Justicia española presionada por filtraciones de Wikileaks
Tito Drago
IPS
1 de deciembre de 2010
José Couso fotografiado poco antes de su muerte, el 8 de abril de 2003
Crédito: Dominio Público |
MADRID - Las más altas instancias del sistema judicial español deberán
explicar ante el parlamento sus reiteradas negativas a juzgar a militares de
Estados Unidos acusados del asesinato del periodista José Couso en Bagdad en
2003, ante las filtraciones de Wikileaks que dan cuenta de contactos con ese
propósito.
El diputado Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de la opositora
coalición Izquierda Unida, dijo a IPS que continuará pidiendo en el Congreso
legislativo que se haga comparecer al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido,
para que explique las razones por las que dificultó el procesamiento de los
acusados.
"Esto no puede quedar así, es una cuestión de justicia y de responsabilidad
ante los ciudadanos, que ningún órgano gubernamental debe ignorar y mucho menos
el Congreso", añadió.
Las presiones instando a la Fiscalía, al gobierno y al Congreso para que
actúen se manifiestan desde distintos sectores, entre ellos la familia de Couso,
mientras que desde la principal fuerza de oposición, el derechista Partido
Popular (PP), se mira hacia otro lado.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado
que el contenido de las informaciones filtradas sobre el asesinato "no ha sido
confirmado" y que por ello su partido se abstendrá de pronunciarse "por el
momento".
Además, planteó que la comunidad internacional debe responder de manera
conjunta a las filtraciones que un pool de cinco grandes publicaciones mundiales
–entre ellas el diario español El País- comenzaron a revelar el domingo 28 sobre
250.000 mensajes secretos o confidenciales entre el Departamento de Estado
(cancillería) de Estados Unidos y sus embajadas.
"Los documentos pueden afectar aspectos importantes en las relaciones
diplomáticas e internacionales", adujo.
El líder del PP José María Aznar gobernó España entre 1998 y 2004 y llevó al
país a participar en la guerra de Iraq, iniciada en marzo de 2003, pese al
rechazo mayoritario de la ciudadanía y de la oposición política. Couso fue
asesinado un mes después de la invasión.
La familia de Couso, que cubría la guerra para la privada Telecinco, señaló
en rueda de prensa su indignación por constatar que tanto la Fiscalía como el
gobierno "en vez de defender la soberanía nacional e investigar lo que le
ocurrió, se pone al servicio de una potencia extranjera y oculta la verdad", lo
que los llevará a emprender nuevas acciones legales próximamente.
Los portavoces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su agrupación,
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), eludieron responder a las preguntas
de IPS sobre el tema, remitiéndose a las efectuadas el martes 30 por Trinidad
Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores.
La canciller subrayó que "en España la justicia es independiente y actúa con
mucha seriedad" y que por eso "es impensable que se pueda ver presionada bajo
ningún concepto para que pueda cerrarse un procedimiento judicial".
Durante el semanal pleno de control legislativo al gobierno, Zapatero y
Jiménez mantuvieron este miércoles 1 el silencio y la sonrisa como respuestas a
las preguntas que los periodistas le repitieron sobre el caso en los intervalos
de la sesión en el Congreso de los Diputados.
Pero el revuelo en España resulta imparable desde que El País comenzó a
publicar en sus ediciones digital e impresa partes referentes al caso Couso
incluidas en los documentos secretos de Estados Unidos filtrados por el sitio
Wikileaks en Internet.
Según esos documentos, el gobierno actual apoyó todo lo realizado por la
embajada estadounidense en Madrid para evitar que prosperase la causa contra los
militares que dispararon desde un tanque al hotel Palestina, donde se alojaban
los periodistas, dirigiendo sus armas al balcón del piso 14 desde donde Couso
filmaba los acontecimientos junto a otros colegas.
En uno de los documentos, enviado a la entonces secretaria de Estado,
Condolezza Rice, en mayo de 2007 por el embajador estadounidense en Madrid,
Eduardo Aguirre, éste le aseguró que el gobierno español había "ayudado entre
bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez, para que no se
siguiera investigando la muerte del reportero.
Dos años antes, en octubre de 2005, el juez de la Audiencia Nacional (una
especie de juzgado federal), Santiago Pedraz, dispuso mediante una orden
internacional la detención de los tres soldados estadounidenses que bombardearon
al hotel. La orden nunca prosperó, en especial por la negativa de Washington a
acatarla pero también por la pasividad del gobierno español.
Los papeles del Departamento de Estado filtrados Wikileaks, en lo que se
conoce ya como "cablegate", muestran que ministros españoles colaboraron para
que no se concretaran las órdenes de detención internacional contra los
militares estadounidenses, tal como lo aseguró Aguirre en un cable a sus
superiores.
Entre los altos funcionarios involucrados, se cita al entonces secretario de
Estado de Exteriores y actual secretario de la Presidencia, Bernardino León, y
al que fue ministro de Exteriores desde 2004 hasta octubre, Miguel Ángel
Moratinos.
En otro de los documentos, en un cable enviado por el embajador al
Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007, admitió que aunque en público los
miembros de la embajada irradiaban "respeto por la independencia del sistema
judicial español" y por el camarógrafo asesinado, luchaban "entre bastidores con
uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos", contra los militares
estadounidenses que dispararon contra el hotel.
La también hasta octubre poderosa primera vicepresidenta, María Teresa
Fernández de la Vega, mantuvo en aquellos días una reunión con el embajador, a
quien le dijo que el fiscal Cándido Conde-Pumpido le había informado de "la
excelente cooperación de la que había disfrutado de parte de la embajada y las
autoridades norteamericanas, para ayudar a concluir el caso".
A esa "excelente cooperación" se refirió este martes 30 la Fiscalía en un
comunicado, donde subraya que en sus actuaciones aplica criterios estrictamente
jurídicos sin admitir injerencias externas.
Pero también asegura que "mantiene una estrecha y fructífera relación de
cooperación con la Fiscalía General de Estados Unidos", como con entidades
similares de otros países, "fundamentalmente en el área de la lucha contra el
terrorismo internacional, el narcotráfico y la criminalidad organizada". Pero no
aclara si consideraba a Couso incluido en ese "área de lucha".
Tras varias suspensiones del juicio y sucesivas reanudaciones, el 30 de julio
de 2010 el juez español ordenó la búsqueda, captura e ingreso en prisión de los
tres soldados estadounidenses implicados, pero Interpol no dio curso a las
órdenes y Estados Unidos se negó a admitirlas por calificar a los hechos como un
"delito militar", de su propia jurisdicción.
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