El juez Ruz investiga las torturas en Guantánamo pese a la reforma de la justicia
universal
EFE
15 de abil de 2014
Madrid - El juez Pablo Ruz ha decidido hoy proseguir con la investigación sobre supuestas
torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos
españoles -Hamed Abderraman, conocido como el "talibán español" y
Lahcen Ikassrien-, pese a la reforma de la justicia universal.
Ruz rechaza así en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y la mantiene abierta por torturas y
contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos
que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la
tortura.
Según el juez, "nos encontraríamos ante una evidente colisión" entre la reforma "y las
obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales" y por ello acuerda transformar las
diligencias previas en sumario, "continuando la instrucción de la presente
causa".
De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le
reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso
o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para
que sea éste órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de
recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.
En este mismo auto, el juez reitera la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para
conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed
Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien,
relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos
norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex
secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.
El pasado 23 de enero, el juez libró esta comisión rogatoria para que le informen si existe o no una
investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron
en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias
sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo.
El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad,
es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los
estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades
norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la
jurisdicción española.
Una vez obtenga la respuesta de las autoridades estadounidenses, el juez anuncia en su resolución que elevará
exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo para
que dictamine si verdaderamente se están investigando allí esos hechos y se
pronuncie sobre la posible concurrencia del llamado principio de subsidiariedad.
Ruz pidió en enero esa información a EEUU en vista de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo respecto a una
querella contra los creadores de Guantánamo que recayó en el juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El alto tribunal confirmó el archivo de la querella por torturas contra seis asesores de la administración
Bush por dar apoyo legal a la creación de la prisión de Guantánamo, al
constatar que ese país ya tenía abiertas investigaciones sobre ese centro
penitenciario en relación a los querellados.
En marzo de 2012, Ruz ya reiteró la petición de información a EEUU sobre si estaban investigando los mismos hechos,
a los que atribuía "un vínculo de conexión relevante con España", en
vista de la falta "absoluta" de respuesta de otros requerimientos
remitidos en mayo, agosto y octubre de 2009 y en enero y septiembre de 2011.
El magistrado también preguntó a la Fiscalía si debía investigar al propio Bush por las torturas denunciadas por
los cuatro expresos y el ministerio público estimó que no debía hacerlo porque
no existía ningún elemento que permitiera identificar a los responsables de los
delitos.
Además de Bush, Cheney y Rumsfeld, la querella se dirige contra los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller,
responsables del campo de detención.
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