La amenaza de Trump somete a un nuevo escrutinio el papel europeo en los letales
ataques estadounidenses con drones
REUTERS/Lucas Jackson
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Amnistía Internacional
19 de abril de 2018
Mientras el gobierno de Trump se prepara para ampliar aún
más el letal programa estadounidense de drones, con el consiguiente aumento del riesgo de que se
produzcan bajas civiles y homicidios ilegítimos, Amnistía Internacional pide a cuatro países
europeos que revisen urgentemente la crucial ayuda operativa y de inteligencia
que proporcionan a dicho programa.
Amnistía Internacional y otros han documentado casos, bajo sucesivos gobiernos estadounidenses, de ataques con
drones lanzados por Estados Unidos que han matado a gente que no participaba
directamente en hostilidades o no constituía una amenaza inminente para la
vida, incluidos niños y niñas. En un nuevo informe, titulado Deadly Assistance: The role of European
states in US Drone Strikes, Amnistía Internacional utiliza
información procedente de fuentes públicas para trazar un mapa de la ayuda que
Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia proporcionan al programa
estadounidense de drones, y muestra cómo estos Estados se arriesgan a ser
responsables de violaciones del derecho internacional.
“Los gobiernos británico, alemán, neerlandés e italiano llevan años ayudando al programa
secreto global de homicidios estadounidense, al que han proporcionado
información e infraestructuras cruciales a pesar del creciente número de bajas
civiles y de las denuncias de homicidios ilegítimos, incluidos crímenes de guerra”, ha manifestado
Rasha Abdul Rahim, investigadora de Amnistía Internacional sobre Control de
Armas, Comercio de Seguridad y Derechos Humanos.
“Con Trump a la cabeza, la amenaza contra la población civil es mayor que
nunca, y se necesita urgentemente transparencia. Si los Estados europeos están
seguros de no haber desempeñado ningún papel en homicidios ilegítimos, deberían
poder demostrarlo. De lo contrario, deben preguntarse si quieren seguir
apoyando un programa secreto que utiliza información potencialmente poco fiable
y una endeble base legal para elegir a gente a la que se va a matar.”
Según la Oficina de Periodismo de Investigación, los ataques con drones
estadounidenses han matado a hasta 1.551 civiles
en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen desde 2004.
Los ataques con drones ya han aumentado espectacularmente durante el
gobierno del presidente Trump. El Consejo sobre Relaciones Exteriores, grupo asesor con sede en Estados Unidos, estimó que el
presidente Trump había aprobado al menos 36 ataques con drones o asaltos de
operaciones especiales en sus primeros 45 días en el cargo. Según la
información publicada por los medios de comunicación, además Trump ha revertido
las limitadas protecciones establecidas durante la era de Obama al programa de
drones. Al parecer, se ha establecido una nueva política, aún secreta, que
permite dirigir un ataque contra a un número mucho mayor de personas aunque no
estén claramente identificadas, y que relaja el requisito de tener la “certeza
casi absoluta” de que está presente un objetivo legítimo.
En el informe Deadly Assistance, Amnistía Internacional expone cómo Reino Unido,
Alemania, Países Bajos e Italia pueden ser responsables de ayudar en
operaciones estadounidenses potencialmente ilegales con drones y pueden estar
incumpliendo las obligaciones contraídas por ellos mismos en virtud del derecho
internacional. El informe destaca
también la manera en que el clima de secreto dificulta determinar qué
salvaguardias han puesto en marcha estos Estados —si es que han puesto en
marcha alguna— para garantizar que no ayudan en ataques ilegales con drones.
Deadly Assistance explora cómo:
- Reino Unido, Alemania y Países Bajos proporcionan información que permite a
Estados Unidos localizar posibles objetivos para vigilancia adicional o
ataques con drones;
- Alemania y Países Bajos proporcionan metadatos (por ej., información sobre
comunicaciones, como la hora y la ubicación de llamadas telefónicas) que
podría utilizarse para atacar a gente;
- Reino Unido, Alemania e Italia permiten a Estados Unidos tener bases en su
territorio, lo que proporciona una infraestructura crucial de
comunicaciones e información que permite la transmisión de información
entre quienes manejan los drones desde Estados Unidos y los drones armados
que lanzan ataques mortales por todo el planeta;
- Italia permite a Estados Unidos lanzar drones armados desde una base
estadounidense en Sicilia para ataques defensivos.
Es probable que estos acuerdos sean la punta del iceberg en lo que se refiere a la
compleja y sofisticada red de apoyo europea para los ataques estadounidenses
con drones.
Ayuda secreta
La falta de transparencia que caracteriza el programa
estadounidense de drones ha impedido la rendición de cuentas y el acceso a la
justicia para las víctimas y sus familias. Un informe publicado en 2013 por Amnistía Internacional documentó
múltiples ataques con drones en Pakistán que habían causado la muerte de 18
trabajadores, incluidos un niño de 14 años y una mujer de 68. Estados Unidos
nunca se ha comprometido públicamente a investigar los casos de posible
homicidio ilegítimo documentados por Amnistía Internacional, y tampoco ha
proporcionado su propia versión de los hechos.
En los casos en los que se ha establecido una conexión entre la ayuda europea y
ataques posiblemente ilegales lanzados dentro del programa estadounidense de
drones, con frecuencia ha habido una negativa similar de los gobiernos
implicados a investigar o colaborar.
Por ejemplo, en 2015, unos documentos de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno
(GCHQ) británica entregados a The Guardian por Edward Snowden mostraron que
un programa de vigilancia ubicado en Reino Unido había facilitado un ataque con
drones lanzado en Yemen en marzo de 2012 que había seleccionado y matado a dos
hombres descritos como miembros de Al Qaeda en la Península Arábiga. Según la
Oficina de Periodismo de Investigación, el ataque mató también a un civil, un
hombre de 60 años, e hirió a entre seis y nueve civiles, seis de ellos menores
de edad. La GCHQ declinó hacer comentarios por aquel entonces.
“El secretismo extremo que rodea el programa
estadounidense de drones —incluidos sus acuerdos con otros Estados— ha dado lugar a una falta generalizada de rendición de
cuentas, tanto para Estados Unidos como para sus socios europeos”, ha manifestado Rasha Abdul Rahim.
“Se está utilizando la seguridad nacional como pretexto para eludir el escrutinio.
Asusta pensar que los Estados europeos están brindando una ayuda que podría ser
utilizada por Estados Unidos para tomar decisiones de vida o muerte sin apenas
supervisión.”
Amnistía Internacional ha manifestado especial preocupación por la exactitud y la
fiabilidad de la “inteligencia de señales” (SIGINT, por sus siglas en inglés)
que Estados Unidos suele recopilar de socios extranjeros y utiliza para dirigir
ataques contra personas. Según una investigación de The Intercept, unos documentos del Pentágono filtrados muestran que, durante un periodo
de cinco meses en 2013, el 90 por ciento de las personas muertas en ataques con
drones estadounidenses en la Operación Haymaker (una campaña de las unidades de
operaciones especiales en el nordeste de Afganistán) eran blancos no
intencionados. No está claro si desde entonces Estados Unidos ha establecido
salvaguardias en torno a su uso de la inteligencia de señales.
“Estados Unidos llama a estos homicidios ‘homicidios selectivos’, pero los datos sugieren que son cualquier cosa menos
eso. El número de civiles muertos y de objetivos no intencionados documentados señala que existe un claro riesgo de
que la información u otra ayuda prestada por los Estados europeos se esté
utilizando en ataques ilegales lanzados por Estados Unidos”, ha manifestado
Rasha Abdul Rahim.
“En este momento crucial, los Estados europeos deben defender el Estado de derecho
y revisar su ayuda a este mortífero programa.”
Amnistía Internacional pide a Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia que se
abstengan de ayudar a ataques estadounidenses con drones que puedan violar el
derecho internacional de los derechos humanos, aplicable al uso de drones
armados por parte de Estados Unidos en todo momento, o el derecho internacional
humanitario, aplicable a los ataques con drones lanzados como parte de un
conflicto armado.
Amnistía Internacional pide también a estos cuatro Estados que, si aún no lo han hecho,
abran investigaciones públicas exhaustivas sobre su ayuda al programa
estadounidense de drones. Los Estados deben garantizar que se llevan a cabo
investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre
todos los casos en los que existan motivos razonables para creer que han
prestado ayuda a un ataque con drones estadounidense que haya causado
homicidios ilegítimos. También deben aclarar de forma pública y urgente con qué
salvaguardias cuentan para garantizar que no están ayudando y contribuyendo a
ataques con drones estadounidenses potencialmente ilegales.
Amnistía Internacional insta asimismo a Estados Unidos a desvelar públicamente sus
nuevas normas sobre el uso de la fuerza letal en el extranjero, incluidas las
normas específicas sobre la selección de blancos en operaciones letales.
Aunque Amnistía Internacional no se opone al uso de drones armados, ha exhortado
sistemáticamente a Estados Unidos a garantizar que su uso de estas armas cumple
con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional,
incluidos el derecho internacional de los derechos humanos y, cuando sea
aplicable, el derecho internacional humanitario.
Véase Principios fundamentales sobre el uso y
la transferencia de drones armados.
Respuestas de los gobiernos
Amnistía Internacional envió resúmenes de sus conclusiones y preocupaciones a los
gobiernos de Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia. En el momento de
publicarse el informe, sólo los gobiernos de Países Bajos y Alemania habían
respondido.
Países Bajos respondió que no coopera con homicidios selectivos ilegítimos. También
declaró que la ministra de Defensa había adoptado e implementado una serie de
recomendaciones formuladas por el Comité de Revisión Neerlandés sobre los
Servicios de Inteligencia y Seguridad (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten) respecto a las salvaguardias para prevenir la entrega de información que pudiera ser
empleada por otros Estados para hacer un uso ilegítimo de la fuerza.
Sin embargo, la respuesta confirmó que Países Bajos no tiene una política
específica sobre la prestación de ayuda a operaciones estadounidenses letales,
incluido el programa estadounidense de drones. En lugar de eso, aplica al
intercambio de datos un marco general en virtud del cual antes de compartir
datos se evalúan diversos factores, incluidos el respeto del derecho
internacional humanitario y la política de derechos humanos del país en
cuestión, y según el cual la cooperación se reevalúa en determinadas
circunstancias.
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán respondió diciendo que, en relación a
las preguntas sobre los servicios de inteligencia, sólo puede compartir
información con los comités de control parlamentarios pertinentes, cuyas
comunicaciones son secretas. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo
que no podía responder a algunas de las preguntas planteadas en la carta de
Amnistía Internacional a causa del litigio en curso sobre el papel de Alemania
en los ataques estadounidenses con drones.
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