Los psicólogos de Spokane no deberían
de ser acusados por los métodos de interrogación diseñados por ellos,
incluyendo submarino, dice la defensa
Martha Bellisle
The Seattle Times
21 de julio de 2017
ACLU reta esa declaración, diciendo que esos
psicólogos deberían ser encontrados responsables y culpables de los métodos que
diseñaron después del 11/9, incluyendo submarino
y golpizas. Se presentará el viernes en el tribunal federal de distrito en
Spokane.
Los dos psicólogos que ayudaron a crear los métodos
fuertes de interrogación para la CIA usados en la guerra contra el terror,
deberían ser encontrados tan libres de responsabilidad como el trabajador de
una compañía que vendía veneno para los nazis usado en los campos de
concentración, dice el abogado en un intento para anular la demanda presentada
por parte de ex detenidos.
El Unión Estadounidense por las Libertades Civiles
reta esas declaraciones, diciendo que los psicólogos deberían de ser
encontrados culpables por los métodos diseñados posteriormente a los ataques
del 11 de septiembre, incluyendo submarino
y golpizas. Se presentará el viernes en el tribunal federal de distrito en Spokane.
Se determinará si la demanda terminará en juicio, cuya
fecha se programó para el 5 de septiembre. El juez podría decidir que los
psicólogos son culpables de ayudar y facilitar tortura y no se necesitaría un
juicio. Podría, también, descartar la demanda o limitar el seguimiento de las
acusaciones.
Así como los técnicos del gas venenoso fueron
liberados de cargos por ayudar a los Nazis, los psicólogos de Spokane, James
Mitchell y Bruce Jessen eran contratistas independientes sin autoridad para
“controlar, prevenir o modificar” el uso de métodos y técnicas de interrogación
mejoradas, dice su abogado.
Desafiando ese argumento se encuentra Dror Ladin, un
abogado del Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien presentó una
demanda por parte de tres ex detenidos: Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed
Ben Soud y un representante de Gul Rahman, quien murió en custodia.
Ellos fueron sujetos a ataques físicos, privación del
sueño, a estar de pie por días en pañales con sus brazos amarrados arriba de la
cabeza, baños de agua helada y a encierro en cajas.
“De hecho, los tribunales de Nuremberg, que juzgaron a
los nazis y a sus colaboradores después de la segunda guerra mundial,
establecieron la regla opuesta: contratistas privados son culpables cuando
toman la decisión de proveer medios ilegales y ganar dinero de los crímenes de
guerra ejecutados”, comenta Ladin.
El dueño de la compañía que desarrolló el gas venenoso
para los nazis fue ejecutado después de la guerra.
Mitchell y Jessen, inventaron “métodos de tortura”,
personalmente los probaron en el primer prisionero de la CIA y formaron una
compañía que recibió $81 millones de dólares para poner en práctica su
programa, dice Ladin.
“Hacer dinero mediante la decisión de suministrar herramientas para torturar no es
simplemente hacer negocio”, Ladin comenta, “es ilegal”.
Los abogados argumentan que ellos esperaban “prevenir
otro catastrófico ataque contra los Estados Unidos”.
Cuando la CIA les pidió ayuda para interrogar a Abu Zubaydah, un detenido de “alto valor”, Mitchell sugirió métodos utilizados por
décadas en una escuela de Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dice su abogado.
Cuando la CIA pidió más detalles, Mitchell involucró a Jessen.
Estas técnicas fueron diseñadas para motivar a una persona a dar información, “mientras evitaba daño físico permanente o profundo
y experimentaba fuerte cambio de personalidad”, dice el abogado defensor.
Mitchell y Jessen “nunca actuaron más allá de lo contratado por la CIA”, continúa
su abogado.
Mencionaron la demanda sobre el derrame de petróleo en
el Golfo de México en el 2010, en donde los contratistas federales recibieron
inmunidad por las leyes de limpieza de aguas por daños provocados por sus
acciones mientras se apegaron a las directivas del gobierno.
En este caso, el Congreso le dio poder al presidente
para responder a amenazas terroristas y él dirigió el centro nacional contra el
terrorismo para capturar e interrogar a operativos de al-Qaida. La CIA contrató
a los psicólogos. Así, la inmunidad del gobierno se extiende a Mitchell y
Jessen y la demanda debería ser descartada, sus abogados declaran.
ACLU menciona que es moral y legalmente necesario
encontrar a estos hombres culpables.
Mitchell ayudó a implementar técnicas usadas por
Zubaydah que empezaron con extrema privación de sentidos, métodos cohesivos
para instalar miedo y desesperación, una “fase agresiva” que incluía ataques, submarino y encierro en cajas que
parecían ataúdes, dice ACLU.
Zubaydah “lloraba, rogaba, pedía, vomitaba, temblaba, se movía y se volvió histérico que no podía comunicarse”, el abogado del grupo
demandante explica.
Para el 2003 los métodos de los psicólogos fueron
formalizados en instrucciones enviadas a prisiones secretas de la CIA en conde
estuvieron detenidos y fueron torturados los demandantes, dice ACLU. Mitchell y
Jessen participaron en algunas interrogaciones, mencionan los abogados.
Cuando Jessen observó prolongados ataques físicos en
Rahman, su reacción fue “valió la pena intentarlo” y sugirió alteraciones que
podrían ser más efectivas, explica ACLU. Después de esas modificaciones, Rahman
“con inanición, sin dormir y congelándose”, murió de hipotermia.
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