Los juristas de Bush
Philippe Sands
Público
30 de abril de 2009
Hace cuatro años empecé a trabajar en un libro sobre el papel desempeñado por
experimentados juristas de la Administración Bush en la autorización de nuevas
técnicas equivalentes a la tortura. Me impulsó a ello la divulgación de un
memorando de una página escrito por Jim Haynes, jefe de los abogados de Donald
Rumsfeld en el Pentágono, en noviembre de 2002. El documento recomendaba dar
autorización general para forzar posiciones de estrés, privar del sueño,
desnudar o emplear perros, contraviniendo las Convenciones de Ginebra y la
Convención contra la Tortura de 1984. Dejaba abiertas otras técnicas, incluyendo
el waterboarding, en función de cada caso particular. Su aprobación por parte de
Rumsfeld llevó a la tortura de Mohammed al Qahtani. Y las técnicas migraron
hacia Afganistán e Irak, incluyendo Abu Ghraib.
El documento me pareció profundamente escandaloso y no podía entender cómo
era posible que destacados juristas de la Administración –formados en Harvard y
otras buenas universidades– podían haberse asociado de esta manera con la
tortura. Después de más de un año de investigación, encontré que no habían
actuado tanto como juristas, sino más bien como activistas de una causa,
motivados por razones ideológicas, utilizando sus posiciones profesionales para
dar el visto bueno a una política de abuso predeterminada. Sus acciones
provocaron descrédito a su profesión y les hicieron cruzar la línea hacia la
criminalidad internacional.
No hay nada nuevo ni fraudulento en la idea de que dar consejos jurídicos
puede derivar en responsabilidad criminal. Está bien establecido que un abogado
que presta su nombre profesional a la comisión de crímenes puede ser tratado, él
mismo, como un criminal. Así sucede en Reino Unido, en España, en EEUU y en
muchos otros lugares, así como en el Derecho Internacional. Así sucede cuando se
lidia con blanqueo de capitales o tortura. En este caso, la evidencia ha
mostrado sin ambigüedad que los juristas cruzaron la línea. Los memorandos que
hemos visto –la semana pasada se hicieron públicos más– no son opiniones legales
de buena fe. Al contrario: se trata de documentos que demuestran que el cliente
–la Administración Bush– necesitaba cobertura legal para justificar la tortura.
Los abogados liberaron limitaciones, redefinieron el concepto de tortura para
parmitir el waterboarding y otras acciones. Sin los juristas, estas técnicas no
hubieran sido aprobadas ni utilizadas. Proporcionaron sus nombres como abogados
para encubrir hechos vergonzosos, ilegales, bajo las leyes internacionales que
EEUU ha ayudado tanto a erigir.
Cuando mi libro se publicó en abril de 2008, la idea de la investigación
criminal en cualquier lugar del mundo tenía muy poco apoyo. ¡Cómo han cambiado
las cosas! Al libro y a un artículo que escribí en Vanity Fair le sucedieron
comparecencias en el Congreso de EEUU. Testifiqué tres veces en Washington,
donde advertí que, si EEUU no ponía su casa en orden, otros países probablemente
abrirían sus propias investigaciones, puesto que relevantes convenciones
internacionales lo permiten. Las audiencias escucharon amablemente. Las sesiones
permitieron divulgar más documentos que confirmaron la idea de que los juristas
habían participado en algo parecido a una conspiración para sortear la ley. A
finales de 2008 estaba clarísimo. En enero, me contactó un abogado español, que
me dijo que mi libro Torture Team [Equipo torturador] le había inspirado para
presentar una querella criminal contra los abogados, ahora conocidos como “Los
Seis de Bush”. Él quería hacerlo –y podía hacerlo– porque EEUU no había cumplido
con su obligación de investigar el crimen de tortura. El asunto está ahora en la
Audiencia Nacional. La Justicia en España seguirá su curso, como debe ser.
Mientras tanto, la situación en EEUU ha cambiado. Obama es ahora el
presidente. Una de sus primeras acciones fue ordenar el cierre de Guantánamo y
exigir a los interrogadores estadounidenses que hagan caso omiso a todos los
consejos legales redactados por el Departamento de Justicia entre el 11 de
septiembre de 2001 y el 20 de enero de 2009. Ha vuelto el compromiso de EEUU
contra la tortura, según el Derecho Internacional y su definición. Ha divulgado
memorandos considerados previamente secretos. Al hacerlo, también ha dicho que,
por mala que fuera la anterior posición legal, los interrogadores de la CIA que
creyeron en su buena fe no serán procesados. Lo que no quedó tan claro es si
pretendía cerrar o no la puerta a todo proceso judicial. Pero luego anunció que
no pondría obstáculos a posibles investigaciones criminales en EEUU contra
abogados o altos cargos de la Administración Bush –le corresponde al fiscal
general– o a alguna otra forma de investigación. El momento elegido para decirlo
fue significativo. Está claro que la causa española ha contribuido directamente
al cambio de atmósfera política en EEUU. El hecho de que haya habido gran apoyo
a las acciones del sistema judicial español –como se ha reflejado en comunicados
y en textos de influyentes periódicos como The New York Times y Los Ángeles
Times– refleja una situación completamente nueva. Es especialmente significativo
que el presidente Obama no apoyara la posición del fiscal general español,
Cándido Conde-Pumpido.
Lo que pase a partir de ahora está abierto. No hay en marcha ninguna
investigación criminal contra los juristas y ninguno ha sido sancionado. En
estas circunstancias, no hay limitaciones en la ley internacional para que
España ejerza su jurisdicción. La realidad es que haciéndolo, incluso en un
punto aún tan limitado, ha transformado la situación en EEUU, colocando a “Los
Seis de Bush” en su propio agujero negro legal.
Philippe Sands es Catedrático de Derecho en el University College de
Londres. Autor del libro ‘Torture Team’.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1247/los-juristas-de-bush/
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