El Fiscal General Holder defiende las ejecuciones sin cargos
6 de marzo de 2012
Glenn Greenwald
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
20 de marzo de
2012
Ayer, en un discurso en la Universidad del Noroeste, Eric Holder, Fiscal General de los EEUU, dió la
explicación más detallada hasta ahora de porqué la administración Obama cree
que tiene la autoridad para seleccionar en secreto a ciudadanos estadounidenses
para ser ejecutados por la CIA sin ni siquiera acusarlos de un crimen,
notificarles las acusaciones o darles la oportunidad de responder. Por el
contrario los condenan a muerte sin una chispa de transparencia o vigilancia
judicial.
La administración sigue manteniendo en secreto el memorandum legal que obtuvo para justificar estos
asesinatos, y, como Charlie Savage del New York Times anotó,
el “discurso de Holder no tenía notas a pie de página o específicas referencias
legales, y estaba muy por debajo del nivel de detalle contenido en el
memorandum de la Oficina del Consejo Legal.”
Pero el punto crucial del argumento de Holder tal como se expresa en el discurso de ayer es esto:
Algunos han argumentado que el presidente necesita obtener permiso de una corte federal
antes de tomar acción contra un ciudadano de los Estados Unidos que sea un
veterano líder de operaciones de Al Qaeda o fuerzas aliadas. Esto sencillamente
no es exacto. “El debido proceso” y “el proceso judicial” no son una cosa y la misma, especialmente cuando se refiere a
seguridad nacional. La Constitución garantiza el debido proceso, no el
proceso judicial.
Cuando los oficiales de Obama (como los de Bush antes de ellos) se refieren a alguien como “un veterano líder de operaciones de
Al Qaeda o fuerzas aliadas,” lo que realmente quieren decir es esto: alguien
al que el Presidente ha acusado y a continuación decretado en secreto que es un
terrorista sin ni siquiera presentar ninguna prueba. El “proceso” usado por
la administración Obama para seleccionar a estadounidenses para ser ejecutados
por la CIA es, como informó Reuters el pasado
octubre, como sigue:
Militantes estadounidenses como Anwar al -Awlaki son metidos dentro de una lista para capturar o asesinar por
un panel secreto de oficiales veteranos del gobierno, que después informan al presidente de sus decisiones... No hay
ningún registro público de las operaciones o decisiones del panel, el cual es
un subgrupo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca... Ni hay
ninguna ley que establezca su existencia o exponga las reglas por las que se
supone que esta gente actúa.
Como Leon Panetta confirmó recientemente, el presidente toma la última decisión en
cuanto a si el estadounidense será asesinado: “[El] presidente de los Estados
Unidos obviamente revisa los casos, revisa la justificación legal y al final
dice si se hace o no.”
O sea, este es el “proceso” el cual Eric Holder argumentaba ayer constituye el “debido
proceso” como requería la Quinta Enmienda antes de que el gobierno pueda privar
a alguien de su vida: el presidente y sus subordinados son tu acusación, tu juez, tu jurado y tu ejecutor. Todos
convertidos en uno, actuando en total secreto y sin ni siquiera tú saber que te
ha acusado y sentenciado a muerte, y no tienes ni la oportunidad de saberlo,
sin hablar de enfrentar o enfocar sus acusaciones; ¿no es eso suficiente
proceso para ti? En Esquire, Charles
Pierce, escribiendo sobre el discurso de Holder, describió esto mejor: “una
inmensa montaña de tonterías que debería avergonzar a cualquier Demócrata que
haya dicho una palabra descortés sobre John Yoo.”
* * * * *
Obviamente he escrito sobre el programa para
asesinar de Obama muchas veces ya pero hay algunos puntos que merece la pena
examinar a la luz del discurso de Holder y la reacción al mismo:
(1) La disposición de los Demócratas para abrazar y defender esta potestad es
especialmente reprobable debido a que sin duda está total y deslumbrantemente
en desacuerdo con todo lo que clamaban bien alto creer durante los años de
Bush. Recordemos dos de los “escándalos” más significativos de la Guerra de
Bush contra el Terror: el poder que se confirió para meramente espiar y detener a acusados
de terrorismo sin una revisión judicial de ninguna clase. ¿Recordáis aquello? Los progresistas no dejaron de acusar a Bush
de “asaltar nuestros valores” y “destrozar la Constitución” sólo porque los
oficiales de Bush querían escuchar y detener a sospechosos de terrorismo – no
matarlos, sólo espiarlos y detenerlos – sin primero ir a una corte y probar que
hicieron algo mal. Y aquí tenemos a una administración Demócrata haciéndose
valer no solamente el derecho a vigilar o detener a ciudadanos sin cargos o
revisión judicial, sino a matarlos sin nada de eso: un acto mucho más extremo, permanente e irreversible. Y
encima, con algunas
justas
excepciones, el silencio es ensordecedor,
o peor.
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¿Cómo puede nadie que condenara abiertamente las
meras escuchas ilegales y los poderes para detener de Bush sin una revisión
judicial justificar de ninguna manera las
ejecuciones sin revisión judicial de Obama? ¿Cómo puede el predecesor (de
lejos con menos potestad) haber sido tal asalto a “todo por lo que nos
mantenemos en pie” mientras que con este es una aceptable y tolerable
utilización de los poderes de guerra? Si Barack Obama tiene el derecho a
ordenar a acusados de terrorismo a
ser ejecutados por la CIA porque “Estamos En Guerra”, entonces seguramente
George Bush tenía el derecho de ordenar que se hicieran escuchas y se detuviera
a acusados de terrorismo en el mismo ámbito.
Que el mismo partido y facción política que chilló sin parar sobre las escuchas de Bush y los programas de detención ahora
toleren el programa de ejecuciones de Obama es uno de los actos más extremos,
cobardes y deshonestos que hemos visto en bastante tiempo. Al extremo opuesto,
los líderes del ala derecha,
expertos y bloggers
están siendo encomiablemente consistentes: ellos
alabaron las escuchas y los programas de detenciones sin el debido proceso de
Bush y ahora, basándose exactamente en el mismo razonamiento, alaban
profusamente al presidente Obama por extender esa
mentalidad a los asesinatos.
(2) No es el mero hecho de que el Partido Demócrata en general y sus hordas de
seguidores hayan realizado un giro de 180º sobre estos asuntos desde el 20 de enero de 2009. Sino que es también
verdad que el mismo Barack Obama y Eric Holder lo han hecho.
Durante los años de Bush, el entonces senador Obama a menudo hablaba en público muy elocuentemente sobre la “vital
importancia del debido proceso incluso para los acusados de terrorismo”. Como
ejemplo, él se levantó en el Senado y denunció las
detenciones del Guantánamo de Bush en el ámbito de que “un individuo inocente podría ser mantenido y no podría rebatir el caso
del gobierno y no tiene ninguna manera de demostrar su inocencia.” Habló
del “terror que sentiría si un miembro de mi familia fuera rodeado en medio de
la noche y enviado a Guantánamo sin ni siquiera tener la oportunidad de preguntar por qué estaba siendo retenidos
o de ser capaces de probar su inocencia.” Se burló de la afirmación del ala derecha de que “la investigación judicial es un lujo
antiguo, trivial y dispensable.” Reconoció que es inevitable que el
gobierno a veces cometa errores al acusar a gente inocente de ser terroristas,
pero entonces dio la solución obvia: “lo que es evitable es rechazar que ni siquiera se permita que nuestro sistema
legal corrija esos errores.”¿Cómo conmueve eso? Qué conmovedor tributo a
la urgencia de permitir a los acusados de terrorismo un día en la corte antes
de castigarlos.
Y luego tenemos a Eric Holder, que en 2008 dio un discurso a la Sociedad por la Constitución Americana
denunciando lo radical del poder ejecutivo de Bush y haciendo un
llamamiento a un “juicio público”. Específicamente se refería
a la afirmación del ala derecha de que se debería permitir que los presidentes
hicieran escuchas a acusados de terrorismo sin un control judicial para
“mantenernos a salvo”. A la luz de lo que el fiscal general dijo y justificó
ayer, sólo sorprende con lo que dijo hace apenas 3 años:
A aquellos en el ejecutivo que dicen “sólo confía en nosotros” cuando se refiere
a secretos y a vigilancia de comunicaciones domésticas sin garantías yo les
digo recuerda tu historia. A lo largo de mi vida, los oficiales del
gobierno federal han espiado, acosado y chantajeado a Martin Luther King y
otros líderes de los derechos civiles en el nombre de la seguridad nacional.
Uno de los más grandes héroes de América a quien hoy honramos con un día
festivo nacional, innumerables calles, escuelas y pronto un monumento en su
nombre, fue tratado como un criminal por aquellos que en nuestro gobierno
federal poseían demasiado criterio y un retorcido sentido del patriotismo. Watergate reveló abusos similares
durante la administración Nixon.
Para recapitular la visión de Barack Obama: es
una forma de “terror” detener a alguien “sin que ni siquiera tenga la
oportunidad de probar su inocencia,” pero es bueno y noble para ellos ser
ejecutados bajo las mismas circunstancias. Para recapitular la visión de Eric
Holder: no debemos aceptar cuando la administración de Bush decía “sólo confía
en nosotros” cuando se trata de espiar las comunicaciones de los acusados de
terrorismo, pero debemos aceptar cuando la administración de Obama dice “sólo
confía en nosotros” cuando se trata de señalar a compatriotas para ser
ejecutados. Por lo que se ve, no es el 9 de septiembre del 2001 lo que “cambió
todo”. Es el 20 de enero del 2009.
(3)La Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en inglés) dijo ayer que
el discurso de Holder “es a fin de cuentas una defensa de una amplia, horrible
y aclamada autoridad del gobierno para llevar a cabo asesinatos selectivos de
civiles, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, lejos de cualquier campo de
batalla sin control judicial o sin escrutinio público.” La ACLU después añadió:
Pocas cosas son tan peligrosas para la
libertad de EEUU como la proposición de que el gobierno debería ser capaz de
matar a ciudadanos de cualquier sitio del mundo en base a normas y evidencias
legales que nunca son llevadas a una corte, ya sea antes o después del hecho.
Cualquiera capaz de confiar en el presidente Obama con la potestad de declarar secretamente a un ciudadano estadounidense un
enemigo del estado y ordenar su asesinato extrajudicial debería preguntarse si
sería capaz de confiar en el siguiente presidente con esa peligrosa potestad.
Esto es de señalar por tres razones: Primero, la ACLU no está apenas
diciendo que esto es una mala política; están sin embargo señalando lo obvio:
que hay “pocas cosas tan peligrosas” como tener a tu propio gobierno tomándose el
derecho a mandar a ciudadanos a morir sin un proceso judicial, y eso es
exactamente lo que la administración Obama está haciendo sin ninguna
repercusión negativa. Segundo, la ACLU está retando a defensores progresistas del presidente a hacer lo que
ninguno hará: explicar por qué confiarían no sólo en Barack Obama, sino también
en Sarah Palin, Newt Gingrich o Michele Bachmann para tener la potestad de
señalar a ciudadanos de EEUU para ser asesinados en secreto y sin vigilancia
judicial. Tercero, que la ACLU está condenando una política de Obama tan “peligrosa para la libertad de
EEUU” como una política puede ser – también conocida como: máximo distintivo de
tiranía – demuestra el inmenso abismo que se ha abierto bajo la presidencia
Obama entre el Partido Demócrata y la ACLU (un grupo totalmente elogiado por
demócratas cuando gobierna un presidente republicano), aunque esta
brecha ha sido obvia por bastante tiempo.
(4) Lo que es tan impactante es ver cómo los oficiales de Obama y sus defensores suenan idénticos
cuando se les compara a los teóricos legales del ala derecha que justificaban
los programas más controvertidos de Bush. Incluso los lemas centrales que los
justifican son los mismos: Estamos en
guerra; el campo de batalla está en todas partes; los presidentes tienen el
derecho de espiar, detener y matar combatientes sin permiso de una corte; el brazo
ejecutivo es el único órgano para la guerra y ninguna corte puede interferir en
las decisiones del presidente, etc. Pasé años escribiendo y refutando esas
teorías legales y son idénticas a las que oímos ahora. Sólo considerad qué
parecidas suenan una a otra las dos facciones.
Cuando se trata de las controversias de la Guerra contra el Terror, os
oficiales de Bush decían todo el tiempo exactamente lo que los oficiales de Obama y sus defensores dicen ahora:
sólo usamos estos poderes contra los
terroristas – “la gente mala” – no contra buenos, normales y regulares
estadounidenses; por lo que si tú no eres un terrorista, no tienes nada por lo
que preocuparte. Aquí está lo que Trent Duffy el
portavoz de la Casa Blanca dijo en diciembre del 2005, defendiendo el programa
de escuchas sin garantías de Bush:
Este es un programa limitado. Esto no es para
monitorear llamadas telefónicas destinadas a reservar un entrenamiento o qué
llevar a una cena ordinaria. Estas están diseñadas para monitorizar llamadas de gente muy mala a otra gente muy mala que
tienen un historial de reventar trenes de cercanías, bodas e iglesias.
Parecido a cuando George Bush se presentó ante las cámaras en diciembre de 2005 para admitir con
orgullo y defender su programa de espionaje sin garantías, aseguró a la nación
que todo eso estaba justificado porque se dirigía sólo a “las comunicaciones
internacionales de gente con conocidos
lazos con al Qaeda y organizaciones terroristas relacionadas.”
Encuentra a un defensor del programa de asesinatos de Obama y oirás exactamente lo mismo:
esto está sólo dirigido a los terroristas como Awlaki, por lo que no
necesitamos ninguna revisión de una corte o debido proceso. Aquí está lo
que Holder dijo ayer: “es imperativo para el gobierno contrarrestar las
amenazas planteadas por experimentados líderes operacionales de al Qaeda, y proteger a gente inocente cuyas vidas
podrían perderse en esos ataques,” y las órdenes para asesinar son sólo
enviadas una vez que “el gobierno de los EEUU lo ha determinado, después de una meticulosa y cuidadosa revisión, que
el individuo supone una amenaza inminente de un ataque violento contra los
Estados Unidos.”
Esto no es nada más que un ejercicio de supremo
razonamiento circular y con pregunta retórica: si determinar que alguien es de
hecho un terrorista puede ser determinado sólo cuando la prueba de su
culpabilidad es presentada y ellos tienen la oportunidad de responder, justo
como Holder y Obama decían durante los años de Bush. El gobierno asegura que
ellos sólo seleccionan terroristas – ya sea dicho por Bush o Obama – no debería
tranquilizar a nadie: eso es lo que aseguran siempre los que abusan de su
poder, y es por eso precisamente por lo que no confiamos en que los oficiales
del gobierno castiguen a gente basándose en acusaciones no probadas. Aquí está
lo que John Mitchell, el Fiscal General de Nixon, dijo para apaciguar el
creciente temor a nuevos poderes del gobierno para hacer escuchas, tal como se
informó en este artículo del Time Magazine del 25 de julio de 1969:
Mitchell rechazó revelar ninguna figura, pero indicó que el número era mucho más bajo de lo que la mayoría de la gente podría
pensar. “Cualquier ciudadano de los Estados Unidos que no esté envuelto en ninguna actividad ilegal,” añadió, “no
tiene nada que temer.”
Se supone que aprendimos importantes lecciones
de los abusos de poder de la administración Nixon, y después de la
administración Obama: a saber, que no confiamos en los oficiales del gobierno
que ejerzan el poder en la sombra, sin vigilancia judicial, sin obligación de
probar sus acusaciones. Y todavía ahora escuchamos exactamente esta misma
mentalidad saliendo de Obama, sus oficiales y defensores para justificar una
potestad mucho más extrema que tanto Nixon como Bush ni soñaron en tener: él sólo está matando a los “malos
ciudadanos”, ¡por lo que no hay ninguna razón que objetar!
Aquí está una crítica que escribí en enero de 2006, sobre el documento oficial de 42 páginas del Departamento de
Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de Bush donde se justifica las escuchas
ilegales sin garantías a acusados de terrorismo. Si lo leéis veréis: la esencia
de la visión del mundo de Bush era esa cuando se trataba de la guerra, es el
presidente el que tiene la única responsabilidad y la potestad y las cortes no
deben revisar o interferir con lo que él decide sobre quién es un terrorista y
qué se le debería hacer. El presidente es “el único órgano para la nación en
asuntos internacionales,” declaró el Departamento de Justicia de Bush, y “entre
las tareas constitucionales básicas del presidente es la de proteger a la
nación de un ataque armado” y así, “la Constitución le da toda la autoridad
necesaria para desempeñar esa responsabilidad.” O, como Holder señaló ayer: “La conducción y el manejo de las
operaciones de seguridad nacional son funciones cruciales del brazo ejecutivo, como
las cortes han reconocido a lo largo de la historia” y por tanto “el presidente
no necesita obtener permiso de una corte federal.” Uno no puede rechazar el
punto de vista legal de Bush utilizado para justificar aquellos programas
mientras se apoya el punto de vista de Obama expresado aquí – al menos no con
un ápice de coherencia intelectual o dignidad.
(5) Las dudosas o categóricamente falsas afirmaciones hechas por Holder son demasiado
numerosas para repasarlas todas, pero hay un par que merece la pena subrayar.
Dijo, por ejemplo, que “la Corte Suprema ha dejado claro que la “clausula del
debido proceso” no impone que sirva para todos los requerimientos, sino que en
cambio mandata salvaguardas de procedimiento que dependen de circunstancias
específicas.” Esa parte es verdad: en el caso del 2004 de Hamdi contra
Rumsfeld, la Corte Suprema rechazó el argumento de la administración de Bush de que podía
detener ciudadanos estadounidenses acusados de terrorismo sin ningún proceso en
el que se pudieran defender de las acusaciones contra ellos, aunque la Corte
sostuvo que algo menos que un juicio completo podría satisfacer la cláusula del
Debido Proceso. Pero como apunta Marcy Wheeler, la Corte impuso requerimientos “del debido proceso” que son exactamente lo
contrario a lo que la administración Obama está haciendo con sus asesinatos. La
corte dijo (negrita añadida):
Es durante nuestros momentos más desafiantes e
inciertos cuando nuestro compromiso como Nación al debido proceso es puesto a
prueba más severamente; y es en estos momentos es que debemos perseverar en
nuestro compromiso en casa a los principios por los que luchamos en el
extranjero....
Por tanto nosotros mantenemos que un ciudadano
detenido buscando poner a prueba su clasificación como un combatiente enemigo
debe recibir noticia de las bases objetivas para esa clasificación, y una oportunidad justa para rebatir las
alegaciones ante un órgano decisorio neutral...
En suma, mientras que la total protección que la
acompaña pone a prueba a las detenciones en otros ámbitos puede hacer inoperable e
inapropiado en el ámbito del combatiente enemigo, las amenazas a las operaciones militares planteadas por un sistema
básico de revisión independiente no son argumentos tan de peso como deshacerse
de los derechos básicos de un ciudadano para poner a prueba con toda razón el
caso del gobierno y ser oído delante de un juez imparcial.
¿Cómo puede Eric Holder ni siquiera citar las
decisiones de la Corte Suprema sobre el Debido Proceso en el contexto de la
“guerra contra el terror” cuando la Corte ha decidido que ciudadanos -meramente
detenidos, no digamos asesinados – tienen derecho a exactamente lo que la
administración Obama rechaza dar: “ una oportunidad justa para rebatir las
alegaciones ante un órgano decisorio neutral” y “ los derechos básicos de un
ciudadano para poner a prueba con toda razón el caso del gobierno y ser oído
delante de un juez imparcial”? Es precisamente porque Obama rechaza cumplir con
las obligaciones impuestas por la Corte antes de ordenar ejecutar a ciudadanos
por lo que este comportamiento es tan reprobable.
Si, como Holder argumenta, la “cláusula del debido proceso” permite matar a un ciudadano basándose en acusaciones del
presidente que son hechas en total secreto y las cuales él no tiene ni la
oportunidad de escuchar, no digamos refutar, entonces la salvaguarda central de
la Constitución no tienen ningún sentido. Y la sentencia de la Corte Suprema
que tanto Holder referencia no deja ninguna duda al respecto, como requería una
vista procesal ante un juez neutral incluso para alguien acusado de ser un
“combatiente enemigo” en plena Guerra contra el Terror.
Después está la dependencia de Holder en el viejo truco neocon:
citar lo que Lincoln hizo en la guerra civil o lo que Franklin D. Roosevelt hizo en la
Segunda Guerra Mundial – como si fueran comprables a la Guerra contra el Terror
– para justificar lo que está haciéndose ahora. Así oímos esto de Holder:
“durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos localizaron el avión en
el que volaba el Almirante Isoroku Yamamoto – el comandante de las fuerzas
japonesas en el ataque a Pearl Harbor y en la Batalla de Midway – y lo derribó
específicamente porque él iba a bordo.” Oficiales de la administración han recurrido a este argumento antes
cuando respondían a mis críticas al programa de asesinatos de Obama.
Incluso dejando de lado la enorme diferencia entre guerras que presentaban una amenaza real (La Guerra Civil, la Segunda
Guerra Mundial) y la llamada Guerra contra el Terror, la diferencia entre el
asesinato de Yamamoto y los asesinatos de ciudadanos de Obama es evidente en sí
misma. No había ninguna duda de que el Almirante Yamamoto era de hecho un
comandante de un ejército enemigo en guerra con los EEUU: vestía el uniforme
del ejército y se identificaba a sí mismo como tal. Por el contrario, hay
considerables dudas de si Anwar Awlaki u otros acusados de ser miembros de Al
Qaeda son de hecho culpables de planear ataques terroristas contra EEUU. Eso es
cierto por exactamente la razón que Holder, en otra parte de su discurso,
explicó: los miembros de Al Qaeda “no se comportan como militares tradicionales
– vistiendo uniformes, llevando armas abiertamente, o reclutando fuerzas para
preparar un ataque.”
Por eso es por lo que aplicar una doctrina
tradicional de guerra a acusados de terrorismo (que no se encuentra en un campo
de batalla sino en sus coches, sus casas, en el trabajo, etc) es tan
inapropiado, y por qué una revisión judicial es tan urgente: porque el riesgo
de falsas acusaciones es mucho más alto que cuando se capturan a soldados
uniformados en un campo de batalla. Sólo volver a señalar qué dudosas terminaron siendo muchas
acusaciones de terrorismo del gobierno una vez que las cortes
federales empezaron a mirar con detenimiento esas acusaciones como apoyo
probatorio. De hecho, los expertos en Yemen como Gregory Johnsen han señalado repetidamente en
respuesta a las afirmaciones de que Awlaki planeó ataques terroristas:
“sabemos muy poco, demasiado poco cuando se trata de su papel operacional”y “nosotros
no sabemos esto, lo sospechamos pero no lo sabemos.” Dado el vergonzoso
registro en la Guerra contra el Terror, ¿qué persona racional “confiaría” en el
gobierno para hacer determinaciones sobre quién es y quién no es un terrorista
en la sombra, sin límites o controles sobre lo que pueden hacer?
(6) El intento de Holder de justificar estos asesinatos en el ámbito de que la
“captura no es factible” no consigue nada. Primero, los EEUU nunca se han
molestado en acusar a Awlaki para que voluntariamente se entregara o para que
respondiera a los cargos (aunque en un momento, mucho después de que ordenaran
su asesinato, "consideraron” incriminarlo); en cambio,
simplemente lo mataron sin demostrar que había ninguna evidencia que apoyara
esas acusaciones. ¿Qué justifica eso? Además, el hecho de que el gobierno es
incapaz de detener y procesar a un criminal no justifica su asesinato; aparte
de alguna resistencia violenta durante la captura, el gobierno no es libre de
ir simplemente por ahí matando fugitivos que no han sido condenados a nada.
Además, que Awlaki no podía haber sido capturado en un país donde el gobierno
es poco menos que un cliente estadounidense es dudoso como poco; si los EEUU
podían localizar y entrar en la casa de Osama bin Laden sin la cooperación del
gobierno paquistaní, ¿por qué no podían hacer lo mismo con Awlaki in Yemen?
Pero el punto más importante es que Holder no está confinando esta potestad para
asesinar a las circunstancias donde la “captura no es factible”. Al contrario,
específicamente dice que asesinar “sería legal por lo menos en las siguientes circunstancias”: lo que quiere decir
que la potestad declarada del presidente no está confinada a esas condiciones.
Como escribió Charlie Savage: “Es significativo que el Sr. Holder no dijo que tal situación es la única en la
que sería legal matar a un ciudadano. Más bien dijo que sería legal “al
menos” bajo esas condiciones.” No tenemos ni idea de qué lejos la
administración Obama cree que su potestad para asesinar se extiende porque
rechaza publicar el memorándum legal que lo justifica; no hay marco legal
gobernándolo; y no hay transparencia o rendición de cuentas para las órdenes de
ejecución del presidente.
* * * * *
En suma, el intento de Holder para hacer parecer todo esto normal y común debería ser un insulto a cualquiera con los más
básicos conocimientos de la ley estadounidense. Como el New York Times indicó cuando se
confirmó por primera vez el programa de asesinatos en abril del 2010: “La administración Obama ha dado el
paso extraordinario de autorizar asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses...
Es extremadamente raro, si no sin precedentes, que un estadounidense
sea señalado para ser asesinado, dijeron los oficiales. Un antiguo oficial
legal veterano de la administración de George W. Bush dijo que no sabía de ningún caso en el que un presidente aprobara el
asesinato selectivo de un estadounidense.” Al día de hoy, ni un sólo
ciudadano ha sido identificado.
Como siempre, el punto más importante que hay
que señalar de todo el debate es lo perverso y retorcido que es que ni siquiera
tengamos este “debate”. Debería ser negado en sí mismo, marginado, para afirmar
que el presidente, actuando sin verificar o sin transparencia, puede ordenar
que ciudadanos estadounidenses sean ejecutados lejos de cualquier campo de
batalla y sin ninguna oportunidad de saber ni siquiera sobre, no digamos
refutar, las acusaciones. Que esta política está siendo implementada y
defendida por el mismo partido político que pasó la última década tan de
boquilla y con oportunismo objetando por potestades mucho menos extremas lo
hace a todo lo más repulsivo. Ese hecho lo hace más peligroso, porque -como uno
puede ver – el hecho de que es un presidente demócrata el que lo está haciendo,
y los oficiales del Partido Demócrata lo justifican, significa que es mucho más
fácil de normalizar: muy poco de los seguidores del Partido, especialmente en
un año de elecciones, son capaces de hacer mucho alboroto de todo ello.
Y así la potestad presidencial para asesinar se
asentará como un consenso bipartidista por lo menos por una generación. Ese
será sin duda uno de los aspectos más significativos del legado de Obama. Vamos
a no dejar que ningún demócrata que ahora apoya o incluso calla sea oído
objetar cuando el siguiente presidente republicano ejerza su poder en el modo
que a ellos no les gusta.
Este artículo apareció originalmente en Salon.com
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