Irak: Se sigue pagando un alto precio tras una
década de abusos
Amnistía Internacional
Comunicados de prensa
11 marzo 2013
Diez años después de la invasión encabezada por Estados Unidos que derrocó al
brutal régimen de Sadam Husein, Irak continúa enredado en un sombrío círculo de
abusos contra los derechos humanos, que incluyen ataques contra civiles, tortura
de detenidos y juicios injustos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en
un nuevo informe hecho público hoy.
Una década de abusos saca a la luz una cronología de tortura y otros malos
tratos a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes y tropas
extranjeras tras la invasión de 2003.
También pone de manifiesto el incumplimiento continuado por parte de las
autoridades iraquíes de su obligación de proteger los derechos humanos y
respetar el Estado de derecho ante los persistentes y mortales ataques de grupos
armados, que muestran un cruel desprecio por la vida civil.
“Diez años después del final del régimen represivo de Sadam Husein, muchos
iraquíes disfrutan hoy de mayores libertades que bajo aquel régimen baasista,
pero es evidente que los avances fundamentales en materia de derechos humanos
que deberían haberse alcanzado durante el último decenio no se han
materializado”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del
Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Ni el gobierno iraquí ni las antiguas potencias ocupantes han cumplido las
normas a las que están obligados por el derecho internacional, y la población de
Irak sigue pagando un alto precio por ese incumplimiento.”
La tortura es una práctica generalizada e impune de las fuerzas de seguridad
gubernamentales, especialmente contra personas detenidas en virtud de la
legislación antiterrorista, que son torturadas mientras permanecen recluidas en
régimen de incomunicación para interrogatorio.
Los detenidos han denunciado haber sido torturados para obligarlos a
“confesar” delitos graves o incriminar a otros mientras permanecían recluidos en
esas condiciones. Muchos se han retractado de sus confesiones durante el juicio,
sólo para ver cómo los tribunales las admiten como prueba de su culpabilidad sin
investigar sus denuncias de tortura, y los condenan a largas penas de prisión o
a muerte.
Para agravar aún más la injusticia, las autoridades han hecho comparecer a
detenidos en conferencias de prensa o han organizado la retransmisión de sus
“confesiones” en la televisión local antes de su juicio o de que se dictara su
sentencia, lo cual constituye una flagrante violación de la presunción de
inocencia y del derecho de todo acusado a recibir un juicio justo.
La pena de muerte se suspendió tras la invasión de 2003, pero fue restaurada
rápidamente por el primer gobierno iraquí a su llegada al poder, y las
ejecuciones se reanudaron en 2005.
Desde entonces, al menos 447 presos han sido ejecutados, entre ellos el
propio Sadam Husein, algunos de sus principales colaboradores y varios presuntos
miembros de grupos armados.
Cientos de presos aguardan a ser ejecutados. Irak, que en 2012 ahorcó a 129
presos, es ahora uno de los países que más ejecuciones llevan a cabo.
“Las condenas de muerte y las ejecuciones se utilizan en una escala atroz”,
ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Resulta especialmente abominable que
muchos presos hayan sido condenados a muerte tras juicios injustos y sobre la
base de confesiones que, según afirman, fueron obligados a realizar bajo
tortura.”
“Ya es hora de que las autoridades iraquíes pongan fin a este espantoso
círculo de abusos y declaren una suspensión de las ejecuciones, como primer paso
hacia la abolición de la pena de muerte para todos los delitos.”
Desde diciembre, miles de manifestantes han tomado las calles en zonas donde
los musulmanes sunníes son mayoría, para protestar contra las detenciones
arbitrarias, los abusos a detenidos y el uso de la legislación antiterrorista, y
para pedir el fin de lo que consideran una discriminación gubernamental contra
la población suní.”
Mientras tanto, grupos armados suníes siguen atacando no sólo objetivos
gubernamentales, sino también a civiles chiíes, incluidos peregrinos
religiosos.
Aunque la región semiautónoma de Kurdistán, en el noreste de Irak, ha
permanecido relativamente libre de la violencia que ha devorado el resto del
país, los dos partidos políticos kurdos que la gobiernan mantienen un férreo
control del poder, y también se han denunciado casos de abusos contra
detenidos.
“La destitución de Sadam Husein en 2003 debería haber venido seguida de un
proceso de reforma fundamental de los derechos humanos, pero las fuerzas
ocupantes, casi desde el primer día, empezaron a cometer torturas y otros abusos
graves contra prisioneros, como demostraron gráficamente el escándalo de Abu
Ghraib en el que se vieron implicadas fuerzas estadounidenses, o la muerte a
golpes de Baha Mousa bajo la custodia de soldados británicos”, ha manifestado
Hassiba Hadj Sahraoui.
En Reino Unido y Estados Unidos, pese a las investigaciones sobre casos
individuales, no se han investigado sistemáticamente las violaciones
generalizadas de derechos humanos cometidas por fuerzas de ambos países, ni se
ha hecho rendir cuentas a los responsables en todos los niveles. Las víctimas
iraquíes de violaciones de derechos humanos cometidas por estadounidenses han
visto bloqueada la vía para pedir reparación en los tribunales de Estados
Unidos.
Las autoridades iraquíes han reconocido periódicamente casos de tortura y
otros malos tratos, pero en general han tratado de restarles importancia
señalándolos como sucesos aislados o, en unos pocos casos destacados, han
anunciado investigaciones oficiales cuyos resultados, si es que los ha habido,
nunca se han revelado.
Sin embargo, tal como muestra el informe de Amnistía Internacional, la
tortura y otros abusos a detenidos han sido una de las características más
persistentes y generalizadas del panorama de derechos humanos de Irak, y el
gobierno ha mostrado poca disposición a reconocer su alcance o a tomar las
medidas necesarias para relegar esos graves abusos al pasado.
Entre los métodos de tortura denunciados por los detenidos se encuentran la
aplicación de descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo,
la asfixia parcial mediante la colocación de una bolsa bien apretada sobre la
cabeza, golpes mientras el detenido permanece colgado en posturas
contorsionadas, la privación de la comida, el agua y el sueño, y amenazas de
violación o de que las mujeres de su familia serán detenidas y violadas. Las
mujeres que son detenidas son especialmente vulnerables, y el informe cita
varios casos de mujeres que han denunciado haber sido agredidas sexualmente bajo
custodia.
“Irak permanece atrapado en un círculo de tortura e impunidad que debería
haberse roto hace mucho", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Ya es hora de
que las autoridades iraquíes tomen las medidas concretas que se necesitan para
afianzar una cultura de protección de los derechos humanos. Es algo que deben
hacer sin más rodeos ni demoras.”
Acerca de este informe:
El informe de Amnistía Internacional se basa en información recopilada de
múltiples fuentes, entre ellas entrevistas con detenidos, familias de víctimas,
refugiados, abogados, activistas de derechos humanos y otras personas, así como
el examen de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. Parte de esta
información se obtuvo mediante investigación sobre el terreno en la región del
Kurdistán, así como en una visita a Bagdad realizada el pasado mes de septiembre
y en la que la organización se reunió con autoridades del Ministerio de Derechos
Humanos y del Consejo Judicial Supremo. Amnistía Internacional envió sus últimas
conclusiones al gobierno en diciembre de 2012, pero aún no ha recibido
respuesta.
El informe estará disponible a las 00:01 GMT del 11 de marzo de 2013
en el siguiente enlace:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/001/2013/en
Índice AI: PRE01/116/2013
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