Guantánamo: prisioneros a la deriva
William Fisher
IPS
12 de mayo de 2009
La promesa del presidente Barack Obama decerrar la cárcel de prisioneros de
la guerra de Estados Unidos "contra el terror" en la base naval de Guantánamo,
Cuba, corre peligro de incumplirse, porque casi ningún país está dispuesto a
recibir a los reos.
Nueva York. La promesa del presidente Barack Obama de cerrar la
cárcel de prisioneros de la guerra de Estados Unidos "contra el terror" en la
base naval de Guantánamo, Cuba, corre peligro de incumplirse, porque casi ningún
país está dispuesto a recibir a los reos.
Los legisladores estadunidenses se resisten a aceptar la radicación en
territorio nacional de algunos de los 240 prisioneros a ser liberados. Francia
accedió a aceptar a uno que fue absuelto. Activistas continúan presionando para
liberar a 17 chinos de la etnia uigur detenidos en la bahía cubana.
El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes (baja) de Estados
Unidos ya aprobó el financiamiento de las guerras en Iraq y Afganistán, pero no
la partida de 50 millones de dólares solicitada por Obama en el mismo proyecto
de presupuesto para cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar a sus
reclusos.
Congresistas de ambos partidos reclamaron que el gobierno presente un plan
para cerrar ese centro de detenciones y que detalle en él qué hará con sus
residentes.
Legisladores republicanos dijeron que este problema revela la falta de
capacidad de Obama en materia de seguridad nacional, y lo acusaron de poner en
peligro a la ciudadanía.
Por eso, propusieron un proyecto de ley dedicado desde su título a "mantener
a los terroristas fuera de Estados Unidos", la cual impediría, de aprobarse, el
traslado de prisioneros de Guantánamo a cualquier instalación en territorio
nacional, a menos que la aprueben el gobernador y la asamblea legislativa del
estado en cuestión.
"Nuestros votantes no quieren a estos terroristas en sus vecindarios", dijo
el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, John A. Boehner, del
opositor Partido Republicano.
Varios demócratas se han unido a los republicanos diciendo que rechazan a los
prisioneros de Guantánamo.
Funcionarios del gobierno no han dicho a dónde serán conducidos los
detenidos, pero rechazaron la idea de que los ciudadanos estadunidenses afronten
riesgos por el cierre de la prisión, previsto para enero próximo.
"No pondremos en riesgo la seguridad de la población de este país", dijo el
fiscal general Eric H. Holder Jr., en una audiencia parlamentaria.
Observadores evaluaron que los legisladores parecen haber dividido los
prisioneros en dos grupos: los que fueron absueltos y no suponen amenazas para
la seguridad nacional, y los que serán detenidos y procesados en tribunales
estadunidenses o que no podrán ser juzgados pero son considerados demasiado
peligrosos como para ser liberados.
En la primera categoría figuran los 17 uigures, que, según las autoridades,
no suponen ningún riesgo, pero que hace siete años están detenidos en Guantánamo
sin cargos en su contra. Un tribunal federal de distrito concluyó en enero que
su detención era ilegal.
El tribunal ordenó la liberación de los uigures en Estados Unidos, porque no
pueden ser devueltos a China, donde corren peligro de ser torturados, y porque
ningún otro país accedió a recibirlos.
Pero un tribunal de apelaciones estadunidense revocó ese fallo, por entender
que el Poder Judicial no tiene jurisdicción en cuestiones migratorias y, por lo
tanto, carece de facultades para imponer la radicación de los prisioneros en
territorio nacional, aunque su detención sea ilegal.
Los abogados de los uigures, algunos de los cuales revistan en el no
gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, ya recurrieron ante la
Corte Suprema de Justicia.
En un informe presentado el día 8, la Unión para las Libertades Civiles
Estadunidenses (ACLU) se unió a la solicitud del Centro.
"La Constitución requiere que donde un tribunal federal concluya que el
encarcelamiento de un detenido es ilegal, el tribunal debe tener el poder para
ordenar su liberación", incluso en Estados Unidos, "cuando sea necesario poner
fin a la detención ilegal", dijo Jennifer Chang Newell, abogada del Proyecto de
Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
"Que el gobierno retenga indefinidamente a estos hombres contradice la
Constitución y amenaza con convertir el habeas corpus en letra muerta",
agregó.
Los uigures constituyen una minoría étnica integrada por musulmanes que
hablan turco, y son originarios del noroeste chino. Viven en Asia oriental y
central. El gobierno de China es acusado de reprimir sus derechos religiosos y
sus libertades civiles.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que dos antiguos
detenidos en Guantánamo serán liberados en breve.
Como señaló el presidente francés Nicolas Sarkozy en la reciente visita de
Obama a Europa, Francia aceptará a un prisionero radicado en Guantánamo desde
2002.
Lakhdar Boumediene, de 43 años, fue arrestado en 2001 en Bosnia-Herzegovina
junto con otros cinco argelinos, bajo sospecha de haber participado en un
atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Sarajevo.
Un juez federal estadunidense dictaminó en noviembre que las evidencias
contra Boumediene no eran creíbles y ordenó su libertad.
El otro detenido que Estados Unidos aceptó liberar es Ayman Batarfi, cirujano
yemenita de 38 años que presuntamente trataba a los heridos de la red extremista
Al Qaeda en Tora Bora, Afganistán.
La decisión del gobierno sobrevino como parte de una evaluación caso por caso
ordenada por Obama para desalojar la prisión antes de su cierre en enero.
Batarfi declaró en 2005 ante una comisión militar que estaba presente en la
batalla de Tora Bora, en 2001, en su carácter de trabajador humanitario. Según
la transcripción del interrogatorio a cargo del Pentágono, el prisionero dijo no
respetar al saudita Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, a quien calificó de
"cobarde".
Éste es el tercer detenido cuya liberación ordena el gobierno de Obama,
iniciado el 20 de enero. El primero fue el etiope Binyam Mohammed, devuelto a
Gran Bretaña, país donde está radicado legalmente.
En cuanto a la liberación de Batarfi, la decisión del Departamento de
Justicia (fiscalía general) se debió a que, según un juez federal, el gobierno
había ocultado los antecedentes psiquiátricos de un testigo al que convocó para
fundamentar numerosas acusaciones contra prisioneros en Guantánamo.
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