“El mauritano”
Film reaviva el
debate sobre la tortura de los detenidos en Guantánamo
Lisa Hajjar | 23/02/2021
Fuentes: The Conversation - Imagen: Guardianes militares en la
prisión del Campo Delta, Bahía de Guantánamo, Cuba. Foto: Brennan Linsley/AP
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Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
“El mauritano", dirigida por Kevin
Macdonald, es el primer largometraje que escenifica cómo la guerra contra el
terror se convirtió en una guerra en los tribunales.
Como socióloga del derecho y periodista, he pasado las últimas dos
décadas investigando y escribiendo sobre los tipos de batallas legales que la
película retrata con precisión. Mi investigación ha incluido 13 viajes para
observar los juicios de las comisiones militares en la base naval de Estados
Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
La película está protagonizada por Tahar Rahim que interpreta a un mauritano
llamado Mohamedou Ould Slahi que es capturado y retenido en el centro de
detención de Guantánamo, un lugar donde se ha enviado a muchos presuntos
terroristas. Jodie Foster y Shailene Woodley interpretan a Nancy Hollander y
Teri Duncan, las abogadas de Slahi. Benedict Cumberbatch interpreta al teniente
coronel Stuart Couch, a quien se asignó la tarea de enjuiciar el caso de Slahi.
Hollander es, en la vida real, una de entre los cientos de abogados que entrevisté para
mi próximo libro “The War in Court: The Inside Story of the Fight against Torture in the War on Terror”, de University of California Press [“Guerra en los
tribunales: la historia interna de la lucha contra la tortura en la guerra contra
el terrorismo”]. Este libro describe el trabajo de los abogados que se
enfrentaron al gobierno de Estados Unidos por el programa de torturas posterior
al 11 de septiembre y de cómo, contra todo pronóstico, ganaron algunas batallas
clave y cambiaron la forma en que Estados Unidos libraba la guerra contra el terrorismo.
Desafiando la detención secreta
En noviembre de 2001, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, la
administración del presidente George W. Bush emitió una orden en virtud de la
cual se inició un proceso por el que las personas sospechosas de tener vínculos
con el terrorismo serían detenidas, encarceladas y potencialmente juzgadas.
Todo esto no iba a seguir el proceso habitual, por el que los juicios se
celebran ante un tribunal federal, sino en un nuevo sistema de comisiones militares.
En diciembre la base naval de Guantánamo fue designada como lugar principal para
la detención a largo plazo e interrogatorio de los hombres que fueran
sospechosos de tener vínculos con el terrorismo. Los prisioneros capturados en
Afganistán y otros lugares comenzaron a llegar allí el 11 de enero de 2002.
La razón por la que se eligió Guantánamo fue porque estaba bajo el control total
del ejército, relativamente cerca del continente, aunque fuera de Estados
Unidos y, por lo tanto, al margen del alcance de los tribunales
estadounidenses, o eso fue lo que asumió la administración Bush.
El objetivo que se perseguía era que, al no hallarse los detenidos en territorio
estadounidense, no tuvieran derecho legal a solicitar una orden de hábeas
corpus. Este principio es una protección centenaria contra el encarcelamiento
ilegal y una piedra angular del Estado de derecho. Permite a un preso afirmar
que está cautivo ilegalmente y exigir que el gobierno demuestre ante un juez
que hay motivos para seguir reteniéndolo.
Casi todo lo relacionado con los detenidos pasó a considerarse secreto, incluidos
sus nombres y el hecho mismo de que estaban bajo custodia de Estados Unidos.
Sin embargo, en febrero de 2002, el Center for Constitutional Rights, una
organización jurídica de izquierdas, se asoció con dos abogados de pena de
muerte, Joseph Margulies y Clive Stafford Smith, para presentar una petición de
hábeas en un tribunal federal en nombre de varios detenidos que se sabía que se
encontraban en Guantánamo.
Esa demanda exigía que el gobierno de Estados Unidos explicara por qué retenía a
esos hombres. Fue el pistoletazo de salida de lo que se convertiría en una
guerra en los tribunales. En junio de 2004, la Corte Suprema dictaminó que los
prisioneros de Guantánamo tenían, en efecto, derecho de hábeas.
Ese mismo mes vio la publicación de una serie de memorandos del Departamento de
Justicia y directivas políticas del Pentágono que exponían el hecho de que la
Casa Blanca había autorizado la tortura de sospechosos de terrorismo, incluidos
los detenidos en Guantánamo. Juntos, el fallo y los documentos, que se
conocieron como “memorandos de tortura”, impulsaron a varios abogados a
ofrecerse como voluntarios para representar a los detenidos de Guantánamo. Su
trabajo consistió en buscar información para desafiar la base presentada por el
gobierno para detener a sus clientes, incluida la evidencia de que habían sido
torturados bajo custodia.
Presunto culpable
Cuando se emitió el fallo del Tribunal Supremo, Slahi era uno de los detenidos más “valiosos”
de Guantánamo. Había sido arrestado en Mauritania en
noviembre de 2001 a petición del gobierno de los Estados Unidos, bajo la
sospecha de que había reclutado a Marwan al-Shehhi, uno de los secuestradores
del vuelo 175 de United, el segundo de los dos aviones que chocó contra el
World Trade Center en ciudad de Nueva York el 11 de septiembre.
Slahi fue entregado a la CIA y luego enviado a Jordania, donde las autoridades
jordanas lo interrogaron brutalmente durante siete meses al servicio de la
investigación global estadounidense sobre el 11 de septiembre. En julio de
2002, la CIA lo envió a la prisión de Bagram en Afganistán antes de trasladarlo
a Guantánamo el mes siguiente.
El caso de Slahi fue uno de los primeros enjuiciados bajo el sistema de comisiones
militares, que permite a los fiscales utilizar pruebas que nunca se permitirían
en los tribunales de Estados Unidos, incluidas confesiones obtenidas bajo coacción y prestando oídos a habladurías y rumores.
Couch, el fiscal, estaba personalmente vinculado al caso de Slahi porque era amigo
cercano del piloto del avión que había secuestrado al-Shehhi. Le dijeron que
Slahi había confesado todo aquello de lo que se le acusaba. Couch insistió en
examinar él mismo las pruebas.
No iba a gustarle lo que encontró.
Aprendiendo sucios secretos
Cuando la abogada Hollander conoció a Slahi en 2005, sabía muy poco sobre él o de su
caso, y dispuso de muy escasas oportunidades para persuadirlo de que firmara un
documento que la autorizara a representarlo. Su reunión, al igual que las
conversaciones de otros detenidos con sus abogados, tuvo lugar en las mismas
salas de Guantánamo donde se interrogaba a los presos, repletas de dispositivos
de vigilancia.
Slahi, que había aprendido inglés por sí mismo mientras estaba detenido, aceptó la
ayuda de Hollander y comenzó a escribirle unas largas cartas explicando qué le
había sucedido, aunque, como aprenderá la audiencia de la película, no todo.
Hollander, incluso como abogada de Slahi, tuvo que luchar contra el gobierno para obtener
los archivos de su caso, que en un momento incluían más de 20.000 páginas que
estaban casi completamente tachadas para ocultar información declarada
clasificada, incluidos los detalles de la detención de Slahi y las circunstancias
de sus confesiones.
El ejército estadounidense aceptó que se publicara esta foto de una de las
celdas en la Bahía de Guantánamo, Cuba (Foto: AP/Alex Brandon)
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Tortura y mentiras
El clímax de la película se produce cuando ambos abogados, acusadores y
defensores, obtienen los documentos que tanto tiempo buscaban. Las páginas
revelan el gran secreto sobre el caso de Slahi: que había sido brutalmente
torturado por ordenes directas del secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld.
Todos los detenidos de Guantánamo fueron sometidos a abusos, humillaciones y hostigamiento como parte de sus
interrogatorios. Pero Slahi fue también expuesto durante 70 días a lo que el
gobierno llamó “medidas especiales”, que incluyeron una ejecución simulada en
la que lo metieron en el mar en un bote y lo amenazaron con ahogarlo.
Sus captores también construyeron el elaborado engaño de que su querida madre había
sido arrestada y la estaban trasladando a Guantánamo, donde iba a ser violada
por otros detenidos. Solo después de esas experiencias, Slahi comenzó a
“confesar” todas las acusaciones que se le imputaban.
Hollander sabía que el gobierno no iba a querer hacer públicas las pruebas de que sus
supuestas confesiones fueron obtenidas mediante tortura, y presionó con más
fuerza para liberar a Slahi. Parte de ese esfuerzo incluyó la publicación de
las cartas de Slahi en un libro, “Diario de Guantánamo”, que se convirtió en un éxito de ventas.
Couch decidió no procesar a Slahi porque las confesiones no iban a tener valor legal.
Couch, acusado de traidor por el fiscal jefe, fue uno de varios abogados
militares que renunciaron a participar en las comisiones militares por
razones éticas.
El largo camino a casa
En 2010, la lucha de Hollander dio sus frutos, o eso parecía, cuando un juez
federal ordenó la liberación de Slahi. Pero la administración Obama apeló, y pasarían otros seis años antes de que se le
permitiera a Slahi regresar a Mauritania. Pasó un total de 14 años bajo
custodia militar de Estados Unidos sin enfrentar un solo cargo criminal.
La película tiene un final feliz, con escenas de la verdadera casa de Mohamedou
Slahi en Mauritania sonriendo mientras revisa las traducciones de su libro a
muchos idiomas, con fotos de él y uno de los guardias, del que llegó a hacerse amigo, de visita en Mauritania.
Pero no hay final feliz en Guantánamo, donde la prisión permanece abierta. De los
779 hombres y muchachos a los que se mantuvo allí detenidos, quedan aún 40,
incluidos seis que, como en el caso de Slahi, hace años que se ordenó su liberación.
Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad
de Santa Bárbara, California.
Fuente:
https://theconversation.com/the-mauritanian-rekindles-debate-over-gitmo-detainees-torture-with-40-still-held-there-154919
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