La ONU denuncia torturas sistemáticas en
Afganistán
10 de octubre de 2011
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Según el informe, hecho público ayer en Kabul por la organización
internacional, los presos son colgados por las manos, azotados con cables, se
les arrancan las uñas de los pies y sus genitales son retorcidos hasta que
pierden la consciencia debido al dolor.
Informa así El País
Naciones Unidas esboza un escenario atroz dela situación de la
tortura en Afganistán, que considera “sistemática”, hasta tal punto
que, el pasado mes, tras tener acceso a un primer borrador del informe, las
autoridades de la OTAN decidieron no entregar más prisioneros a la policía
afgana o a los servicios de inteligencia de ese país en determinadas zonas
porque consideraron que sus derechos serían violados y su seguridad física
amenazada.
Según el informe, hecho público ayer en Kabul por la organización
internacional, los detenidos son colgados por las manos, azotados con cables, se
les arrancan las uñas de los pies y sus genitales son retorcidos hasta que
pierden la consciencia debido al dolor. En ocasiones, sufren amenazas de abusos
sexuales. “Existen pruebas de un convincente y sistemático patrón de
tortura y pésimo tratamiento hacia los prisioneros”, durante los interrogatorios
en cerca de la mitad de los efectuados por el servicio de inteligencia, conocido
como Directorio Nacional de Seguridad, dice el documento. Según los
investigadores de la ONU, el maltrato de la policía nacional a los presos es
menos brutal y está menos extendido.
Tras revisar el informe, el Gobierno de Kabul ha emitido una larga
respuesta en la que asegura que no existe uso sistemático de la tortura
—que no se aplican descargas eléctrica a los detenidos ni se les cuelga de los
pulgares— pero reconoce que existen “deficiencias” en el respeto a los derechos
humanos propias de un país desangrado por guerras y que a diario se enfrenta a
ataques suicidas y otras formas de terrorismo.
Elaborado por la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), el informe
se ha basado en entrevistas a 379 detenidos en 47 centros de detención distintos
y cárceles de 22 provincias que fueron realizadas entre octubre de 2010 y agosto
de 2011.
Los datos que ahora salen a la luz suscitan dudas éticas sobre la aportación
de fondos de terceros países —sobre todo estadounidenses— a un país y a unas
fuerzas de seguridad que emplean la tortura. Si el Gobierno de Kabul no
remedia la situación, organizaciones de derechos humanos de EE UU podrían hacer
valer la cláusula de la ley norteamericana conocida como Enmienda Leahy, que
obligaría a cortar la financiación por parte de Washington de las fuerzas
afganas de seguridad.
La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura prohíbe que un detenido
sea transferido a la custodia de otro Estado soberano donde se considera que
existe riesgo de que sea torturado. De esa manera, el jefe supremo de la OTAN en
la zona, general John Allen, decidió poner freno a todas las entregas de presos
de la insurgencia a 16 de los centros identificados como más problemáticos tras
tener acceso a un borrador del informe de la ONU el pasado mes de septiembre. El
peor de esos centros de detención sería el conocido como Departamento 124, donde
según Naciones Unidas la tortura es generalizada.
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