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JUICIO CONTRA LA ALIMENTACIÓN FORZADA EN GUANTÁNAMO

Jason Leopold
17 de octubre de 2014
vice.com/es/

Hace dos semanas, el personal médico de la Bahía de Guantánamo declaró a VICE que para alimentar a los presos en huelga de hambre utilizan métodos similares a los que se usan en pacientes de los hospitales estadounidenses que requieren sondas de alimentación.

Pero ahora, los abogados de Abu Wa’el Dhiab, un ciudadano sirio de 43 años que está preso en Guantánamo desde 2002 y de quien en 2009 se autorizó su traslado fuera del centro, argumentan en la Corte del Distrito de Washington D.C. que los nuevos protocolos de alimentación forzada en Guantánamo son especialmente abusivos y se han creado expresamente para disuadir a los detenidos de realizar huelgas de hambre.

Se trata un caso histórico que podría obligar a las autoridades militares a cambiar radicalmente la manera en que se trata a los detenidos que deciden llevar a cabo algún tipo de protesta.

Este desafío legal se originó hace casi 13 años. Semanas después de que los detenidos en la primera Guerra contra el Terror fueran transferidos a Guantánamo en enero de 2002, algunos presos se negaron a comer, declarándose en huelga de hambre como protesta contra la quema de un Corán por parte de un guardia.

A finales de febrero, dos tercios de los trescientos reclusos que fueron retenidos en jaulas al aire libre en el campo X-Ray iniciaron otra huelga de hambre para protestar contra de una norma que prohibía a los detenidos usar turbantes. Fue la primera vez que los altos mandos militares del centro de detención declararon que no permitirían que los detenidos de Guantánamo murieran de hambre y que los forzarían a alimentarse por vía intravenosa si era necesario.

Las huelgas de hambre continuaron, por lo que las autoridades militares de Guantánamo implementaron un nuevo protocolo que varios grupos de defensa de los derechos humanos consideran un método para someter la voluntad de los presos que decidan llevar a cabo protestas.

En diciembre de 2005, un psiquiatra forense y tres asesores de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) viajaron a Guantánamo y recomendaron a los funcionarios de detención cambiar los procedimientos utilizados para hacer frente a las huelgas de hambre. La BOP sugirió el uso de sillas de inmovilización de cinco puntos, descritas por el propio fabricante, un sheriff jubilado, como “celdas acolchadas sobre ruedas”.>

Según el nuevo protocolo, un manifestante en huelga de hambre que se negara a beber voluntariamente un suplemento nutricional líquido sería sacado de su celda y atado a una silla dos veces al día durante un máximo de dos horas. Una vez inmovilizado, una enfermera le introduciría una sonda nasogástrica hasta el estómago.

A principios de diciembre de 2005 se enviaron cinco sillas de inmovilización a Guantánamo, y un mes después llegaron otras veinte. Las autoridades militares negaron rotundamente que las sillas fueran usadas como forma de castigo para acabar con las huelgas de hambre e insistieron en que su uso era “seguro”, “humano” y “legal”, tres de las cuatro palabras que aparecen en el lema oficial de Guantánamo.

Pero casi una década después, una poderosa legisladora demócrata puso en tela de juicio la ética médica de los procedimientos que los militares aseguraron adoptar directamente de la Agencia Federal de Prisiones. La senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, envió una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, el 19 de junio de 2013, después de visitar el centro de detención durante una huelga de hambre masiva. La senadora afirmó que las prácticas de alimentación forzosa no solo no estaban “en sincronía con las normas internacionales”, sino que se desviaban de las prácticas de la BOP. Las sillas de inmovilización raramente se utilizan en las cárceles federales.

“La alimentación forzada es una práctica extremadamente rara en la Oficina Federal de Prisiones”, escribió Feinstein. “Nos han dicho que cuando ocurre, el 95 por ciento de las veces el preso se muestra cooperativo y no es necesario recurrir a los dispositivos de inmovilización. Sin embargo, en la Bahía de Guantánamo, a todos los presos que son obligados a alimentarse —independientemente de su nivel de cooperación— se les inmoviliza en estas sillas”.

Hace dos semanas, el Gobierno presentó documentos judiciales que incluían una versión no clasificada de sus recientes protocolos para sillas de inmovilización y huelgas de hambre, y algunas declaraciones juradas de los funcionarios médicos de Guantánamo que revelan por primera vez que el uso de las sillas no tiene ningún propósito médico, lo que contradice los alegatos iniciales de los militares.

Katherine Hawkins, investigadora principal en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre el Trato a los Detenidos del Constitution Project, dijo que las nuevas revelaciones son “de especial importancia”.

“Esto confirma lo que los abogados de los detenidos han alegado desde 2005, cuando fueron introducidas las sillas de inmovilización, y de lo que el informe del Constitution Project y la investigación llevada a cabo por el Comité de Inteligencia del Senado dieron pruebas el año pasado: el uso de este tipo de sillas para forzar la alimentación no es una decisión médica, y no está en consonancia con las prácticas generales del BOP”, explicó Katherine Hawkins a VICE. “No está ni siquiera en la línea de la política general que regula el uso forzoso de sillas de inmovilización en Guantánamo. Se están utilizando únicamente para castigar las huelgas de hambre”.

La introducción de estas sillas a inicios de 2006 parecía que pondría fin a una huelga de hambre colectiva que comenzó el verano anterior. Siete años después, los guardias recibieron instrucciones de inspeccionar los libros del Corán de los detenidos para asegurarse de que no estuvieran guardando medicamentos u otros objetos en su interior. Esta manipulación de los libros sagrados incitó al inicio de una huelga de hambre que rápidamente derivó en una manifestación en la que participaron más de cien presos.

Las autoridades militares se abastecieron de más de cien mil latas de Ensure y otros suplementos nutricionales líquidos al tiempo que negaban la existencia de una protesta masiva. Asimismo, en  marzo de 2013, reescribieron en secreto sus protocolos sobre huelgas de hambre y sillas de inmovilización; fue la primera vez que se modificaba esta política desde 2005. Dos meses después, la publicación del documento no editado de treinta páginas puso al descubierto los procedimientos de alimentación forzada, que incluían el uso de fármacos muy controvertidos utilizados para tratar el ardor del estómago causado por el reflujo de ácidos. El medicamento, Reglan, es conocido por causar un trastorno neurológico irreversible, la discinesia tardía.

Las autoridades militares de Guantánamo, en un esfuerzo por cumplir con el lema del centro de reclusión de ser “transparente”, proporcionó a los medios de comunicación un recuento diario del número de presos que se negaban a comer, así como el número de reclusos que estaban siendo alimentados a la fuerza, lo que provocó un torrente de noticias.

Entre tanto, estalló una feroz batalla entre los abogados de los detenidos y las autoridades militares sobre la normativa que regulaba el modo de actuación frente a las huelgas de hambre. Los detenidos, con ayuda de sus abogados, publicaron artículos de opinión en los principales periódicos, en los que calificaban la alimentación forzada como algo inhumano y una violación del Convenio de Ginebra. Las autoridades militares, en declaraciones emitidas a la prensa, afirmaron que las declaraciones eran falsas y que los presos estaban intentando atraer la atención de los medios de comunicación, una táctica común entre “los terroristas de Al Qaeda”. Aseguraban, asimismo, que la alimentación forzosa, entonces llamada “alimentación enteral” por los militares, era un procedimiento relativamente sencillo que solo causaba molestias menores.

Las autoridades militares también acusaron a los abogados de los detenidos de incitar a sus clientes. (Las diapositivas de PowerPoint publicadas a principios de este año revelaron que el personal militar de Guantánamo informaba a las visitas más prominentes de que las huelgas de hambre llevada a cabo por los detenidos no eran una forma de protesta contra su retención indefinida y el trato recibido, sino una de las seis “tácticas ofensivas que utilizaban para atacar al Gobierno de los Estados Unidos).

Las versiones opuestas —y el secretismo en torno a las huelgas de hambre— entre los militares y los abogados acentúan la dificultad de encontrar una verdad fiable sobre el asunto, sobre todo al estar prohibido establecer contacto con los presos.

En julio de 2013, los abogados de Dhiab y de otros presos demandaron al Gobierno ante la Corte Federal, en un esfuerzo por poner fin a la alimentación forzada. Pero la juez que instruye el caso de Dhiab, Gladys Kessler, designada por Clinton, se negó a emitir un fallo en ese momento, argumentando estar atada de pies y manos debido a la legislación aprobada por el Congreso, que prohibía a los jueces tomar decisiones sobre el tratamiento de los presos de Guantánamo. Sin embargo, cuando dicto la sentencia, apuntó que el Presidente Obama podría terminar con lo que para ella era claramente “un proceso humillante, doloroso y degradante”.

Los abogados apelaron a la decisión de Kessler.

En diciembre de 2013, las autoridades de Guantánamo, hartas de la mala prensa, alegaron que el asunto estaba interfiriendo en el cuidado “seguro, legal y transparente” de los presos, Así que adoptaron nuevas medidas, incrementando el nivel de confidencialidad. Los portavoces de Guantánamo informaron de que ya no ofrecerían más comunicados a la prensa sobre el estado de los detenidos que participaban en huelgas de hambre o que eran alimentados a la fuerza. Asimismo, tampoco se trataría el asunto de las huelgas de hambre.

“Es una historia que se perpetúa”, dijo el comandante John Filostrat, director de asuntos públicos del Equipo de Trabajo Conjunto de Guantánamo, en una entrevista desde la base en diciembre pasado. “Los presos pretenden llamar la atención sobre ellos, y no vamos a ayudarles en eso”.

En gran medida, las huelgas de hambre, y Guantánamo en general, habían desaparecido de los titulares. Para entonces, la mayoría de detenidos habían vuelto a comer alimentos sólidos.

El silencio de los medios coincidió con la modificación, una vez más, de los protocolos sobre huelgas de hambre y alimentación forzada, calificando nuevamente las huelgas de hambre como “ayunos no religiosos de larga duración”. Sin embargo, gran parte de los procedimientos operativos habituales, obtenidos por VICE en marzo a raíz de una demanda de la FOIA (Ley por la Libertad de Información), habían sido modificados y vueltos a redactar.

Jon Eisenberg, abogado del equipo legal de Dhiab, dijo que las partes eliminadas de los procedimientos operativos habituales contenían información referente a la cantidad de alimento y la velocidad con la que debía administrarse a los presos que se negaban a comer. Dicha información, según Eisenberg, era crucial, porque demostraría que los nuevos procedimientos son una “forma de tortura coloquialmente conocida como ‘el tormento del agua”.

“Esta tortura se remonta a la Inquisición española y fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Imperial japonés contra los Estados Unidos y los prisioneros de guerra aliados”, escribió Eisenberg en un artículo de opinión publicado en The Hill. “En la Bahía de Guantánamo, los médicos militares y las enfermeras han medicalizado esta tortura. Ahora utilizan sondas de alimentación nasogástrica excesivamente gruesas para obligar a los presos a ingerir casi tres litros de líquido en tan solo veinte minutos dos veces al día, mientras permanecen inmovilizados en una silla especial”.

En febrero, el conservador Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia Circuit remitió el caso de Dhiab de vuelta a Kessler, afirmando que los jueces “tienen potestad para supervisar las quejas de los presos sobre las condiciones de su reclusión en la prisión militar”, como parte del recurso constitucional de hábeas corpus.

Tras esta primera imputación legal sobre las prácticas de alimentación forzada en Guantánamo, se espera que en breve se revise el volumen de suplementos líquidos con los que se alimenta a los presos mediante sondas nasogástricas.

La Administración Obama, que afirma ser “el Gobierno más transparente de la historia”, intentó evitar la presencia del público y los medios en el juicio. Los abogados del Estado afirman en documentos judiciales que debido a que el caso contiene información clasificada y no clasificada, el juicio debe celebrarse a puerta cerrada para evitar “deslices” que pudieran dar lugar a una divulgación no autorizada de información.

Históricamente, los jueces federales que instruyen los casos de Guantánamo han otorgado al Gobierno de forma velada el beneficio de la duda. Pero el 2 de octubre, Kessler denegó la moción del Gobierno, precisando en un fallo que “dado el enorme y prolongado interés público que ha suscitado, sería especialmente grave tratar de impedir que el público conociera la esencia del testimonio directo de los presos, si se siguen los procedimientos adecuados y si la Corte trata a todos los participantes de manera justa”.

Al día siguiente, Kessler emitió otro fallo, según el cual se autorizaba a que los 28 vídeos en los que se mostraba cómo sacaban a Dhiab de su celda y lo inmovilizaban en una silla para alimentarlo a la fuerza, fueran mostrados a más de una docena de medios de comunicación que intervinieron en el caso.

El Gobierno había argumentado que los vídeos debían ocultarse al público, ya que podrían comprometer la seguridad nacional y ser utilizados por los enemigos de Estados Unidos como una herramienta de propaganda.

Kessler dictaminó que los argumentos de la Administración Obama eran “sencillamente inverosímiles”.

Es la segunda vez este año que un juez federal se ha negado a ceder a las exigncias del Gobierno de mantener en secreto las imágenes del trato que reciben los prisioneros de la guerra contra el terrorismo. En agosto, el juez de un tribunal de distrito de los Estados Unidos, Alvin Hellerstein, dijo a los abogados del Gobierno que él podría solicitar la divulgación de fotografías de hace más de diez años, que constatan los malos tratos a los presos por parte de los militares estadounidenses en Irak y Afganistán, las mismas que el Gobierno considera que deben permanecer en secreto.

En un comunicado emitido a través de sus abogados de la organización internacional Reprieve, Dhiab dijo que quería que las cintas de vídeo sobre su alimentación forzada se mostraran públicamente.

“Quiero que los estadounidenses vean lo que está sucediendo en la prisión actualmente, así entenderán por qué estamos en huelga de hambre y por qué la cárcel debe clausurarse”, dijo Dhiab. “Si los estadounidenses piden libertad, deberían ver estas cintas. Si de verdad creen en los derechos humanos, tienen que ver estas cintas”.

Dhiab, uno de tantos presos que esperan ser transferidos a Uruguay, dijo estar dispuesto a que lo alimentaran a la fuerza de una manera más humana.

“La ley estadounidense dice que los prisioneros pueden ser alimentados a la fuerza si están en riesgo inminente de muerte o de sufrir lesiones graves, pero no se puede recurrir a este método si no se cumplen estos preceptos o de manera abusiva”, afirmó a VICE el abogado de Dhiab, Eisenberg. “Queremos que la jueza Kessler regule la alimentación forzada en la bahía de Guantánamo según lo que dictamina la ley, que prohíba las prácticas abusivas de alimentación forzada y que permita [a los presos] utilizar el único medio que tienen para protestar contra su detención indefinida y sin un juicio”.

Guantanamo Hunger Strike TPs and SOPs


 

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