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La tortura es un valor estadounidense aunque todos sus dirigentes, desde Bush hasta Biden, lo nieguen


“El gobierno de Estados Unidos debe iniciar un proceso significativo para abordar el legado de daños de sus programas de tortura” (Foto: AFP)

Voces del Mundo 6 de julio de 2022

Maha Bilal, Middle East Eye, 1 julio 2022

Traducido del inglés por Sinfo Fernández


Con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, celebrado el 26 de junio, tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el secretario de Estado, Antony Blinken, hicieron declaraciones en las que condenaban la tortura y se comprometían a eliminar su uso.

Sin embargo, es notable la ausencia de cualquier compromiso a la hora de responsabilizar a los funcionarios del gobierno estadounidense por sancionar, autorizar, financiar y cometer actos de tortura.

Lo que este silencio oculta es que, desde Rikers Island y las Communication and Management Units hasta las torturas de la policía de Chicago, pasando por la Bahía de Guantánamo, la Escuela de las Américas y los sitios negros de la CIA en todo el mundo, el hecho fundamental es que la tortura estadounidense es una práctica sistémica y duradera. Es una táctica intencionada para doblegar a los detenidos y encarcelados dentro y fuera del país.

Sin embargo, Biden pidió a otros Estados que rindan cuentas. «Cuando un gobierno comete tortura, renuncia a su autoridad moral y socava su propia legitimidad. Y, lo que es más importante, cuando la tortura se comete en nombre de la seguridad nacional, no hace más que envalentonar y multiplicar a los enemigos, alimentar el malestar y dejar a los gobiernos aislados internacionalmente», declaró.

Al ignorar el legado actual de la tortura en Estados Unidos y señalar con el dedo a otros gobiernos por la misma práctica, Biden, como otros presidentes antes que él, perpetúa la falsa narrativa de que la práctica de la tortura es antitética a los valores de Estados Unidos, a pesar de su larga y bien documentada historia.

Es hora ya de hacer una estimación

Aunque Blinken viró ligeramente hacia el reconocimiento de la práctica de la tortura en Estados Unidos, restó importancia a la verdadera naturaleza del asunto, diciendo que «reconocemos que debemos afrontar nuestras propias deficiencias y errores y defender los valores de Estados Unidos».

Sin embargo, la tortura no es una deficiencia o un error. Es, más bien, una estrategia deliberada empleada por el Estado con el fin de ejercer poder y control sobre sus víctimas. Como escribió George Orwell en 1984: «El objeto de la tortura es la tortura».

Al igual que Biden, la declaración de Blinken pretendía advertir a los autores de la tortura de que tendrían que rendir cuentas. Y, una vez más, al igual que Biden, Blinken fracasó por completo a la hora de sostener el mismo espejo para el gobierno de Estados Unidos, eligiendo en su lugar desviar el problema de la tortura hacia otros países.

Los comentarios de Biden siguieron la pauta de su declaración de 2021, que tampoco dio en el clavo al descentrar la experiencia de los supervivientes, hacer hincapié en el impacto que la revelación de su programa de tortura tiene en la reputación de Estados Unidos, y arraigar el problema de la tortura en argumentos sobre la eficacia y el «reclutamiento de terroristas» en lugar de en los derechos humanos.

Estos elementos representan una pauta en el discurso de Estados Unidos en torno a la tortura que impide un verdadero reconocimiento de la medida en que el gobierno estadounidense la ha perpetuado y de los daños duraderos que ha causado.

La tortura es especialmente endémica en la guerra contra el terrorismo y ha sido practicada sistemáticamente por Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional en Bagram, Faluya, Abu Ghraib, innumerables centros de detención de la CIA en todo el mundo y en la prisión de Guantánamo. Si Estados Unidos está realmente interesado en reconocer el crimen de la tortura, debe emprender la tarea de trabajar para lograr una rendición de cuentas real y significativa, y no conformarse con repetir la palabrería anual.

El «prisionero eterno» de Guantánamo

Por poner un solo caso, si la tortura fuera realmente una «mancha en nuestra conciencia moral», como declaró Biden, su administración no estaría luchando por mantener en secreto los detalles del caso de la víctima de la tortura Abu Zubaydah, anteriormente retenido por la CIA y ahora en Guantánamo, sino que estaría tratando activamente de abordar, y reparar, el daño que se le hizo.

Zubaydah fue capturado en 2002, supuestamente como líder de Al Qaida, y posteriormente fue sometido a un programa sistemático de tortura que incluyó 80 simulacros de ahogamiento y pasar más de 11 días en una caja de confinamiento del tamaño de un ataúd.

A pesar de que los funcionarios estadounidenses reconocieron en 2006 que Abu Zubaydah no era en realidad un miembro de Al Qaida, sigue detenido en Guantánamo sin ninguna esperanza de liberación. Si el gobierno de Biden estuviera realmente interesado en la rendición de cuentas por la tortura, poner fin a la detención indefinida de Abu Zubaydah en Guantánamo -un lugar que es sinónimo de tortura– sería un buen comienzo.

Las declaraciones vagas y evasivas de Biden no son una anomalía en lo que respecta a los comentarios presidenciales posteriores al 11-S en el Día Internacional de la ONU en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Mientras que Trump se negó característicamente a conmemorar el día en absoluto, tanto Barack Obama como George W Bush publicaron declaraciones que pretendían condenar la tortura centrándose en su supuesta incompatibilidad con los valores fundacionales de Estados Unidos, distanciándose de los supervivientes y desviando su responsabilidad.

El legado de la tortura en Estados Unidos

Durante las dos últimas décadas de la «guerra contra el terror», las administraciones presidenciales se han visto obligadas a abordar directamente el legado de la tortura estadounidense. Por ejemplo, el expresidente George W. Bush tuvo que abordar las atrocidades ocurridas en la prisión de Abu Ghraib cuando se convirtió en un escándalo mundial.

En una declaración publicada en 2004, Bush dijo: «El pueblo estadounidense quedó horrorizado por los abusos cometidos contra los detenidos en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq. Estos actos fueron un error. Fueron incoherentes con nuestras políticas y nuestros valores como nación».

En otras palabras, incluso admitiendo que se cometieron errores, el lenguaje de Bush volvió rápidamente al marco narrativo de los «valores estadounidenses» en lugar de centrarse en la reparación del daño.

Cabe destacar que esta declaración se produjo poco después de la publicación de la investigación oficial del ejército estadounidense en la que se detallaban las torturas que se produjeron en Abu Ghraib, conocida comúnmente como el informe Taguba, en el que se documentaban los abusos sexuales, la desnudez forzada y otras formas de deshumanización deliberada, como el uso de cadenas de perro o correas en el cuello de los prisioneros.

El 25 de agosto de 2004 se publicó otro informe gubernamental -la Investigación AR 15-6 de la prisión de Abu Ghraib y la 205ª Brigada de Inteligencia Militar, comúnmente conocido como el informe Fay Jones-, que corroboraba las conclusiones de la investigación anterior y detallaba otros casos de abusos.


Activistas protestan contra el campo de detención de Guantánamo durante una concentración en la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, en Washington, DC, el 11 de enero de 2018 (AFP)

A pesar de las pruebas que documentan exhaustivamente el uso sistemático y atroz de la tortura en Abu Ghraib, solo 11 soldados estadounidenses, ninguno de ellos de alto rango, fueron finalmente condenados por tales delitos.

Los autores intelectuales y los funcionarios de alto rango que dieron las órdenes aún no han rendido cuentas ni han afrontado las consecuencias de sus crímenes, perpetuando una cultura de impunidad al dar luz verde tácita para seguir utilizando las prácticas de tortura.

Resulta revelador que Bush solo se ocupara de las torturas de Abu Ghraib ante la creciente presión pública, después de que salieran a la luz los detalles, incluidas las fotografías, del espantoso trato que recibían los prisioneros.

Sin rendir cuentas

Obama, aun tratando de distanciarse de Bush y de su legado, siguió de hecho pautas discursivas similares. Obama comenzó su presidencia afirmando, en relación con la tortura: «Tenemos que mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás».

La declaración de Obama establecía su desinterés por responsabilizar a quienes diseñaron e implementaron programas de tortura en nombre de la seguridad nacional. Su postura se repetiría en declaraciones posteriores a lo largo de sus dos mandatos.

En una declaración de 2015 en el Día Internacional de la ONU en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, por ejemplo, Obama dijo: «Ninguna nación es perfecta, y Estados Unidos debe afrontar abiertamente nuestro pasado, incluidos nuestros errores, si queremos estar a la altura de nuestros ideales. Por eso puse fin al programa de detenciones e interrogatorios de la CIA como uno de mis primeros actos en el cargo y apoyé la desclasificación de detalles clave de ese programa, tal y como documentó el Comité Electo de Inteligencia del Senado».

Pero poner fin al programa de detenciones e interrogatorios de la CIA difícilmente implica asumir la responsabilidad por él y por el daño duradero que dejó a su paso, y tampoco lo hace desclasificar detalles de un programa por el que nadie será procesado. Cuando Obama dijo que debíamos mirar hacia adelante, lo que aparentemente quería decir era que las puertas de la rendición de cuentas se cerrarían para siempre.

La falta de rendición de cuentas abundó durante el gobierno de Obama, desde la decisión del entonces fiscal general Eric Holder de no presentar cargos penales en más de 100 presuntos casos de tortura, hasta la decisión final del gobierno de no procesar a ningún funcionario de la era Bush por su papel en la aprobación y el apoyo a los programas de tortura.

Para sellar el acuerdo, en los últimos días del mandato de Obama, se tomó la decisión de mantener clasificado un informe de 6.000 páginas en el que se detallaban las torturas de la CIA, una acción que silenció efectivamente la verdad y puso un último clavo en el ataúd de la responsabilidad.

La tortura: Un valor estadounidense

El hecho de que los representantes elegidos no acepten la responsabilidad de estos actos de tortura sistémicos y horribles no significa que no debamos seguir intentando que rindan cuentas, ni que deban terminar los llamamientos a la verdad y la justicia; pero sí significa que tenemos que desbaratar de forma proactiva, coherente y colectiva la narrativa que invisibiliza la realidad y perpetúa la injusticia.

Además de perseguir a los responsables, el gobierno de Estados Unidos debe iniciar un proceso significativo para abordar el legado de daños de sus programas de tortura.

Esto implica indemnizar a los supervivientes que han sido repatriados a sus países de origen o reasentados precariamente en terceros países, a menudo sin estatus legal, abocados a la incapacidad de pagar el alquiler, conseguir un empleo o buscar la atención médica y el apoyo a la salud mental necesarios a pesar de haber soportado años de detención y tortura.

Hablar es barato, y que Estados Unidos finja preocupación por la tortura es aún más barato. A falta de una verdadera rendición de cuentas y de medidas correctivas tangibles, la tortura seguirá siendo un valor estadounidense.

La Dra. Maha Hilal investiga y escribe sobre la islamofobia institucionalizada y es autora del libro& Innocent Until Proven Muslim: Islamophobia, the War on Terror, and the Muslim Experience Since 9/11. Sus escritos han aparecido en Vox, Al Jazeera, Middle East Eye, Newsweek, Business Insider y Truthout, entre otros. Es la directora ejecutiva fundadora del Muslim Counterpublics Lab, organizadora de Witness Against Torture y miembro del consejo de la School of the Americas Watch. Obtuvo su doctorado en mayo de 2014 en el Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University, en Washington, DC, un máster en Asesoramiento y una licenciatura en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison.


 

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