Guantánamo 2.0 - Un ex preso de Guantánamo, encarcelado injustamente en Argelia
14 de mayo de 2024
Mansoor Adayfi
Cage International
Ayer, Saeed Bakhouche, superviviente de Guantánamo, fue condenado abruptamente a tres
años de prisión y al pago de una multa de 2.000 dólares, y sacado
inmediatamente de la sala del tribunal.
Dijo una fuente anónima:
"Todos nos quedamos estupefactos ante la decisión del tribunal. Aquí tenemos a un hombre que pasó
más de 21 años en Guantánamo, apenas tuvo 8 meses de libertad, sin hogar e
incapaz de alimentarse, y sin embargo el tribunal lo envía a lo que es
esencialmente otro Guantánamo, si no peor."
La sentencia se produjo sólo dos días después de que los expertos
de la ONU advirtieran de que Bakhouche, de 57 años, se enfrentaría a cargos
de terrorismo en Argelia, no recibiría un juicio justo y corría el riesgo de
ser detenido de nuevo arbitrariamente.
El drama judicial de ayer marcó un capítulo más en la angustiosa saga de Bakhouche, un hombre cuya vida
se ha visto enredada en la compleja red de medidas antiterroristas posteriores
al 11-S. Cuando sonó el martillo que le condenaba a tres años entre rejas, fue
un duro recordatorio de las injusticias que siguen atormentándole incluso
después de su liberación de Guantánamo.
El viaje de Bakhouche desde los confines de Guantánamo hasta la sala del tribunal de Argelia se ha visto
empañado por una letanía de violaciones de derechos humanos, un hecho que no ha
pasado desapercibido para los observadores internacionales. La reciente
advertencia emitida por expertos de la ONU subraya la gravedad de la situación,
poniendo de relieve los vicios inherentes al proceso judicial contra él.
En abril de 2022, Bakhouche fue autorizado a salir de la tristemente célebre prisión de la base naval
estadounidense de Guantánamo tras soportar más de dos décadas de detención
arbitraria y tortura. Su traslado a Argelia en abril de 2023 estuvo acompañado
de garantías de trato humano, pero la realidad ha sido cualquier cosa menos humana.
La decisión de devolverlo a su país de origen vino acompañada de garantías
del Departamento de Estado estadounidense sobre el trato que recibiría a su
llegada. A la abogada de Bakhouch, H. Candace Gorman, se le hizo creer que su
cliente recibiría un trato humano, con acceso a representación legal y apoyo
para reintegrarse en la sociedad.
Sin embargo, a su llegada a Argelia, fue rápidamente
arrojado a un desconcertante calvario de encarcelamiento, intensos
interrogatorios y limbo jurídico, parecido a un escenario de pesadilla de
Guantánamo. Privado de representación legal e incomunicado, se encontró
atrapado en una compleja situación jurídica en la que el principio de inocencia
hasta que se demuestre la culpabilidad parecía haber desaparecido.
Los cargos presentados contra Bakhouche en virtud del Código Penal de Argelia apestan a oportunismo
político, un intento apenas velado de convertir en chivo expiatorio a un hombre
que ya ha sufrido un trauma inconmensurable a manos del gobierno
estadounidense. Su procesamiento va en contra de los principios fundamentales
de la justicia y de un juicio justo, y suscita serias dudas sobre la integridad
del proceso judicial.
La afirmación de los expertos de la ONU de que Bakhouche se enfrenta al riesgo de una nueva
detención arbitraria subraya aún más la urgente necesidad de un escrutinio y
una intervención internacionales. Su difícil situación es un duro recordatorio
del legado perdurable de Guantánamo, donde la justicia ha quedado a menudo
relegada a un segundo plano en favor de la conveniencia política.
El caso de Bakhouche no es aislado; es emblemático de una pauta más amplia de abusos e impunidad que ha
caracterizado a la denominada "guerra contra el terror". Desde
Guantánamo hasta Argelia, el camino hacia la justicia ha estado plagado de
obstáculos, con personas como Bakhouche atrapadas en el fuego cruzado de las
maniobras geopolíticas y el teatro de la seguridad.
Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo y
los derechos humanos, ha destacado recientemente la preocupación que sigue
suscitando la gestión que el gobierno estadounidense hace de los detenidos
liberados de Guantánamo. En su
exhaustivo informe publicado en junio de 2023, Ní Aoláin detalló numerosas
violaciones de derechos derivadas del traslado de detenidos a países extranjeros.
Entre las diversas violaciones, Ní Aoláin reveló casos de tortura, detención arbitraria y
desapariciones entre los presos liberados. Sorprendentemente, en el 30 por
ciento de los casos documentados, los países receptores privaron a estas
personas de la condición jurídica adecuada.
El informe de la ONU subrayaba la implicación de Estados Unidos en estos traslados problemáticos,
haciendo hincapié en una clara obligación legal y moral del gobierno
estadounidense. Debe utilizar sus recursos diplomáticos y jurídicos para
garantizar la reubicación de estos hombres, ofreciendo las debidas garantías y
apoyo a los países receptores.
Mientras el gobierno de Biden intenta salir del dilema de Guantánamo, debe tener en cuenta el coste
humano de sus acciones. Bakhouche y otros como él no son meras estadísticas;
son individuos cuyas vidas han sido irreparablemente alteradas por la
maquinaria de la violencia sancionada por el Estado.
La reciente condena de Bakhouche es un sombrío recordatorio de la urgente necesidad de rendición de
cuentas y justicia. No basta con cerrar las puertas de Guantánamo, sino que
también debemos reconocer el legado de injusticia que ha dejado tras de sí.
Cualquier otra cosa sería una traición a los principios que afirmamos defender.
En la búsqueda de justicia para Bakhouche y otros como él, la comunidad internacional debe permanecer
vigilante. No podemos permitir que las sombras de Guantánamo sigan
ensombreciendo la vida de personas inocentes que ya han sufrido demasiado.
Ahora que Bakhouche comienza de nuevo su viaje entre rejas, esta vez en Guantánamo 2.0, no
olvidemos las injusticias que le han llevado hasta aquí. Su historia es un
testimonio de la depravación de los gobiernos de Estados Unidos y Argelia, que
lo sometieron a abusos y torturas, y una llamada a la acción para todos
aquellos que creen en la inviolabilidad de la justicia y en la dignidad de todas
las personas.
Para terminar, prestemos atención a las palabras de los expertos de la ONU que han dado la voz de alarma
sobre el caso de Bakhouche. Exijamos rendición de cuentas, transparencia y,
sobre todo, justicia para aquellos a quienes han fallado los mismos sistemas
que debían protegerlos. Sólo entonces podremos empezar realmente a curar las
heridas infligidas por Guantánamo y su legado de injusticia.
El caso de Saeed Bakhouche pone de relieve la necesidad urgente de actuar y rendir cuentas en la búsqueda
de la justicia. Es un duro recordatorio del coste humano del poder sin control
y del devastador impacto de la detención prolongada sin cargos ni juicio. No
podemos permitirnos hacer la vista gorda ante su difícil situación ni ante la
de otras innumerables personas que han sido detenidas injustamente y sometidas
a abusos.
Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y un trato justo para todos los detenidos,
independientemente de sus circunstancias. Debemos abogar por la liberación
inmediata de Saeed y pedir reformas que garanticen que estas injusticias no
vuelven a repetirse. Sólo mediante la acción colectiva y un compromiso
inquebrantable con los derechos humanos podremos lograr un cambio significativo
y garantizar que prevalezca la justicia.
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