Las similitudes entre Guantánamo y los tribunales militares israelíes
Guantánamo y los tribunales militares israelíes tienen el mismo objetivo: hacer legales los sistemas de
violación de procesos judiciales justos, la tortura y la detención arbitraria e
indefinida.
Ambos tribunales militares propugnan y rechazan simultáneamente la ley bajo un disfraz de excepcionalidad.
Lo que siempre debemos recordar es que estos sistemas se basan en el poder, no
en la adhesión a estado de derecho. Los regímenes jurídicos temporales y
excepcionales se convierten en perpetradores de crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad.
Altas vallas de alambre de púas rodean un complejo de remolques y unidades móviles
que conforman los tribunales de guerra de Guantánamo. No existe ninguna versión
pública completa del campo: su exterior desnudo y su interior de alta
tecnología son secretos. Conocido formalmente como "Complejo Jurídico
Expedicionario" y con el irónico nombre de "Campamento de
Justicia" (Camp Justice), el gobierno estadounidense construyó el
campamento militar para juzgar a las personas capturadas, torturadas y
detenidas indefinidamente en la Guerra de Estados Unidos contra el Terror.
"En cualquier tribunal ordinario de Estados Unidos", me explicó la abogada
defensora Annie Morgan, ella tendría acceso a la información básica del
cliente, tal como los historiales médicos. Pero el tribunal especial de
Guantánamo permite al gobierno ocultar cualquier información a la defensa por
considerarla clasificada. Lxs interrogadorxs de la CIA torturaron a
su cliente, Abd al-Rahim al-Nashiri, en lugares secretos de todo el mundo
durante casi cuatro años antes de su traslado a Guantánamo en 2006. Al-Nashiri
fue sodomizado, sometido a ahogamiento simulado y a simulacros de ejecución.
Los procedimientos preliminares, ahora en su duodécimo año, continúan en
su caso relacionado
con el bombardeo del USS Cole, en el que los presuntos crímenes de guerra
ocurrieron un año antes de que la administración del presidente George W. Bush
lanzara su Guerra contra el Terror.
En Camp Justice, el juez militar, vestido de civil, permanecía indiferente en la
sala improvisada. Lxs soldadxs se alineaban en el perímetro de la sala, algunxs
de pie detrás de nosotrxs mientras observábamos los procedimientos de un
tribunal desde detrás de tres cristales insonorizados y un retardo de audio de
40 segundos. Asistí a la semana de sesiones en calidad de observadora de
prensa, sujeta a normas estrictas y protocolos siempre cambiantes.
Cuando entré por primera vez en el campamento militar, atravesé el laberinto de
alambradas, puestos de control y remolques con una sensación de déjà vu. La
escena de Guantánamo era casi una réplica de una visita, dos años antes, al
Tribunal Militar israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada. En Ofer, altos muros
de hormigón encierran la base militar y sus tribunales de remolques,
construidos con el mismo material no permanente que en Guantánamo, pero más
pequeños, más parecidos a barracones. En 2021, asistí a una sesión del juicio
de la activista palestina por los derechos humanos y directora del Comité de
Trabajadorxs de la Salud, Shatha Odeh.
En Guantánamo se finge más. Tienen pseudo tribunales, pero con interiores de alta tecnología,
vestimenta civil y prolongadas batallas entre la defensa y la acusación. Los
tribunales militares israelíes, sin embargo, no fingen. Los juicios se celebran
en estrechos remolques y a menudo duran solo unos minutos, y el índice
de condenas es superior al 99%.
Tanto los tribunales militares estadounidenses como los israelíes son invenciones de
sistemas judiciales militares ad hoc. Poseen lógicas de guerra distintas,
guerra global contra el terrorismo versus ocupación militar extranjera, pero
tienen el mismo objetivo: transformar en sistemas legales las violaciones
de juicios justos, la tortura y la detención arbitraria e indefinida.
La paradoja de legalidad e ilegalidad es clave. Estados Unidos e Israel basan su
derecho a crear estos tribunales en diferentes apartados del derecho
internacional, las leyes de conflicto
armado y de ocupación, respectivamente,
que permiten el uso de tribunales militares con mandatos limitados. Por el
mismo giro de tuerca jurídico, se defienden como sistemas
"temporales" y "excepcionales"; de ahí que los juzgados de
remolque no sean permanentes. Pero ninguno de los dos sistemas judiciales tiene
fecha de caducidad. El sistema judicial militar israelí, vinculado a la
ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967, tiene más de 50 años, y las comisiones
militares de Guantánamo, una creación posterior al 11 de septiembre, más de 20.
Son innovaciones que se justifican con argumentos jurídicos rebuscados.
Pervierten el derecho nacional e internacional, crean nuevas categorías de
excepciones y, a veces, incluso deniegan por completo la ley. Y se han
inspirado unas en las otras.
Jamil Dakwar, director del
Programa de Derechos Humanos de la ACLU y anteriormente abogado del grupo de
defensa de los derechos de lxs palestinxs Adalah, visitó
por primera vez el campo de detención israelí de Ofer en nombre de Adalah hace
más de dos décadas. "Se parecía literalmente a las primeras tiendas de
Guantánamo", me dijo, "sin los ojos vendados, los grilletes y los
dispositivos de privación sensorial, pero eran imágenes similares a la creación
de un campo de detención desde cero".
El campo de detención de Ofer se abrió en 2002, tras la nueva invasión por la
ocupación israelí de las principales ciudades palestinas de Cisjordania durante
la Segunda Intifada. Entre 2002 y 2005, las fuerzas de ocupación israelíes
detuvieron a decenas de miles de hombres, mujeres y niñxs palestinxs. El
ejército israelí construyó el campo para recluir a lxs detenidxs palestinxs,
cuyo número era tan elevado que ya no cabían en las instalaciones penitenciarias
israelíes existentes. Junto con otros grupos de derechos humanos, Adalah solicitó con
éxito al Tribunal Supremo israelí que permitiera la entrada de observadorxs
externxs a Ofer. Lxs observadorxs impugnaron la legalidad y las condiciones del
campo, que Dakwar describió como "trato cruel e inhumano, equivalente a
tortura en algunos casos".
Cerca del campo de detención se encontraban los tribunales militares recién
trasladados, relató Sahar Francis, directora de la Asociación Addameer de Apoyo
a lxs Presxs y por los Derechos Humanos. La ocupación israelí alojaba a lxs
detenidxs en masa en jaulas al aire libre y lxs trasladaba a sesiones
judiciales celebradas en tiendas de campaña. Lxs abogadxs se esforzaban por dar
abasto con el número de casos. Durante más de 20 años, Francis ha representado
a miles de palestinxs juzgadxs ante los tribunales militares israelíes.
Describió la expansión de las órdenes militares que criminalizan casi todos los
aspectos de la vida palestina. Las fuerzas de ocupación israelíes procesan en
los tribunales militares desde incidentes de tráfico hasta la pertenencia a una
organización estudiantil o la "incitación" en las redes sociales. La
jurisdicción extraterritorial de los tribunales está vinculada al pueblo
palestino, no a la tierra: lxs colonxs israelíes ilegales de Cisjordania son
procesadxs en los tribunales civiles israelíes. Francis ha visto transformarse
Ofer en una base militar permanente, en una prisión y en el mayor de los dos
tribunales militares israelíes, que en conjunto juzgan a miles de palestinxs
cada año.
En Guantánamo, las primeras comisiones militares tuvieron lugar en 2004 en un
edificio en el que antes se encontraba la consulta de un dentista. Los juicios
fueron un "experimento fallido desde el principio", señaló Dakwar,
que acudió en representación de la ACLU. Estados Unidos creó las comisiones
para garantizar condenas. Favoreció a la acusación creando nuevas categorías de
cargos y basándose en confesiones extraídas mediante tortura. El gobierno de
Bush argumentó que en Guantánamo no se aplicaban ni la Constitución ni las
Convenciones de Ginebra, pero el Tribunal Supremo anuló la primera orden de las
comisiones militares de Bush, lo que llevó al Congreso a regular la
figura del tribunal mediante la Ley de Comisiones Militares de 2006. La ley se
modificó en 2009, después de que otra sentencia del Tribunal
Supremo la anulara también en parte. Cada cambio fue un intento de reconfigurar
un sistema que pudiera dar cabida a información secreta y a testimonios
coaccionados. "Todos los casos presentados ante las comisiones militares
se basan en la tortura", me explicó Morgan. Más de una década después, su
equipo sigue litigando un caso en el que el gobierno utiliza
abiertamente pruebas obtenidas mediante tortura.
Antes de la invención de las comisiones militares, el gobierno estadounidense intentó
cambiar las definiciones de tortura para que se ajustaran a la ley. En su libro
The War in Court: Inside the Long Fight Against Torture, Lisa Hajjar explica cómo
la administración Bush recurrió a Israel para que le ayudara a generar
fundamentos jurídicos para justificar la tortura. Israel, señala Hajjar,
fue "el primer gobierno que reivindicó públicamente el derecho a utilizar
técnicas de interrogatorio violentas como prerrogativa legítima para proteger
la seguridad nacional".
El sistema jurídico israelí ha recurrido y legitimado repetidamente la
tortura de detenidxs palestinxs. Las prácticas rutinarias empleadas por
lxs interrogadorxs israelíes, posiciones de tensión extrema, golpes, privación
del sueño, condiciones inhumanas, fueron relegadas como prácticas que no
alcanzaban el nivel de tortura, mientras que los métodos de tortura más
violentos estaban permitidos ampliamente en
casos supuestamente de "bomba de tiempo". Al redactar los memorandos sobre
tortura estadounidenses, John Yoo tomó prestado el lenguaje de la Comisión
Landau israelí de 1987, que definía las
prácticas de "presión física moderada" que no constituían tortura. Un
memorando del Departamento de Justicia de agosto de 2002 cita una
decisión del Tribunal Supremo israelí de 1999 que establecía una
"necesidad de defensa" que autorizaba los métodos de interrogatorio
violentos. Los principios duales de proporcionalidad y necesidad fueron
elaborados por Estados Unidos e Israel para violar la prohibición absoluta de
la tortura en virtud del derecho internacional y proteger a lxs funcionarixs
frente a la posibilidad de que fueran procesadxs. La tortura en sí se convierte
entonces en "información secreta" en ambos sistemas de tribunales
militares, consolidando la impunidad de todxs lxs implicadxs.
En otras ocasiones, la influencia de la apología jurídica se trasladó de Estados
Unidos a Israel. Tras el 11-S, Estados Unidos inventó una nueva categoría de
persona: el "combatiente enemigo ilegal", que no era ni civil ni
combatiente y, por lo tanto, podía ser despojadx de
las protecciones de prisionerx de guerra de las Convenciones de Ginebra. El término
aparece por primera vez en una orden militar
de noviembre de 2001 que autorizaba la detención indefinida sin juicio y
sentaba las bases para las comisiones militares. Dos meses después, Estados
Unidos abrió Guantánamo. Cada nueva acta de las comisiones militares renovaba
el estatus único de "combatientes ilegales" para permitir la
detención indefinida continuada de lxs prisionerxs restantes.
Durante este periodo, las autoridades israelíes se esforzaron por justificar la
detención ilegal de dos ciudadanxs libanesxs detenidxsdurante
más de 10 años como moneda de cambio después de que una decisión del Tribunal
Superior israelí se pronunciara
en contra de su detención administrativa. Una vez que Estados Unidos
codificó un nuevo estatuto especial, la Knesset israelí aprobó rápidamente
su propia Ley de Combatientes Ilegales en 2002, aplicándola retroactivamente al
caso de lxs rehenes libanesxs. La ley, señaló Francis, es "aún más
draconiana" que las leyes
de detención administrativa que permiten al régimen israelí detener a
individuos, casi exclusivamente palestinxs, sin cargos ni juicio. A partir de
2005, la misma ley se convirtió en la base para la detención indefinida
de palestinxs de Gaza, que pasaron a tener un estatuto jurídico distinto, lo
que se sumó al mosaico de regímenes jurídicos que sustentan el sistema judicial
militar israelí.
Los regímenes judiciales militares ad hoc supuestamente "temporales" se
han convertido en anomalías, a menudo denominadas sui géneris, en el sistema
jurídico internacional. Francesca Albanese, relatora
especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los
Territorios Palestinos ocupados desde 1967, considera que esta clasificación es
engañosa. "Al darles [a la ocupación y a los tribunales] una etiqueta
excepcional sui géneris, normalizamos lo que debería ser una manifestación de
ilegalidad", declaró. Una ocupación israelí arraigada es ilegal, señaló,
como lo es un sistema judicial militar que sirve como su herramienta ejecutiva
para el sometimiento del pueblo palestino.
Sin embargo, ambos tribunales militares defienden y rechazan simultáneamente la ley
bajo un disfraz de excepcionalidad. Lo que siempre debemos recordar es que
estos sistemas se basan en el poder, no en la adhesión al Estado de Derecho.
Los regímenes jurídicos temporales y excepcionales se convierten en los
promotores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Grupo de
Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria publicó recientemente un
llamamiento a la liberación de Abu Zubaydah, uno de los "prisioneros
eternos" torturados por la CIA. Identificó violaciones
sistemáticas en Guantánamo que "pueden constituir crímenes contra
la humanidad". Addameer representa actualmente ante la Corte Penal
Internacional los casos de
tres niñxs palestinxs presxs.
Actualmente hay 5.000 palestinxs
detenidxs en cárceles israelíes, entre ellxs más de 1.000 recluidxs
indefinidamente sin cargos ni juicio, la
cifra más alta desde 2003, en medio de una represión generalizada por
parte de las fuerzas de ocupación israelíes que causaron la muerte de ;al
menos 156 palestinxs en 2023. Las nuevas órdenes militares
israelíes ilegalizan ;incluso
a las organizaciones de derechos humanos que representan a presxs, incluida Addameer.
Irónicamente, ahora son designadas "organizaciones terroristas",
sujetas a detención y procesamiento por los mismos tribunales militares.
Los venenos legales de la Guerra de Estados Unidos contra el Terror y el
colonialismo de lxs colonxs y el apartheid israelíes siguen gestándose con
consecuencias transnacionales. La
administración Biden dice que
quiere cerrar Guantánamo, aún cuando las comisiones militares continúan
debilitadas por un legado de torturas y secretos gubernamentales. Quedan treinta
detenidxs, entre ellos 16 que pueden ser extraditadxs y tres prisionerxs
perpetuxs. Cuando dejé Guantánamo, se estaba construyendo una nueva sala de
audiencias con remolques, por valor de 4
millones de dólares. La arquitectura jurídica y física de Guantánamo
sigue siendo una advertencia, o, en manos equivocadas, un modelo, para las
futuras administraciones y gobiernos estadounidenses y de todo el mundo.
Ayah Kutmah es escritora e investigadora especializada en derechos
humanos y de lxs presxs en Oriente Medio. Anteriormente colaboró con Addameer,
Asociación de Apoyo a lxs Presxs y por los Derechos Humanos.
Foto: Department
of Defense/ Wikimedia Commons
Fuente: https://progressive.international/wire/2023-08-15-the-remarkable-similarities-of-gitmo-and-israeli-military-courts/es
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