En Guantánamo, la Administración Obama sigue
haciendo la ley a su antojo
John Knefel
11 de noviembre de 2012
La galeria de la sala de audiencias de la comisión militar de Guantánamo está
detrás de un panel de grueso cristal transparente, a prueba de sonido. Los cinco
monitores que cuelgan del techo -para beneficio de los periodistas, observadores
de ONGs y familiares de víctimas del 9/11 que han tenido acceso a los cincuenta
asientos de la sala- enfocan la silla vacía del juez, enmarcada por los escudos
de todos los cuerpos de las fuerzas armadas. A las 09:00 am -todo se desarrolla
con puntualidad militar-, el coronel del ejército James L. Pohl entra desde su
despacho y todo el mundo se pone de pie. El juez Pohl se sienta, y lo mismo
hacen todos los demás.
Los monitores, sin embargo, siguen mostrando una silla vacía. La razón es que
emiten en diferido, con 42 segundos de retraso, para evitar la divulgación
accidental de información clasificada. Finalmente, el eco televisado del juez
Pohl entra en las pantallas, enciende el micrófono y, para aquellos de nosotros
en la galería, comienza en realidad la sesión del tribunal.
Esta desconexión cognitiva –la presencia de una ley ausente-se sitúa en el
corazón del universo jurídico alternativo conocido como “comisiones militares
estadounidenses”. El Tribunal Supremo ha establecido claramente que, en términos
generales, la Constitución protege(1) a los detenidos en la Fuerza
Operativa Combinada de Guantánamo (GTMO). Pero los abogados del gobierno
prefieren abordar las causas "una a una”, como el abogado del Departamento de
Justicia Clayton Trivett afirmó el 18 de octubre pasado, durante una audiencia
previa al juicio. El caso que nos ocupa es el de Khalid Sheikh Mohammed (KSM) –
al que se suele calificar de "cerebro" del 9/11- y sus cuatro coacusados. El
tema en cuestión tiene que ver con el procedimiento previo al juicio. Pero, más
allá de la agenda concreta del día, presenciar el procedimiento de las
comisiones militares es como presenciar un partido de alto riesgo de Calvinball(2),
en el que las normas y los parámetros se establecen sobre la marcha, ante
nuestros ojos. Como dice Zeke Johnson, director de la campaña “Seguridad en EE
UU con Derechos Humanos” de Amnistía Internacional, “por lo menos una cosa es
evidente: el gobierno de EE UU inventa a medida que avanza”.
Las comisiones militares tienen una historia relativamente corta pero
complicada. Autorizadas deprisa y corriendo(3) por George W. Bush
pocos meses después del 9/11, fueron diseñadas para juzgar a presuntos
terroristas que no son ciudadanos de EE UU. Después de que la Corte Suprema, en
el caso Hamdan contra Rumsfeld,dictaminase en 2006 que violaban tanto el
Código General de Justicia Militar como los Convenios de Ginebra, el Congreso
aprobó la Ley de Comisiones Militares que rediseño del sistema para juzgar
"combatientes enemigos ilegales". La Ley se ha actualizado en 2009, con Obama,
para que las comisiones pareciesen más justa y transparentes, pero aún así la
diferencia con los tribunales civiles ordinarios es dramática. Por ejemplo, la
evidencia derivada de las declaraciones obtenidas mediante la tortura podrían
ser admisibles(4) si el "uso de tal evidencia esta en consonancia con
los intereses de la justicia".
Existe un Manual para Comisiones Militares(4), pero sin
precedentes legales relevantes, la confusión abunda. Según el abogado defensor
James G. Connell, “una y otra vez presenciamos como las comisiones militares
improvisan sobre la marcha”.
Las más de 25 mociones previas al juicio presentadas esa semana ante la
comisión están relacionadas con las normas básicas que debían regir el juicio de
KSM, con mucho el más complicado hasta la fecha de los que han tenido lugar ante
las comisiones militares. (La administración Obama intentó inicialmente juzgar a
KSM y sus co-acusados en un tribunal de Nueva York, pero acabó por diferir el
juicio a Guantánamo bajo la presión política de republicanos y demócratas).
Entre las mociones discutidas se encontraba la cuestión de si los 42 segundos de
retraso entre lo que el tribunal y el público escuchan es constitucional. Otra
moción, muy discutida, era si se puede prohibir a los cinco coacusados
testificar sobre sus propias experiencias, con el argumento de que sus
pensamientos, emociones y recuerdos son información clasificada. La fiscalía, en
nombre del Gobierno, ha afirmado que todas las declaraciones de los acusados
deben ser consideradas “presuntamente información clasificada" -es decir, cada
palabra que digan debe ser considerada secreto oficial-, pero esta posición ha
ido perdiendo fuerza.
Suena raro que el gobierno puede esgrimir su propiedad sobre las experiencias
personales y lo que piensa un individuo. Pero así es. La argumentación del
fiscal(5) es que los cinco acusados se encuentran en una “situación
particularmente creíble para confirmar o negar” hechos relacionados con las
“rendiciones”, detenciones y el programa de interrogatorios de la CIA. Después
de haber sido torturados, pueden describir como fue, y el gobierno tiene
evidentes motivos para evitar que lo hagan.
Pero el fiscal principal, el general de brigada Mark Martins, ha afirmado que
el gobierno no está actuando con excesivo secreto, sino simplemente adoptando
todas la precauciones posibles. El general Martins ha dicho que “la zozobra [del
gobierno] no es base legal" para prohibir el acceso al juicio de la prensa y del
público; y tampoco lo es “el hecho de que una ley puede haber sido violada”. Sin
embargo, los críticos son escépticos a la hora de que la comisión permita
conocer información clasificada en audiencia pública, dado al secretismo
expansivo que el gobierno defiende.
Según Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la
American Civil Liberties Union (ACLU), "contra lo que estamos luchando es
el intento del gobierno de impedir que el público tenga acceso a los
pensamientos, experiencias y recuerdos de la tortura, entregas extraordinarias y
detenciones en el programa de la CIA de la parte demandada”. La ACLU está
tratando de bloquear el proceso sobre la base de que la administración Obama no
ha cumplido con el requisito constitucional de que un juicio debe ser público si
la fiscalía no ha demostrado, y así consta en acta, que exista una probabilidad
sustancial de perjuicios como resultado de la discusión pública de la
información en cuestión. El hecho de que muchos elementos de los programas de la
CIA ya han sido oficialmente reconocidos hace aún menos probable que la
discusión sobre los mismos pueda poner en peligro la seguridad nacional.
David Schulz, quien compareció ante la comisión en representación de catorce
medios de comunicación, argumentó que bajo la Ley de Procedimiento de
Información Clasificada, esta incluso puede ser discutida en audiencia pública.
"El hecho de que una información este clasificada no quiere decir que se tenga
que desarrollar inevitablemente el proceso a puerta cerrada, si dicha
información es necesaria para el juicio", declaró Schulz a la revista The
Nation. Schulz, junto con la ACLU y los abogados de la defensa, también
argumenta que la demora de 42 segundos del sonido también es inconstitucional.
Aunque 42 segundos no parece mucho tiempo, Shamsi explicó a The Nation
que el retraso “permite que dicha información quede censurada para siempre".
Shamsi señaló además su preocupación de que las categorías "[de información y de
expresión] que se puede suprimir son tan amplias ... que actúan como un tipo de
autocensura previa clásica. El gobierno está impidiendo que la gente pueda
expresarse incluso antes de que hable".
A lo largo de esa semana, la comisión decidió en una ocasión continuar a
puerta cerrada. Cuando esto sucede, el oficial de seguridad del tribunal,
sentado junto al juez Pohl, pulsa un botón y una "sirena de hockey", como la
gente se refiere a ella, suena. En ese momento, se cortan la imagen y el sonido
que se retransmiten a la galería y al centro de prensa. En esta ocasión, sin
embargo, el juez Pohl decidió que se trataba de una falsa alarma y recogió la
transcripción de lo dicho en el acta. El corte había sido provocado por el
abogado defensor, teniente coronel Kevin Bogucki, que se refirió a la hipotética
paliza sufrida por un detenido y al encadenamiento de otro al techo, como
ejemplos de que no había dado ninguna "información clasificada" a los acusados
más allá de la referida a la conducta de sus interrogadores. El argumento es que
no es lo mismo que al acusado se le den páginas y páginas de archivos secretos
que detallen las fuentes y métodos de la CIA que el que se sepa que se les ha
hecho. El juez Pohl quiso aclarar que sólo consentía que quedasen registradas en
el acta porque Bogucki se había referido a ambos ejemplos como “situaciones
hipotéticas”.
El juez Pohl tiene un comportamiento parecido al del actor Bill Murray en la
película Lost in Translation: gentil pero exhausto, inteligente, pero
fuera de su elemento. De hecho, Pohl se da un aire a Murray, así como al
Presidente del Tribunal Supremo John Roberts. A menudo repite, "como la gente me
recuerde, yo no soy un juez federal", y su falta de familiaridad con los
procedimientos de un tribunal federal son evidentes muchas veces. En el
transcurso de la semana, el propio juez Pohl lo admitió explícitamente en un
momento dado: “comprendo cual es la práctica federal hasta cierto punto," dijo,
"y mucho de lo que se ha hecho en estos casos de manera general es sobreponer en
la práctica los procedimientos jurídicos federales, cuando no mezclarlos, con
los de un tribunal de guerra, para acabar teniendo un poco de ambos”.
Pohl estaba respondiendo a la petición formulada esa mañana por el abogado
defensor Connell de que un oficial de seguridad del Tribunal actuase de enlace
entre él, sus colegas y los funcionarios del gobierno a fin de obtener
aclaraciones sobre el manejo de la información cuya clasificación no es
evidente. En otro intercambio, con la fiscal Joanna Baltes, el juez Pohl se
refirió a ello como "un agujero negro", diciendo que el tribunal no tenía a
nadie que pudiera cumplir ese papel. "Creo que estoy pérdida", respondió
Baltes.
No se trata sólo de un caso en el que esta en juego la pena capital, la vida
de cinco personas. Como Shamsi, de la ACLU, ha repetido muchas veces, este es
"el juicio por terrorismo más importante de nuestra generación", y los jugadores
están escribiendo el libro de reglas sobre la marcha.
"No se pueden celebrar estos juicios ante un tribunal federal"
Las preocupaciones de los abogados defensores acerca de sus clientes van más
allá de la sala de audiencias. El comandante Walter Ruiz, el único abogado que
representa a Mustafa al-Hawsawi, uno de los cinco acusados, y un detenido
considerado de gran importancia, describió las dificultades que implica su
acceso muy restringido a su cliente, añadiendo que la tensión que crea en la
defensa puede ser "muy significativa". Por su parte, al-Hawsawi renunció a su
derecho a comparecer ante el tribunal después del primer día, en parte a causa
de su negativa a reconocer la legitimidad del proceso.
El comandante Ruiz pareció poner nervioso a algunos militares presentes en la
sala cuando describió el procedimiento seguido para transportar a su cliente
desde su celda al tribunal, señalando que es demasiado invasivo. Su cliente
considera que es "degradante e innecesario dada la tecnología existente", según
Ruiz. Cuando le pregunté si tenía preocupaciones más generales sobre las
condiciones en que se mantiene a su cliente, Ruiz respondió con firmeza: "Sí".
Luego agregó: "Sin embargo, no puedo referirme a los métodos y medios de
detención que se utilizan".
El fiscal principal, general de brigada Mark Martins, un hombre delgado que
sobrepasa por su altura a casi todas las personas en la isla, ayudó a redactar
la Ley de Comisiones Militares de 2009 y tiene la misión poco envidiable de
defender la legitimidad de los juicios. Cita a los fundadores al hablar con los
periodistas, y responde a sus preguntas con respuestas largas, a veces
académicas. Constantemente reitera la imparcialidad del proceso, que considera
"mucho más transparente que un montón de otros sistemas."
Le pregunté si estamos siendo testigos de la creación de un nuevo marco legal
alternativo, totalmente independiente de nuestro sistema civil. Martins
respondió que las comisiones militares son "un instrumento o una institución de
un gobierno que hay que preservar. No se pueden celebrar estos juicios ante un
tribunal federal".
Cuando el general Martins dice: "no se pueden celebrar estos juicios ante un
tribunal federal", parece querer decir que no es posible conseguir una condena
en un tribunal federal, o que no se puede asegurar una condena en un tribunal
federal. Independientemente de si es cierto, y la evidencia sugiere lo
contrario(6), no es desde luego una base legítima para la creación de
un sistema legal alternativo. En este sentido, las palabras de Martins se hacen
eco de la opinión del ex consejero general del Pentágono William Haynes, quien
en 2005(7) dijo al coronel Morris Davis, ex fiscal jefe de las
comisiones militares de Guantánamo: “no puede haber absoluciones. Tiene que
haber condenas". Esta orientación –que presupone explícitamente un tribunal
amañado- acabaría por provocar la renuncia del coronel Davis en 2007, como
confirmó a en 2008.
Las palabras de Martins, pronunciadas en las últimas semanas de la primera
legislatura de la Administración Obama -que una vez prometió que el cierre de
Guantánamo era una de sus principales prioridades- en el sentido de que el
gobierno debe "preservar" la capacidad de actuación de las comisiones militares
son escalofriantes y prueba del hecho de que los gobiernos nunca renuncian
voluntariamente en la práctica al poder que se les otorga.
El presidente Obama dijo recientemente en el programa de televisión The
Daily Showque todavía quiere cerrar Guantánamo. Si es sincero, hay muchas
razones para cuestionar la existencia misma de las comisiones militares. En
primer lugar y ante todo, los tribunales federales tienen altas tasas de
condenas en los juicios por terrorismo, ninguna de las cuales ha puesto en
peligro la seguridad del país. Las escasas condenas dictadas por tribunales de
guerra es muy probable que no sean ratificadas por los procesos de apelación en
curso . Un tribunal de distrito en Washington DC acaba de revocar(8)
la condena de Salim Hamdan, que había sido declarado culpable por una comisión
militar.
Pero el mayor problema es que era una idea extremista -que el poder ejecutivo
debe tener su propio sistema legal para juzgar a los llamado “enemigos
combatientes”- ha acabado por ser aceptada, elaborada jurídicamente y legislada
por dos Administraciones de distinto color político. La reciente denuncia de que
la CIA y el FBI están tratando de enviar a Guantánamo a un
sospechoso(9) en el asesinato en Benghazi del Embajador de EE UU en
Libia Christopher Stevens no hace sino reforzar el escepticismo de los críticos
de que las comisiones militares no son un instrumento con un objetivo limitado y
con fecha de caducidad. <>Lo mismo, por supuesto, es válido para la
"Guerra contra el Terror" de manera más amplia, como lo demuestra un informe
escalofriante del Washington Post sobre la "matriz para eliminaciones",
una herramienta de lucha contraterrorista que afianza aún más la política de
"asesinatos selectivos" adoptada por la Administración Obama. Como escribe
Spencer Ackerman(10): "Obama no se presentó a la presidencia para
presidir la codificación legal de una guerra mundial secreta. Pero ese es su
legado”. De hecho, como sabe a sus expensas John Kiriakou, que ha sido juzgado
recientemente por denunciar esta deriva(11) e intentar hacer luz
sobre el programa de torturas de la CIA, la Administración Obama ha llevado ante
los tribunales a más defensores de los derechos civiles(12)
relacionados con la “Guerra contra el Terror”, utilizando la Ley de Espionaje de
1917, que todos los presidentes anteriores juntos.
Las comisiones militares son sólo una parte de una tendencia mas general y
preocupante de centralización del poder presidencial con control y transparencia
democráticas prácticamente nulos. "Estamos en una sociedad en la que la
tendencia al secreto va aumentando", resumió Shamsi cuando terminábamos nuestra
entrevista. "Tenemos que luchar contra la corriente que mantiene al público
ignorante acerca de cómo nuestro gobierno actúa en nuestro nombre".
Notas:
[1] http://ccrjustice.org/learn-more/faqs/legal-analysis%3A-boumediene-v.-bush/al-odah-v.-unitedstates,%20http://ccrjustice.org/ourcases/past-cases/hamdi-v.-rumsfeld-%28amicus%29
[2] http://calvinandhobbes.wikia.com/wiki/Calvinball
[3] http://www.fas.org/irp/offdocs/eo/mo-111301.htm
[4] http://www.mc.mil/Portals/0/2010_Manual_for_Military_Commissions.pdf
[5] http://www.aclu.org/files/assets/govt_motion_for_po_u.s._v._mohammad.pdf
[6] http://www.humanrightsfirst.org/2012/07/12/federal-courts-continue-to-take-lead-in-counterterrorism-prosecutions/%5D
[7] http://www.thenation.com/article/rigged-trials-gitmo-0
[8] http://www.reuters.com/article/2012/10/16/us-usa-binladen-driver-idUSBRE89F0YV20121016
[9] http://thehill.com/blogs/defcon-hill/operations/263835-us-denied-access-to-terror-suspect-tied-to-libya-attacks-says-goplawmaker-
[10] http://www.wired.com/dangerroom/2012/10/disposition-matrix
[11] http://www.nytimes.com/2012/10/24/us/former-cia-officer-pleads-guilty-in-leak-case.html?_r=0
[12] http://www.salon.com/2012/02/09/obamas_unprecedented_war_on_whistleblowers/
John Knefel es un conocido cómico y escritor estadounidense, activista del
movimiento Ocuppy Wall Street, que mantiene el blog http://theradiodispatch.com
Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster
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