Estados Unidos debe investigar a Bush y a otros
altos funcionarios por torturas
Indagar sobre solo dos muertes bajo custodia de la CIA es
insuficiente
HRW
11
de julio de 2011
George Bush
2004 AP Images |
Donald Rumsfeld
© 2004 AP Images |
Dick Cheney
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George Tenet
2004 Reuters |
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Getting
Away with Torture
Hay razones sólidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por
autorizar actos de tortura y crímenes de guerra. El presidente Obama ha
considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en
lugar de crímenes. Su decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos
podría ser revertida fácilmente, a menos que se restablezca claramente la
prohibición legal contra la tortura.
Kenneth Roth, director ejecutivo
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(Washington, DC) - Las pruebas contundentes que implican al gobierno de Bush
en torturas obligan al presidente Barack Obama a ordenar una investigación penal
de las denuncias sobre abusos a detenidos autorizados por el ex presidente
George W. Bush y otros altos funcionarios, señaló Human Rights Watch en un
informe que se divulgó el día de hoy. El gobierno de Obama no ha cumplido las
obligaciones asumidas por Estados Unidos, conforme a la Convención contra la
Tortura, de investigar actos de tortura y otros malos tratos a detenidos, afirmó
Human Rights Watch.
El informe de 107 páginas, "Getting
Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees"
["Torturas
impunes: El gobierno de Bush y el maltrato de detenidos"], presenta
suficiente información para justificar una investigación penal de Bush y varios
altos funcionarios de gobierno, incluidos el ex vicepresidente Dick Cheney, el
secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Director de la CIA George Tenet, por
haber ordenado prácticas como asfixia por inmersión (waterboarding), el
uso de cárceles secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países donde
fueron torturados.
"Hay razones solidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por
autorizar actos de tortura y crímenes de guerra", dijo Kenneth Roth, director
ejecutivo de Human Rights Watch. "El presidente Obama ha considerado estos actos
de tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes. Su
decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos podría ser revertida
fácilmente, a menos que se restablezca claramente la prohibición legal contra la
tortura".
Human Rights Watch señaló que si el gobierno de Estados Unidos no impulsa
investigaciones penales creíbles de estos hechos, otros países deberían juzgar a
los funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos, de
acuerdo a la legislación internacional.
"Estados Unidos tiene una obligación jurídica de investigar estos delitos",
afirmó Roth. "Si no toma medidas al respecto, otros países deberían
hacerlo".
En agosto de 2009, el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder,
designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de
detenidos, pero limitó la indagación a los actos "no autorizados". Como
resultado, la investigación podría no examinar actos de tortura, como las
prácticas de asfixia por inmersión, ni otros malos tratos autorizados por
abogados del gobierno de Bush, pese a que estos actos son contrarios al derecho
interno e internacional. El 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de
Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo
custodia de la CIA ocurridas, según informes, en Irak y Afganistán. Human Rights
Watch dijo que el limitado alcance de la investigación de Durham no aborda la
naturaleza sistemática de los abusos.
"El patrón de abusos del Gobierno de Estados Unidos a lo largo de varios
países no fue el resultado de acciones de individuos que rompieron las reglas",
dijo Roth. "Fue consecuencia de decisiones hechas por altos funcionarios
estadounidenses que decidieron estirar o ignorar las reglas"
Con respecto a los cuatro máximos funcionarios del gobierno de Bush, Human
Rights Watch expresó lo siguiente:
El presidente Bush admitió públicamente haber aprobado en dos oportunidades
el uso de prácticas de asfixia por inmersión, que consisten en someter a una
persona a un simulacro de ejecución por ahogamiento, y que tradicionalmente han
estado penadas en Estados Unidos como una forma de tortura. Bush también
autorizó los programas secretos de detención y entregas extraordinarias de la
CIA, que permitían mantener incomunicados a los detenidos y, en muchos casos,
trasladarlos a países como Egipto y Siria, donde posiblemente serían
torturados.
El vicepresidente Cheney fue el impulsor de la adopción de políticas ilícitas
sobre detención e interrogatorios, y presidió varias reuniones claves en las
cuales se discutieron operativos específicos de la CIA, como la decisión de
someter a asfixia por inmersión a un detenido, Abu Zubaydah, en 2002.
El secretario de Defensa Donald Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales
durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al-Qahtani,
sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en
Guantánamo que, considerados en conjunto, podrían ser considerados actos
torturas.
El director de la CIA George Tenet autorizó y supervisó el uso por parte de
la CIA de prácticas de asfixia por inmersión, posturas obligadas que causan
estrés, hostigamiento con fuertes ruidos y luces, privación del sueño y otros
métodos abusivos durante los interrogatorios, además del programa de entregas
extraordinarias de la CIA.
En entrevistas con los medios de comunicación, Bush ha intentado justificar
su decisión de autorizar las prácticas de asfixia por inmersión y señaló que
abogados del Departamento de Justicia habían afirmado que eran lícitas. Si bien
Bush debería haber advertido que las prácticas de asfixia por inmersión
constituyen torturas sin necesidad de consultar a un abogado, existe también
información significativa que indica que altos funcionarios gubernamentales,
entre ellos Cheney, intentaron influir en la opinión de los abogados, señaló
Human Rights Watch.
"Los más altos funcionarios del gobierno de Bush no deberían armar a medida y
elegir las opiniones legales según su conveniencia, y luego ampararse en tales
opiniones como si hubieran sido proporcionadas en forma autónoma", indicó
Roth.
Human Rights Watch también exigió que se examine penalmente el proceso de
preparación de los memorandos del Departamento de Justicia que se utilizaron
para justificar el trato ilícito dado a los detenidos.
Human Rights Watch señaló asimismo que las víctimas de tortura deberían
recibir una reparación justa y adecuada, como lo exige la Convención contra la
Tortura. Tanto el gobierno de Bush como de Obama han forzado el alcance de
doctrinas jurídicas como el secreto de Estado y la inmunidad oficial y han
logrado que la justicia penal ordinaria no examine los méritos de las denuncias
sobre torturas.
Debería crearse una comisión independiente no partidaria, similar a la
Comisión del 11 de septiembre, que examine los actos del poder ejecutivo, la
CIA, las Fuerzas Armadas y el Congreso en relación con las políticas y prácticas
aplicadas durante el gobierno de Bush que permitieron el abuso de personas
detenidas, expresó Human Rights Watch. Esta comisión debería emitir
recomendaciones a fin de asegurar que los abusos sistemáticos del gobierno de
Bush no se repitan en el futuro.
En febrero de 2011, Bush canceló un viaje a Suiza, debido a que un grupo de
víctimas de torturas habrían intentado presentar una querella en su contra en
ese país. También se encuentra en curso en España una investigación para
determinar la participación de funcionarios estadounidenses en torturas. Una
serie de documentos divulgados por Wikileaks revelaron que durante el gobierno
de Obama continuaron las presiones del gobierno estadounidense para que las
autoridades españolas decidieran abandonar la investigación.
Human Rights Watch señaló que la decisión del gobierno estadounidense de no
investigar la participación de sus funcionarios en hechos de tortura y maltrato
de detenidos podría frustrar las acciones de Estados Unidos en el exterior que
buscan conseguir justicia por violaciones de derechos humanos.
"Estados Unidos hace lo correcto cuando exige que se juzguen delitos
internacionales graves cometidos en lugares como Darfur, Libia y Sri Lanka, pero
no debería aplicarse un doble criterio", indicó Roth. "Cuando el gobierno
estadounidense protege a sus propios funcionarios e impide que sean investigados
y juzgados, contribuye a que otros países ignoren los esfuerzos internacionales
por juzgar a quienes han cometido crímenes graves".
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