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‘No torturar’: la promesa para extraditar presos de EEUU a otros países

Jason Leopold
VICE News En Español
12 de mayo de 2016

El grupo de naciones extranjeras que ha recibido más de 1.000 detenidos por el ejército de Estados Unidos entre 2010 y 2011 garantizaron que no torturarían a los extraditados, pero tiempo después surgieron reportes de presuntas vejaciones contra los presos.

En un duro informe de 10 páginas que analiza las extradiciones de los presos — desclasificado esta semana por la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa como respuesta de una petición hecha por por VICE News hace tres años bajo la Ley por la Libertad de la Información (FOIA) — se menciona que el Departamento de Defensa (DOD) no contó con una política estricta que abordara específicamente cómo serían tratados los presos una vez que fuesen entregados a otro país.

    'Las garantías diplomáticas no son de confiar y son inefectivas al momento de proteger a los individuos en contra de la tortura y el maltrato'.

El reporte fechado el 28 de febrero de 2012, elaborado por el Inspector General de inteligencia (IG), dice que el DOD debería promulgar políticas que incluyan una instrucción explícita para que se evite extraditar a personas a países extranjeros donde es probable que sean torturadas. Dos años después de que el Inspector hiciera esa recomendación, el DOD adoptó dicha política.

De acuerdo con el informe, entre agosto de 2010 y agosto de 2011, EEEUU extraditó a 1.054 presos que estaban detenidos por el DOD en Afganistán, Irak y Guantánamo. Los números se dividieron de esta forma: 802 presos de Afganistán, 259 de Irak y tres de Guantánamo, fueron transferidos a Alemania y Argelia, aunque éste último cuenta con un pobre historial en materia de derechos humanos.

    'El DOD debería promulgar políticas que incluyan una instrucción explícita para no extraditar [a países] donde es probable que sean torturados'.

En un informe anterior entregado por el IG en diciembre de 2010, se lee que EEUU había transferido a 4.781 presos políticos. Después de liberar a los detenidos, la Unión Americana recibió garantías diplomáticas de los gobiernos extranjeros de que los presos no serían torturados. Sin embargo, aún no se determina si se están cumpliendo las promesas.

Durante la administración de George W. Bush, surgieron acusaciones de que miles de presos que fueron torturados física y psicológicamente mientras estaban bajo custodia del ejército estadounidense y la CIA, también fueron torturados después de ser extraditados a las naciones extranjeras. Estados Unidos ignoró el problema.

Luego, con la administración del presidente Barack Obama, el gobierno entregó una orden ejecutiva semanas después de tomar el cargo en 2009 para establecer un grupo especial de trabajo en torno a las políticas de interrogación y extradiciones. El grupo estuvo conformado por dirigentes de la administración de muchos años en el cargo y contaba con una carta constitucional que exigía interrogatorios legales, el cierre de los centros clandestinos de detención de la CIA y un estudio de las políticas estadounidenses de extradición de presos políticos para asegurarse de que cumplieran con las leyes domésticas e internacionales. El equipo operativo pretendía prevenir "la extradición de individuos a otras naciones donde serían torturados".

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En agosto de 2009, el equipo operativo entregó un informe que sigue siendo clasificado. Sin embargo, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, donde se resumió dicho informe, se dijo que aunque EEUU confía en las garantías diplomáticas de que los presos no serán torturados, el grupo operativo recomendó que "el Departamento de Estado se involucre en evaluar dichas garantías y que los inspectores generales de los departamentos de Estado, Defensa, y el de Seguridad Nacional preparen un informe anual coordinado sobre extradiciones conducidas por cada una de sus agencias sobre la confianza en las garantías".

"El grupo operativo también hizo varias recomendaciones con el propósito de mejorar la habilidad de Estados Unidos para monitorear el tratamiento de individuos transferidos a otros países", agrega el comunicado de prensa.

Pero las garantías diplomáticas que aseguran que los presos no serán torturados — un componente crucial de los esfuerzos de la administración de Obama para tratar de cerrar Guantánamo— no están respaldadas legalmente.

"Las garantías diplomáticas no son de confiar y son inefectivas al momento de proteger a los individuos en contra de la tortura y el maltrato; EEUU no debería depender de ellas", declararon Juan Méndez, corresponsal especial en el tema de tortura, y Ben Emmerson, corresponsal especial de la ONU en materia de derechos humanos y contraterrorismo, en un comunicado conjunto emitido en diciembre de 2013.

"Hemos visto a menudo que las garantías diplomáticas son utilizadas por el gobierno para burlar la prohibición absoluta de la tortura como se establece en la Convención de la ONU en contra de la tortura y otras formas crueles, inhumanas o degradantes de trato o castigo".

Con excepción del informe entregado por el IG del Departamento de Seguridad Nacional en noviembre de 2011, todos los demás informes sobre garantías de extradiciones de presos políticos siguen siendo material clasificado. El informe obtenido por VICE News, es el primero en salir a la luz luego de la reexaminación de desclasificación. Este medio también ha ingresado solicitudes para obtener tres reportes más.

"La preocupación que siempre hemos tenido sobre garantías diplomáticas es que se trata de una promesa de no torturar de parte de un torturador", dijo Naureen Shah, directora del programa de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional USA, luego de revisar el reporte. "Nada en este informe nos muestra que EEUU está realizando un esfuerzo verdadero para asegurarse de que esto no le pase a los individuos. El hecho de que el IG no supervisara si estas personas estaban siendo torturadas o no después de su extradición, es alarmante".

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Otros grupos de derechos humanos e informes de medios también han documentado casos generalizados de tortura por parte de autoridades afganas e iraquíes. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) detuvo la extradición de presos políticos hacia Afganistán, luego de que Naciones Unidas entregaran un reporte en 2013 donde se reveló que los presos transferidos bajo custodia afgana fueron sistemáticamente torturados.

    'La preocupación que siempre hemos tenido sobre garantías diplomáticas es que se trata de una promesa de no torturar de parte de un torturador'.

Shah dijo que Amnistía Internacional mandó un memo a la Casa Blanca en marzo pasado, solicitando a la administración tomar varias medidas antes de que Obama deje el cargo para asegurarse de que EEUU no vuelva a una política de tortura. "Algo que solicitamos fue la desclasificación y revelación de los informes de la IG", dijo Shah. "No hay forma de evaluar el historial de extradiciones de esta administración porque no tenemos los informes".

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