Hospital en líos por ‘deportar’ a paciente
Ha sido demandado por un pariente del joven guatemalteco que recibía atención
en Florida
Luis Jiménez, en una imagen de 2003, cuando era atendido en el Martin
Memorial Medical Center, de Florida, por lesiones cerebrales tras un accidente.
[Foto: AP] |
STUART, Florida.— Todos concuerdan en un aspecto del extraño caso de un
paciente guatemalteco con graves lesiones cerebrales que fue deportado
secretamente por un hospital del sur de Florida.
Temprano en una mañana de julio de 2003, el Martin Memorial Medical Center
colocó a Luis Jiménez, de 37 años de edad, en un avión alquilado y lo envió de
vuelta a Guatemala, sin avisarle a sus parientes de Estados Unidos ni a las
autoridades guatemaltecas. Ni siquiera al custodio legal del centroamericano,
que intentó desesperadamente impedir el traslado.
A partir de ese momento, todo se complica. El custodio, un primo de Jiménez,
demandó al hospital, al que acusa de haber deportado al enfermo, quien estaba en
el país ilegalmente. El hospital, que gastó más de un millón y medio de dólares
en la atención de Jiménez durante tres años, afirma que el paciente quería
volver a su país.
El tema de fondo es qué debe hacer un hospital con un paciente que requiere
atención a largo plazo, que no tiene medios para cubrir los gastos ni tiene
acceso a beneficios del gobierno por ser indocumentado. El caso es seguido de
cerca por expertos en cuestiones de salud y de inmigración, pues podría
establecer importantes precedentes. Los abogados de Jiménez dicen que ésta
podría ser la primera vez que se ventila un caso de este tipo.
Al presentar sus argumentos finales en el juicio, el abogado de Gaspar y
Jiménez dijo ayer que el hospital envió al paciente de regreso a Guatemala para
detener lo que hubiese sido un proceso de apelación largo y costoso.
El plan fue diseñado para de una sola vez "detener los gastos... para parar
el caso antes de que llegase hasta la Suprema Corte, pues Luis Jiménez ya no
estaba", dijo Jack Hill ante una corte atestada de gente en Stuart, un poblado
tranquilo en el sur de Florida, justo al norte de la exclusiva comunidad de Palm
Beach.
Scott Michaud, el abogado del hospital, dijo que la institución quedó en una
situación muy difícil, pero que al final fue un juez y no el hospital el que
decidió que podían enviar a Jiménez de vuelta a Guatemala. Michaud agregó que el
centro médico le salvó la vida a Jiménez y le proporcionó atención médica
gratuita durante tres años, sólo para terminar siendo demandado
injustamente.
"Llamando a Alicia en el país de las Maravillas, donde arriba es abajo y
abajo es arriba, y las buenas obras son castigadas", dijo el abogado ayer.
El caso de Jiménez también invita a preguntarse quién debe decidir cuándo
deportar a alguien, si el hospital o una corte. Este poder ha sido ejecutado por
el gobierno federal por mucho tiempo.
"Sea cual sea la decisión [de la corte], hará que los hospitales de todo el
país estén más pendientes. La próxima vez que consideren enviar a un paciente a
otro país, van a tener que pensar bien las cosas porque podrían exponerse a
demandas y cuestionamientos", declaró Steve Larson, subdirector de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Pennsylvania y director de una clínica sin
fines de lucro que atiende a inmigrantes hispanos.
Linda Quick, presidenta de la Asociación de Hospitales y Centros de Salud del
Sur de Florida (South Florida Hospital & Healthcare Association), sostuvo
que los hospitales podrían mostrarse renuentes a ofrecer atención prolongada a
inmigrantes que no tienen seguro médico.
Los hospitales ya atienden a unas 47 millones de personas sin seguro. Se
calcula que los indocumentados representan un 15% de esa cifra, según el Centro
Hispano Pew.
"Seguramente seguirán las recomendaciones de los médicos, pero buscarán
formas de darlo de alta", señaló.
EL ACCIDENTE
Luis Jiménez fue sacado de EEUU hacia Guatemala en un avión, alquilado por el
hospital donde convalecía en Florida.[Foto: AP] |
Jiménez vino a Estados Unidos a trabajar como jornalero y enviaba dinero a su
esposa e hijos en Guatemala. En el año 2000, un conductor ebrio estrelló su
vehículo contra la camioneta que manejaba el guatemalteco y lo dejó parapléjico.
Estuvo más de un año en estado vegetativo, hasta que comenzó a mostrar síntomas
de recuperación, alcanzando un nivel cognitivo de cuarto grado. El hospital lo
envió a un centro de atención a largo plazo, pero el paciente regresó al
hospital porque necesitaba más cuidados. El nosocomio consiguió entonces una
carta del Ministerio de Salud guatemalteco, según la cual ese país estaba en
condiciones de hacerse cargo de Jiménez, y lo envió de vuelta a su patria.
Dado que Jiménez no estaba en condiciones de tomar decisiones, su primo
Gaspar Montejo fue designado su custodio. Montejo apeló el fallo de un juez que
aprobó el traslado. Un tribunal de apelaciones anuló ese fallo, dictaminando que
los juzgados estatales no pueden decidir casos de inmigración. A esa altura, sin
embargo, Jiménez ya se encontraba en Guatemala, con su madre, en una casa de un
ambiente en el estado de Huehuetenango, a 12 horas de auto de la capital. No hay
calles pavimentadas en la zona, por lo que a la madre le resultará imposible
conseguir ayuda en casos de emergencia.
Un sacerdote católico de Florida que visitó a Jiménez en Guatemala describió
así su situación en un correo electrónico a la AP: "Estaba limpio, contento de
recibir mi visita y por momentos hizo comentarios sensatos", señaló el reverendo
Frank O’Laughlin. "Parecía estar cooperando con la persona que lo cuida y que
sobrevivirá, por lo menos hasta que sufra su primera neumonía".
O’Laughlin dijo que no estaba seguro de si lo mejor sería que Jiménez fuese
traído de vuelta "para recibir atención médica de extraños en la Florida".
Pero considera que la demanda es importante porque no se puede permitir que
los hospitales deporten a la gente.
El sacerdote y Larson afirman que un país que depende de una fuerza laboral
extranjera barata para todo, desde la agricultura hasta la confección de ropa y
la construcción, debe tomar previsiones para responder a lesiones catastróficas
sufridas por quienes ofrecen esos servicios básicos. Esos gastos, dicen, deben
ser cubiertos por el empleador o por hospitales públicos.
Carla Luggiero, directora adjunta de la Asociación Nacional de Hospitales
(American Hospital Association), destacó que los casos como el de Jiménez son
poco frecuentes y que la mayor parte de las veces los hospitales y las familias
consiguen tratamientos aceptables. Acotó que las familias rara vez cuentan con
un abogado que las representa, sin cobrar, como ocurre con Jiménez.
"Es un tema muy complejo. Sin llegar a la repatriación, el tema de los
indocumentados es una granada, lo mismo que su atención médica", manifestó
Larson. "Cuando se los combina, es un asunto muy delicado".
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