Opinión: Necesitamos la verdad
completa sobre el programa de tortura de la CIA
El informe del Senado sobre la tortura de la CIA sigue siendo secreto, y ningún funcionario que la
creó ha sido responsabilizado.
Hina Shamsi
The Los Angeles Times
24 de noviembre de 2019
La nueva película “The Report” es una poderosa narración de la historia de la investigación del Senado
sobre los horrores del programa de tortura de la CIA y la lucha para permitir
que el público vea lo que el gobierno había hecho en su nombre.
Sin embargo, hasta el día de hoy, el informe completo de 6.700 páginas producido por el Comité Selecto
del Senado sobre Inteligencia que detalla el programa de la CIA de detención,
tortura y otros abusos contra detenidos después de Septiembre 11 sigue siendo
un secreto después de años de litigios.
La CIA calificó sus métodos como un “interrogatorio mejorado”, un eufemismo para la tortura
utilizado para romper las mentes y los cuerpos para inducir miedo y
desesperación. Las técnicas incluyeron la conocida como ‘submarino’ y otros
ahogamientos simulados, violencia física, privación del sueño con la música a
todo volumen, desnudez y estar de pie forzado en posiciones dolorosas durante horas.
Nada de esto es legal, pero la CIA trató de justificar su crueldad alegando que obtuvo información
precisa.
Nuestro país entabló un debate sobre la efectividad de la tortura al que el resumen del informe
posteriormente suspendió, y concluyendo que el programa no produjo ninguna
inteligencia significativa.
El gobierno de Obama logró evitar que el informe completo se hiciera público, pero al menos un
sumario ejecutivo se publicó en 2014.
Debido a esa revelación, dos sobrevivientes y la familia de una tercera víctima pudieron demandar a dos
psicólogos que colaboraron con la CIA en el programa de tortura, lo que resultó
en un acuerdo.
El caso sentó un precedente importante, mostrando que los tribunales pueden manejar demandas que
desafían los abusos de la comunidad de inteligencia cometidos en nombre de la
seguridad nacional.
Aún así, las historias de la mayoría de las otras víctimas y sobrevivientes de la tortura, principalmente
hombres musulmanes negros y marrones que cargaron con la peor parte de estos
abusos del poder por parte del gobierno, siguen sin ser contadas.
El público necesita ver el informe completo para conocer el alcance de los daños causados, así como los
detalles de las tergiversaciones sobre los abusos de la CIA ante el Congreso,
los tribunales y los medios de comunicación. Las instancias del poder ejecutivo
necesitan tener y leer el informe y aprender sus lecciones, como pretendía el
Congreso.
La transparencia total es inmensamente importante para la responsabilidad pública y para las víctimas
de tortura y sus familias, que aún sufren. Un hombre representado en “The
Report”, Gul Rahman, fue torturado y asesinado en una prisión de la CIA en
Afganistán en 2002.
Su familia está demandando a la CIA, que todavía se niega a revelar lo que hizo con su cuerpo.
Diecisiete años después de que Gul Rahman fue asesinado, su familia anhela
darle un entierro decente.
¿En cuanto a otros sobrevivientes y sus familias? El gobierno de Estados Unidos nunca ha ofrecido
una disculpa o un reconocimiento oficial del daño físico y mental que sufrieron
las personas, y mucho menos reparaciones o servicios de rehabilitación.
Muchos legisladores, perpetradores y defensores de la tortura del gobierno de Estados Unidos
continúan dando forma a las políticas y prácticas en la administración.
Gina Haspel, quien supervisó los sitios secretos de tortura y detención, ahora dirige la CIA.
Marshall Billingslea, quien abogó por el uso de la tortura en la administración
Bush, ahora es secretario asistente de financiamiento del terrorismo en el
Departamento del Tesoro y un candidato para un puesto crucial de derechos
humanos en el Departamento de Estado.
Y, por supuesto, está Donald Trump, quien hizo una promesa de campaña para traer de vuelta la
tortura. No ha logrado revivir esas prácticas, pero ha otorgado indultos a los
miembros del servicio militar acusados ocondenados por crímenes de guerra.
El Congreso debe garantizar la divulgación completa del informe de investigación del Senado y
responsabilizar a los perpetradores, en lugar de confirmarlos en puestos de
liderazgo en la administración.
La impunidad para los funcionarios del gobierno que cometen delitos significa que los sistemas de
supervisión y justicia de este país se debilitarán aún más y se considerarán ineptos.
Las víctimas y los sobrevivientes merecen una recompensa y rehabilitación por sus vidas
destrozadas.
La forma en que termine esta historia es una prueba de cómo recuperamos los principios morales y
legales destruidos por los funcionarios que crearon y apoyaron el programa de tortura.
Hina Shamsi es directora del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU y miembro del comité directivo de
Open the Government.
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