testimonios de casos de perfil racial y abuso físico, evidencia sometida al
Departamento de Justicia, pero nos preguntamos qué ha pasado con esa
investigación. Por qué sigue pendiente”, preguntó Herrera.
También se aguarda por ver qué medidas tomará, si alguna, el gobierno federal
para impugnar la ley que entraría en vigor el 29 de julio y que tanto Obama como
su Secretario de Justicia, Eric Holder, han condenado.
La pregunta es, ¿por qué esta administración siempre espera tanto tiempo para
reaccionar a las cosas?
Le pasó con la batalla por la reforma de salud. Si no, recordemos el candente
verano pasado cuando en los famosos cabildos públicos a través del país los
opositores de la reforma sanitaria tildaron a Obama de “comunista”, “socialista”
y “nazi”, todo al mismo tiempo, y dominaron el discurso al punto de casi
torpedear la medida. Y de hecho, la ley promulgada tras un año de agrio debate
es una versión “aguada” de lo que se contemplaba, incluyendo la llamada opción
pública.
Ahora con el desastre de BP, nadie espera que el presidente se convierta en
Supermán y frene la fuga del petróleo que se esparce por el Golfo de México,
pero su administración se ha visto indecisa y vacilante en el manejo de esta
crisis, o cuando menos es la percepción que existe.
En el tema migratorio, ¿por qué no frenaron los excesos de Arpaio y al no
hacerlo dieron pie a que estados como Arizona tomaran la ley federal por sus
propias manos con el potencial peligro de que otros estados le sigan los pasos?
Algunos dirán que es una ley estatal que goza del apoyo del público, pero eso no
la hace correcta ni constitucional. La aplicación de la ley migratoria le
compete al gobierno federal. Y ni entremos en las opciones que el presidente
debería contemplar ante la ausencia de una reforma migratoria amplia.
La semana pasada un muy coloquial Obama declaró que en el caso de BP ha
dedicado tiempo a consultar con expertos para poder determinar “cuál trasero hay
que patear”.
Mientras lo determina, podría practicar con dos: el de Arpaio, y el de la
SB1070.
* Maribel Hastings es Asesora Ejecutiva y Analista de America’s Voice
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