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Torturas y asesinatos sin castigo

5 de septiembre de 2012
©new york times

[El presidente Obama ha decidido no presentar cargos contra los agentes de la CIA responsables de la muerte por tortura de dos prisioneros acusados de terrorismo y abolla feamente el estado de derecho. Editorial NYT].

Para todo propósito práctico, ha muerto toda esperanza de exigir una rendición de cuentas significativa por las torturas y otros abusos cometidos contra prisioneros durante el gobierno del presidente George W. Bush.

El jueves, el fiscal general Eric Holder Jr., anunció que nadie será procesado por los brutales asesinatos de dos prisioneros a manos de la CIA.

Uno de los prisioneros, un presunto militante llamado Gul Rahman, murió en 2002 después de ser encadenado a una muralla de cemento bajo temperaturas cercanas al punto de congelación en una cárcel secreta de la CIA en Afganistán. El otro, Manadel al-Jamadi, murió cuando estaba bajo custodia de la CIA en la cárcel de Abu Ghraib en Irak en 2003; su cuerpo fue fotografiado envuelto en plástico.

En su declaración, Holder sugirió que la decisión de no llevar a juicio a los responsables no debería ser vista como una exoneración moral sino como la conclusión de que los antecedentes no eran “suficientes para obtener y sostener una condena”.

La opinión pública merece una explicación más detallada de por qué no se pudo formular cargos. En estos atroces casos, parece que los interrogadores de la CIA torturaron a los prisioneros hasta matarlos, yendo todavía más allá de incluso las técnicas más duras autorizadas por los infames memos de la tortura elaborados por los abogados del Ministerio de Justicia para tratar de justificar lo injustificable. No presentar cargos penales podría cerrar una vía de ataque contra el gobierno de Obama de parte de los republicanos, que persisten en defender el uso de la tortura. Pero en ausencia de una explicación más convincente, las implicaciones para el estado de derecho son profundamente inquietantes.

En junio de 2011, Holder dijo que en cuanto al trato dado a los detenidos, se habían revisado cerca de cien casos y ninguno de ellos justificaba una investigación. La decisión de no presentar cargos en estos últimos dos casos concentra la atención sobre la profundamente vergonzosa posición del gobierno de Obama de tratar de evitar cualquier procedimiento judicial de los abusos de la era de Bush.

Los responsables no solamente eludieron rendir cuentas desde un punto de vista judicial, sino además el gobierno ha logrado negar a las víctimas de estos brutales métodos la posibilidad de recurrir a tribunales, utilizando como argumento la necesidad del secreto y la autoridad del Ejecutivo para conseguir que los jueces federales, que deberían saber el propósito de la trama, desechen los reclamos de ayuda civil. La denegación de justicia a las víctimas deshonra tanto al gobierno como a los tribunales.
Al principio de su gobierno, el presidente Obama dijo que quería “mirar hacia adelante”, no hacia atrás, en lo que se refería a los interrogadores de la CIA. En la práctica, el gobierno ha elegido mirar hacia atrás de manera selectiva, evitando los procesos y la ayuda civil para las víctimas al mismo tiempo que presenta cargos contra un ex agente de la CIA, John Kiriakou, por haber revelado la identidad de otros agentes de la CIA que participaron en los interrogatorios.

No se trata de temas viejos y mohosos que el país haya superado y que la opinión pública pueda permitirse ignorar. Hace apenas unos meses, durante la campaña republicana por las primarias, Mitt Romney expresó su respaldo al uso de la tortura llamada el submarino [amenaza de ejecución por asfixia por inmersión] como un método de contraterrorismo e incluso negó que fuera tortura. En ausencia de cualquier forma de rendición de cuentas, no hay ninguna seguridad de que esta práctica ilegal no vuelva a ser empleada.

22 de septiembre de 2012
cc traducción @lisperguer

mqh02.wordpress.com


 

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