Los indocumentados detenidos en EEUU tienen pocos derechos
15 de marzo de 2009
(AP) - El programa de detención de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos
ha crecido en el último decenio, dando lugar a un sistema costoso que se suponía
debía atrapar delincuentes y asegurarse de que los indocumentados fuesen
expulsados rápidamente.
No obstante, un análisis por computadora de The Associated Press de cada uno
de los detenidos en un domingo reciente muestra en lugar de ello que la mayoría
de los arrestados no tienen antecedentes delictivos y que muchos no estaban a
punto de salir del país, ni voluntariamente ni por deportación.
La noche del 25 de junio pasado había 32.000 personas en centros de detención
de inmigrantes, según una base de datos oficiales del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), obtenida bajo la Ley de
Libertad de Información de Estados Unidos.
Los datos revelaron que más de la mitad, 18.690, no tenían antecedentes
penales, ni siquiera por ingreso ilegal al país u otros delitos menores. Más de
400 de aquellas sin historial delictivo llevaban encarceladas más de un año. Una
decena llevaban presos tres o más años. Un hombre procedente de China tenía más
de cinco años de estar detenido.
Casi 10.000 habían estado bajo custodia más de 31 días, el tiempo promedio de
permanencia entre rejas que según el ICE demuestra su manejo eficiente de las
detenciones.
Las condiciones para obtener una fianza, que son excepcionalmente duras, se
ven exacerbadas por la violación de las reglas sobre cuánto tiempo pueden estar
detenidos los inmigrantes.
Con base en un dictamen del 2001 de la Corte Suprema, el ICE tiene unos seis
meses para deportar o dejar en libertad a los inmigrantes cuyos casos hayan sido
decididos, pero los abogados de inmigración dicen que usualmente se hace caso
omiso de ese plazo. En los datos del sistema obtenidos por la AP, 950 personas
estaban en esa categoría.
La acumulación de detenidos comenzó en la década de 1990, mucho antes de los
ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Desde 2003, no obstante, el Congreso ha duplicado a 1.700 millones de dólares
la suma asignada para encarcelar a indocumentados, cuando el furor sobre
"extranjeros delincuentes" se mezcló con los temores dejados por los ataques y
una encendida retórica de los sectores que promueven mano dura contra los
indocumentados.
Los documentos judiciales muestran que la red ha atrapado no solamente a los
sospechosos de terrorismo y asesinos de policías, sino también a un estudiante
destacado que se crió en Orlando, Florida; al empleado de una tienda que ruega
por que simplemente lo dejen regresar a Canadá; y un sacerdote pentecostal que
fue drogado a la fuerza por agentes de inmigración luego que pidiese hablar con
su esposa.
Los abogados de inmigración subrayan que una cifra sustancial de detenidos,
de 177 países en los datos suministrados, no son indocumentados.
Muchos de ellos, que no han cometido delitos y que llevan más tiempo, son
solicitantes de asilo que están luchando por quedarse en Estados Unidos por
temor a ser asesinados en sus países de origen.
Otros son residentes desde hace tiempo que podrían tener derecho a quedarse
bajo otros criterios o cuyas solicitudes de residencia permanente fueron
perdidas o mal procesadas, dicen los abogados.
Otros detenidos desde hace mucho tiempo son personas que no pueden ser
deportadas porque sus países no las aceptan y algunas otras al parecer han sido
olvidadas en medio de un sistema caótico donde 58% de los procesados no tienen
abogados o alguien que los defienda.
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El ICE sostiene que la detención de los presuntos inmigrantes sin papeles es
la mejor garantía de que asistan a las audiencias en la corte y salgan del país
cuando se les ordene.
"Asegura el cumplimiento de la ley y si usted mira las estadísticas, en los
casos de la gente que está detenida, las cifras son muy altas", afirmó la
portavoz del ICE Cori Bassett.
Los sospechosos de haber cometido delitos graves, en cambio, tienen derecho a
libertad bajo fianza.
En los tribunales de inmigración, los agentes deciden si alguien puede salir
en libertad bajo fianza. Las leyes federales estipulan que deben permanecer
detenidos la mayoría de los criminales, algunas personas que piden asilo, los
inmigrantes que tienen problemas de papeles y los que tienen orden de
deportación.
"Somos inmigrantes y nos pintan como si fuésemos peor que un delincuente",
sostuvo Sarjina Emy, una estudiante brillante de 20 años que pasó casi dos años
presa en la Florida porque a sus padres les negaron un pedido de asilo cuando
ella tenía cinco años.
Algunos abogados y defensores de los extranjeros que tienen problemas de
papeles dicen que el ICE a menudo comete excesos al determinar quien puede salir
en libertad bajo fianza, porque el objetivo es mantener a los reos
detenidos.
Los presos pueden apelar la decisión, pero el proceso toma tiempo y, mientras
tanto, siguen detrás de las rejas.
Zoubir Bouchikhi, un imán argelino que vivió legalmente 11 años en Estados
Unidos, dijo por teléfono desde un centro de detención en Houston que a su
regreso al país a comienzos de año lo catalogaron como un "extranjero que llega"
al país, lo que le impide salir libre bajo fianza.
Bouchikhi es propietario de su vivienda y tiene varios hijos nacidos en
Estados Unidos. Dice que había residido legalmente en el país por última vez en
2006.
Mantener presos a los extranjeros para asegurarse que acudan a audiencias
judiciales cuesta 141 dólares por noche, comparado con los 13 dólares que cuesta
colocarles un brazalete electrónico en el tobillo y liberarlos. Según el propio
ICE, las personas que llevan esos monitores se presentan casi siempre a las
audiencias.
Los detractores del sistema afirman que, dado que los tribunales del sistema
de inmigración no ofrecen las protecciones constitucionales conferidas a
asesinos y violadores, el contribuyente paga mucho más de lo necesario por
mantener un sistema injusto e inhumano.
"Esta no es una forma racional desde un punto de vista económico de
garantizar que la gente se presente y no hace nada por la justicia", expresó
Judy Rabinovitz, del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la Unión de
Libertades Civiles.
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El predecesor del ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización, no tenía
camas para alojar a la gente y la opinión pública tampoco lo pedía. Millones de
extranjeros sin papeles vivían sin problemas en Estados Unidos.
En 1996, el Congreso dispuso que todo indocumentado que cometiese un delito
debía ser arrestado. Un sistema que en 1994 tenía 6.785 presuntos indocumentados
presos, tiene hoy cinco veces esa cifra. Los arrestados permanecen en 260
centros de detención en todo Estados Unidos.
Las agrupaciones que promueven mano dura hacia la inmigración ilegal dicen
que los arrestos funcionan como medida disuasiva.
"El hecho de que no haya cometido un delito no quiere decir que no debe
permanecer detenido hasta que sea deportado", señaló Ira Mehlman, de la
Federación por una Reforma Migratoria.
Emy no opina lo mismo. Pasó 20 meses en la cárcel pese a no tener
antecedentes penales. ¿Su delito? Sus padres, temerosos de que su filiación
política pusiese en peligro sus vidas en Bangladesh, vinieron a Estados Unidos
con ella y sus dos hermanos en septiembre de 1993, cuando ella tenía cinco años,
según los documentos de la corte. Solicitaron asilo político, que fue denengado,
pero el padre consiguió un permiso de trabajo.
Emy no habla bengalí y jamás imaginó que no podría ir a la universidad. Su
familia dice que no sabía que el permiso de trabajo que le dio el Departamento
de Trabajo a su padre no equivalía a un permiso de residencia.
La familia entera fue arrestada en julio de 2007. Sus padres fueron
deportados, mientras ella permanecía presa, decidida a dar pelea en los
tribunales.
Dado que el pedido de asilo fue hecho a nombre de la familia entera, solo los
padres pudieron acudir a una vista judicial. Emy jamás vio a un juez, según su
abogado.
En enero, un tribunal de apelaciones le negó permiso de permanecer en Estados
Unidos. Emy no quiso festejar otro cumpleaños en la cárcel y aceptó ser
deportada. Se fue del país el 18 de febrero.
Las leyes de inmigración "son las únicas leyes de Estados Unidos en donde se
castiga a los hijos por las acciones de sus padres", sostuvo la abogada de Emy,
Petia Vimitrova Knowles.
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Las violaciones a las leyes de inmigración son consideradas delitos comunes,
equivalentes a una infracción de tránsito, por lo que el gobierno puede detener
a los indocumentados sin que éstos tengan la protección de muchos de los
derechos conferidos a los delincuentes: no hay abogados de oficio para los que
no tienen medios, no hay habeas corpus _el derecho de un preso a comparecer de
manera inmediata ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue
legal_ y pueden ser juzgados más de una vez por el mismo delito después de haber
sido hallados inocentes.
"Se detiene a la gente sin siquiera una audiencia judicial", dijo Rabinovitz.
"Para mí, eso es un escándalo ¿Desde cuándo permitimos que se encarcele a
alguien sin hacerle siguiera una audiencia para determinar si puede salir en
libertad bajo fianza?".
La mayoría de los inmigrantes detenidos enfrentan el complejo sistema legal
estadounidense sin un abogado. El 58% de los extranjeros que sobrellevaron
procesos con el sistema de inmigración en el año fiscal 2007 lo hicieron sin
asesoría legal, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración,
una rama del Departamento de Justicia.
Aún quienes cuentan con un abogado, no pueden hacer mucho si es incompetente.
En una de sus últimas medidas como secretario de Justicia del gobierno de George
W. Bush, Michael Mukasey puso fin a un viejo precedente y determinó que los
extranjeros, a diferencia de los delincuentes, no pueden apelar los fallos con
el argumento de que no recibieron buena asesoría legal.
El ICE arguye que los indocumentados son quienes deciden si permanecen presos
o no, pues quedan libres si aceptan ser devueltos a sus países. "Ellos deciden
apelar, lo que es su derecho" y seguir entre rejas, afirmó Bassett.
El ICE tiene poderes absolutos. Puede demorar la deportación de alguien,
incluso si ya hay una orden, y mantener detenidos a extranjeros que ganaron sus
casos, mientras apela el fallo.
En 2007, un juez de inmigración dictaminó que Samuel Kambo, un ex ministro de
Energía de Sierra Leone que tenía maestría y ningún antecedente penal, debía
recibir la residencia permanente tras estar preso ocho meses. El ICE, sin
embargo, lo mantuvo detenido mientras apelaba el fallo. Kambo fue liberado
finalmente cuando sus abogados arguyeron que la posición del ICE violaba la
constitución.
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Los defensores de los inmigrantes dicen que el ICE encarcela a los
extranjeros que no han cometido delitos a pesar de que hay otras alternativas,
por una simple razón: intimidar a la gente.
"Cuando pasas semanas y meses preso, disminuye tu determinación a pelear los
cargos", dijo Judy Green, de Estrategias para la Justicia, organismo
independiente especializado en temas carcelarios. El objetivo es "ejercer una
presión intensa sobre los presos para que acepten ser deportados".
El ICE afirma que los indocumentados no se presentan a las audiencias ni se
van del país cuando son expulsados si no son encarcelados. Aproximadamente un
tercio de los indocumentados liberados que no portaban brazaletes electrónicos
no se presentaron a los tribunales en el año fiscal 2007, según la Oficina
Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración.
Entre 95% y 97% de los que tenían orden de deportación y no portaban
monitores no se presentaron para ser trasladados a sus países. Por ello los
partidarios de mano dura dicen que es importante meterlos presos.
Los brazaletes, sin embargo, han demostrado ser muy efectivos. El 99% de
quienes los usan se presentan a sus audiencias judiciales. Sólo 5% de los que
enfrentan la deportación no aparecen en la audiencia final, según estadísticas
del ICE.
El organismo dice que el 94% de las personas expulsadas que usan brazaletes
se van del país cuando han agotado todas las instancias legales.
El Instituto de Políticas Migratorias recomienda el uso de brazaletes
electrónicos en lugar de la detención de indocumentados que no tienen
antecedentes delictivos o que han cometido infracciones menores y no son
considerados un riesgo para la comunidad.
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