El Fiscal General Holder defiende las ejecuciones
sin cargos
6 de marzo de 2012
Glenn Greenwald
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
20 de marzo de
2012
Ayer, en
un discurso en la Universidad del Noroeste, Eric Holder, Fiscal General de
los EEUU, dió la explicación más detallada hasta ahora de porqué la
administración Obama cree que tiene la autoridad para seleccionar en secreto a
ciudadanos estadounidenses para ser ejecutados por la CIA sin ni siquiera
acusarlos de un crimen, notificarles las acusaciones o darles la oportunidad de
responder. Por el contrario los condenan a muerte sin una chispa de
transparencia o vigilancia judicial.
La administración sigue manteniendo en secreto el
memorandum legal que obtuvo para justificar estos asesinatos, y, como
Charlie Savage del New York Times anotó,
el “discurso de Holder no tenía notas a pie de página o específicas referencias
legales, y estaba muy por debajo del nivel de detalle contenido en el memorandum
de la Oficina del Consejo Legal.”
Pero el punto crucial del argumento de Holder tal como se expresa en el
discurso de ayer es esto:
Algunos han argumentado que el presidente necesita obtener permiso de una
corte federal antes de tomar acción contra un ciudadano de los Estados Unidos
que sea un veterano líder de operaciones de Al Qaeda o fuerzas aliadas. Esto
sencillamente no es exacto. “El debido proceso” y “el proceso judicial” no
son una cosa y la misma, especialmente cuando se refiere a seguridad nacional.
La Constitución garantiza el debido proceso, no el proceso
judicial.
Cuando los oficiales de Obama (como los de Bush antes de ellos) se refieren a
alguien como “un veterano líder de operaciones de Al Qaeda o fuerzas aliadas,”
lo que realmente quieren decir es esto: alguien al que el Presidente ha
acusado y a continuación decretado en secreto que es un terrorista sin ni
siquiera presentar ninguna prueba. El “proceso” usado por la administración
Obama para seleccionar a estadounidenses para ser ejecutados por la CIA es, como
informó Reuters
el pasado octubre, como sigue:
Militantes estadounidenses como Anwar al -Awlaki son metidos dentro de una
lista para capturar o asesinar por un panel secreto de oficiales veteranos
del gobierno, que después informan al presidente de sus decisiones... No hay
ningún registro público de las operaciones o decisiones del panel, el cual es un
subgrupo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca... Ni hay ninguna
ley que establezca su existencia o exponga las reglas por las que se supone que
esta gente actúa.
Como Leon Panetta confirmó
recientemente, el presidente toma la última decisión en cuanto a si el
estadounidense será asesinado: “[El] presidente de los Estados Unidos obviamente
revisa los casos, revisa la justificación legal y al final dice si se hace o
no.”
O sea, este es el “proceso” el cual Eric Holder argumentaba ayer
constituye el “debido proceso” como requería la Quinta Enmienda antes de que el
gobierno pueda privar a alguien de su vida: el presidente y sus subordinados
son tu acusación, tu juez, tu jurado y tu ejecutor. Todos convertidos en uno,
actuando en total secreto y sin ni siquiera tú saber que te ha acusado y
sentenciado a muerte, y no tienes ni la oportunidad de saberlo, sin hablar de
enfrentar o enfocar sus acusaciones; ¿no es eso suficiente proceso para ti?
En Esquire,
Charles Pierce, escribiendo sobre el discurso de Holder, describió esto mejor:
“una inmensa montaña de tonterías que debería avergonzar a cualquier Demócrata
que haya dicho una palabra descortés sobre John Yoo.”
* * * * *
Obviamente he escrito sobre el programa para asesinar de Obama muchas veces
ya pero hay algunos puntos que merece la pena examinar a la luz del discurso de
Holder y la reacción al mismo:
(1) La disposición de los Demócratas para abrazar y defender esta
potestad es especialmente reprobable debido a que sin duda está total y
deslumbrantemente en desacuerdo con todo lo que clamaban bien alto creer durante
los años de Bush. Recordemos dos de los “escándalos” más significativos de la
Guerra de Bush contra el Terror: el poder que se confirió para meramente
espiar y detener a acusados de terrorismo sin una revisión
judicial de ninguna clase. ¿Recordáis aquello? Los progresistas no dejaron de
acusar a Bush de “asaltar nuestros valores” y “destrozar la Constitución” sólo
porque los oficiales de Bush querían escuchar y detener a sospechosos de
terrorismo – no matarlos, sólo espiarlos y detenerlos – sin primero ir a una
corte y probar que hicieron algo mal. Y aquí tenemos a una administración
Demócrata haciéndose valer no solamente el derecho a vigilar o detener a
ciudadanos sin cargos o revisión judicial, sino a matarlos sin nada de
eso: un acto mucho más extremo, permanente e irreversible. Y encima, con
algunas
justas
excepciones,
el silencio es ensordecedor, o
peor.
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¿Cómo puede nadie que condenara abiertamente las meras escuchas ilegales y
los poderes para detener de Bush sin una revisión judicial justificar de ninguna
manera las ejecuciones sin revisión judicial de Obama? ¿Cómo puede el
predecesor (de lejos con menos potestad) haber sido tal asalto a “todo por lo
que nos mantenemos en pie” mientras que con este es una aceptable y tolerable
utilización de los poderes de guerra? Si Barack Obama tiene el derecho a ordenar
a acusados de terrorismo a ser ejecutados por la CIA porque “Estamos En
Guerra”, entonces seguramente George Bush tenía el derecho de ordenar que se
hicieran escuchas y se detuviera a acusados de terrorismo en el mismo
ámbito.
Que el mismo partido y facción política que chilló sin parar sobre las
escuchas de Bush y los programas de detención ahora toleren el programa de
ejecuciones de Obama es uno de los actos más extremos, cobardes y deshonestos
que hemos visto en bastante tiempo. Al extremo opuesto, los líderes
del ala
derecha,
expertos
y
bloggers
están siendo encomiablemente
consistentes: ellos alabaron las escuchas y los programas de detenciones sin
el debido proceso de Bush y ahora, basándose exactamente en el mismo
razonamiento, alaban
profusamente al presidente Obama por extender esa
mentalidad a los asesinatos.
(2) No es el mero hecho de que el Partido Demócrata en general y sus
hordas de seguidores hayan realizado un giro de 180º sobre estos asuntos desde
el 20 de enero de 2009. Sino que es también verdad que el mismo Barack Obama y
Eric Holder lo han hecho.
Durante los años de Bush, el entonces senador Obama a menudo hablaba en
público muy elocuentemente sobre la “vital importancia del debido proceso
incluso para los acusados de terrorismo”. Como ejemplo, él se
levantó en el Senado y denunció las detenciones del Guantánamo de Bush en el
ámbito de que “un individuo inocente podría ser mantenido y no podría rebatir
el caso del gobierno y no tiene ninguna manera de demostrar su inocencia.”
Habló del “terror que sentiría si un miembro de mi familia fuera rodeado en
medio de la noche y enviado a Guantánamo sin ni siquiera tener la
oportunidad de preguntar por qué estaba siendo retenidos o de ser capaces de
probar su inocencia.” Se burló de la afirmación del ala derecha de que
“la investigación judicial es un lujo antiguo, trivial y dispensable.”
Reconoció que es inevitable que el gobierno a veces cometa errores al acusar a
gente inocente de ser terroristas, pero entonces dio la solución obvia: “lo
que es evitable es rechazar que ni siquiera se permita que nuestro sistema legal
corrija esos errores.”¿Cómo conmueve eso? Qué conmovedor tributo a la
urgencia de permitir a los acusados de terrorismo un día en la corte antes de
castigarlos.
Y luego tenemos a Eric Holder, que en 2008 dio un
discurso a la Sociedad por la Constitución Americana denunciando lo radical
del poder ejecutivo de Bush y haciendo
un llamamiento a un “juicio público”. Específicamente se refería a la
afirmación del ala derecha de que se debería permitir que los presidentes
hicieran escuchas a acusados de terrorismo sin un control judicial para
“mantenernos a salvo”. A la luz de lo que el fiscal general dijo y justificó
ayer, sólo sorprende con lo que dijo hace apenas 3 años:
A aquellos en el ejecutivo que dicen “sólo confía en nosotros” cuando se
refiere a secretos y a vigilancia de comunicaciones domésticas sin garantías yo
les digo recuerda tu historia. A lo largo de mi vida, los oficiales del
gobierno federal han espiado, acosado y chantajeado a Martin Luther King y otros
líderes de los derechos civiles en el nombre de la seguridad nacional. Uno de
los más grandes héroes de América a quien hoy honramos con un día festivo
nacional, innumerables calles, escuelas y pronto un monumento en su nombre, fue
tratado como un criminal por aquellos que en nuestro gobierno federal poseían
demasiado criterio y un retorcido sentido del patriotismo. Watergate
reveló abusos similares durante la administración Nixon.
Para recapitular la visión de Barack Obama: es una forma de “terror” detener
a alguien “sin que ni siquiera tenga la oportunidad de probar su inocencia,”
pero es bueno y noble para ellos ser ejecutados bajo las mismas circunstancias.
Para recapitular la visión de Eric Holder: no debemos aceptar cuando la
administración de Bush decía “sólo confía en nosotros” cuando se trata de espiar
las comunicaciones de los acusados de terrorismo, pero debemos aceptar cuando la
administración de Obama dice “sólo confía en nosotros” cuando se trata de
señalar a compatriotas para ser ejecutados. Por lo que se ve, no es el 9 de
septiembre del 2001 lo que “cambió todo”. Es el 20 de enero del 2009.
(3)La Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en
inglés) dijo
ayer que el discurso de Holder “es a fin de cuentas una defensa de una
amplia, horrible y aclamada autoridad del gobierno para llevar a cabo asesinatos
selectivos de civiles, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, lejos de
cualquier campo de batalla sin control judicial o sin escrutinio público.” La
ACLU después añadió:
Pocas cosas son tan peligrosas para la libertad de EEUU como la
proposición de que el gobierno debería ser capaz de matar a ciudadanos de
cualquier sitio del mundo en base a normas y evidencias legales que nunca son
llevadas a una corte, ya sea antes o después del hecho.
Cualquiera capaz de confiar en el presidente Obama con la potestad de
declarar secretamente a un ciudadano estadounidense un enemigo del estado y
ordenar su asesinato extrajudicial debería preguntarse si sería capaz de confiar
en el siguiente presidente con esa peligrosa potestad.
Esto es de señalar por tres razones: Primero, la ACLU no está
apenas diciendo que esto es una mala política; están sin embargo señalando lo
obvio: que hay “pocas cosas tan peligrosas” como tener a tu propio
gobierno tomándose el derecho a mandar a ciudadanos a morir sin un proceso
judicial, y eso es exactamente lo que la administración Obama está haciendo sin
ninguna repercusión negativa. Segundo, la ACLU está retando a
defensores progresistas del presidente a hacer lo que ninguno hará: explicar por
qué confiarían no sólo en Barack Obama, sino también en Sarah Palin, Newt
Gingrich o Michele Bachmann para tener la potestad de señalar a ciudadanos de
EEUU para ser asesinados en secreto y sin vigilancia judicial.
Tercero, que la ACLU está condenando una política de Obama tan
“peligrosa para la libertad de EEUU” como una política puede ser – también
conocida como: máximo distintivo de tiranía – demuestra el inmenso abismo que se
ha abierto bajo la presidencia Obama entre el Partido Demócrata y la ACLU (un
grupo totalmente elogiado por demócratas cuando gobierna un presidente
republicano), aunque
esta brecha ha sido obvia por bastante tiempo.
(4) Lo que es tan impactante es ver cómo los oficiales de Obama y sus
defensores suenan idénticos cuando se les compara a los teóricos legales del ala
derecha que justificaban los programas más controvertidos de Bush. Incluso los
lemas centrales que los justifican son los mismos: Estamos en guerra; el
campo de batalla está en todas partes; los presidentes tienen el derecho de
espiar, detener y matar combatientes sin permiso de una corte; el brazo
ejecutivo es el único órgano para la guerra y ninguna corte puede interferir en
las decisiones del presidente, etc. Pasé años escribiendo y refutando esas
teorías legales y son idénticas a las que oímos ahora. Sólo considerad qué
parecidas suenan una a otra las dos facciones.
Cuando se trata de las controversias de la Guerra contra el Terror, os
oficiales de Bush decían todo el tiempo exactamente lo que los oficiales
de Obama y sus defensores dicen ahora: sólo usamos estos poderes contra los
terroristas – “la gente mala” – no contra buenos, normales y regulares
estadounidenses; por lo que si tú no eres un terrorista, no tienes nada por lo
que preocuparte. Aquí
está lo que Trent Duffy el portavoz de la Casa Blanca dijo en diciembre del
2005, defendiendo el programa de escuchas sin garantías de Bush:
Este es un programa limitado. Esto no es para monitorear llamadas
telefónicas destinadas a reservar un entrenamiento o qué llevar a una cena
ordinaria. Estas están diseñadas para monitorizar llamadas de gente muy mala
a otra gente muy mala que tienen un historial de reventar trenes de cercanías,
bodas e iglesias.
Parecido a cuando George Bush se
presentó ante las cámaras en diciembre de 2005 para admitir con orgullo y
defender su programa de espionaje sin garantías, aseguró a la nación que todo
eso estaba justificado porque se dirigía sólo a “las comunicaciones
internacionales de gente con conocidos lazos con al Qaeda y organizaciones
terroristas relacionadas.”
Encuentra a un defensor del programa de asesinatos de Obama y oirás
exactamente lo mismo: esto está sólo dirigido a los terroristas como Awlaki,
por lo que no necesitamos ninguna revisión de una corte o debido proceso.
Aquí está lo que Holder dijo ayer: “es imperativo para el gobierno contrarrestar
las amenazas planteadas por experimentados líderes operacionales de al
Qaeda, y proteger a gente inocente cuyas vidas podrían perderse en esos
ataques,” y las órdenes para asesinar son sólo enviadas una vez que “el
gobierno de los EEUU lo ha determinado, después de una meticulosa y
cuidadosa revisión, que el individuo supone una amenaza inminente de un ataque
violento contra los Estados Unidos.”
Esto no es nada más que un ejercicio de supremo razonamiento circular y con
pregunta retórica: si determinar que alguien es de hecho un terrorista puede ser
determinado sólo cuando la prueba de su culpabilidad es presentada y ellos
tienen la oportunidad de responder, justo como Holder y Obama decían durante los
años de Bush. El gobierno asegura que ellos sólo seleccionan terroristas – ya
sea dicho por Bush o Obama – no debería tranquilizar a nadie: eso es lo que
aseguran siempre los que abusan de su poder, y es por eso precisamente por lo
que no confiamos en que los oficiales del gobierno castiguen a gente basándose
en acusaciones no probadas. Aquí está lo que John Mitchell, el Fiscal General de
Nixon, dijo para apaciguar el creciente temor a nuevos poderes del gobierno para
hacer escuchas, tal como se informó en este artículo del Time Magazine del 25 de julio de
1969:
Mitchell rechazó revelar ninguna figura, pero indicó que el número era
mucho más bajo de lo que la mayoría de la gente podría pensar. “Cualquier
ciudadano de los Estados Unidos que no esté envuelto en ninguna actividad
ilegal,” añadió, “no tiene nada que temer.”
Se supone que aprendimos importantes lecciones de los abusos de poder de la
administración Nixon, y después de la administración Obama: a saber, que no
confiamos en los oficiales del gobierno que ejerzan el poder en la sombra, sin
vigilancia judicial, sin obligación de probar sus acusaciones. Y todavía ahora
escuchamos exactamente esta misma mentalidad saliendo de Obama, sus oficiales y
defensores para justificar una potestad mucho más extrema que tanto Nixon como
Bush ni soñaron en tener: él sólo está matando a los “malos ciudadanos”, ¡por
lo que no hay ninguna razón que objetar!
Aquí está
una crítica que escribí en enero de 2006, sobre el documento oficial de 42
páginas del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de Bush
donde se justifica las escuchas ilegales sin garantías a acusados de terrorismo.
Si lo leéis veréis: la esencia de la visión del mundo de Bush era esa cuando se
trataba de la guerra, es el presidente el que tiene la única responsabilidad y
la potestad y las cortes no deben revisar o interferir con lo que él decide
sobre quién es un terrorista y qué se le debería hacer. El presidente es “el
único órgano para la nación en asuntos internacionales,” declaró el Departamento
de Justicia de Bush, y “entre las tareas constitucionales básicas del presidente
es la de proteger a la nación de un ataque armado” y así, “la Constitución le da
toda la autoridad necesaria para desempeñar esa responsabilidad.” O, como Holder
señaló ayer: “La conducción y el manejo de las operaciones de seguridad
nacional son funciones cruciales del brazo ejecutivo, como las cortes han
reconocido a lo largo de la historia” y por tanto “el presidente no necesita
obtener permiso de una corte federal.” Uno no puede rechazar el punto de vista
legal de Bush utilizado para justificar aquellos programas mientras se apoya el
punto de vista de Obama expresado aquí – al menos no con un ápice de coherencia
intelectual o dignidad.
(5) Las dudosas o categóricamente falsas afirmaciones hechas por
Holder son demasiado numerosas para repasarlas todas, pero hay un par que merece
la pena subrayar. Dijo, por ejemplo, que “la Corte Suprema ha dejado claro que
la “clausula del debido proceso” no impone que sirva para todos los
requerimientos, sino que en cambio mandata salvaguardas de procedimiento que
dependen de circunstancias específicas.” Esa parte es verdad: en el caso del
2004 de Hamdi contra
Rumsfeld, la Corte Suprema rechazó el argumento de la administración
de Bush de que podía detener ciudadanos estadounidenses acusados de terrorismo
sin ningún proceso en el que se pudieran defender de las acusaciones contra
ellos, aunque la Corte sostuvo que algo menos que un juicio completo podría
satisfacer la cláusula del Debido Proceso. Pero como apunta
Marcy Wheeler, la Corte impuso requerimientos “del debido proceso” que son
exactamente lo contrario a lo que la administración Obama está haciendo con sus
asesinatos. La corte dijo (negrita añadida):
Es durante nuestros momentos más desafiantes e inciertos cuando nuestro
compromiso como Nación al debido proceso es puesto a prueba más severamente; y
es en estos momentos es que debemos perseverar en nuestro compromiso en casa a
los principios por los que luchamos en el extranjero....
Por tanto nosotros mantenemos que un ciudadano detenido buscando poner a
prueba su clasificación como un combatiente enemigo debe recibir noticia de las
bases objetivas para esa clasificación, y una oportunidad justa para rebatir
las alegaciones ante un órgano decisorio neutral...
En suma, mientras que la total protección que la acompaña pone a prueba a
las detenciones en otros ámbitos puede hacer inoperable e inapropiado en el
ámbito del combatiente enemigo, las amenazas a las operaciones militares
planteadas por un sistema básico de revisión independiente no son argumentos tan
de peso como deshacerse de los derechos básicos de un ciudadano para poner a
prueba con toda razón el caso del gobierno y ser oído delante de un juez
imparcial.
¿Cómo puede Eric Holder ni siquiera citar las decisiones de la Corte Suprema
sobre el Debido Proceso en el contexto de la “guerra contra el terror” cuando la
Corte ha decidido que ciudadanos -meramente detenidos, no digamos asesinados –
tienen derecho a exactamente lo que la administración Obama rechaza dar: “ una
oportunidad justa para rebatir las alegaciones ante un órgano decisorio neutral”
y “ los derechos básicos de un ciudadano para poner a prueba con toda razón el
caso del gobierno y ser oído delante de un juez imparcial”? Es precisamente
porque Obama rechaza cumplir con las obligaciones impuestas por la Corte antes
de ordenar ejecutar a ciudadanos por lo que este comportamiento es tan
reprobable.
Si, como Holder argumenta, la “cláusula del debido proceso” permite matar a
un ciudadano basándose en acusaciones del presidente que son hechas en total
secreto y las cuales él no tiene ni la oportunidad de escuchar, no digamos
refutar, entonces la salvaguarda central de la Constitución no tienen ningún
sentido. Y la sentencia de la Corte Suprema que tanto Holder referencia no deja
ninguna duda al respecto, como requería una vista procesal ante un juez neutral
incluso para alguien acusado de ser un “combatiente enemigo” en plena Guerra
contra el Terror.
Después está la dependencia de Holder en el viejo
truco neocon: citar lo que Lincoln hizo en la guerra civil o lo que Franklin
D. Roosevelt hizo en la Segunda Guerra Mundial – como si fueran comprables a la
Guerra contra el Terror – para justificar lo que está haciéndose ahora. Así
oímos esto de Holder: “durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos
localizaron el avión en el que volaba el Almirante Isoroku Yamamoto – el
comandante de las fuerzas japonesas en el ataque a Pearl Harbor y en la Batalla
de Midway – y lo derribó específicamente porque él iba a bordo.” Oficiales de la
administración han recurrido a este argumento antes cuando
respondían a mis críticas al programa de asesinatos de Obama.
Incluso dejando de lado la enorme diferencia entre guerras que presentaban
una amenaza real (La Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial) y la llamada
Guerra contra el Terror, la diferencia entre el asesinato de Yamamoto y los
asesinatos de ciudadanos de Obama es evidente en sí misma. No había ninguna duda
de que el Almirante Yamamoto era de hecho un comandante de un ejército enemigo
en guerra con los EEUU: vestía el uniforme del ejército y se identificaba a sí
mismo como tal. Por el contrario, hay considerables dudas de si Anwar Awlaki u
otros acusados de ser miembros de Al Qaeda son de hecho culpables de planear
ataques terroristas contra EEUU. Eso es cierto por exactamente la razón que
Holder, en otra parte de su discurso, explicó: los miembros de Al Qaeda “no se
comportan como militares tradicionales – vistiendo uniformes, llevando armas
abiertamente, o reclutando fuerzas para preparar un ataque.”
Por eso es por lo que aplicar una doctrina tradicional de guerra a acusados
de terrorismo (que no se encuentra en un campo de batalla sino en sus coches,
sus casas, en el trabajo, etc) es tan inapropiado, y por qué una revisión
judicial es tan urgente: porque el riesgo de falsas acusaciones es mucho más
alto que cuando se capturan a soldados uniformados en un campo de batalla. Sólo
volver a señalar qué
dudosas terminaron siendo muchas acusaciones de terrorismo del gobierno una
vez que las cortes federales empezaron a mirar con detenimiento esas acusaciones
como apoyo probatorio. De hecho, los expertos en Yemen como Gregory Johnsen han
señalado repetidamente
en respuesta
a las afirmaciones de que Awlaki planeó ataques terroristas: “sabemos muy
poco, demasiado poco cuando se trata de su papel operacional”y “nosotros
no sabemos esto, lo sospechamos pero no lo sabemos.” Dado el vergonzoso
registro en la Guerra contra el Terror, ¿qué persona racional “confiaría” en el
gobierno para hacer determinaciones sobre quién es y quién no es un terrorista
en la sombra, sin límites o controles sobre lo que pueden hacer?
(6) El intento de Holder de justificar estos asesinatos en el ámbito
de que la “captura no es factible” no consigue nada. Primero, los EEUU nunca se
han molestado en acusar a Awlaki para que voluntariamente se entregara o para
que respondiera a los cargos (aunque en un momento, mucho después de que
ordenaran su asesinato, "consideraron”
incriminarlo); en cambio, simplemente lo mataron sin demostrar que había
ninguna evidencia que apoyara esas acusaciones. ¿Qué justifica eso? Además, el
hecho de que el gobierno es incapaz de detener y procesar a un criminal no
justifica su asesinato; aparte de alguna resistencia violenta durante la
captura, el gobierno no es libre de ir simplemente por ahí matando fugitivos que
no han sido condenados a nada. Además, que Awlaki no podía haber sido capturado
en un país donde el gobierno es poco menos que un cliente estadounidense es
dudoso como poco; si los EEUU podían localizar y entrar en la casa de Osama bin
Laden sin la cooperación del gobierno paquistaní, ¿por qué no podían hacer lo
mismo con Awlaki in Yemen?
Pero el punto más importante es que Holder no está confinando esta
potestad para asesinar a las circunstancias donde la “captura no es factible”.
Al contrario, específicamente dice que asesinar “sería legal por lo menos
en las siguientes circunstancias”: lo que quiere decir que la potestad declarada
del presidente no está confinada a esas condiciones. Como escribió Charlie
Savage: “Es significativo que el Sr. Holder no dijo que tal situación es la
única en la que sería legal matar a un ciudadano. Más bien dijo que sería
legal “al menos” bajo esas condiciones.” No tenemos ni idea de qué lejos la
administración Obama cree que su potestad para asesinar se extiende porque
rechaza publicar el memorándum legal que lo justifica; no hay marco legal
gobernándolo; y no hay transparencia o rendición de cuentas para las órdenes de
ejecución del presidente.
* * * * *
En suma, el intento de Holder para hacer parecer todo esto normal y común
debería ser un insulto a cualquiera con los más básicos conocimientos de la ley
estadounidense. Como el New York Times indicó
cuando se confirmó por primera vez el programa de asesinatos en abril del 2010:
“La administración Obama ha dado el paso extraordinario de autorizar
asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses... Es extremadamente
raro, si no sin precedentes, que un estadounidense sea señalado para ser
asesinado, dijeron los oficiales. Un antiguo oficial legal veterano de la
administración de George W. Bush dijo que no sabía de ningún caso en el que
un presidente aprobara el asesinato selectivo de un estadounidense.” Al día
de hoy, ni un sólo ciudadano ha sido identificado.
Como siempre, el punto más importante que hay que señalar de todo el debate
es lo perverso y retorcido que es que ni siquiera tengamos este “debate”.
Debería ser negado en sí mismo, marginado, para afirmar que el presidente,
actuando sin verificar o sin transparencia, puede ordenar que ciudadanos
estadounidenses sean ejecutados lejos de cualquier campo de batalla y sin
ninguna oportunidad de saber ni siquiera sobre, no digamos refutar, las
acusaciones. Que esta política está siendo implementada y defendida por el mismo
partido político que pasó la última década tan de boquilla y con oportunismo
objetando por potestades mucho menos extremas lo hace a todo lo más repulsivo.
Ese hecho lo hace más peligroso, porque -como uno puede ver – el hecho de que es
un presidente demócrata el que lo está haciendo, y los oficiales del Partido
Demócrata lo justifican, significa que es mucho más fácil de normalizar: muy
poco de los seguidores del Partido, especialmente en un año de elecciones, son
capaces de hacer mucho alboroto de todo ello.
Y así la potestad presidencial para asesinar se asentará como un consenso
bipartidista por lo menos por una generación. Ese será sin duda uno de los
aspectos más significativos del legado de Obama. Vamos a no dejar que ningún
demócrata que ahora apoya o incluso calla sea oído objetar cuando el siguiente
presidente republicano ejerza su poder en el modo que a ellos no les gusta.
Este artículo apareció originalmente en Salon.com
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