Los crímenes de la CIA no pueden quedar impunes
Por Gastón Chillier, Anthony Romero, Juana Kweitel y Joy Olson *
Página 12
25 de junio de 2015
El 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura y todos los años el gobierno de los Estados Unidos envía un mensaje
para su conmemoración. Para que esa retórica no quede vacía, las autoridades
estadounidenses deben explicitar las acciones que tomarán para investigar y
sancionar las torturas y desapariciones forzadas cometidas por la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) en la llamada “lucha contra el terrorismo”, seis
meses después de que esos crímenes fueran revelados en detalle por senadores
estadounidenses.
En el día de ayer, cien organizaciones de todo el mundo pedimos al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU que envíe un mensaje contundente contra la
impunidad frente a la tortura y las desapariciones forzadas. El consejo debe
exigir que el gobierno de EE.UU. tome medidas para dar cumplimiento a todas sus
obligaciones vinculadas al derecho internacional para asegurar justicia,
verdad, reparaciones y no repetición. Esto implicaría, entre otras acciones,
desclasificar el informe completo del Senado sobre el programa de detención de
la CIA, emprender una amplia investigación penal independiente y compensar a
las víctimas.
Si no avanzara en este sentido, los EE.UU.
seguirían violando sus propias obligaciones bajo la Convención contra la
Tortura de la ONU y otros instrumentos internacionales. Además, daría un duro
golpe al sistema internacional de derechos humanos, en general, y al esfuerzo
global para erradicar la tortura y las desapariciones forzadas, en particular.
Desde que la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de los EE.UU.
divulgara el resumen de sus cuatro años de investigación sobre el Programa de
Detención e Interrogatorios operado por la CIA, la comunidad internacional de
derechos humanos ha insistido con mayor fuerza en la necesidad de que haya
plena transparencia y se rinda cuentas por este programa ilegal. Solicitamos la
designación de un fiscal especial que conduzca una investigación penal
exhaustiva y creíble sobre los graves crímenes descriptos en el informe, un
pedido que fue reiterado esta semana con más de cien mil firmas de apoyo.
El mes pasado, como parte del Examen Periódico Universal de los EE.UU. (una
evaluación de la situación de derechos humanos de cada uno de los Estados
miembro de la ONU), un número significativo de países se unió al llamado de la
sociedad civil y planteó el problema de la necesidad de justicia y reparaciones
por el uso de la tortura y otras violaciones de derechos humanos en el marco de
las políticas y prácticas estadounidenses contra el terrorismo. La autoridad
federal con sede en Washington tiene hasta septiembre para responder a las
recomendaciones de sus pares.
* Director ejecutivo del CELS, director ejecutivo de la ACLU (EE.UU.),
directora ejecutiva de Conectas (Brasil) y directora ejecutiva de WOLA (EE.UU.).
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