El discurso de Washington (primera parte)
Albert Gore denuncia el totalitarismo que se cierne sobre Estados Unidos
Reproducimos a continuación la primera parte del discurso pronunciado por
Albert Gore el 16 de enero de 2006 por invitación de la American Constitution
Society y de la Liberty Coalition. De manera rigurosa, el ex vicepresidente de
Estados Unidos llama la atención de sus conciudadanos sobre el establecimiento
de un poder absoluto sin precedentes históricos, de una especie de dictadura sin
fronteras por parte de la administración Bush. Gore denuncia tanto los atentados
a los principios constitucionales estadounidenses como la falta de reacción ante
estas violaciones.
Para comenzar, diré que el congresista Bob Barr [1] y yo hemos estado muchas veces en desacuerdo en los
últimos años. Pero hoy nos unimos a miles de nuestros conciudadanos, demócratas
y republicanos, para expresar nuestra preocupación común con relación al grave
peligro que corre la Constitución de Estados Unidos.
A pesar de nuestras diferencias ideológicas y
políticas, estamos absolutamente de acuerdo en el hecho de que los valores
norteamericanos que nos resultan más queridos han sido seriamente amenazados por
las pretensiones del gobierno de extender el poder ejecutivo de manera
simplemente asombrosa.
En los momentos en que iniciamos este nuevo año, la
rama ejecutiva de nuestro gobierno ha sido sorprendida espiando a un número
impresionante de ciudadanos estadounidenses y ha declarado sin pena alguna que
cuenta con el derecho unilateral de continuar haciéndolo, sin respetar la ley
establecida, aprobada precisamente por el Congreso para prevenir tales abusos.
Resulta por lo tanto imperioso restaurar el Estado de derecho en nuestro
país.
Es precisamente por ello que somos tan numerosos los
que nos reunimos hoy en el Constitution Hall para alertar y hacer un llamamiento
a nuestros conciudadanos para que dejen a un lado las desavenencias partidistas
en la medida de lo posible y se unan a nosotros para pedir que nuestra
Constitución sea defendida y preservada.
Me parece adecuado hacerlo en el día reservado por
nuestra nación para rendir homenaje a la vida y al legado del doctor Martin
Luther King Jr., quien desafió a Estados Unidos para que diera nueva vida a
nuestros valores más antiguos al extender su promesa a todo nuestro pueblo.
Es además de gran importancia, en este día
particular dedicado a Martin Luther King, recordar que durante los últimos años
de su vida el doctor King fue ilegalmente espiado, como miles de otros
estadounidenses cuyas comunicaciones privadas fueron interceptadas por el
gobierno norteamericano durante este período.
En secreto, el FBI calificó a King como –y cito– «el dirigente negro más peligroso y eficiente del país» y juró
–una vez más cito– «hacerlo descender de su pedestal».
El gobierno llegó incluso a sabotear su matrimonio y
lo chantajeó para que se suicidara. Esta campaña siguió su curso hasta el
asesinato del doctor King.
Saber que el FBI había llevado a cabo esta larga e
intensa campaña de vigilancia electrónica secreta concebida para infiltrar los
mecanismos internos de la Southern Christian Leadership Conference e informarse
de los detalles más íntimos de la vida del doctor King resultó fundamental para
convencer al Congreso de que aprobara restricciones sobre las escuchas
telefónicas.
Uno de los resultados fue la Foreign
Intelligence and Surveillance Act, denominada con frecuencia FISA, aprobada
expresamente para garantizar que la vigilancia de la inteligencia exterior fuera
sometida a un juez imparcial encargado de verificar que existía una razón
importante que la justificara.
Esta ley era muy flexible y le permitía al poder
ejecutivo actuar con la rapidez deseada.
Voté a favor de esta ley durante mi primer mandato
en el Congreso. Así, durante cerca de treinta años, ese sistema demostró que era
un medio precioso y funcional para ofrecer un adecuado nivel de protección a los
ciudadanos estadounidenses al mismo tiempo que le permite a la inteligencia
exterior seguir adelante con sus actividades en caso de ser necesario.
La vigilancia de los ciudadanos estadounidenses
Sin embargo, hace justamente un mes, los
estadounidenses se despertaron y conocieron la chocante noticia de que a pesar
de la existencia de esta ley, la rama ejecutiva espía en secreto desde hace
cuatro años a gran número de ciudadanos y ha escuchado –cito el artículo– «un gran número de comunicaciones telefónicas, mensajes de correo
electrónico y otras comunicaciones por Internet dentro de Estados
Unidos.»
El New York Times señaló que el
Presidente había decidido lanzar este programa de escucha masiva sin que mediara
una orden de registro u otro documento legal que autorizara la recopilación de
inteligencia interna.
Durante el período en que estas escuchas seguían
siendo secretas, el Presidente pareció desviarse de su línea para tranquilizar
al pueblo estadounidenses en repetidas ocasiones con relación al hecho de que,
por supuesto, era necesaria una autorización judicial para cualquier gobierno
que quisiera espiar a los ciudadanos estadounidenses y que, naturalmente, esas
barreras constitucionales seguían en su lugar.
No obstante, y de manera sorprendente, las
tranquilizadoras declaraciones demostraron ser falsas. Además, tan pronto como
ese gigantesco programa de espionaje interno fue descubierto por la prensa, el
Presidente confirmó la autenticidad de la historia pero, cogiendo un segundo
aire, declaró que no tenía la más mínima intención de respetar esto o de poner
fin a esas verdaderas invasiones de la vida privada.
En estos momentos nos queda aún mucho por saber
sobre la vigilancia interna llevada a cabo por la NSA [2]. Lo que sabemos de estas intercepciones entrometidas
nos lleva virtualmente a la conclusión de que el Presidente de Estados Unidos ha
violado la ley de forma repetida e insistente.
¿Estado arbitrario o Estado de derecho?
Un presidente que viola la ley constituye una
amenaza directa a la propia estructura de nuestro gobierno.
Nuestros padres fundadores eran intransigentes con
relación al hecho de que habían instaurado un gobierno de leyes y no de
hombres.
Reconocían que la estructura de gobierno que habían
plasmado en nuestra Constitución, nuestro sistema de control mutuo de los
poderes, había sido concebido con el principal objetivo de lograr que éste fuera
regido por el Estado de derecho.
Como dijera John Adams [3], «El ejecutivo no debe en ningún caso
ejercer el poder legislativo y judicial, o uno de ellos, de forma tal que seamos
gobernados por la ley y no por los hombres.»
Un ejecutivo que se arroga el poder de ignorar las
directivas legales legítimas del Congreso o de actuar fuera del marco del
control del poder judicial se convierte en el principal peligro que los
fundadores querían alejar en la Constitución: un ejecutivo todopoderoso, que
recordara demasiado al rey del cual se habían liberado.
Retomando las palabras de James Madison [4], la acumulación de todos los poderes, legislativo,
ejecutivo y judicial entre las mismas manos, ya se trate de uno solo, de varios
o de muchos, ya sea heredero, autoproclamado o electo, puede ser justamente
calificado de definición precisa de la tiranía.
Thomas Paine [5], cuyo panfleto Sentido Común [6] desencadenó la Revolución estadounidense, describe
sucintamente la alternativa que se le ofrecía a Estados Unidos. En este caso,
decía, pretendemos asegurarnos de que, y repito sus palabras, «reine la ley».
En realidad, la adhesión vigilante al Estado de
derecho fortalece por supuesto nuestra democracia así como a Estados Unidos.
Garantiza que aquellos que nos gobiernan actúen en el marco de nuestra
estructura constitucional, lo que implica que nuestras instituciones
democráticas desempeñen su papel indispensable para definir las políticas y
determinar el rumbo que sigue nuestra nación. Ello implica que el pueblo de esta
nación determine en fin de cuentas su derrotero en lugar de hacerlo los
responsables ejecutivos que actúan en secreto sin verse obligados por el Estado
de derecho.
Porque, no se equivoquen: el Estado de derecho nos
hace más fuertes al velar porque las decisiones sean seguras, estudiadas,
revisadas y examinadas por los procesos gubernamentales concebidos con el
objetivo de mejorar la política y evitar los errores.
De esta forma, la conciencia de que son sometidos a
examen les impide inmiscuirse y controla su influencia sobre el poder.
La fidelidad a la apertura, la cultura de la verdad
y la responsabilidad ayuda a nuestro país a evitar muchos errores serios que de
otra forma cometeríamos.
Por ejemplo, hace poco supimos, a través de
documentos recientemente desclasificados, luego de cerca de 40 años, que la
resolución del Golfo de Tonkín que autorizó la trágica guerra de Vietnam se
basaba de hecho en informaciones falsas.
Y hoy sabemos que la decisión de autorizar la guerra
de Irak 38 años más tarde también se basó en informaciones falsas.
Ahora, lo importante es que Estados Unidos habría
actuado mejor si hubiera sabido la verdad y evitado esos dos colosales errores
de nuestra historia. Es por ello además que el respeto del Estado de derecho no
nos hace más vulnerables sino que nos protege.
El Presidente y yo estamos de acuerdo en una cosa.
La amenaza terrorista es demasiado real.
No se trata simplemente de que sigamos
enfrentándonos a nuevos desafíos luego de los ataques del 11 de septiembre de
2001; debemos mantenernos alertas para mantener a Estados Unidos lejos del
peligro.
No estamos de acuerdo con la propuesta de quebrantar
la ley o de sacrificar nuestra forma de gobierno para proteger a los
estadounidenses del terrorismo cuando en realidad ello nos haría más débiles y
vulnerables.
Recuerden además que una vez violado, el propio
Estado de derecho está en peligro. Si no es detenida, la ilegalidad aumenta y
mientras más se acrecienta el poder del ejecutivo más difícil resulta que las
restantes ramas desempeñen su papel constitucional.
Mientras que el ejecutivo actúe fuera del marco
prescrito por la Constitución y pueda controlar el acceso a las informaciones
que expondrían sus faltas y revelarían sus errores se hace cada vez más difícil
para las otras ramas vigilar sus actividades.
Una vez perdida esta capacidad, la propia democracia
se ve amenazada y nos convertimos de hecho en un gobierno de hombres y no de
leyes.
Escuchas fuera de la ley
Los hombres del Presidente no nos dicen mucho de las
leyes de Estados Unidos.
El secretario de Justicia, por ejemplo, ha admitido
abiertamente que el tipo de vigilancia, para retomar sus palabras, que sabemos
que han llevado a cabo, requiere una orden judicial salvo en caso de
autorización estatuida.
La Foreign Intelligence Surveillance
Act no autoriza de manera manifiesta lo que hace la NSA y nadie dentro o
fuera del gobierno afirma que ese sea el caso.
De manera bastante sorprendente, el gobierno afirma
por el contrario que la vigilancia fue implícitamente autorizada cuando el
Congreso aprobó el recurso a la fuerza contra aquellos que nos atacaron el 11 de
septiembre.
Pero simplemente este argumento no es sólido. Sin
entrar en los meandros legales es refutado por una gran cantidad de hechos
embarazosos.
Analicemos en primer lugar otra confesión del
secretario de Justicia quien admite que el gobierno sabía que el proyecto de la
NSA estaba prohibido por la ley existente y por esa razón consultaron a miembros
del Congreso con relación a la posibilidad de cambiar el estatuto.
El secretario de Justicia, González, afirma que los
miembros del Congreso consultados les dijeron que con toda probabilidad eso no
sería posible. Decidieron entonces no presentar la solicitud.
¿Cómo pueden entonces decir ahora que la
autorización de recurrir a la fuerza militar justificaba todo eso?
Mientras se debatía la autorización, el gobierno
trató por todos los medios de incluir términos que lo habrían autorizado a
emplear la fuerza militar dentro del país y el Congreso se negó a aprobarlo.
El senador Ted Stevens [7] y el representante Jim McGovern [8], entre otros, hicieron claras declaraciones durante
el debate en la Cámara y en el Senado, respectivamente, y mencionaron con
nitidez que esta autorización no se aplicaba dentro del país. No existe
afirmación alguna de lo contrario.
Cuando el presidente Bush fracasó en convencer al
Congreso de que le concediera el poder que deseaba mientras se sometía a
votación esta medida, se arrogó en secreto ese poder como si la autorización del
Congreso fuera una fastidiosa e inútil formalidad.
Pero, como escribió en su momento el juez supremo
Frankfurter [9], «Gozar de una autoridad acaparada de
manera tan explícita no equivale simplemente a ignorar en una instancia
particular la clara voluntad del Congreso. Equivale asimismo a faltarle el
respeto a todo el proceso legislativo y a la distribución constitucional del
poder entre el Presidente y el Congreso.»
Se trata precisamente de este irrespeto de la ley
que el Tribunal Supremo encerró en un cofre de acero durante la guerra de Corea.
Es ese mismo irrespeto de la Constitución norteamericana el que ha llevado desde
entonces a nuestra república al borde de un peligroso abismo para la estructura
de la Constitución.
Encarcelamiento arbitrario y tortura
Además, el irrespeto intrínseco ante estas aparentes
infracciones masivas de la ley forma parte de una tendencia de indiferencia
aparente respecto de la Constitución que trastorna profundamente a millones de
estadounidenses de los dos partidos políticos.
Por ejemplo, como ustedes saben, el Presidente ha
declarado igualmente que goza de poderes inherentes hasta ahora no reconocidos
que le permiten detener y encarcelar a cualquier ciudadano de este país que en
su opinión constituya una amenaza para nuestra nación y que a pesar de su
ciudadanía estadounidense esta persona encarcelada no tiene el derecho de hablar
con un abogado ni siquiera en el caso de que quisiera argumentar que el
Presidente o sus nominados cometieron un error y encarcelaron a la persona
equivocada.
El Presidente pretende que puede encarcelar a
cualquier ciudadano estadounidense –cualquier ciudadano norteamericano que haya
escogido– por tiempo indefinido, por el resto de su vida, sin siquiera presentar
una orden de detención, sin informarle de qué se le acusa, sin siquiera informar
a su familia que ha sido detenido.
Ningún derecho de este tipo existe en los Estados
Unidos que ustedes y yo amamos. Es algo ajeno a nuestra Constitución.
Es algo que debemos rechazar.
Al mismo tiempo, la rama ejecutiva ha invocado
asimismo una autoridad antes no reconocida para maltratar a los prisioneros bajo
su responsabilidad de una forma que constituye innegablemente tortura y que
siempre ha sido tortura –en una magnitud muy amplia, suficientemente documentada
en las instalaciones estadounidenses situadas en diferentes países del
mundo.
Más de cien de las personas cautivas han sido
declaradas como fallecidas mientras eran torturadas por miembros del poder
ejecutivo. Muchas otras han sido quebrantadas y humilladas. Además, en la
célebre prisión de Abu Ghraib los investigadores que documentaron la ola de
tortura calcularon que más del 90% de las víctimas eran totalmente
inocentes.
Este es un ejercicio de poder intolerable que
infringe una serie de principios que esta nación ha respetado desde que fueran
enunciados durante nuestra guerra revolucionaria por el general George
Washington [10]
Estos principios han sido respetados por todos los
presidentes desde entonces y hasta ahora.
Pero se violan las Convenciones de Ginebra, las
convenciones internacionales contra la tortura y nuestras propias leyes contra
la tortura.
El Presidente también ha declarado que tiene el
poder de secuestrar individuos en las calles de las ciudades extranjeras y de
someterlos a encarcelamiento e interrogatorio en nuestro nombre por parte de
regímenes autocráticos y de naciones conocidas por la crueldad de sus técnicas
de tortura.
Algunos de nuestros aliados tradicionales se han
escandalizado profundamente ante estas tendencias inhabituales por parte de
Estados Unidos.
Por ejemplo, el embajador británico en
Uzbekistán [11] –una de las naciones que gozan de la peor
reputación de tortura en sus prisiones– depositó una queja ante su ministerio
del Interior con relación a la crueldad y lo absurdo de las nuevas prácticas
estadounidenses de las que fue testigo. «Las informaciones que
obtuvimos son inútiles», escribió antes de proseguir: «Vendemos nuestra alma por prácticamente nada. En fin de cuentas
resulta perjudicial.»
¿Es posible que un presidente goce en realidad de
tales poderes en el marco de nuestra Constitución?
Si la respuesta es afirmativa, entonces según la
teoría que rige esos actos, ¿existen otros que puedan en comparación ser
prohibidos?
Si el Presidente goza del poder orgánico de espiar
mediante escuchas a los ciudadanos estadounidenses sin una orden, de encarcelar
a los ciudadanos estadounidenses por iniciativa propia, de secuestrar y de
torturar, ¿qué es entonces lo que no puede hacer?
Luego de analizar las pretensiones extravagantes del
poder ejecutivo con relación a esos poderes antes no reconocidos, el decano de
la facultad de derecho de Yale, Harold Koh [12], llegó a la siguiente conclusión y cito: «Si el Presidente tiene el poder de comandante en jefe para torturar,
tiene entonces el poder de cometer genocidios, de avalar la esclavitud, de
promover el apartheid y de ordenar ejecuciones sumarias.»
Parálisis de los contra poderes
El hecho de que las habituales barreras
estadounidenses no hayan sido capaces por el momento de detener esta expansión
inédita del poder ejecutivo es preocupante en sí mismo. El fracaso puede ser en
parte achacado al hecho de que el ejecutivo ha seguido una estrategia
determinada para frenar, retrasar y retener informaciones, haciendo creer que
cede pero negándose finalmente a hacerlo, avanzando enmascarado para frustrar
los esfuerzos de las ramas legislativa y judicial para restaurar un sano
equilibrio constitucional.
Por ejemplo, después de fingir apoyar una enmienda
promovida por el senador John McCain [13] con el objetivo de poner un término a la tortura,
el Presidente declaró en el momento de firmar la ley que se reservaba el derecho
de no respetarla.
De la misma forma, la rama ejecutiva declaró que
podía de manera unilateral encarcelar a ciudadanos estadounidenses sin
facilitarles el acceso a un tribunal. Y cuando el Tribunal Supremo se opuso a
ello el Presidente inició entonces maniobras legales con el fin de impedir que
el tribunal le diera algo de sentido a los derechos de los ciudadanos
afectados.
Un jurista conservador de la cuarta sala de
apelaciones escribió que el tratamiento de uno de esos expedientes por parte de
la rama ejecutiva hacía pensar en el súbito abandono de los principios y lo
cito, «a un costo sustancial para la credibilidad del gobierno
ante los tribunales».
Como consecuencia de esta pretensión inédita que una
vez más constituye un poder unilateral, el poder ejecutivo pone en grave peligro
nuestra estructura constitucional. Los desafíos para la democracia
estadounidense son mucho más importantes que lo que por lo general se
reconoce.
Dichas pretensiones deben ser rechazadas y se debe
establecer un sano equilibrio de los poderes en nuestra república. En caso
contrario, la naturaleza fundamental de nuestra democracia podría ser objeto de
una transformación radical.
Desde hace más de dos siglos, las libertades de
Estados Unidos han sido preservadas en gran parte gracias a la decisión de
nuestros fundadores de separar el poder global de nuestro gobierno en tres ramas
iguales; cada una, como saben, encargada de controlar y equilibrar el poder de
las otras dos.
En múltiples ocasiones a lo largo de nuestra
historia la interacción dinámica entre las tres ramas ha provocado conflictos y
estancamientos que constituyen lo que invariablemente se denomina crisis
constitucionales.
Estas crisis han sido con frecuencia períodos
peligrosos e inciertos para nuestra república. Pero cada vez, hasta ahora, hemos
encontrado una solución a la crisis por medio de la renovación de nuestro
acuerdo para vivir en paz bajo el reinado de la ley.
La principal alternativa a la democracia en la
historia fue, por supuesto, la concentración de virtualmente todo el poder
estatal entre las manos de un solo hombre fuerte o de un pequeño grupo que
ejercía el poder sin el consentimiento informado de los gobernados.
Después de todo, la fundación de Estados Unidos fue
el fruto de la insubordinación ante un régimen semejante.
Cuando Lincoln [14] declaró, en medio de nuestra crisis más grave,
que el principal problema que sería resuelto en la guerra civil sería, empleando
sus términos memorables, «el hecho de que esta nación, o cualquier
nación concebida de esta forma y así consagrada, pueda o no sufrir tanto» no
sólo salvaba nuestra Unión. Reconocía que las democracias son escasas en la
historia. Y cuando se destruyen, como fue el caso de Atenas y de la república
romana, cuya concepción inspiró ampliamente a nuestros fundadores, lo que ocupa
su lugar es un nuevo régimen de un solo hombre fuerte.
Por supuesto, hubo otros períodos en la historia de
Estados Unidos en los que la rama ejecutiva acaparó nuevos poderes que fueron
percibidos ulteriormente como excesivos y poco afortunados.
Nuestro segundo presidente, John Adams, hizo aprobar
las tristemente célebres Alien and Sedition Acts y trató de
hacer callar las críticas y de encarcelar a los opositores políticos.
Después, cuando su sucesor, el presidente Thomas
Jefferson eliminó los abusos durante su primer discurso inaugural, declaró: «Los principios fundamentales de nuestro gobierno constituyen una
constelación iluminada que se ha extendido ante nosotros y ha guiado nuestros
pasos a través de una era de revolución y reformas. En caso de que nos
apartáramos de ella en momentos de error o de pánico, apurémonos para recuperar
nuestro paso y volver a tomar el camino que conduce por sí mismo a la paz, la
libertad y la seguridad.»
Claro está, el presidente Lincoln suspendió el habeas corpus durante la guerra civil y algunos de los peores
abusos antes de los del gobierno actual fueron cometidos por el presidente
Wilson durante y después de la Primera Guerra Mundial con el famoso «peligro
rojo» y los «Palmer raids» [15].
El internamiento de ciudadanos estadounidenses de
origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial [16] constituyó un vergonzoso record en la esfera del
no respeto de los derechos individuales por parte del poder ejecutivo. Durante
la guerra de Vietnam tuvimos el no menos famoso programa COINTEL que sólo
representó una parte de los abusos sufridos por el doctor King así como por
miles de otros [17].
Pero en cada uno de estos casos ocurridos a lo largo
de la historia estadounidense, cuando concluían la confrontación y los tumultos,
nuestra nación recuperaba su equilibrio y sacaba lecciones del ciclo recurrente
de exceso y arrepentimiento.
Apatía democrática
Mas en esta ocasión existen buenas razones para
preocuparse por el hecho de que las condiciones cambian y que, como
consecuencia, ese ciclo no se renueva. Por una parte, somos testigos desde hace
varios decenios de la lenta y regular acumulación del poder presidencial. En un
mundo de armas nucleares y tensiones con fondo de Guerra Fría, el Congreso y el
pueblo estadounidense han aceptado esferas de iniciativa presidencial cada día
más amplias para llevar a cabo actividades de inteligencia y de
contrainteligencia así como el despliegue de nuestras fuerzas militares en el
escenario mundial.
Cuando la fuerza militar ha sido utilizada como
instrumento de política exterior o como respuesta a necesidades humanitarias
casi siempre ha sido el resultado de una iniciativa y del liderazgo
presidencial.
Pero como escribió el juez supremo Frankfurter en
esta famosa caja de metal, «La peligrosa acumulación de poder no
se produce en un día. Aparece, incluso lentamente, debido a la fuerza generadora
de una negligencia incontrolada respecto de las restricciones que rodean hasta
la afirmación más desinteresada de la autoridad.»
Una segunda razón que nos lleva a pensar que
podríamos encontrarnos en una situación insólita, fuera de ese ciclo histórico,
es que después de todo el gobierno actual nos dice que la marcha de guerra en la
que ha tratado de colocar al país durará, según sus propias palabras, «por el resto de nuestros días».
De esta forma se nos dice que la situación de
amenaza nacional, que fuera utilizada por otros presidentes para justificar la
toma del poder, persistirá prácticamente en esas condiciones hasta
perpetuidad.
En tercer lugar, debemos tener una aguda conciencia
de los impresionantes avances alcanzados en la sofisticación de las tecnologías
de escucha y vigilancia, con su capacidad para englobar y analizar con facilidad
enormes cantidades de información y tratarlas a continuación para obtener
inteligencia. Ello aumenta de manera significativa la vulnerabilidad de la vida
privada y de las libertades de un gran número de personas inocentes en los
momentos precisos en que aumenta el poder potencial de estas tecnologías.
Estas tecnologías tienen realmente la posibilidad de
invertir el equilibrio de poder entre el aparato estatal y la libertad del
individuo de manera al mismo tiempo sutil y profunda.
Pero que no haya malentendidos. La amenaza de nuevos
golpes terroristas es real y los esfuerzos concertados de los terroristas para
obtener armas de destrucción masiva hacen en realidad necesario que la rama
ejecutiva ejerza sus poderes con reflejos y agilidad.
Además, existe un poder inherente conferido por la
Constitución a todo presidente para que emprenda acciones unilaterales cuando
sea necesario para proteger a la nación de una amenaza súbita e inmediata. Y es
imposible definir con precisión y exactitud en términos legales cuándo ese poder
es apropiado y cuándo no.
Mas la existencia de ese poder inherente puede ser
empleado para justificar una manifiesta y excesiva toma del poder que se
extienda por muchos años y provoque un serio desequilibrio entre el ejecutivo y
las otras dos ramas del gobierno.
Y existe una razón final para preocuparse por el
hecho de que podríamos estar viviendo algo diferente a un nuevo ciclo. Este
gobierno llegó al poder tras una nueva teoría cuyo propósito es convencernos de
que esta excesiva concentración de poder presidencial es exactamente lo que
preveía nuestra Constitución.
Esta teoría legal, que los abogados que la defienden
llaman teoría del ejecutivo unido, pero que debería, con más justeza, ser
denominada del ejecutivo unilateral, amenaza con extender los poderes del
presidente hasta que los límites de la Constitución que nos legaron los
fundadores se borren y la hagan irreconocible.
Según esta teoría, la autoridad del presidente como
comandante en jefe o cuando se encarga de definir la política exterior no puede
ser examinada por el poder judicial o controlada por el Congreso. Y el
presidente Bush ha llevado hasta los límites máximos las implicaciones de este
concepto al subrayar constantemente su papel de comandante en jefe, al invocarlo
con tanta frecuencia como le es posible, al mezclarlo con sus otras funciones
internas y externas.
Al añadir a ello el concepto según el cual hemos
entrado en un estado de guerra perpetua, las implicaciones de esta teoría se
extienden casi literalmente tan lejos en el futuro como es posible imaginar.
Totalitarismo interno
Este esfuerzo que se propone transformar la
estructura constitucional estadounidense, cuidadosamente equilibrada, en una
estructura sin fundamento dominada por una rama ejecutiva todopoderosa, con un
Congreso y un poder judicial subyugados, se acompaña de manera irónica de un
esfuerzo del propio gobierno con el fin de reformar la política exterior
estadounidense, basada principalmente en la autoridad moral del país, en una
política que reposa en un intento irracional y contraproducente por establecer
una forma de dominación sobre el mundo.
El denominador común parece ser un instinto de
intimidación y control.
La misma tendencia ha caracterizado los esfuerzos
para hacer callar los puntos de vista disonantes en el seno de la rama
ejecutiva, de censurar las informaciones que podrían alejarse de esos objetivos
ideológicos y alcanzar la conformidad de todos los empleados del poder
ejecutivo.
Por ejemplo, los analistas de la CIA que se oponían
con firmeza a la afirmación de la Casa Blanca de que Osama Bin Laden se había
vinculado a Sadam Husein fueron objeto de presiones en el trabajo y se
preocuparon pensando que no serían beneficiados con promociones o aumentos de
salario.
De manera irónica, esto fue exactamente lo que le
sucedió a los responsables del FBI en los años 60 que estaban en desacuerdo con
la afirmación de J. Edgar Hoover [18] de que Martin Luther King estaba estrechamente
vinculado con los comunistas.
El responsable de la rama del FBI encargada de la
inteligencia interna dio testimonio del hecho de que sus esfuerzos por decir la
verdad sobre la inocencia del doctor King le costaron verse aislado, al igual
que sus colegas, en el seno del FBI y sometido a presiones.
Y lo cito: «Era manifiesto,» nos
cuenta, «que debíamos cambiar de actitud o nos encontraríamos
todos en la calle.»«Mis hombres y yo,» añade, «nos poníamos de acuerdo para saber cómo salir del
problema.».
Estar en conflicto con el señor Hoover era algo
serio. «Esos hombres,» continúa, «trataban de
comprar casas, pedían préstamos para ello. Tenían niños en edad escolar. Vivían
con el temor de ser transferidos, de perder el dinero invertido en sus casas,
como ocurría por lo general. Querían entonces que se redactara otro memorando
para sacarnos del apuro en el que nos encontrábamos.»
Los que redactaron la Constitución, y que habían
estudiado de cerca la naturaleza humana, comprendieron bastante bien ese dilema.
Retomando las palabras de Alexander Hamilton, «El poder apoyado en
un hombre es un poder apoyado en su voluntad.»
Como quiera que sea, rápidamente cualquier
desacuerdo con relación al doctor King se esfumó en el seno del FBI y la
acusación abusiva se transformó en el punto de vista unánime.
Y de la misma manera, la CIA de George Tenet acabó
por unirse al concierto que aprobaba la idea manifiestamente falsa de que
existía un nexo entre Al Qaeda y el gobierno iraquí.
Como escribió George Orwell [19], «Todos somos capaces de creer
cosas que sabemos son falsas y luego, cuando debemos finalmente admitir nuestro
error, deformar con impudicia los hechos para demostrar que teníamos
razón.»
Desde el punto de vista intelectual, es posible
seguir de esta forma por un período indefinido. El único obstáculo que se opone
es que tarde o temprano una creencia errónea choca con la dura realidad, por lo
general en un campo de batalla.
Dos mil doscientos soldados estadounidenses
perdieron la vida cuando esta falsa creencia chocó con la dura realidad. De
hecho, cuando el poder no está controlado ni es responsabilizado esto conduce
casi inevitablemente a graves errores y abusos.
Esto forma parte de la naturaleza humana. Ante la
falta de responsabilidades rigurosas, la incompetencia triunfa y la
deshonestidad es estimulada y recompensada.
Esta es la naturaleza humana, ya se trate de los
republicanos, de los demócratas o de personas que tienen todo tipo de ideas.
La semana pasada, por ejemplo, el vicepresidente
Cheney trató de defender el espionaje de ciudadanos norteamericanos mediante
escuchas por parte del gobierno al afirmar que si el programa hubiera sido
implantado antes del 11 de septiembre de 2001 habrían identificado el nombre de
algunos de los piratas del aire.
Trágicamente, aparentemente sigue sin saber que el
gobierno conocía muy bien en realidad el nombre de al menos dos de los piratas
mucho antes del 11 de septiembre y contaba con informaciones que habrían podido
ayudar a identificar a la mayoría de los demás.
Uno de ellos aparecía en la guía telefónica. Sin
embargo, debido a la incompetencia, la incompetencia irresponsable en el
tratamiento de la información, esto no fue nunca utilizado para proteger al
pueblo norteamericano.
Con frecuencia sucede que, una vez más y sin que
esto tenga que ver con el partido en el poder, una rama ejecutiva cegada con la
obtención de un poder no contenido responda ante sus propios errores proponiendo
a posteriori que se le conceda aún más poder.
Con frecuencia la propia solicitud es utilizada para
enmascarar su responsabilidad con respecto a errores en el empleo del poder del
que ya disponía.
Por añadidura, si la tendencia práctica emprendida
por este gobierno no es cuestionada podría convertirse en parte integrante del
sistema estadounidense. Por ello numerosos conservadores han señalado que
conceder un poder incontrolado a este presidente significa que el próximo gozará
asimismo de ese poder incontrolado. Y el próximo podría ser alguien cuyos
valores y creencias no les inspiren confianza. Por ello, tanto republicanos como
demócratas deberían preocuparse por lo que ha hecho el presidente actual.
Si este intento por extender de manera dramática el
poder ejecutivo se mantiene sin problemas nuestra estructura constitucional de
control y equilibrio mutuo de los poderes se perdería. El futuro presidente o un
futuro presidente, en nombre de la seguridad nacional, podría restringir
nuestras libertades de forma tal que los fundadores no habrían jamás imaginado
posible.
Segunda parte
Traducción al español de la versión en francés realizada por la
Red Voltaire a partir de CQ Transcript Wire. Inter-titres y notas de la
redacción.
[1] Bob Barr,
quien realizó la introducción del discurso de Al Gore, fue diputado republicano
por Georgia de 1995 a 2003. Ardiente partidario del derecho a portar armas, fue
uno de los promotores de los intentos por destituir al presidente Clinton. Sin
embargo, después de oponerse al presidente Bush con respecto a la duración de la
PATRIOT Act, abandonó el Partido Republicano para convertirse
en candidato de los libertarianos a las elecciones presidenciales de 2004. En
estos momentos es el abogado de la principal asociación norteamericana de
defensa de los derechos humanos, la ACLU.
[2] La National
Security Agency es la mayor agencia de inteligencia norteamericana. Su actividad
fue descrita en detalles por James Bamford en The Puzzle
Palace (Houghton Mifflin Compagny, 1982) y Body of Secrets
(Century 2001). El señor Bamford, quien también fue sometido a escucha por parte
de la NSA, acaba de unirse a la queja del colectivo por los derechos civiles
contra los abusos de poder de George W. Bush.
[3] John Adams
fue el segundo presidente de Estados Unidos (1797-1801)
[4] James Madison
fue el cuarto presidente de Estados Unidos (1809-1817). Se le considera como el
principal autor de la Constitución por medio de la cual trató de impedir
cualquier forma de dictadura. Opuesto al principio de soberanía popular,
concibió un sistema federal que distribuye el poder entre los estados,
gobernados a su vez por notables.
[5] Periodista
británico, Thomas Paine hizo la revolución en Estados Unidos, luego fue elegido
diputado a la Convención durante la Revolución Francesa. Analizó con precisión
la oposición irreductible entre las visiones anglosajona y francesa de los
derechos humanos: la primera basada en la fe y garantizando los derechos de
aquellos sometidos a la jurisdicción; la segunda, basada en la razón y
planteando el tema de la legitimidad del poder.
[6] El argumento
principal del Sentido Común es que era imposible que la
pequeña Inglaterra promulgara a distancia leyes adaptadas para la gran América.
Por consiguiente, esta debía liberarse de la corona británica.
[7] Ted Stevens
es senador republicano por Alaska. Miembro activo del grupo de presión
energético, se pronuncia a favor de la explotación petrolera de Alaska.
[8] Jim McGovern
es diputado demócrata por Massachussets. Conocido por haber presidido la
comisión de investigación sobre el asesinato de jesuitas en El Salvador y por
solicitar el levantamiento del embargo contra Cuba.
[9] Felix
Frankfurter (1882-1965) fue uno de los principales constitucionalistas
estadounidenses de comienzos del siglo XX. Profesor de Harvard, nombrado juez
del Tribunal Supremo por el presidente Franklin Roosevelt, se dedicó a
restringir el poder de su jurisdicción para interpretar la Constitución con el
fin de impedir un gobierno de jueces. Desempeñó un papel clave en la abolición
de la segregación racial.
[10] George
Washington es el principal héroe de la guerra revolucionaria y primer presidente
de de Estados Unidos (1789-1797). Por esta doble razón es considerado como el
padre de la nación. Sus acciones se caracterizaron por la lucha contra lo
arbitrario, el rechazo al reinado de los partidos políticos y la búsqueda del
bien común.
[11] Se trata
del embajador Craig Murray, conocido de los lectores de la red Voltaire por su
participación en la Conferencia Axis for Peace 2005.
[12] Harold Koh
fue asistente de la secretaria de Estado Madeleine Albright, encargado de la
democracia y de los derechos humanos, cuando Al Gore era vicepresidente.
[13] John
McCain es senador republicano por Arizona e infortunado rival de George W. Bush
en el seno de su partido. Fue hecho prisionero durante la guerra de Vietnam y
promovió una ley que prohíbe el uso de la tortura no porque sea inaceptable en
sí misma sino para proteger a los soldados del ejército norteamericano de una
posible reciprocidad.
[14] Abraham
Lincoln fue el decimosexto presidente de Estados Unidos (1861-1865). Se enfrentó
a la secesión del sur y promovió la abolición de la esclavitud.
[15] Luego de
la Primera Guerra Mundial, bajo la presidencia del demócrata Woodrow Wilson, el
ministro de justicia de Estados Unidos, Alexander Palmer, pisoteó la libertad de
opinión y lanzó una serie de incursiones policíacas contra las organizaciones
comunistas.
[16] El 19 de
febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt firmó la Executive Order 9066 que ordenaba el arresto sin juicio de 120
000 ciudadanos norteamericanos a causa de su origen japonés. Fueron internados
durante toda la duración de la Segunda Guerra Mundial. Cf. Years
of Infamy, por Michi Weglyn, William Morrow éd., 1976.
[17] De 1956 a
1971 el programa COINTEL tuvo como objetivo espiar y manipular a los opositores.
Fue ampliamente documentado luego de un proceso que siguió al Watergate. Cf. Cointelpro, por Nelson Blackstock, Pathfinder press, 1975.
[18] J. Edgar
Hoover fue el fundador del FBI y su director hasta su muerte en 1972. Instauró
una verdadera policía política y chantajeó de manera sistemática a los
dirigentes políticos de su época. Su sucesor, Mark Felt (alias Garganta
Profunda) puso fin a este sistema al revelar el escándalo Watergate.
[19] George
Orwell (1903-1950), escritor y periodista británico quien describió el
funcionamiento del totalitarismo en una cé
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