Las víctimas afganas de Estados Unidos
Bob Dreyfuss y Nick Turse
The Nation
9 de octubre de 2013
Traducido del inglés para Rebelión
Cuando un soldado estadounidense muere en Afganistán, su muerte
no es una muerte anónima. Se lamenta la tragedia de esa pérdida y se recuerda y
homenajea su vida. En muchos de los casos, los medios locales y estatales
cubren de forma destacada esa muerte, a menudo durante varios días. El
Pentágono recoge debidamente la pérdida, se entregan medallas, se regala una
bandera ceremonial a los supervivientes y el Departamento de Defensa paga
100.000 dólares de indemnización a la familia del soldado, más los atrasos,
seguros, subvenciones por vivienda, etc.
Pero cuando un afgano muere en la guerra –especialmente un civil afgano-, su muerte
raramente es recogida por el mundo exterior. Y, con frecuencia, esa muerte ni
siquiera aparece registrada en los hospitales y morgues afganos. Cuando le
preguntaron a Said Jawad, ex embajador afgano ante EEUU, que si su país tiene
registros de las víctimas civiles, contestó suspirando: “¿Sabe qué? En
Afganistán ni siquiera tenemos certificados de nacimiento. ¿Sabe que ni
siquiera tenemos una lista de los soldados y policías afganos, de los miembros
de las fuerzas de seguridad, que mueren?”. La mayor parte de los
estadounidenses apoyó decididamente la invasión de Afganistán en 2001, pero
hace mucho tiempo que rechaza de lleno un conflicto (en septiembre entró en su
treceavo año) que en muchos aspectos es la guerra más larga en la historia
estadounidense. Una razón importante del cambio en la opinión pública es la
lista de soldados, marineros, aviadores y marines muertos y heridos, que cada
vez crece con mayor rapidez. En los últimos tiempos, los políticos repiten de
memoria que la guerra le ha costado a EEUU más de 2.200 muertos, miles de
heridos y al menos 640.000 millones de dólares. Pero incluso entre los más
acérrimos políticos y expertos antibelicistas, pocos se toman la molestia de
mencionar el coste para los afganos. “No forma parte del discurso
estadounidense”, dice John Tirman, autor de The Deaths of Other: The Fate of Civilians in America’s
War [Las muertes de los otros: El sino de los civiles en las guerras de EEUU]. “No hay
políticos que se alcen en defensa de los civiles”.
A fin de corregir tan inaceptable omisión, The Nation ha
elaborado el presente informe. En este tema tan especial, nos centramos
fundamentalmente en quienes han muerto asesinados a manos de EEUU y sus
aliados. Y lo hacemos así porque creemos que a los estadounidenses, a nivel
colectivo, deberían pedírseles cuentas por la violencia perpetrada en su
nombre. Deberíamos exigir que nuestro ejército actúe con humanidad y con
determinación para evitar que se produzcan víctimas civiles.
Gran parte de esos muertos civiles –quizá la mayoría- han muerto a manos de los talibanes y sus aliados. Desde que los
insurgentes tomaron impulso en 2006, han mostrado una indiferencia absoluta por
los civiles, colocando decenas de miles de artefactos explosivos improvisados a
lo largo de las carreteras, haciendo estallar suicidas-bomba en medio de
mercados abarrotados y asesinando a innumerables cargos locales, líderes
tribales y otros civiles. Según iba evolucionando la guerra, las víctimas
civiles atribuibles a los insurgentes aumentaban desde una cifra relativamente
pequeña durante los años transcurridos antes de que la insurgencia se pusiera
realmente en marcha, a mediados de la década del 2000, hasta representar el 55%
de las muertes de civiles, según informe de 2008 de la Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés), aunque la
ONU dice ahora que suponen aproximadamente el 80% de todos los civiles asesinados.
Como veremos, es incluso difícil hacer cálculos aproximados de las víctimas civiles.
Pero es un hecho irrefutable que muchos de los asesinados por las fuerzas
antigubernamentales estarían vivos casi con certeza si EEUU no hubiera invadido
Afganistán. Y las víctimas de las fuerzas estadounidenses y de otros países se
cifran en muchos miles. EEUU no ha tenido nunca interés alguno en rastrear y
contar los muertos afganos, ya fueran civiles o combatientes. Haciéndose eco de
las desacreditadas métricas de la era de la guerra de Vietnam, el General Tommy
Franks, que dirigió en 2001 la invasión estadounidense y sirvió como comandante
del Mando Central (CENTCOM) desde el año 2000 a 2003, fue incluso más directo
aún: “Ya sabe que nosotros no contamos los muertos”, dijo.
En 2008, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, por sus
siglas en inglés), la coalición dirigida por EEUU en Afganistán, empezó de mala
gana a hacer seguimiento de las víctimas civiles, estableciendo a tal fin la
Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles y otros mecanismos. Pero como
informamos a continuación, lamentablemente, este trabajo se hizo de manera muy
incompleta. Al mismo tiempo, los defensores de la aclamada doctrina de la
contrainsurgencia promovida por el General Stanley McChrystal y después, de
forma menos severa, por el General David Petraeus, junto con académicos como
Sarah Sewall de Harvard, instituyeron una nueva política que hacia hincapié en
la protección de los civiles. Pero, a pesar de los cambios políticos, los
civiles afganos continuaron siendo asesinados en grandes cantidades, una
situación que Tom Rieser, importante asesor del Senador Patrick Leahy,
reconoce. “¡No importa que el Pentágono diga que va a revisar sus tácticas o
sus procedimientos o lo que sea, la gente seguirá muriendo!, dice Rieser, cuyo
jefe ha sido durante décadas una voz importante en la defensa de los derechos humanos.
(Véase base de datos The Nation)
Contando a los muertos
Irak, que soportó una guerra de ocho años con Irán, seguida de la Guerra del Golfo,
de una docena de años de sanciones letales maquinadas por EEUU, la invasión
estadounidense de 2003 y una guerra civil, mantiene aún en funcionamiento un
sistema de hospitales, clínicas y morgues, y los investigadores pueden utilizar
datos demográficos bastante exactos que se basan en investigaciones realizadas
en una muestra de hogares. Uno de esos estudios, publicado en The Lancet
en 2006, estimaba, no sin controversia, que había habido un “exceso de más
de 600.000 muertes” como consecuencia de de la guerra y ocupación
estadounidense. Según Neta Crawford, politóloga de la Universidad de Boston que
ha escrito extensamente sobre los muertos civiles en Afganistán y que ha
intentado conseguir fondos para dirigir allí una encuesta en los hogares, no
hay un estudio paralelo para Afganistán.
Puede que sea la Fundación Asia, que dirige una investigación anual sobre el Pueblo
Afgano, la que más se haya acercado a recoger la cifra de víctimas de la
guerra. La investigación, basada en más de 6.300 entrevistas con adultos
afganos en las 34 provincias de Afganistán, informa que más de la quinta parte
de la población (un 22%) –más de seis millones de personas- sufrieron
personalmente en 2011 algún tipo de crimen o violencia en sus hogares. De
ellos, el 8% (alrededor de 500.000 personas) informan haber sufrido violencia a
manos de las “fuerzas extranjeras”, i.e., la ISAF. Y
esas cifras son sólo la instantánea de un año. Multiplíquenlas por doce años de
guerra y se pondrá de manifiesto que millones de afganos han sufrido muerte,
heridas y daños en sus hogares o formas de sustento por parte de las fuerzas de
EEUU y la ISAF.
La ONU, que empezó a hacer un seguimiento sistemático de víctimas civiles en 2008,
más o menos al mismo tiempo que el ejército estadounidense y la ISAF,
posiblemente hizo un trabajo algo mejor que estos últimos, pero ex funcionarios
de la Organización entrevistados por The Nation, dicen que la ONU, con
entrenados investigadores y muchas oficinas repartidas por todo el país, sólo
recogió una porción de los que murieron asesinados. Un puñado de mal
financiadas ONG locales, entre ellas la Comisión Independiente de los Derechos
Humanos de Afganistán y la Oficina de Seguridad de las ONG afganas, han estado
siguiendo el conflicto, pero no han conseguido realizar recuentos fiables. Y el
gobierno afgano no ha podido hacer un seguimiento de los costes humanos de la guerra.
ONG de fuera de Afganistán, incluyendo Human Rights Watch, el Center for Civilians in
Conflict y las Open Society Foundations, han hecho valiosos esfuerzos para
rastrear y documentar los abusos, las violaciones de los derechos humanos, los
crímenes de guerra y los incidentes más graves que ocasionaron un número masivo
de víctimas, pero ninguna ha mantenido una base de datos de muertos civiles o
combatientes (el Bureau of Investigative Journalism, con sede en el Reino
Unido, ha recopilado amplios datos sobre las víctimas civiles en el mundo
provocadas por los ataques con aviones no tripulados, pero no la cifra total de
víctimas civiles de la Guerra Afgana). Durante algún tiempo, el Profesor Marc Herold, de
la Universidad de New Hampshire, rastreó tenazmente los incidentes en los que
se produjeron víctimas civiles afganas, pero incluyó en sus datos lo que la
mayoría de los analistas dicen que son informes exagerados o ficticios de los
medios pakistaníes, a menudo protalibanes. Hasta ahora, quizá el mejor recuento
de víctimas forme parte del informe sobre los “Costs of War” [los costes de la
guerra] elaborado por el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad
de Brown, bajo la dirección de Catherine Lutz y Neta Crawford. El documento de
Crawford “Civilian Death and Injury in Afghanistan, 2001-2011”, actualizado en
febrero de 2013, estima que ha habido 19.000 civiles asesinados por todos los
bandos, y aporta también un valioso compendio de estimaciones de combatientes
muertos. Sin embargo, las estimaciones de Crawford de víctimas civiles dependen
fuertemente de los informes de UNAMA, que rebajan notablemente la cifra total
de muertos.
Una parte fundamental del proyecto de The Nation sobre las
víctimas civiles en Afganistán ha consistido en recopilar una exhaustiva base
de datos interactiva exclusivamente de incidentes con víctimas civiles desde
el principio de la guerra en 2001 hasta finales de 2012. Incluye información
recogida de relatos de medios fiables –en medios como The New York Times, The Guardiany la
CNN– de 458 incidentes separados, en los que se vieron implicados entre 2.848 y 6.481 afganos que murieron como
consecuencia de acciones relacionadas con la guerra perpetradas por EEUU, sus
aliados y las fuerzas gubernamentales locales. Incluye atrocidades graves,
incluidas las matanzas deliberadas de civiles por parte de las fuerzas de la
coalición, tales como el asesinato gratuito de al menos dieciséis personas a
manos del sargento del ejército de EEUU Robert Bales en marzo de 2012; ataques
aéreos que masacraron a docenas de civiles afganos que celebraban una boda,
viajaban en un convoy o sencillamente dormían; y la cifra de asesinados en
pequeños grupos o individualmente en los controles militares, en tiroteos y
durante los asaltos nocturnos.
Para el recuento de los muertos civiles afganos, es útil dividir la guerra en tres
fases: la campaña inicial, que implicó un número pequeño de tropas
estadounidenses, de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la CIA sobre el
terreno, apoyadas por una implacable campaña de ataques aéreos a lo largo de
2001 y 2002; el período de 2003 a 2007, cuando la insurgencia dirigida por los
talibanes empezó lentamente a ganar terreno; y el período de 2008 a 2013,
considerado como el de los combates más intensos entre la coalición EEUU/ISAF y
una insurgencia madura y con gran capacidad de resiliencia.
2001-2002: Durante los primeros meses de la guerra no se llevó a
cabo cómputo alguno de los muertos. Los talibanes habían huido y prácticamente
no había gobierno en Kabul. EEUU casi no tenía fuerzas sobre el terreno y, en
cualquier caso, no prestaba atención a las víctimas civiles. La ONU y las ONG
estaban confinadas a la capital. Sin embargo, hubo muchos muertos, sobre todo
como consecuencia de los ataques aéreos estadounidenses. La base de datos de The Nation, basada en
los informes de los medios recopilados en situaciones extremadamente
arriesgadas, recoge 136 incidentes durante los primeros cinco meses de
conflicto, que causaron entre 1.200 y 3.155 muertos de guerra.
Otros investigadores, adoptando una metodología más cauta, llegaron a cifras algo más
bajas. En junio de 2002, The Angeles Times publicó los resultados de una investigación intensiva de
las víctimas civiles causadas por los ataques aéreos entre octubre de 2001 y
febrero de 2002. Sus periodistas visitaron 25 pueblos afganos, aunque la mayor
parte de sus análisis se basaron en informaciones de los medios. Después de
revisar más de 2.000 de esas informaciones, el periódico estimó que durante ese
período habían perecido entre 1.067 y 1.202 civiles. Otro estudio recopilado
por Carl Conetta, del Project on Defense Alternatives, un grupo liberal con
sede en Washington, también dependía de las informaciones de los medios. El
estudio concluía que al menos 1.000 civiles –y muy posiblemente hasta 1.300-
murieron asesinados entre octubre de 2001 y enero de 2002.
Pero quizá fue William Arkin, un veterano analista militar y especialista en los daños
causados por las bombas que visitó Afganistán en 2002 con un equipo de Human
Rights Watch, quien dirigió la investigación más práctica. Aunque Arkin había
trabajado a menudo estrechamente con el ejército de EEUU, en Afganistán contó
con muy poca cooperación del CENTCOM o de la Fuerza Aérea, según le contó a The Nation.
Peor aún, dijo: “No había ningún socio afgano con quien trabajar, ni
organizaciones humanitarias, ni gobierno alguno al que le importara un bledo o
llevara a cabo algún tipo de registro. Por tanto, no había registros. ¡No había
registros ni siquiera a nivel local! Era realmente increíble”.
Tras identificar cientos de lugares que fueron objeto de los ataques aéreos de EEUU
y visitarlos, Arkin dice que era imposible distinguir los daños recientes de
los antiguos. “No es una guerra de precisión sobre un paisaje prístino”, dice.
“Es caos sobre caos”. Creía que no habían muerto más de 1.500 civiles durante
los primeros cinco meses de la guerra, pero añadía: “Como no había control
militar alguno en aquel momento; y como la comunidad de la inteligencia no
tenía responsabilidad alguna para informar sobre la cuestión; y como no
existían registros ni seguimientos locales por parte del gobierno, a ver quién
es el valiente que se atreve a decir cuánta gente murió. No podemos”.
2003-2007: No encontramos pruebas de que alguien intentara contar
los muertos durante esos años. Según la recopilación de The Nation, entre 617 y
1.012 civiles murieron en ochenta incidentes en que estuvieron implicados el
ejército estadounidense y las fuerzas de la coalición a lo largo de ese período
de cinco años, aunque la cifra real es probablemente mucho más alta, dada la
escasa atención prestada por todas las partes.
Inmediatamente después de la caída del gobierno talibán, EEUU y la ONU se centraron casi
exclusivamente en la denominada “construcción de la nación”, mientras la
insurgencia echaba raíces ante sus propias narices. Esta fue la época de la llamada
“huella ligera”, cuando la administración de George W. Bush estaba obsesionada
con Irak. En el país sólo había 8.000 soldados de combate estadounidenses y un
contingente de fuerzas internacionales de la mitad de ese tamaño; las fuerzas
terrestres de EEUU estaban mayoritariamente confinadas en Kabul y unas cuantas
bases militares grandes. (No fue hasta octubre de 2003 que el Consejo de
Seguridad de la ONU autorizó la expansión de la misión de la ISAF más allá de Kabul.)
“Cuando la insurgencia empezó a levantar cabeza, el modo que encontraron para luchar
contra ella fue con un sinfín de ataques aéreos”, dice Sarah Holewinski, del
Centro para Civiles en Conflicto [véase el artículo de Holewinski sobre la cuestión para tener más información sobre dicho
Centro]. “Lanzaban bombas con un peso de unos mil kilos en vez de las de 250
kilos. Los civiles sobre el terreno no eran una prioridad para ellos, por tanto
muchos civiles murieron asesinados”.
En su informe de 2008: “Troops in Contact’: Airstrikes and Civilian Casualties in
Afghanistan”, Human Right Watch señalaba: “La combinación de escasas
fuerzas sobre el terreno y abrumador potencial aéreo se ha convertido en la
doctrina dominante de la guerra de EEUU en Afganistán. La consecuencia: grandes
cifras de víctimas civiles, polémicas acerca del continuado uso del poder aéreo
en Afganistán e intensas críticas a las fuerzas de EEUU y la OTAN por parte de
los dirigentes políticos afganos y de la gente de a pie”. Human Rights Watch
estimó que las víctimas civiles de los ataques aéreos de la coalición
aumentaron de 116 personas asesinadas en trece bombardeos en 2006, a 321
víctimas en los veintidós bombardeos de 2007.
Según Andre-Michel Essoungou, portavoz del Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la ONU: “UNAMA empezó a controlar las víctimas
civiles de forma regular a finales de 2007. En 2008 empezó a sistematizar la
recogida y análisis de datos cuando publicó su primer informe sobre “Protección
de Civiles en los Conflictos Armados”. “Ninguna organización tiene datos
exactos o fiables sobre víctimas civiles de 2001 a 2006, y no hemos visto
estimaciones que podamos considerar fiables”. Los informes de las Naciones Unidas
durante estos años fueron en su mayoría esporádicos y especulativos, y tanto la
ONU como los medios de comunicación se centraron en los incidentes de perfil
alto con víctimas masivas. En 2006, un informe del alto comisionado de los
derechos humanos señalaba que “en 2005 hubo aproximadamente 1.500 civiles
asesinados, la cifra mayor de víctimas civiles en los años transcurridos desde
la caída de los talibanes en 2001”. Pero debería destacarse ese
“aproximadamente”. En un primer intento de contar sistemáticamente los civiles
muertos en 2007, la ONU informó de 1.523 asesinados. En su estudio, Neta
Crawford concluye que, como sumo, entre 2002 y 2007, hubo 4.065 víctimas
civiles como consecuencia de los combates, pero reconoce que “de 2002 a 2005,
hubo muy escasos recuentos por parte de fuentes independientes acerca de la
cifra de civiles asesinados en el conflicto”.
2008-2013: En junio de 2008, en Afganistán había 48.250 soldados
estadounidenses. Año y medio después, tras dos escaladas de la guerra ordenadas
por el Presidente Obama, el número de soldados de EEUU superaba los 100.000. La
insurgencia, incluidos los talibanes, el grupo Haqqni y Hezb-i Islami de
Gulbuddin Hekmatyar, estaba en plena expansión y la guerra estaba en su momento
más álgido.
Pero, en 2008, la ONU y el ISAF crearon mecanismos formales de recuento de los
civiles muertos, que fueron un fracaso a causa de fallos importantes que
conllevaron sin duda recuentos a la baja. La base de datos de The Nation, que depende
sobre todo de los informes de los medios occidentales y por tanto rebaja
también los muertos, refleja 234 incidentes, que provocaron entre 972 y 2.229
muertos asesinados entre 2008 y finales de 2012.
Según los informes anuales de UNAMA, la cifra de civiles afganos que murieron a causa
de la violencia relacionada con la guerra, infligida por todas las partes, se
incrementó velozmente: de 2.118 en 2008, a 2.412 en 2009; a 2.777 en 2010; y a
3.012 en 2011, antes de caer a 2.754 en 2012; con otras 1.319 muertes en los
primeros meses de 2013. De esas muertes, la proporción de los asesinados por
los insurgentes también se incrementó, del 55% en 2008, al 79% en 2012. En
total, UNAMA concluía, 2.736 de los asesinados entre enero de 2008 y junio de
2013 murieron a manos de la coalición EEUU/ISAF y fuerzas de seguridad afgana.
¿Tiene el ejército estadounidense cifras más exactas? Probablemente no. Tanto el ISAF
como el mando estadounidense mantienen registros de incidentes violentos como
parte de un sistema denominado Combined Information Data Network Exchange (CIDNE),
que contiene más de cien clases diferentes de informes que hacen
seguimiento de los datos del campo de batalla. CIDNE es un archivo reservado y The Nation
no obtuvo autorización para poder acceder siquiera a una versión
“desinfectada”. Pero los investigadores que han visto los datos reservados
sugieren que ahí no están las cifras, especialmente antes de 2008. Le
preguntamos a Larry Lewis, que en 2010 coescribió un Estudio Conjunto de
Víctimas Civiles para el ejército, que sigue siendo reservado, denominado
“Reduciendo y mitigando las víctimas civiles”, si había cifras fiables para los
primeros años de la guerra. “Que yo haya encontrado, no”, dice, “y créame que
busqué”. Una fuente, que fue parte de la Célula para el Seguimiento de Víctimas
Civiles establecida por el ejército en 2008, dice que había una sala
ultrasecreta que contenía datos muy reservados en la sede del mando del ISAF,
añadiendo: “La ISAF mantiene un registro de víctimas civiles. Pero era
reservado, desde luego. En realidad, tenían la ‘Sala de los Cinco Ojos’ donde
muy poca gente podía entrar. Se llamaba de los Cinco Ojos por los cinco países
a cuyos altos mandos se les permitía entrar: EEUU, Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda”.
Ninguna de las fuentes entrevistadas por The Nation confirmó que
la ISAF o el ejército de EEUU tuvieran cifras exactas de los civiles
asesinados, ni siquiera después de 2008. Lewis dice que una gran parte de los
datos que el ejército tiene son dudosos, porque han sido recogidos de forma errática.
“Hay algunos comandantes que, cada vez que se sospecha que hay una víctima
civil, harán una investigación para tratar de llegar hasta el fondo”, dice.
“Otros lo harán sólo si piensan que pudo haber una negligencia o un acto
realmente criminal. Por tanto, hay muchos criterios diferentes”.
Sarah Sewall, que escribió la introducción al Manual de Campo de la Contrainsurgencia
del Cuerpo de Marines/Ejército de EEUU que se elaboró en 2006 bajo la dirección
del General Petraeus, fue quien escribió con Lewis el Estudio Conjunto de
Víctimas Civiles. A pesar de la carencia de datos exactos y completos, dice, el
informe “se basaba en una serie de anécdotas que estudiamos en detalle, para
ver cómo podíamos corregirlas” ante la ausencia de datos subyacentes de los que
extraer conclusiones sobre tendencias y hacer recomendaciones políticas al
ejército de EEUU. The Nation consiguió una versión casi completa de ese estudio.
Los imperfectos recuentos de las Naciones Unidas
El equipo de la ONU para los derechos humanos y protección de civiles en
Afganistán ha hecho un trabajo muy importante. Casi contra todos los
pronósticos, estableció por toda la nación una red de oficinas y de personal
entrenado para que rastrearan las víctimas civiles, investigaran incidentes,
prepararan informes y presionaran a la coalición de EEUU/ISAF, al gobierno de
Afganistán y a los talibanes para que redujeran las muertes de civiles. Desde
2011, ha publicado informes voluminosos sobre las víctimas de la guerra y,
desde 2008, UNAMA ha publicado datos anuales o semestrales sobre las víctimas civiles.
Sin embargo, en una serie de entrevistas de amplio alcance, los funcionarios
actuales y anteriores de UNAMA le dijeron a The Nation que el trabajo por los derechos humanos de la ONU se ha visto frustrado por
las presiones políticas de altos funcionarios para que minimizaran los temas
que pudieran socavar la misión de EEUU/ISAF; por los abiertos enfrentamientos
con los comandantes militares sobre si los muertos civiles debían ser contados
como civiles o combatientes; y por las graves condiciones en que esas
investigaciones se han visto dificultadas por cuestiones de seguridad. Un ex
funcionario de UNAMA que habló con The Nation dice que a
pesar de los enormes problemas para recoger datos y pruebas, los totales de la
ONU son bastante completos. “Estimo que hemos perdido el 10% de lo que estaba
sucediendo fuera”, dice. Pero otro ex funcionario, que pasó años trabajando con
el grupo de derechos humanos de UNAMA, dijo claramente: “Sólo hemos informado
de la punta del iceberg”.
Sobre todo en los primeros años de la guerra, el esfuerzo de la ONU fue muy limitado.
Nazia Hussein, de las Open Society Foundations [Fundaciones por una Sociedad
Abierta], pasó gran parte del período entre 2002-2007 en Afganistán, incluyendo
el período de 2005-2007 con la UNAMA en Kandahar, Jalalabad y Kabul. Durante
esa época, nos relata, las condiciones de la seguridad se agravaron mucho,
haciendo que fuera muy difícil llegar hasta el terreno. “En aquella época,
reinaba todo el tiempo una gran confusión y caos y las víctimas civiles eran
cada vez más frecuentes”. Añade: “Muchas de las muertes se han atribuido a
ataques de la OTAN y de los señores de la guerra, pero si doblas o triplicas la
cifra, probablemente obtendrás una número realista, y aún así, es muy probable
que la cifra real sea más elevada”.
El equipo de los derechos humanos de UNAMA se amplió junto con la guerra. “Tenemos
setenta personas situadas por todo el país en nueve oficinas regionales y en
dieciséis subregionales”, dijo un ex funcionario de la ONU en 2012. Sin
embargo, la UNAMA se veía a menudo desbordada. El funcionario estimaba que en
algunas provincias se estaban produciendo más de 200 incidentes violentos por mes.
Y los funcionarios de la ONU son los primeros en reconocer que no llegaron a
conocerlos todos. A menudo resulta difícil o imposible visitar el lugar del
incidente. Con frecuencia, UNAMA tuvo que entrevistar a víctimas y
supervivientes por teléfono, o a gente que tenía que viajar a la capital desde
un pueblo remoto para visitar su oficina. En ocasiones, las víctimas de la
violencia no querían ni podían compartir lo que les había sucedido. Y algunas
veces exageraban las cifras por razones pecuniarias, especialmente si pensaban
que les podían ofrecer indemnizaciones [para conocer más detalles sobre esos
pagos, véase Turse: “Blood Money: Afghanistan’s Reparations Files”, en TheNation.com
Una ex funcionaria de la ONU que pasó muchos años en Afganistán a partir de la década
de los últimos noventa, explica cómo la organización cambió sus planteamientos.
“Después del 11/S y del Acuerdo de Bonn [diciembre 2001], EEUU y la ONU
empezaron a replantearse, adoptando una línea totalmente diferente sobre los
derechos humanos y el impacto de la guerra en los civiles”, dijo a The Nation.
“Básicamente, la ONU permaneció silenciosa. Durante el régimen de los
talibanes, la ONU estuvo todo el tiempo hablando de cosas que tenían que ver
con la naturaleza de los derechos humanos. Y muy rápidamente, en 2001-2002, la
ONU emitió un mensaje muy fuerte de que ya no iba a seguir por esa línea más”.
Al preguntarle de dónde procedían las presiones, dice: “Creo que, para la agenda
de Washington, la ONU se estaba convirtiendo en una cuestión muy sensible”.
Para estropear aún más las cosas, muchos aliados tradicionales de los grupos
por los derechos humanos y de la unidad de protección de los civiles de la ONU,
como los canadienses, los noruegos y los holandeses, pasaron a formar parte de
la coalición militar dirigida por EEUU. Para los miembros de la coalición, la
tarea de la ONU consistía en forjar un nuevo gobierno afgano, no en andar
metiéndose en cuestiones de derechos humanos. “Se nos dijo que la paz estaba al
alcance de la mano y que por eso teníamos que dedicarnos a consolidar la paz”,
dice la ex funcionaria de la ONU.
Según los combates iban haciéndose más intensos y la ONU reforzaba su sistema para
contar los muertos civiles, la politización del cómputo por parte de la ISAF se
intensificó también. Kai Eide, que sirvió como representante especial de la ONU
en Afganistán desde marzo de 2008 a marzo de 2010, recordaba que los
funcionarios estadounidenses acusaban a la ONU de estar ayudando a la
insurgencia al atraer la atención sobre los errores de la coalición. “La ONU
tenía un firme mandato respecto a los derechos humanos”, dijo a The Nation,
“y las víctimas civiles se habían ido convirtiendo cada vez más en un
problema”. Un ex funcionario de la ONU que pasó años en Afganistán se hizo eco
de esa situación señalando: “Están mucho más politizados, por eso cada vez hay
más y más presiones sobre UNAMA para que controle y vuelva a controlar los
incidentes en los que se alegó que habían muerto personas a causa de las
acciones de las fuerzas progubernamentales, lo que incluye tanto a las fuerzas
internacionales como a las fuerzas afganas. Y una vez más, eso tendría un
impacto en los cómputos”.
Eide relató una reunión de principios de 2008 con Victoria Nuland, después
embajadora de EEUU ante la OTAN, en la cual se le advirtió para que no revelara
cifras de víctimas civiles. Frente al equipo de Eide, así como de otros
funcionarios civiles y militares de EEUU, Nuland sentó las reglas: “‘Espero que
no haya sorpresas’, dijo con dureza”, es como Eide la recuerda. “Estuve oyendo
cosas acerca de muchas de esas reuniones entre nuestra gente que se ocupaba de
los derechos humanos y los funcionarios militares de bajo nivel en nuestras
oficinas locales de la ISAF. Creo que fue un esfuerzo bastante constante
durante un tiempo”, dijo a The Nation. En su memoria de 2011, Power Struggle Over Afghanistan,
Eide señala que “la ONU no podía quedarse callada cuando
se estaban perpetrando graves errores que causaban víctimas civiles. Nuestro
mandato de derechos humanos era claro y no teníamos intención de barrer
nuestras preocupaciones bajo la alfombra”.
Sin embargo, las presiones eran intensas en los estratos inferiores de la cadena de
mando y en las entrevistas con The Nation, el equipo de la ONU relataba
todo lo que se había visto obligado a hacer para ajustarse a los intereses de
EEUU y sus aliados militares. A menudo, la ISAF afirmaba que las bajas que se
producían en un particular incidente eran combatientes y no civiles. O
recusaban las cifras. O insistían en que los trabajadores de la ONU habían
documentado que no había sucedido nada en absoluto. “Así pues, llegas a una
situación en la que tienes una acusación verosímil de que algo ha sucedido en
la provincia X. Vas a la OTAN, y ellos te dicen algo así como: ‘Bien, en
realidad eso no ha sucedido’”, dice un ex funcionario de la ONU, añadiendo que,
en esos casos, la ONU decidía de mala gana dejar el incidente fuera de su base de datos.
En efecto, el seguimiento de las víctimas se convirtió en una negociación política
que debía resolverse en un chalaneo de trastienda. “‘Tienes que hacer revisión
de conciencia: OK, quizá tengamos que quitar eso’”. El ex funcionario, que
recuerda “inacabables reuniones con los militares” para decidir si se incluían
o no datos, añade: “Y con cada nuevo informe, había una versión distinta que emanaba
de la OTAN y decían: ‘No estamos realmente de acuerdo en esto, en aquello,
tenemos otras cifras’”.
Uno de los mayores problemas entre UNAMA y la ISAF al intentar reconciliar los datos
era la implicación de las ultrasecretas Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE)
de EEUU en muchas de las muertes de civiles. En efecto, según el Estudio
Conjunto de Víctimas Civiles de Lewis y Sewall: “Entre 2007 y mediados de 2009,
las operaciones de las Fuerzas Especiales (incluyendo ataques aéreos dirigidos
por ellas) causaron alrededor de la mitad de las víctimas civiles provocadas
por EEUU”. Sin embargo, para la ONU, conseguir la cooperación de los
comandantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales era algo casi imposible.
“Con la ISAF, había alguna posibilidad. Pero con las Fuerzas Especiales, no
había manera de conseguir información alguna”, dice un ex funcionario de UNAMA.
“Insistían en que habían matado insurgentes. No era así en absoluto. Eran
campesinos, porque la población local nos lo había contado, pero no había forma
de que lo aceptaran”.
La situación era la misma dentro del ISAF. El teniente coronel Ewan Cameron, del
ejército británico, que sirvió veinte meses en Afganistán entre 2007 y 2009,
trabajó en el seguimiento y reducción de víctimas civiles. Pero aunque disponía
de una habilitación muy reservada, estaba totalmente en ayunas en cuanto a las
actividades de las FOE en su área de operaciones. “Si se nos informaba de
víctimas civiles como consecuencia de la sospechada acción de las FOE, no
podíamos corroborarlo porque no sabíamos qué actividades de esas Fuerzas se
habían producido”, dijo a The Nation. “Así era, cuando se nos
preguntaba algo sobre el tema, teníamos que salirnos por la tangente de forma educada”.
William Arkin se muestra de acuerdo: “Una vez que averiguabas que la CIA estaba
implicada, que las FOE también, entonces, olvídate. Jugaban con reglas
diferentes”. Arkin dice que visitó centros de operaciones aéreas muy secretas
donde incluso el mando militar no sabía nada de lo que estaban haciendo las
FOE. “No lo sabían, literalmente”, dice. “Como se lo estoy diciendo,literalmente, no sabían nada”.
El cómputo de víctimas de los militares
Cuando la ISAF estableció finalmente en 2008 una serie de mecanismos para hacer el
seguimiento de las víctimas civiles, se pudo superar un comienzo poco propicio.
“Tuve una bienvenida impactante”, dice uno de los oficiales de la ISAF
implicado en los primeros días de la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles
que se creó en 2008 con el objetivo de examinar los informes de incidentes con
víctimas civiles, guardándolos en una base de datos, analizándolos y elaborando
informes para el alto mando. “Cuatro días después de haber llegado, la persona
a la que se suponía debía informar fue sacada esposada de la oficina, acusada
de violar el Acta de Secretos Oficiales del Reino Unido por filtrar información
sobre víctimas civiles a Rachel Reid, de Human Rights Watch. Por desgracia, ese
incidente fijó el tono de lo que sería mi año en el puesto. ¡Se lo llevaban
esposado por hacer exactamente lo que debía hacer!
El oficial arrestado, un coronal del ejército británico llamado Owen McNally, no
había filtrado realmente ningún secreto vital. En realidad estaba intentando
cooperar con las ONG civiles, y al parecer le habló a Reid de algunas de las
directivas y directrices que el ejército de EEUU y la ISAF habían emitido para
minimizar las muertes de civiles. McNally sería finalmente exonerado en Gran
Bretaña pero no antes de que el episodio se volviera bastante sórdido. Según Reid
y otra mujer que hacía el recuento de víctimas para una ONG diferente, el
Ministerio de Defensa británico intentó manchar su reputación difundiendo
infundados rumores de que habían tenido una relación sexual con McNally.
“El Ministerio de Defensa británico se inventó la historia de que me había dado
información sobre las víctimas civiles y hubo un montón de prensa amarillista
alrededor tratando de explotar el morbo”, dice Reys. “Lo que me dio fue algo de
información respecto a un cambio en las directivas tácticas de la ISAF sobre la
utilización de una fuente de inteligencia para las acciones y asaltos del
ejército. El ejército se enfadó mucho porque se reconocía implícitamente que
habían estado lanzando ataques aéreos en función de la información aportada por
una sola fuente”. Las injuriosas historias aparecieron en varios periódicos
británicos, incluido The Sun, The Times y elDaily Mail. La Célula
para el Seguimiento de Víctimas Civiles no pudo superar nunca ese
problemático comienzo, aunque con el tiempo la ISAF y el mando estadounidense
se ganarían cierto respeto rencoroso de la ONU y las ONG –incluyendo Human
Rights Watch y el Center for Civilians in Conflict- respecto a los temas
relacionados con las bajas civiles. Sin embargo, la Célula para el Seguimiento
de las Víctimas Civiles y las unidades que la sucedieron nunca jugaron limpio
con la ONU y se resistieron a cooperar con los medios, incluida The Nation.
Como señalaba, en los primeros días, aparentemente, el ejército estadounidense y sus
socios de coalición ignoraron todos los aspectos relativos a las víctimas
civiles de la guerra. Una investigación llevada a cabo en sus archivos por el
personal de la ISAF no reveló ni un solo estudio o investigación de víctimas
civiles entre 2001 y 2008. Como John Bohannon, que investigaba la cuestión para
la revista Sciense, señalaba en 2011: “La organización en mejor posición
para recoger directamente las víctimas civiles es el mismo ejército con casi
150.000 observadores sobre el terreno presenciando la violencia diaria. Pero
parecía que el ejército no llevaba registro alguno de esas observaciones”.
No fue sino hasta 2005, según el manual para la Prevención de Víctimas Civiles en
Afganistán del ejército, cuando las víctimas civiles “se convirtieron en un
tema operativo clave en Afganistán”, y resulta que esos esfuerzos fueron un
fracaso. “A pesar de los esfuerzos para reducir los daños a los civiles
causados por las fuerzas de la coalición”, en el manual de 2012 se lee: “Las
primeras iniciativas en Afganistán no lograron mitigar el problema”. Sólo
después de una serie de ataques que provocaron víctimas masivas fue cuando el
ejército estadounidense empezó finalmente a restringir el uso de la fuerza.
En 2007, el General Dan McNeill emitió la directiva táctica inaugural de la ISAF.
Centrándose en una protección más eficaz a los civiles durante los “asaltos,
preasaltos o disparos preparatorios y en los disparos tierra-aire o
indirectos”, el documento llamaba a utilizar armas pequeñas cuando fuera
posible en vez de lanzar ataques aéreos, y a limitar los ataques a recintos a
las situaciones en las que las fuerzas de la coalición “estuvieran siendo
atacadas con fuego desde dichos recintos o hubiera una amenaza inminente que
procediera de allí, y cuando no hubiera otras opciones posibles para que el
comandante de la fuerza terrestre protegiera esa fuerza y cumpliera la misión”.
Sin embargo, según el Coronel John Agoglia, que dirigió el Centro de Entrenamiento
de Contrainsurgencia en Kabul desde 2008 a 2010, el mensaje no tuvo eco. Antes
de 2008, dijo a The Nation: “Había preocupación, pero esa preocupación no se estaba transmitiendo ni en la base,
ni sobre el terreno, ni en el centro de entrenamiento”. De forma parecida,
Larry Lewis, que llevó a cabo un estudio sobre directivas tácticas para el
Pentágono, dijo a The Nation que mientras la ISAF no reconociera los problemas de sus métodos, la respuesta ad
hoc tenía un efecto limitado. “Por tanto, que el mando estuviera reconociendo
esto ya esto en 2007 era perjudicial para la misión”, dice. “Pero intentaban
hacer algo así como ‘Hey, sabemos que está mal, por tanto es mejor que
fijemos algunas orientaciones y esperemos que eso ayude’. Pero no ayudó
realmente en nada”.
En septiembre de 2008, tras el bombardeo que mató a 82 civiles en el pueblo de
Azizabad, en la provincia de Herat (véase Dreyfuss, “Mass-Casualty
Attacks in the Afghan War”), el General David McKiernan emitió una nueva directiva táctica de la ISAF que sustituía el
documento de McNeill de 2007. La nueva regulación ponía en marcha directrices
más estrictas para los ataques aéreos, subrayando la necesidad de reducir las
víctimas civiles durante los procedimientos de “escalada de la fuerza”. Además,
“pedía que se reconocieran las víctimas civiles o los daños a las propiedades a
todos los niveles, desde el nivel comunitario al nivel nacional” y creaba un
mecanismo para documentar los incidentes con víctimas civiles y calcular los
daños causados por las bombas.
Tres meses después, McKiernan emitió una visión levemente revisada que incluía un
lenguaje más restrictivo respecto a los ataques aéreos. El ataque de Azizabad
también provocó que el CENTCOM emitiera una directiva táctica para acelerar la
investigación e información de los incidentes con víctimas civiles.
En mayo de 2009, otro devastador ataque aéreo, esta vez en la provincia de Farah,
mató hasta a 140 civiles, según una investigación del gobierno afano. A
continuación, el CENTCOM encargó un estudio para “analizar los incidentes que
hacían que la coalición causara víctimas civiles”, según un informe
anteriormente secreto obtenido por The Nation a
través del Acta de Libertad de la Información. Se averiguó que la directiva de
la ISAF de 2008 “podría haber mitigado el impacto del incidente de Farah”, pero
estaba claro que no se había seguido. Los hallazgos cuestionaban también “hasta
qué punto esa directiva táctica se había institucionalizado” y se averiguó que
las normas de combate no se habían actualizado ni sincronizado.
El estudio centró gran parte de su atención en “combatir la guerra de la
información”. El material informativo indica que aunque el Comité Internacional
de la Cruz Roja y Al Jazeera tardaron menos de 24 horas en
llegar al escenario del ataque de Farah, los primeros representantes de la
coalición tardaron tres días en llegar y fueron necesarios dieciséis días para
que el ISAF emitiera un comunicado. “Como resultado”, se lee en el informe
secreto, “fue el gobierno de Afganistán, los intereses de las comunidades
locales y posiblemente los talibanes quienes reflejaron las primeras
impresiones en los medios. La ISAF, concluía el estudio, había cedido “la
narrativa a aquellos cuyos intereses no se alineaban” con los suyos. Según un sumario
final, el informe secreto pedía a la ISAF que “se implicara en la batalla por
la narrativa” para minimizar las consecuencias en las relaciones públicas.
El General McChrystal emitió otra directiva táctica en julio de 2009, y en 2019,
la ISAF emitió directivas que interrumpían la práctica de lanzar disparos de
advertencia, limitando los asaltos nocturnos y advirtiendo para que el
comportamiento fuera más respetuoso. Mientras que con anterioridad las normas
se centraban en el problema que teníamos, que era arrojar bombas sobre recintos
residenciales, ahora se centraban en “cualquier zona donde pudiera haber un
civil”, dijo el entonces Coronel Rich Gross, el principal asesor jurídico de
McChrystal (ahora convertido en general). Al mismo tiempo, EEUU estaba a punto
de perder otra batalla en el control de las narrativas: El soldado raso Bradley
(ahora Chelsea) Manning estaba a punto de poner en solfa el estribillo tanto
tiempo mantenido por el ejército de “nosotros no contamos los muertos”.
En julio de 2010, documentos militares publicados por WikiLeaks demostraron que el
ejército estadounidense mantenía en secreto una serie de archivos relativos a
4.024 muertos civiles afganos a causa de la guerra entre enero de 2004 y
diciembre de 2009 (también conocido como los registros de la Guerra Afgana).
Por primera vez, la gente estaba al tanto de informes militares internos
secretos –inteligencia no procesada de las tropas sobre el terreno- que
detallaban la carnicería que había tenido lugar por todo Afganistán.
Aunque sugerentes, los documentos sólo incluían casos de informes sin procesar de
operaciones militares. Larry Lewis dijo que su investigación sobre incidentes
con víctimas civiles de 2001 a 2008 se encontró con que los datos eran muy
incompletos. “Realmente, allí no hay nada de interés”, dijo a The Nation.
“He tratado de sumar algunas cifras que llegan a 2007, pero tengo que
decir… que están equivocadas. Son definitivamente incompletas, porque lo único
que pude hacer fue acudir a las investigaciones del ejército estadounidense que
se iniciaron a causa de incidentes con víctimas civiles y utilizar eso como
fuente. Pero estoy seguro que ha habido otros incidentes que nunca se investigaron”.
De forma separada, la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles estaba ahora
anotando datos sobre no combatientes asesinados y heridos por las fuerzas de la
coalición a partir de los informes enviados por las unidades sobre el terreno
al Mando Conjunto de la ISAF. Pero también esos datos eran “inconsistentes en
el tipo y calidad”, según el Estudio Conjunto sobre Víctimas Civiles de Lewis y
Sewall. De hecho, en febrero de 2010, el comandante de la ISAF “estaba aún
preguntando abiertamente, sin recibir respuesta alguna, si los incidentes con
víctimas civiles (CIVCAS, por sus siglas en inglés) causados por EEUU estaban
correlacionados con unidades particulares y/o durante cuánto tiempo”.
En 2009, la ISAF creó otro órgano de investigación, el Equipo Conjunto de
Valoración de Incidentes (JIAT, por sus siglas en inglés), que se despliega en
los lugares donde se ha informado que se han producido incidentes con víctimas
civiles para llevar a cabo una investigación separada en paralelo a las
investigaciones estándar de la ISAF. “Se pone en marcha un JIAT para determinar
rápidamente los hechos cuando tenemos una acusación de que se ha producido un
suceso grave, como es el caso de que ha habido víctimas civiles”, según explicó
a The Nation el Comodoro Michale Wigston, de la Real Fuerza Aérea británica, ex director
de operaciones aéreas para el Mando Conjunto de la ISAF. El JIAT, compuesto
sobre todo de personal de la ISAF junto a dos “socios afganos”, recopila
después “una narrativa de los hechos… basada en las entrevistas con la gente
que se ha visto implicada en el supuesto incidente”. Sin embargo, es sólo un
grupo de determinación de hechos y tiene como objetivo específico “cualquier
cuestión que pueda integrarse en el ámbito de una investigación formal”. Al
igual que otros equipos de investigación de la ISAF, los informes del JIAT no
incorporan a expertos independientes, no están supervisados desde fuera y no
tienen carácter público.
En 2011, la ISAF creó el Equipo para Reducir las Víctimas Civiles, con un mandato
que proporcionaba a los líderes de la ISAF “valoraciones estratégicas y recomendaciones
para impedir y reducir todos y cada uno de los sucesos con víctimas civiles”.
Con un comunicado de misión que afirmaba que el mando “hará todo lo posible
para evitar, y si es necesario valorar y mitigar todos y cada uno de los
sucesos en los que haya víctimas civiles”, la ISAF construyó lo que se llama
“comunidad CIVCAS”, que incluía la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles,
el Equipo de Mitigación de Víctimas Civiles, el Grupo de Trabajo de Mitigación
CIVCAS (que mantiene reuniones mensuales con los dirigentes afganos para
discutir cuestiones importantes) y el Grupo de Trabajo de las ONG CIVCAS (que
hace lo mismo con las ONG). También se refinaron y sistematizaron los métodos
de investigación. Mientras se desarrollaba y ampliaba, la comunidad CIVCAS
actuó en gran medida a puerta cerrada hasta que –tras las revelaciones de
WikiLeaks-, la ISAF abrió excepcionalmente sus operaciones de rastreo de
víctimas civiles a John Bohannon, de Science. “Se mostraron comunicativos”,
dijo Bohannon a The Nation. “Siempre decían: ‘Mire esto, mire aquello’, pero siempre intentando reducir
el número de víctimas”.
Tras un período de negociación, a Bohannon le permitieron que accediera a los datos,
por lo que en 2011 publicó un artículo en Science y también online con parte de las cifras de la ISAF. “Nuestra base de
datos es cien por cien transparente”, decía el contralmirante de Marina Gregory
Smith, director de comunicaciones de la OTAN en Kabul en esa época. Pero la
ISAF publicaba datos sobre víctimas civiles sólo por regiones y meses, no sobre
sucesos específicos. “Les estuve presionando hasta donde pude”, dice Bohannon.
“Lo que me ofrecían al principio era incluso menos detallado y amplio”.
Justo antes de su publicación, nerviosos militares de alto rango le pidieron a
Bohannon que aplazara la historia, dijo a The Nation, pero su artículo se publicó sin demora y, según escuchó más tarde, fue bien
recibido en los círculos militares. Sin embargo, un año después, la ISAF
cortaría su acceso a la comunidad CIVCAS y a sus datos, a la vez que
proporcionaba respuestas menos que satisfactorias acerca de ese cambio de
política. “De nuevo estamos en el castillo de Kafka”, dice Bohannon. “No
conseguíamos ni respuestas razonables ni coherentes”.
Cuando The Nation solicitó poder ir empotrado con las fuerzas de la ISAF para poder ser
testigos del sistema de seguimiento del ejército en acción, se nos rechazó
repetidamente. A pesar del hecho de que a Bohannon se le había dado acceso unos
meses antes, a The Nation se le dijo
que como el Equipo de Mitigación de Víctimas Civiles y la Célula de Seguimiento
de Víctimas Civiles trabajaban dentro de una “instalación de seguridad”, estaba
prohibido que entrara gente de a pie. El comandante del Equipo Conjunto de
Valoración de Incidentes dio una respuesta similar a otra petición de
empotramiento. Un portavoz de la ISAF le dijo a The Nation que “rechazaba llevar a alguien empotrado en las investigaciones porque
parte de la información era reservada”.
Los datos oficiales indican que los tan aclamados esfuerzos de la ISAF para evitar
víctimas civiles han tenido, en el mejor de los casos, resultados limitados.
Los informes internos que la ISAF accidentalmente le entregó a The Nation
indican que durante las tres primeras cuartas partes de 2011, las fuerzas
de la ISAF fueron responsables de la muerte o heridas de 434 civiles, de hasta
414 durante los primeras tres cuartas partes de 2010; mientras que las muertes
atribuidas a las fuerzas de la coalición reflejaban una cifra algo menor, de
175 a 166. No se sabe bien si se trataba de un artefacto con mejores
procedimientos de vigilancia y seguimiento o de un fracaso de las políticas de
la ISAF, y sigue sin poder saberse debido al velo de secretismo de la ISAF.
Diversas investigaciones, incluyendo el informe de Bohannon en Science
y del proyecto “Costs of War” de Neta Crawford, han indicado que en la base
de datos del ejército estadounidense se echan de menos incluso los incidentes
con víctimas masivas, como la masacre de septiembre de 2009 en el distrito de
Ali Abad de la provincia de Kunduz, que dejó casi 100 muertos, en su mayoría
civiles, que se habían congregado alrededor de un camión cisterna averiado para
recoger fuel. En su informe, Crawford dice: “Las fuerzas de la OTAN finalmente
reconocieron que la mayoría de los muertos eran civiles, y Alemania pagó
indemnizaciones a las familias de los 91 civiles asesinados y a las de los once
heridos. Sin embargo, la base de datos CIVCAS del ISAF no recoge muerte alguna
debido al apoyo aéreo cercano de septiembre de 2009 en el norte de Afganistán.
¿Cómo pudo el ejército hacer desaparecer decenas de muertos y no incluirlas en
su propia base de datos, incluso en un caso tan publicitado como el de Kunduz?
No cabe duda de que alguien de la burocracia militar no está dispuesto a
admitir que la gente masacrada eran civiles. Lo que plantea la pregunta
siguiente: ¿Qué utilidad tiene la base de datos de la Célula de Seguimiento de
Víctimas Civiles?
¿Se ha aprendido alguna lección?
Por supuesto que la mejor forma de evitar las víctimas civiles en la guerra es
evitar la guerra. Aparte de eso, quizá todo lo que puede esperarse es que el
Departamento de Defensa y el mando militar aprendan las lecciones adecuadas de
la guerra en Afganistán. Sin embargo, hay pocos indicios de que esas lecciones
se estén institucionalizando. Y puede que algunos hayan aprendido las lecciones
equivocadas, como la ilusión de que el uso extendido de ataques de “precisión”
con misiles lanzados desde aviones no tripulados puede reducir las víctimas civiles.
Esto ignora el incalculable número de inocentes asesinados en esos ataques (el
Buró de Periodismo de Investigación estima que han muerto hasta unos mil sólo
en Pakistán, Yemen y Somalia), lo que ha creado una nueva generación de
combatientes antiestadounidenses en búsqueda de venganza por los seres queridos
y camaradas masacrados.
Sarah Holewinski, directora ejecutiva del Centro para Civiles en Conflicto, ha pasado
años entrenando a los oficiales del ejército de EEUU sobre cómo evitar las
muertes de civiles y ha trabajado con los comandantes de EEUU y de la ISAF
elaborando directivas para las tropas. Aunque dice que muchos de los que tienen
experiencia en Afganistán han aprendido las lecciones adecuadas, no está nada
claro que el Pentágono vaya a aplicarlas a nivel amplio. “Lo que se necesita es
una Oficina de Protección Civil”, dice Holewinski.”Debería haber realmente al
menos una persona, cuando no un equipo, diciéndose, ‘¿qué es lo que hemos
aprendido? ¿Dónde podemos poner todas esas lecciones para impedir daños civiles
en nuestras políticas y protocolos y nuevos procedimientos y nueva estrategia
de contraterrorismo?’ Y llevamos presionando cinco años para conseguirlo, y
realmente no hemos llegado a parte alguna. Mucha gente con la que he hablado
dice que es un objetivo demasiado ambicioso; que no tienen los recursos
necesarios. Todo el mundo sabe que las víctimas civiles es un problema grave e
importante, pero no es suficiente sólo con saberlo. Eso no significa que las
cosas vayan realmente a cambiar”.
El Estudio Conjunto de Víctimas Civiles reconoce que, a partir de 2010, no había
ninguna oficina en el Pentágono dedicada directamente a las víctimas civiles.
Además, “no hay cuadros de ‘expertos’ sobre operaciones del ejército
estadounidense y víctimas civiles, ni siquiera existe una entidad de
conocimientos sobre el problema”. Esto se debe en parte a pura negligencia y en
parte al personal –incluidos altos oficiales-, que se jubila o cambia de puesto
y se llevan con ellos lo que han aprendido.
Cuando The Nation preguntó a los autores del estudio si había ahora, finalmente, una oficina
en el Departamento de Defensa que se ocupara de las víctimas civiles, la
respuesta fue la sugerencia de que existía en la Oficina del Secretario de
Defensa. Pero no hay nada. Un oficial dijo: “Llamé a todas las oficinas que
pensé pertenecían a la Oficina del Secretario de Defensa y todas respondieron:
‘¡Yo, no! ¡Yo, no! Aquí no es’”. Otras investigaciones por otras dependencias
dieron parecidos resultados.
Mientras la guerra en Afganistán va perdiendo potencia, el pueblo estadounidense, los
medios de comunicación, las academias y los think tanks tienen todos que jugar un papel exigiendo que en cualquier guerra futura,
EEUU ponga la prioridad más importante en evitar víctimas civiles y, si se
produjeran, en rendir cuentas y hacer correcciones. Si el Pentágono se mueve
con demasiada lentitud, la vía más rápida es que el Congreso celebre vistas y
después elabore la legislación que cree y financie generosamente esa oficina,
insistiendo en que sus procedimientos deben estar codificados. Eso, al menos
empezaría a dar sentido a las muertes de decenas de miles de afganos que han
perecido en una guerra innecesaria, equivocada y espantosamente dirigida.
Robert Dreyfuss es editor-colaborador de The Nation y periodista de investigación especializado en temas de política y
seguridad nacional. Es autor de Devil's Game:
How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam y es colaborador frecuente de Rolling Stone,
The American Prospect y Mother Jones.
Nick Turse es editor-jefe de Tomdispatch.com e investigador de The Nation
Institute. Es autor de The Complex: How the Military Invades Our Everyday Lives
y de una historia de pronta aparición sobre los crímenes
de guerra de EEUU en Vietnam: “Kill Anything That Moves” (ambos libros en
Metropolitan).
Fuente:
http://www.thenation.com/article/176256/americas-afghan-victims?page=0,0
http://www.thenation.com/article/176256/americas-afghan-victims?page=0,1
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