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Leon Panetta: Es legal asesinar ciudadanos estadounidenses

2 de febrero de 2012
Glenn Greenwald

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
11 de febrero de 2012

Scott Pelly de las noticias de CBS parece ser uno de los pocos periodistas americanos molestos o incluso interesados por el hecho de que el Presidente Obama ha hecho valer y ha utilizado la potestad para que la CIA ejecute a ciudadanos de EEUU sin un atisbo del debido proceso y lejos de cualquier campo de batalla. Fue Pelly quien hábilmente entrevistó al candidato presidencial republicano en el debate de noviembre sobre si los asesinatos sin el debido proceso eran apropiados, incitando a Newt Gingrich, Mitt Romney y Michele Bachmann a aplaudir al presidente Obama por asesinar al ciudadano de EEUU Anwar Awlaki (tal como Rick Perry, Dick and Liz Cheney y Bill Kristol habían hecho ya). Anoche, Pelly hizo lo mismo cuando entrevistó en 60 minutosal secretario de defensa y ex-jefe de la CIA Leon Panetta. Vale la pena ver este vídeo de 3 minutos porque, aunque panetta no dice nada nuevo (simplemente afirma los eslóganes estándar y las afirmaciones no demostradas que los defensores de Obama siempre utilizan en este asunto), viendo a un alto oficial de Obama ante un buen interrogatorio, defender la potestad de asesinar a ciudadanos de EEUU muestra profundamente la mentalidad autoritaria que hay detrás de todo esto.

Vídeo de la CBS

Las respuestas de Panetta están impregnadas de afirmaciones dudosas o incluso falsas. Por ejemplo, es falso que los EEUU proveyeran del debido proceso a todo aquel detenido por terrorismo. Más bien al contrario, la administración Obama ha estado reteniendo durante años sin cargos a docenas de sospechosos de terrorismo y el presidente Obama acaba de firmar una ley que le da poder para detener indefinidamente a personas acusadas de terrorismo. Pero si incluso fuera verdad que todos los sospechosos de terrorismo que son detenidos se les diera el debido proceso, esto solamente refuerza lo qué perversa es la situación para afirmar la potestad para ejecutarlos sin el debido proceso. Después de todo, ¿cómo puede ser que el gobierno tenga que probar la culpabilidad para encarcelar terroristas pero no para ejecutarlos?

Pero esta es sin duda una de las hipocresías más grandes de las políticas del Partido Demócrata. Exactamente la misma facción que pretendía hace años estar tan escandalizada solo por las escuchas y por la detención de acusados de terrorismo sin el debido proceso está ahora tan contenta de tener a su propio presidente matando a acusados de terrorismo sin el debido proceso, incluso cuando las víctimas son su conciudadanos: obviamente un abuso mucho más “draconiano” y permanente que las escuchas o las detenciones (exactamente la misma facción que protestaba contra la teoría radical de Bush de que el mundo entero es un campo de batalla, ahora debe abrazar justo esa teoría para justificar cómo alguien conduciendo un coche, o sentado en casa, o durmiendo en su cama, en un país donde no hay una guerra declarada, está en un “campo de batalla” en el momento que la CIA termina con su vida).

Es igualmente falso a la vez que engañoso y perverso, cuando Panetta asegura que un ciudadano en la posición de Awlaki podría venir a EEUU para asegurarse de que se le garantiza el debido proceso. Por un lado, Awlaki nunca fue acusado o culpado de nada en los EEUU – simplemente fue ejecutado sin cargos (la administración Obama, después de intentar matarlo, supuestamente “consideró” acusarlo de crímenes en algún momento pero nunca lo hizo) – por lo que no había nada por lo que él podría haberse entregado, incluso si hubiera querido.

Peor aún, la lista negra del presidente Obama de los que él aprueba para ser asesinados es totalmente secreta; nosotros supimos que Awlaki fue señalado solo porque alguien filtró el hecho a Dana Priest. La manera en la que el proceso funciona normalmente, tal como describió Reuters, es que los americanos señalados son seleccionados “por un panel secreto de oficiales veteranos del gobierno, los cuales después informan al presidente de sus decisiones”; además, “no hay un registro público de las operaciones o de las decisiones del panel” ni “ninguna ley que establezca su existencia o ponga las reglas por las que se supone tiene que operar.” Por lo que sin una filtración fortuita (actos por los que la administración Obama de manera vengativa está ejerciendo el más severo castigo), sería imposible para los ciudadanos americanos saber que han sido seleccionados para ser ejecutados por el presidente Obama (y así, obviamente imposible garantizarse a uno mismo los derechos del debido proceso para pararlo).

Mucho peor, si un americano señalado para ser asesinado comenzara un procedimiento judicial para intentar detener el intento de asesinato en ausencia de juicio – tal como el padre de Awlaki hizo en nombre de su hijo, con la ayuda de la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés)- entonces el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de Obama insistirá en que las razones para el asesinato son “secretos de Estado” y no pueden ser examinadas judicialmente, e independientemente, que tales son asuntos que sólo el presidente decide por lo que las cortes no tienen ningún papel que jugar interfiriendo con tales decisiones (ver PUNTO II). Las cortes americanas, en su mayor parte respetuosas con los reclamos de secretismo y autoridad presidenciales después del 11 de septiembre, aceptan tales reclamos casi por reflejo. En otras palabras, si un estadounidense en la mira intenta hacer valer su derecho al debido proceso, la administración de Obama irá a la corte y tomará exactamente la posición contraria a la que Panetta está afirmando aquí: a saber, que la persona no tiene el derecho a que una corte interfiera en la orden de asesinato del presidente.

Por lo que por muchas razones, la declaración de Panetta es completamente falsa: ciudadanos americanos señalados en secreto por el presidente Obama para ser ejecutados no tienen la manera de conseguir el debido proceso incluso en el improbable caso de que se enteren de que han sido de hecho señalados. Y todo esto es independiente de la idea distorsionada de Panetta de que un estadounidense tiene que estar en suelo de EEUU para reclamar protección constitucional, un gran rechazo de la bien arraigada ley constitucional por la que los estadounidenses tienen el derecho a viajar al extranjero y que cuando lo hacen mantienen sus derechos constitucionales contra el gobierno de EEUU, incluso estando en suelo extranjero. Como la corte suprema decretó en 1956, específicamente discutiendo el requerimiento de que si un ciudadano tiene que ser juzgado antes de ser castigado puede ser obviado (énfasis añadido):

    Al principio, rechazamos la idea de que, cuando los Estados Unidos actúan contra ciudadanos en el extranjero, puede hacerlo sin acatar la Carta de Derechos. Los Estados Unidos son totalmente una criatura de la Constitución. Su poder y autoridad no tienen otra fuente. Solo pueden actuar de acuerdo con todas las limitaciones impuestas por la Constitución. Cuando el gobierno alcanza a castigar a un ciudadano que está en el extranjero, el escudo que provee la Carta de Derechos y otras partes de la Constitución para proteger su vida y libertad no debería ser despojado sólo porque esté en otra tierra. Esto no es un concepto de novela. Por el contrario, es tan viejo como el gobierno.

Pero el último punto es el más importante y revelador de todos: todo el caso de Panetta descansa en una simple afirmación, sin probar, de que Awlaki era un terrorista intentando “matar americanos.” Eso, por supuesto, es precisamente lo que está en cuestión: verdaderos expertos en Yemen han cuestionado ampliamente si Awlaki tenía ningún papel operacional en Al Qaeda (tan opuesto a ese papel como su abogado, el cual es protegido claramente por la libertad de expresión). No se ha presentado ninguna evidencia pública que pruebe que Awlaki tenía ese papel. Simplemente tenemos las acusaciones de oficiales del gobierno que no han sido comprobadas o verificadas. Acusaciones como la de Leon Panetta diciendo que es culpable: en otras palabras, no tenemos nada más que decretos de culpabilidad. La constitución de los EEUU, en primer lugar, fue diseñada para prohibir la aplicación de castigos basados en acusaciones del gobierno que no han sido verificadas o probadas en una corte de justicia; para aquellos que lo duden, tan solo leer las disposiciones relevantes (“Ninguna persona será condenada de ningún delito sin el testimonio de dos testigos en el mismo acto público, o una confesión en una Corte abierta”; ninguna persona será privada de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal”).

Sin embargo, como escribí el otro día, “Los EEUU son realmente una sociedad que no cree más en el debido proceso: en el momento que el rasgo que define la libertad de EEUU es despreciado como una clase de doctrina marginal, radical y académica.” En cambio:

    Defensores de ambos partidos políticos apoyan, o al menos toleran, todos los modos de castigo gubernamental sin simular ni siquiera un juicio, basado únicamente en la acusación del gobierno: encarcelamiento de por vida, traslados a terceros países, incluso asesinatos de compatriotas. Simplemente pronunciando la palabra terrorista, sin probarlo, es suficiente.

Aquí tenemos al Secretario de Defensa, por mucho tiempo Demócrata, Leon Panetta, diciéndote tan claro como puede que esta es exactamente la premisa para actuar de la administración en la que sirve: una vez que el Presidente te acusa de ser un terrorista, una decisión tomada en secreto y sin ningún control o debido proceso, podemos hacer lo que queramos contigo, incluyendo ejecutarte donde sea que te encontremos. Es difícil saber qué es más extraordinario: que él se siente tan cómodo diciendo esto abiertamente, o que a tan poca gente parezca importarle.

Jake Tapper de las noticias de ABC presionó en octubre al portavoz de la Casa Blanca Jay Carney sobre las pruebas que la administración tenía que demostraran la culpabilidad de Awlaki, y se emitió el mismo decreto autoritario: hemos dicho que es un terrorista y no hace falta decir nada más.

>Este artículo apareció originalmente en salon.com el 30 de enero de 2012.


 

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